Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Ejerciendo una dudosa práctica ya habitual en él, Montoro se ha dedicado este verano a enviar cartas intimidatorias a los ayuntamientos imponiendo la “disolución automática” de entidades dependientes de administraciones locales en situación de desequilibrio financiero bajo “amenaza con consecuencias incluso penales” [2]. El ministro en funciones señaló como liquidables, entre otras, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón, o una entidad municipal para la educación de 0 a 3 años en Paterna.

La respuesta de los ayuntamientos ante dichas cartas, consideradas un nuevo ejercicio de “matonismo político” [3] de Montoro, ha sido plantarle cara. Por ejemplo, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís) manifestó abiertamente que mantendría los servicios “frente a las pretensiones del ministro”. No pocos le secundaron, como el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSPV), IU Xixón o el sindicato CCOO. Ante lo cual, Cristóbal Montoro se vio obligado a rectificar y aclarar que las cartas hacen “un requerimiento de información, no de supresión”, que se puede paralizar el procedimiento con alegaciones, y que “en ningún caso” tiene que dejarse de prestar el servicio a los ciudadanos. [4]

La indignación ha sido tal que hasta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Vigo Abel Caballero, del PSOE, ha pedido explicaciones a Montoro y le ha exigido que “reflexione y empiece a considerar una moratoria de la aplicación de la LRSAL, que además está recurrida en el Tribunal Constitucional y pendiente de resolución”. [5]

En efecto, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) [6], conocida como Ley Montoro, fue declarada parcialmente inconstitucional y anulada en algunos de sus puntos por parte del Tribunal Constitucional (TC) el pasado 8 de marzo de 2016, por entender que invade competencias de las Comunidades Autónomas [7]. Sentencia que ha sido reforzada tres meses después por el mismo Tribunal, al declarar “contraria al principio democrático (art. 1.1 CE) la previsión de la ley impugnada que, en determinadas circunstancias, permitía atribuir a la Junta de Gobierno Local, en lugar de al Pleno, la toma de decisiones sobre asuntos relevantes para la vida municipal como son los presupuestos, los planes económico-financieros, los de reequilibrio y ajuste o los planes de saneamiento, entre otros, que son propias de aquél” [8].

Nótese que quien levanta la voz es un alcalde del PSOE, partido bajo cuyo mandato -con el necesario apoyo del PP- se modificó el artículo 135 de la Constitución Española, que consagra el “principio de estabilidad presupuestaria” dando “prioridad absoluta” al pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública de las Administraciones [9]. De este funesto artículo 135, del que renegó Pedro Sánchez años después de haberlo votado [10], precisamente emana el corsé austeritario que asfixia a los ayuntamientos.

No es la primera vez que Montoro ejerce de “matón político” desde el Ministerio de Hacienda y sale trasquilado. El pasado mes de marzo, envió cartas a 4.600 municipios solicitando información económico-financiera “de obligado envío” por la Ley de Estabilidad Presupuestaria [11]. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -coordinador de la actividad financiera de las Comunidades y la Hacienda del Estado- del pasado mes de abril, entre todas las CCAA de todos los colores políticos “prácticamente hubo consenso absoluto en disentir de la política de reparto de déficit, así como del objetivo marcado por Bruselas” [12]. Tras aquella reunión con las Comunidades Autónomas en rebelión, el Gobierno les daba un poco más de oxígeno, fijando su nuevo objetivo de déficit en el -0,7% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. para 2016, en el -0,5% en 2017 y en el -0,3% en 2018, retrasando un año, a 2019, la obligatoriedad de conseguir el equilibrio presupuestario. [13]

La última vuelta de tuerca a los ayuntamientos es especialmente sangrante, ya que precisamente son las administraciones públicas menos endeudadas y las que mejor cumplen la nefasta Ley de Estabilidad. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su superávit consolidado [14]. Según los datos del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) que ofrece el Banco de España, la deuda de las Corporaciones Locales supone un 3,2% del total, frente al 88,3% de la Administración Central y el 24,3% de las CCAA. El total en el primer trimestre de 2016 ascendió al 100,5% del PIB [15].