6 de marzo de 2020 por CADTM
Comunicado CADTM Internacional
Una vez más, la política europea de fronteras asesina. Ya hace varios días que las tensiones aumentan en los diferentes puntos fronterizos entre Grecia y Turquía. Las tentativas por parte de las personas migrantes de entrar en territorio griego se saldaron con una fuerte represión (incluso mediante el uso de armas de fuego) por parte de las fuerzas de seguridad griegas. Desde el lunes 2 de mayo tenemos que lamentar dos muertes: un niño de 4 años ahogado cerca de la isla de Cos, mientras los guardacostas griegos trataban de hundir una embarcación llena de migrantes que huían de Turquía; Muhammad al-Arab de 22 años fue abatido de un disparo en la frontera terrestre entre Turquía y Grecia. A propósito de este caso hay fuertes sospechas de que el tiro partió del ejército griego o de un grupo paramilitar, alentados por las políticas de las autoridades griegas y turcas. [1] Aunque como afirman los portavoces del ejército griego se tratase de una provocación del ejército turco, se trata de algo que no les quita gravedad a los hechos. Las verdaderas culpables son las políticas del gobierno griego, del turco y de las autoridades europeas. La extrema violencia de la policía y del ejército ordenada por el gobierno griego, así como la suspensión del derecho de asilo en ese país, tienen el apoyo total por parte de la Unión Europea. Ursula Von der Leyen agradeció, de este modo, a Grecia de ser el «escudo de Europa» en estos «tiempos difíciles». [2]
Estos últimos días también fuimos testigos de múltiples agresiones a personas migrantes en la isla de Lesbos, donde se encuentran los inmensos campos de refugiados y refugiadas de Moria y Kara Tepe. Allí, militantes de la extrema derecha agredieron física y verbalmente a personas, además de atacar vehículos y espacios de solidaridad con los y las migrantes que se encuentran en la isla. También trataron de impedir la llegada de nuevas embarcaciones desde Turquía. Unas estrategias de acoso que se parecen mucho a las acciones de las fuerzas de seguridad griegas y de los agentes del Frontex, que tienen como único objetivo impedir, a cualquier precio, que las personas que huyen de guerras o de condiciones de miseria lleguen a suelo europeo.
Como telón de fondo de esta «crisis migratoria», que en realidad es una crisis de refugio y de respeto a los derechos humanos, se encuentra el acuerdo Turquía-Unión Europea firmado en 2016. Un acuerdo de la vergüenza que establece que la UE da 6.000 millones de euros a Turquía para que este país bloquee la llegada de migrantes a suelo europeo. Hablamos de acuerdo de la vergüenza no solo porque impide la efectividad del derecho de asilo, sino porque también le pone precio a ese derecho. Un precio que Turquía hace valer ahora para presionar a la UE, por una parte, y por la otra, para continuar beneficiándose de una libertad e impunidad total para sus ataques militares en el norte de Siria.
La retórica de los diferentes representantes de la UE corresponde perfectamente al enfoque de la política europea de gestión de fronteras, consubstancial a la agenda política neoliberal. Por un lado, promueve políticas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. en los países del Sur, lo que aumenta su dependencia con respecto a los países del Norte, responsabiliza y acusa a esos mismos países por la gestión de la crisis que atraviesan (económicas y sociales), así como a las personas migradas acusadas de provocar y exacerbar las crisis de los países europeos. Por otro promueve la criminalización de las personas migrantes y la militarización de las fronteras. La agencia Frontex, responsable de coordinar «la protección» de las fronteras europeas vio como su presupuesto se disparaba de 6 millones a 330 millones de euros entre 2005 y 2019. Este impresionante aumento demuestra perfectamente el lugar que las políticas de control de personas migrantes ocupan en la UE actual. Esto se traduce, en primer lugar, en el refuerzo de las fronteras físicas por medio de muros y barreras por lo menos en 900 km de frontera, y por la dotación de medios de vigilancia de alta tecnología. Se trata de fronteras realmente militarizadas, que buscan «proteger» el suelo europeo como si éste fuera una ciudad asediada por unos «bárbaros».
Para culminar esa política racista, la UE establece acuerdos en los que esos países del Sur se comprometen a ejercer de gendarmes de fronteras para la propia UE. En este sentido no hay que olvidar que el acuerdo entre la UE y Turquía no es el único medio existente para externalizar las fronteras de la Unión. Para conseguir que los países no europeos acepten poner en marcha una política restrictiva de migraciones, la Unión Europea y sus Estados miembros mercadean con la supuesta «ayuda oficial al desarrollo
Ayuda oficial al desarrollo
AOD
Se denomina ayuda pública al desarrollo a las donaciones y préstamos concedidos en condiciones financieras privilegiadas, acordados por organismos públicos de los países industrializados. Es suficiente entonces que un préstamo sea otorgado a una tasa inferior a la del mercado (préstamo concesivo) para que sea considerado una ayuda, aunque luego el país beneficiado devuelva hasta el último céntimo. Los préstamos bilaterales condicionados (que obligan al país beneficiario a comprar productos o servicios al país prestamista) y la mayor parte de las deducciones de la deuda también son parte de la AOD.
Aparte de la ayuda alimentaria, se puede distinguir tres tipos de utilización de los fondos así distribuidos: el desarrollo rural, las infraestructuras y la ayuda fuera de proyecto (financiación de déficit presupuestario o de la balanza de pagos). Es este último destino el que más aumenta. Esta ayuda está «condicionada» a la reducción del déficit público, las privatizaciones, la buena conducta ecológica, la atención a los más pobres, la democratización, etc. Todas estas condiciones son definidas por los principales gobiernos del Norte y la pareja Banco Mundial/FMI. Esta ayuda pasa por tres canales: la ayuda multilateral, la ayuda bilateral y las ONG.
» (AOD). A cambio de medidas que permiten limitar las salidas hacia Europa y de aumentar las expulsiones de la UE de personas migrantes juzgadas «indeseables» hacia los países llamados «de origen» (acuerdos de readmisión), la UE y sus miembros otorgan o rechazan el acceso a diversos fondos de la AOD.
La persecución y la criminalización de las personas migrantes no eliminarán la inmigración clandestina. Por el contrario, estas políticas conducen a la exacerbación de la misma y las muertes catastróficas que la acompañan. Los y las jóvenes de África, Oriente próximo y Asia, que huyen de la muerte, la pobreza y la miseria continuarán arriesgándose al abandonar sus países.
El CADTM piensa que cualquier política que se pretenda progresista en el contexto actual, deberá imperiosamente oponerse a las políticas de la Europa fortaleza y desobedecer para poder respetar los derechos humanos. Su acción deberá inspirarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de Ginebra en lo que concierne al derecho de asilo. Y de forma inmediata, es imperativo:
Es necesario facilitar los marcos jurídicos y administrativos necesarios para garantizar la circulación de las personas en condiciones seguras, con el fin de que podamos hacer de la migración una opción, y no una necesidad que, con demasiada frecuencia, nos lleva a la muerte. Por otra parte, en cuanto a los países europeos, deberán superar el exclusivo marco colonialista actual de la Unión Europea. Será necesaria una política de reparación con respecto al saqueo y la explotación de las riquezas naturales que las clases dominantes y las grandes empresas de los países europeos han estado realizando (y continúan realizando) durante siglos.
Traducción del francés por Griselda Piñero
[1] Véase sobre este tema la encuesta de Forensic Archtecture: http://und-athens.com/journal/fa-alarab-killing
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