Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El día de ayer una delegación de alto nivel del FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : se reunió con el presidente electo, para iniciar conversaciones de cara a la negociación del V Programa de Nicaragua con este organismo.

Este Programa será decisivo para determinar si el país logrará alcanzar o no los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en educación, salud, agua y saneamiento, vivienda, y si podrá recuperar o no perspectivas básicas de desarrollo futuro.

El Directorio del FMI ya se pronuncio acerca de las exigencias básicas que formulara al nuevo gobierno, en lo que respecta a las “reformas” que este organismo considera que se deben impulsar con prioridad.

Entre estas, se cuenta efectuar reformas de gran envergadura, como La implementación de la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal,
La derogación de la Ley 539 de la Seguridad Social, y la implementación de “reformas paramétricas” al sistema público de seguridad social (administrado por el INSS).

Al mismo tiempo, exige que se respete la condicionalidad, aceptada por el anterior gobierno, respecto al “congelamiento” en términos reales de la masa salarial del gobierno.

La reforma del marco jurídico que regula el proceso de descentralización,
La desregulación del mercado eléctrico.

A continuación se examinan brevemente cada una de estas exigencias, y sus implicaciones potenciales.

1. Ley de “Responsabilidad Fiscal”

En otros escritos hemos analizado esta Ley y sus implicaciones, que aquí solo señalaremos por encima.

Esta “Ley de Responsabilidad” Fiscal, de acuerdo a las exigencias del FMI y a la propuesta elaborada, implicaría efectuar siete reformas extremadamente sensibles a la Constitución Política de la República.

1. Eliminación de Autonomía constitucional de Universidades
2. Eliminación de Autonomía constitucional de Municipalidades
3. Presupuesto de Universidades y Municipalidades será aprobado por
La Asamblea Nacional, como el de cualquier Ministerio de línea.
4. Eliminación de asignación presupuestaria del 6% a Universidades
5. Eliminación de asignación presupuestaria del 4% a CSJ
6. Eliminación de asignación presupuestaria para Transferencias Municipales
7. Eliminación de potestad constitucional de Asamblea Nacional para modificar partida de salarios y servicio de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. publica del Proyecto de Presupuesto General de la República remitido por el Ejecutivo.

Esta Ley apunta a subordinaría por completo y de manera permanente el marco fiscal de nuestro país a la necesidad de generar los superávit fiscales primarios (presentes y Futuros Futuros
Contrato a término Un contrato a término o futuros (futures en inglés) es un compromiso firme de entrega normalizado, donde las características son conocidas de antemano, por una cantidad determinada de un activo subyacente definido con precisión, en una determinada fecha, denominada vencimiento, en lugar prefijado, y negociado en un mercado a término organizado. Los contratos a término son los instrumentos financieros que más se negocian del mundo. ), requeridos para asegurar, a toda costa, y por encima de cualquier otra consideración, el cumplimiento estricto de las obligaciones de la deuda publica a lo largo del tiempo (la “pagabilidad” de la deuda, como dice EURODAD).

Al centrarse exclusivamente en la necesidad de asegurar superávit primarios (e incluso globales) para asegurar el pago del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. publica en los términos pactados (recuérdense que en el caso de Nicaragua, una parte importante de la deuda publica doméstica es ilegal, y en su origen es altamente irregular), y las transferencias al Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. , el marco impuesto por esta Ley resulta totalmente miope con respecto a los efectos futuros de restringir drásticamente la inversión en capital humano y capital físico público.

En el momento en que el gobierno deudor sólo puede pagar sus deudas a costa del sacrificio de la inversión en capital humano infraestructura básica, los derechos humanos de la población son violados, y no es posible contrarrestar las enormes desigualdades de que adolece nuestra sociedad.

Al verse impedidos de efectuar estas inversiones fundamentales, debido a las restricción que imponen las políticas que consideran la “pagabilidad” de la deuda por parte de los países pobres como un fin en sí mismo, nuestros países se verán privados de la posibilidad de recuperar perspectivas básicas de desarrollo futuro.

Inclusive, en el marco de la reglas impuestas por esta Ley, aunque lograse reestructurarse a fondo la deuda pública interna y como resultado se obtuviese la liberación de un monto significativo de recursos presupuestarios del pago anual de la amortización de dicha deuda, los mismos no podrían destinarse a elevar el techo del gasto primario del gobierno, para financiar la inversión en capital humano, en viviendas, agua potable y saneamiento, o mantenimiento de los caminos rurales.

En efecto, dicha ampliación del techo del gasto primario, aunque esté financiada “sanamente” con los propios recursos liberados de la amortización anual de la deuda pública interna, equivaldría a romper la denominada regla del “déficit fiscal cero”.

Debe anotarse que esta ampliación del déficit se estaría financiando exactamente con los mismos recursos presupuestarios “sanos” y “responsables” que antes, solo que, en vez de financiar amortizaciones de la deuda pública, un monto importante de esos recursos ahora financiaría inversión en capital humano o infraestructura básica.

De manera arbitraria, sin embargo, una forma de uso de estos mismos recursos (el pago del servicio de la deuda pública) es catalogada como “fiscalmente responsable”, y la otra (inversión en capital humano o en infraestructura básica) es catalogada como “ruptura con la responsabilidad fiscal”.

La priorización absoluta del servicio de la deuda interna y las transferencias al Banco Central, contrastan con el hecho de que, mientras el gasto por estudiante de secundaria en Nicaragua apenas se eleva al 5% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. percapita, en Bolivia se eleva al 13%, y en Zimbabwe al 24%.

La CEPAL estima que el umbral mínimo de escolaridad que requiere alcanzar una persona para tener un 90% de probabilidades de no caer en la pobreza, es de 12 anos (completar la educación secundaria). Pero en nuestro país la mayoría de los menores de 18 anos alcanza una escolaridad que oscila apenas entre 2-3 anos en las zonas rurales y 4-5 anos en las zonas urbanas.

Con estos niveles de escolaridad, la mayoría absoluta de los menores de 18 años esta siendo condenada desde ahora, sin ninguna alternativa, a encontrar exclusivamente ocupaciones precarias, de bajísima productividad, en gran parte categorizadas como auto-empleo, que les proporcionaran ingresos bajísimos, que los mantendrán por el resto de su vida adulta por debajo del umbral de la pobreza y la pobreza extrema .

Un país cuyos jóvenes en su gran mayoría no tienen posibilidades de acceder al umbral mínimo de escolaridad requerido para no tener que sobrevivir el resto de su vida en la pobreza mas oscura, mucho menos a una educación de calidad, ni por tanto a empleos con ingresos minimamente dignos, es un candidato para que se profundicen cada vez más los procesos de descomposición y anomia social, y de ruptura de los lazos de solidaridad y cohesión social.

2. Reformas a la Seguridad Social

En términos de reforma a la Seguridad Social, no solo se exige la derogación de la Ley 539, sino efectuar a lo inmediato “reformas paramétricas” , en términos del aumento en la tasa de cotización, considerable aumento de la edad de jubilación, fuerte aumento de los años de cotización necesarios para poder jubilarse, y drástica reducción en el porcentaje del ultimo salario percibido que las personas en retiro percibirán como jubilación [1]/.

Estas reformas deberían ser suficientemente drásticas como para eliminar, de una sola vez, el denominado “déficit actuarial” del INSS (resultante de la diferencia entre el valor actual de las cotizaciones y el valor actual de los beneficios que otorga el INSS, ambos proyectados para los próximos 75 anos), el cual se traduciría en déficit efectivos del INSS únicamente a partir del ano 2023 (hasta entonces habría superávit efectivos).

El hecho de que dicho “déficit actuarial” únicamente se transformaría en déficit efectivo a partir del 2023, proporciona un margen adecuado de tiempo para discutir a fondo este asunto, no solo ni exclusivamente el de la viabilidad financiera a medio-largo plazo del INSS, sino el asunto, de fondo, de la política integral de seguridad y protección social del Estado, y como financiarla.

En mi propia opinión, el denominado déficit actuarial del INSS no puede evaluarse al margen del examen de las enormes desigualdades que adolece nuestra sociedad, y la discusión sobre su solución no puede estar al margen de la discusión acerca de como enfrentar dichas desigualdades (porque sencillamente no puede continuarse haciendo descansar todo el peso de las políticas sobre los sectores menos poderosos de la población, mientras los beneficios y privilegios continúan concentrándose, cada vez más, en pocas manos) , y acerca de como afrontar las características estructurales del denominado “mercado laboral” nicaragüense.

En efecto, gran parte del problema de la viabilidad financiera del INSS es que descansa sobre las cotizaciones de una base de fuerza laboral formal muy reducida, la cual por lo demás transita con mucha frecuencia del sector formal al informal, de manera que dichas cotizaciones son fluctuantes e irregulares, y que dicha fuerza laboral, según las proyecciones demográficas, tiende a envejecer con el tiempo. La mayor parte de las fuerza de trabajo esta fuera del sector formal, en empleos precarios e informales, sin ningún acceso a protección o seguridad social.

Mientras la viabilidad financiera de cualquier sistema de seguro social descansa en la máxima cobertura del mismo, para expandir al máximo la masa de contribuyentes en comparación con los jubilados, en Nicaragua la base de contribuyentes es muy restringida, y debe pagar cotizaciones a una fuerza laboral jubilada que, por razones demográficas, con el tiempo tenderá a expandirse con mas rapidez que los cotizantes.

Estos asuntos son, ciertamente, difíciles y complejos, y no existe solución mágica para ellos. Pero, como mínimo, requieren ser evaluados y discutidos con la máxima seriedad, para pensar en maneras creativas de enfrentarlos, asegurando el máximo de equidad social y de solidaridad.

Al FMI nada de esto le interesa, por supuesto: su único interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. es que se efectúen desde ya las reformas que aseguren la total eliminación del desequilibrio actuarial, haciendo recaer los costos, de manera desmedida, sobre ese reducido contingente de fuerza de trabajo que tiene acceso a nuestro pobre seguro social. En algunas propuestas, la tasa de reemplazo (el porcentaje del salario percibido en el periodo previo a jubilarse que se recibe como pensión).se reduciría hasta un 20%.

En todo caso, este asunto, como todos los asuntos que nos afectan a todos, necesita resolverse a través de procesos deliberativos democráticos, plenamente informados, y no en base a las exigencias del FMI.

3. “Congelamiento” de la masa salarial del gobierno en términos reales

En lo que respecta al “congelamiento” de la masa salarial del gobierno en términos reales, la razón fundamental para establecer esta condicionalidad estriba en la preocupación del FMI acerca del “efecto demostración” que nuevos aumentos en el salario real del sector público, principalmente en educación y salud, podrían tener sobre los trabajadores del sector privado, y por esta vía sobre la “competitividad salarial” del país, particularmente en lo que respecta a la maquila.

Al FMI le preocupa el hecho de que en estos sectores (educación y salud) existen sindicatos fuertes, con un importante poder de negociación, en base a lo cual han logrado en los últimos años que la Asamblea Nacional les aprobase aumentos salariales que han significado una modesta recuperación del salario real de los maestros y trabajadores de la salud (a pesar de lo cual persiste todavía un considerable rezago salarial en estos sectores: los maestros devengan un salario equivalente a la mitad del salario promedio del resto de la fuerza de trabajo).

Mayores aumentos en los salarios reales logrados por estos sectores, de acuerdo al FMI, podrían dar lugar a un “efecto demostración” sobre los trabajadores del sector formal privado, los cuales podrían entusiasmarse con este “mal ejemplo”, e iniciar también su propia pugna por demandas salariales.

Si estas demandas de los trabajadores del sector privado formal (dentro del cual se incluyen las empresas maquiladoras) resultan exitosas, se elevaría el costo promedio de la fuerza de trabajo en el país, y de acuerdo al FMI, Nicaragua perdería el principal “atractivo” que tiene para atraer el tipo de inversiones que son “atraídas” por la existencia de niveles salariales míseros, inferiores a los de los países vecinos.

4. “Neutralización” definitiva de las Transferencias Municipales

Finalmente, la reforma a la Ley de Municipios y la Ley de Transferencias Presupuestarias a las Municipalidades, se orientaría a la definitiva “neutralización” de las transferencias Municipales, trasladando a los gobiernos municipales nuevas competencias, que hasta ahora corresponden al Gobierno Central.

Al trasladársele a los Gobiernos Municipales nuevas competencias o responsabilidades de gasto que actualmente corresponden a instituciones del Gobierno Central, se forzaría a estos a hacer frente a esas nuevas responsabilidades con los recursos de las transferencias, de modo que no podrán usar estas para cubrir sus actuales y masivas “brechas” fiscales, tanto “vertical” como “horizontal”.

Recuérdese que la condicionalidad del FMI, al afectar por completo la descentralización fiscal, apunta a evitar que, como ocurre en todo el mundo, las brechas fiscal vertical y horizontal de los gobiernos subnacionales sean cubiertas mediante transferencias, mediante la “neutralización” de estas, pero su afectación al proceso de descentralización no termina allí.

También afectaría, como ya vimos, lo que constituye el núcleo mismo de la descentralización, la autonomía de los gobiernos sub-nacionales, democráticamente electos.

5. Reformas al marco del sector eléctrico

Las reformas al marco regulatorio del sector eléctrico apuntan en dos direcciones básicas: asegurar el ajuste automático de las tarifas de la energía eléctrica conforme los aumentos en el precio internacional del petróleo, y eliminar las actuales limitaciones, establecidas en la Ley de Estabilidad Energética, sobre el margen de utilidades que puede obtenerse en el denominado “mercado de ocasión”. Los márgenes de beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. que obtenían las empresas generadoras que controlan este mercado solían ser exorbitantes, encareciendo significativamente el costo de la energía.

Por supuesto, todas estas exigencias no constituyen un asunto estrictamente “económico”, sino profundamente político, y tienen que ver con el derecho inalienable de los ciudadanos a examinar y decidir libremente, por si mismos, mediante procesos democráticos y deliberativos, sus opciones de futuro, en lugar de que estas decisiones sean adoptadas por la imposición externa de un “futuro único”, sin opciones ni alternativas.

La economía, como disciplina que aspira a convertirse en ciencia, no puede eliminar jamás la libertad, ni la democracia, que en su fundamento mismo implican la evaluación, y la escogencia libre, y plenamente informada, entre diferentes opciones..

“La democracia... es, por el contrario, la posibilidad que tiene la gente de elegir entre modelos alternativos. Este enfoque choca con visiones...de que hay solamente un modelo único de desarrollo, incluso concepciones de la economía como ingeniería, como simple aplicación de un pretendido conocimiento científico...En el momento en que los ciudadanos no puedan escoger entre diferentes alternativas, la democracia pierde todo su contenido”. (José Antonio Ocampo, Sub-Secretario General de la ONU para asuntos económicos y sociales, intervención en el Seminario Internacional sobre Democracia, Economía y Ciudadanía, Chile, 21 Junio 2004).