Comité pour l'abolition des dettes illégitimes

En concreto, el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las CCAA. “El objetivo de esta propuesta es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera”, ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota [2]. Su titular, María Jesús Montero, ha resaltado que la condonación “permite a las comunidades ganar autonomía financiera y facilita su acceso a los mercados en mejores condiciones. De esta forma, se avanza hacia la normalización financiera de las comunidades autónomas, algo que no ocurre desde antes de la crisis financiera de 2008”.

La ministra ha explicado que la asunción de la deuda autonómica parte de la premisa de reconocer que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las CCAA. De hecho, se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras. El importe total de la condonación se eleva hasta los 83.252 millones de euros con la siguiente distribución :

El mismo día que la ministra anunciaba la medida, lo hacía también el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que informaba de la condonación de un 22% de la deuda de Generalitat con el FLA, lo que equivale a 17.104 millones de euros. Junqueras subrayó que ese montante equivale al total de las inversiones que la Generalitat prevé acometer en los próximos cuatro años y supone también un 19,9% de la deuda global de la administración catalana y unos 2.300 euros por cada catalán. En materia de intereses, calculó que la administración catalana se ahorrará 1.500 millones de euros totales, lo que supone entre 250 y 300 millones al año en función de cada crédito y del tipo de interés asociado.

En su rueda de prensa, Junqueras explicó que desde ERC entendían que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Gobierno central presentaría una “propuesta adecuada” a cada territorio. “Es un acuerdo bueno para todas aquellas administraciones que han sufrido de forma más flagrante la injusticia de recibir en forma de crédito aquello que ya era suyo”, señaló [3].

En efecto, dos días después del anuncio, el 26 de febrero, la propuesta a todas las comunidades era aprobada por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, “pese al boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han abandonado la reunión tras constituirse el CPFF y antes de escuchar la propuesta de condonación del Gobierno”, según reprochaba la nota oficial del Ministerio de Hacienda [4].

Dicho comunicado añadía que “este procedimiento de asunción de deuda no afectará a la consolidación de las cuentas españolas. Al ser una reasignación de pasivo entre los distintos subsectores, no cambian los valores de deuda pública”. A continuación, la vicepresidenta primera hacía hincapié en que “hemos reducido en 22,5 puntos la deuda desde el máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021. Y vamos a seguir reduciéndola este año”.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) incide en que esta condonación supondrá un aumento del gasto del Estado por importe de 83.000 millones de euros, debido al tratamiento que en Contabilidad Nacional tienen este tipo de operaciones : la contrapartida de una condonación de deuda es una transferencia de capital que va, en este caso, del Estado a las Comunidades Autónomas. “Esto implica que, en el año de la condonación, se produce un aumento de los ingresos de las Comunidades Autónomas y un aumento del gasto del Estado por importe de 83.000 millones”, explica la AIReF en su nota informativa [5]. “La naturaleza de la transferencia afectaría al cálculo de la regla de gasto de la Administración Central, que podría ver restringida su capacidad de gasto en 83.000 millones en el año de la condonación”, añade.

Finalmente, la AIReF apunta que la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CCAA y un incremento en la Administración Central. No obstante, señala que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. Con lo que ese ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas.

Para el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la propuesta de avanzar en un acuerdo que permita la condonación de toda o parte de la deuda que las CCAA contrajeron en el contexto de la doble crisis inmobiliaria y financiera sufrida, “es una condición necesaria, aunque no suficiente, para renovar el modelo de financiación autonómica y garantizar una financiación adecuada de nuestros servicios públicos esenciales”. El sindicato, en un comunicado en el que se pronunciaba sobre esta cuestión a finales de 2024 [6], apoya este planteamiento y sugiere que “debiera acompañarse del compromiso de una reforma fiscal, para situar a nuestro país en la mejor posición para abordar la renovación del modelo de financiación autonómica”.

“La condonación de la deuda no apela a una relación financiera entre administraciones, en abstracto. Estamos hablando de la financiación de la política sanitaria, en un escenario de incremento creciente de demanda y necesaria investigación e inversión tecnológica ; nos estamos refiriendo a la mejora de la política educativa, con carencias evidentes que están afectando a la igualdad de trato entre la población española y residente en España ; por supuesto que apela a los servicios sociales y la atención a la dependencia, con retos cada vez mayores para acabar con las carencias de atención, listas de espera e impacto negativo en la igualdad entre hombres y mujeres, que debe prestarse a través de servicios profesionales de calidad en todo el territorio ; y finalmente, entre las cuestiones que queremos destacar en esta nota, pero con una importancia capital en la estructura social de nuestro país, hablamos de recursos para las políticas de vivienda destinadas a contener el incremento de los precios de vivienda en alquiler y en propiedad, la imprescindible configuración de un parque público de vivienda en alquiler, social para población vulnerable y en riesgo de exclusión, y asequible para el conjunto de la población”, añade la nota de CCOO.

“Son, todas ellas, cuestiones muy relevantes para mantener nuestro sistema de servicios públicos esenciales en los niveles de calidad y atención que precisamos, así como para mantener y reforzar la confianza de la población en nuestras instituciones. De esto hablamos cuando hablamos de condonación de deuda, de reforma fiscal, o de renovación del modelo de financiación autonómica”, prosigue el sindicato, que insta al Gobierno de España a que traslade a los agentes económicos y sociales la propuesta sobre la condonacion total o parcial de la deuda contraída con el FLA.