Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La cuestión se planteará para cualquier movimiento de izquierda que llegue al Gobierno en una sociedad capitalista. Cuando una coalición electoral o un partido de izquierda llega al Gobierno, no obtiene el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir del 1 % más rico, que incluso, con frecuencia, es menos del 1 % de la población. Además, esa clase capitalista controla el Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía y Finanzas, el Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. … En Grecia y en España, como en otros países, un Gobierno determinado a ejercer cambios estructurales reales, deberá entrar en conflicto con el poder económico para debilitar y luego acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación y sobre el aparato del Estado.

Si los gobiernos de izquierda quieren realmente romper con las políticas de austeridad y de privatizaciones que se desarrollan actualmente en toda Europa, entrarán inmediatamente en conflicto con las potentes fuerzas conservadoras tanto a nivel nacional como europeo. Y esto por el solo hecho de afirmar que su Gobierno desea aplicar las medidas que demanda la población, que rechaza masivamente la austeridad. Cualquier Gobierno de izquierda encontrará una dura oposición en las instancias europeas, en la mayoría de los gobiernos en la Unión Europea, así como en los dirigentes y los grandes accionistas de las principales empresas privadas, sin olvidar al FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

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Incluso auto limitando su programa de cambio, cualquier Gobierno de izquierda seguirá aguantando una fuerte oposición, ya que, enfrente, las clases altas y las instancias europeas (íntimamente ligadas y solidarias) quieren llevar más lejos aún el mayor ataque concertado, en el ámbito europeo, contra los derechos económicos y sociales de los pueblos, sin olvidar la voluntad de limitar fuertemente el ejercicio de los derechos democráticos.

Es ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010. Señalemos que François Hollande y Matteo Renzi, que tímidamente proponen aflojar el cinturón de la austeridad, buscan al mismo tiempo aplicar el modelo alemán en sus respectivos países: una precarización más avanzada de los derechos de negociación colectiva y de la protección de las conquistas de los trabajadores. Ellos no han sido los aliados del pueblo griego en el año decisivo de 2015 ni de otras fuerzas de izquierda auténtica mañana en otros países.

La conclusión que se impone es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones. Los gobiernos de izquierda deberán desobedecer a los acreedores, a las autoridades europeas y al FMI (unos y otros se confunden ampliamente) para ser fieles a sus promesas electorales. Tienen una legitimidad y un apoyo muy considerable, tanto en su país como en el ámbito internacional, evidenciando en qué grado la austeridad y las políticas europeas son rechazadas. El rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. constituirá un elemento clave en la estrategia del Gobierno, así como la decisión de no continuar con las privatizaciones y restablecer plenamente los derechos sociales que fueron afectados por las políticas de austeridad. Esa combinación es vital.

Reducir radicalmente el stock de la deuda Stock de la deuda Suma total de las deudas. y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto dedicado al pago de la deuda es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y las inversiones necesarias para financiar la transición ecológica y la creación de empleos.

Un Gobierno de izquierda tiene que socializar el sector bancario (es decir, la expropiación de las acciones privadas ytransformar a los bancos en un servicio público bajo control ciudadano), tomar medidas estrictas de control de movimientos de capitales, recaudar un impuesto sobre el patrimonio del 1 % más rico, rechazar los préstamos condicionados por la prosecución de la austeridad y de las privatizaciones, rechazar el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos, incluso odiosa. Uno de los numerosos instrumentos de los que dispone un Gobierno de izquierda para favorecer la participación y el apoyo popular, reforzando al mismo tiempo su posición frente a los acreedores, es la auditoría de la deuda con una participación ciudadana activa, con el fin de identificar la parte de la deuda que no se debería pagar, que sería necesario repudiar.

Sin pretensión de ser exhaustiva/os se pueden avanzar las definiciones siguientes:

Deuda pública ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general o en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Por ejemplo, la generada por ‘elefantes blancos’ como el aeropuerto de Castellón.

Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable. Por ejemplo, la originada por los casos de corrupción, como los que evidencian las operaciones ‘Malaya’, ‘Púnica’ o ‘Gürtel’.

Deuda pública odiosa: créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. ligados a la implementación de políticas que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda, con el conocimiento de los acreedores. Por ejemplo, la deuda contraída para rescatar a la banca española implementando políticas diseñadas por la Comisión Europea para imponer más austeridad violando derechos económicos y sociales de la ciudadanía.

Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo: La deuda pública española, del 101% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. . El pago de la deuda supone una de las mayores partidas de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impide destinar miles de millones de euros a servicios básicos.

El punto 9 del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013 —que ya habíamos denunciado porque constituye la puesta bajo tutela de los estados miembros sometidos a planes de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. — prescribe para esos países la realización de una auditoría integral a fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó de manera exagerada y desvelar irregularidades. He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: «Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas con el fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.»

El Gobierno griego de Antonis Samaras (2012-2014) se abstuvo de aplicar esa disposición del reglamento para así ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. Los demás gobiernos europeos bajo asistencia financiera, incluyendo el de Mariano Rajoy, tampoco hacen la auditoría. La Comisión Europea no exige tal auditoría porque se dio cuenta de que esta disposición del reglamento puede ir en contra de sus intereses y de los intereses de los acreedores. Nosotra/os abogamos por que un Gobierno de izquierda tome medidas unilaterales de autodefensa frente a las imposiciones injustas de las instituciones europeas. Hace falta desobedecer y al mismo tiempo es posible fundar tal decisión refiriéndose a este artículo del reglamento que los gobiernos ‘austeritarios’ y la Comisión Europea no aplican.