Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Ante el último golpe de efecto del gobierno del PP a través del secuestro de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) estima imprescindible plantear una respuesta social unánime y contundente, no vamos a seguir consintiendo sus ilegitimidades disfrazadas de legalidad, dada además la insoportable “paciencia” que estamos teniendo con sus continuas corruptelas.

Los múltiples acontecimientos que venimos sufriendo en los últimos años nos demuestran que, más allá de analizar cada caso puntual, debemos dejar claro de una vez por todas que, para nosotras, la legitimidad es mucho más importante que la legalidad. Esa legalidad bajo la que enmascaran todas sus actuaciones indecentes, esa legalidad que no sabemos cómo se atreven a esgrimir viniendo de instituciones que constantemente incumplen, bajo una impunidad vergonzosa además, sus propias directrices e incluso las de órganos superiores como las europeas, las cuales no tienen reparo en ponernos como excusa para recortarnos constantemente nuestros derechos.

Ha quedado demostrado que desde que ciertas personas han entrado en las instituciones hay cosas que están cambiando, pero no debemos olvidar que esas instituciones han sido construidas y perfectamente engrasadas durante décadas para que solo funcionen en un sentido: en nuestra contra.

Día a día las personas que trabajan desde dentro por unas políticas realmente al servicio de todas, intentan buscar las pocas grietas legales que el sistema les permite para ganar pequeñas batallas, pero cada día está más claro que la desobediencia es la única manera de afrontar determinadas cuestiones.

Si queremos detener el desvío de derechos y presupuestos sociales hacia el pago de deudas privadas socializadas es imprescindible que las medidas de desobediencia institucional estén ampliamente apoyadas desde las calles. Debemos demostrarles que, tanto desde dentro como desde fuera, nuestra respuesta es unánime.

Ya no nos queda ninguna duda de que las diferentes modificaciones legales que hemos sufrido en los últimos años solo responden a un plan para “sanear” las deudas contraídas por el gobiernos central y autonómicos al socializar deudas privadas a costa del superávit de los municipios.

Ya se han producido declaraciones culpabilizando de la situación a Carlos Sánchez Mato por haber llevado al consistorio a esta situación a causa de su “duelo personal y político”, pero una simple revisión de las actuaciones del gobierno en temas económicos durante estos años dejan al descubierto que la inquina seguramente sea a la inversa.

Hay que recordar que el Gobierno de Ahora Madrid tiene las cuentas más que saneadas: ha registrado importantes superávit -más de 1.000 millones de euros en el año 2016- y ha reducido ya un 40% la pesada losa de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. que dejó el gobierno del PP, y todo ello mientras se ha incrementado el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%.

¿Por qué precisamente el consistorio madrileño cuando otros ayuntamientos, comunidades e incluso la Administración central llevan años incumpliendo diferentes medidas económicas sin que al parecer a nadie le haya parecido necesario intervenir? ¿Por qué el Plan Económico Financiero (PEF) de Ahora Madrid se rechaza cuando el irregular del PP de Parla se aprueba? Actúan por razones políticas para hacer desaparecer alternativas a su gestión que nos llevan de crisis en crisis para que siga calando entre todos el mantra «thatcheriano» de que no hay otra alternativa que sus políticas que enriquecen a unos pocos y nos maltratan a muchos. También porque no quieren políticas que ponen a las personas por delante del pago de una deuda odiosa Deuda odiosa Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente. , ilegítima y en muchos casos fruto de ilegalidades. Porque no quieren que la población nos demos cuenta que sí hay una alternativa a sus políticas autericidas y de enriquecimiento oligárquico, porque no quieren que alternativas como la de Madrid o la moción del Grupo Municipal de Ganemos Córdoba para destinar el superávit a planes de empleo municipal se abran camino en nuestra sociedad.

Para el PP de Montoro no hay alternativas, quiere que paguemos la deuda cueste lo que cueste, pero nosotras decimos alto y claro sí al gasto social, sí a las personas y no al pago de deudas ilegitimas impuestas como «regla de gasto».