Francia: Las discordancias del movimiento contra la reforma de las pensiones

10 de abril por Léon Crémieux


Manifestación en Marsella el 6 de abril. Foto CADTM

El 6 de abril fue otro día de huelgas y manifestaciones de la misma magnitud que el 28 de marzo y, según los sindicatos, 2 millones de personas salieron a las calles. Un gran número de cierres, acciones espectaculares, como una pancarta desplegada desde lo alto del Arco del Triunfo.



Lo más espectacular es seguramente el número y la masividad de las manifestaciones en muchos pueblos pequeños y medianos. También es espectacular el persistente rechazo a la reforma de Macron por parte del 80% de la población trabajadora, la gran mayoría de las clases trabajadoras.

Pero, aislado, Macron espera poder soltarse de las garras de un movimiento social que, a pesar de ser menos poderoso en las últimas semanas, está creando una crisis política en el país.

Las huelgas renovables han marcado claramente el ritmo en las últimas semanas, entre los agentes de recogida y tratamiento de residuos, en las refinerías, en la SNCF. Sólo los agentes del IEG (industrias de la electricidad y el gas) mantienen un movimiento de cortes selectivos. Los sectores que desde principios de marzo se habían empeñado en el pulso de bloquear la vida económica poniendo en ello todas sus fuerzas han llamado al resto de sectores a sumarse durante un mes, no queriendo que se renueven los episodios de “huelgas por delegación” . Pero se han acumulado verdaderas dificultades objetivas en muchos sectores asalariados -e incluso en la juventud escolarizada hasta hoy- y la elección de la intersindical del ritmo de una jornada de huelga semanal, centrándose en los sectores menos movilizados a riesgo de no jugar un papel motor para construir paros renovables en los sectores más combativos.

Esta elección correspondía claramente a un compromiso con la posición de la dirección confederal de la CFDT, apegada a mantener la intersindical en el rechazo de los 64 años, el llamamiento a las huelgas, manifestaciones e incluso bloqueos, pero opuesta a una táctica de parálisis de la vida económica del país. La amplia unidad sindical, posibilitada por el rechazo popular de los 64 años, que ha contribuido a consolidar ese rechazo, ha tenido hasta hoy como corolario esa moderación en el enfrentamiento. Esto no impide la multiplicación de acciones de bloqueos, huelgas que a menudo mezclan equipos CGT, Solidaires, FO, FSU y CFDT, contribuyendo a mantener, más allá de las jornadas nacionales, un clima de movilización prolongada.

Concentración de los trabajadores de IEG (Electricidad y Gas) en Marsella el día 6 de abril.

La parálisis política del gobierno le ha llevado durante diez días a jugar claramente la carta de la represión policial, de la violencia, la carta también de la denuncia de la «extrema izquierda violenta». En esta maniobra, Macron aparece, con Darmanin, como el defensor del orden para consolidar un electorado tambaleante, esperando también sembrar la división en la intersindical y aminorar el apoyo indefectible a la movilización e incluso a los bloqueos en la población. En los dos últimos puntos el fracaso es total, pero Darmanin no empuja menos a las fuerzas policiales, justificando toda su violencia, los usos de armas y municiones de guerra. Esta elección de escalada in crescendo que se hizo presente en Sainte Soline el 23 de marzo y en las cargas contra las manifestaciones sindicales refuerza la determinación dentro del movimiento. Al rechazo de la injusticia social de los 64 años, al rechazo a la violencia institucional del artículo 49,3, se suma ahora el rechazo a la violencia policial. Este rechazo provocó la protesta de muchas asociaciones, en primer lugar de la Liga de Derechos Humanos.

La LDH estuvo en el centro de la denuncia del comportamiento policial en Sainte Soline proporcionando evidencia de audio del bloqueo de los servicios de emergencia por parte de la policía. La LDH también ha tomado la iniciativa de una campaña para la prohibición de los antidisturbios motorizados BRAV-M, y de las armas de guerra. Esta acción democrática acaba de llevar a Gérald Darmanin a dar un paso que ningún Ministro del Interior se había atrevido a dar antes, al amenazar directamente a la LDH diciendo que “iba a mirar” las subvenciones que recibe. Bajo Macron y Darmanin, se suceden cambios que cuestionan los derechos democráticos y sociales que existen desde hace décadas, sobre declaraciones y prohibiciones de manifestaciones e incluso sobre el derecho de huelga.

Al rechazo de la injusticia social de los 64 años, al rechazo a la violencia institucional del artículo 49,3, se suma ahora el rechazo a la violencia policial

Ante las poderosas huelgas en las refinerías y la recolección de residuos, el gobierno había multiplicado los servicios mínimos para romper el movimiento. La legislación francesa autoriza los servicios mínimos en caso de «perturbación manifiesta del orden público». El prefecto de Sena Marítima había impuesto servicios mínimos de personal en las refinerías de Total Energies por “el previsible aumento de tráfico el fin de semana de Semana Santa”. El tribunal administrativo ya había denunciado las prohibiciones de manifestaciones en el último momento. Ahora acaba de decretar que estas requisiciones “conllevaban una grave y manifiestamente ilícita vulneración del derecho de huelga”. Visiblemente, el gobierno está probando hasta dónde puede llevar la interpretación de las leyes y quiere preparar el terreno para dos nuevas leyes presentadas por los republicanos en el Senado que limitan el derecho de huelga en las refinerías y el transporte público. Sobre los derechos democráticos, los republicanos, Reagrupamiento Nacional (Le Pen) y los diputados de Macron acaban de aprobar, en primera lectura acelerada, en el Senado y la Asamblea Nacional una ley de «Juegos Olímpicos» que, bajo el pretexto de la seguridad, establece un dispositivos de control, filtrado y vigilancia masiva de forma permanente en lugares públicos y transportes mediante video-vigilancia con herramientas de análisis algorítmico de comportamiento, que pueden almacenarse.

Francia estaría así a la vanguardia de nuevas técnicas que muy fácilmente podrían ser nuevas herramientas contra los derechos de reunión, manifestación y la criminalización de protestas en los edificios públicos.

En los últimos días, las consecuencias de la movilización por las pensiones se han convertido, pues, en una cuestión de derechos democráticos, pero el movimiento también está polarizado por las decisiones del Consejo Constitucional del 14 de abril. Esta institución, cuyos miembros son designados por los Presidentes de la República y de la Asamblea Nacional y del Senado, actúa en particular como censora de las leyes, juzgando su conformidad total o parcial con las normas constitucionales. Así el Consejo dará a conocer el 14 de abril su decisión sobre la ley de financiación de la Seguridad Social que contiene los ataques a las pensiones y el aumento de la edad de jubilación a los 64 años. También decidirá si se abre o no un procedimiento de Referéndum de Iniciativa sobre un proyecto de elevación de la edad de jubilación hasta un máximo de 62 años, propuesta por los funcionarios electos de la NUPES. Si el Consejo ratifica la ley, dándole una apariencia de legitimidad, Macron puede promulgarla.

Sin embargo, Macron no está fuera de peligro. La primera cuestión será obviamente la del movimiento social y su capacidad para superar este nuevo obstáculo y hacerlo manteniendo su unidad. Pero la cuestión de la continuación del mandato de cinco años de Macron se planteará de todos modos.

Sobre el diálogo social con los sindicatos, después de haber despreciado a los dirigentes sindicales, el presidente del Gobierno no tiene medios para pedirles que acepten la reforma de los 64 años y que inicien una nueva etapa en materia social. Incluso la CFDT no está dispuesta a hacerlo, dado el equilibrio social de poder que ha construido el movimiento. La primera ministra Borne tampoco tiene los medios para formar, dentro de la Asamblea Nacional, una alianza mayoritaria estable, como le ha pedido Macron. Los republicanos, debilitados por su posición en materia de pensiones, no tienen ningún interés en ser el remiendo del Gobierno Borne. Sin duda, los días de esta última están contados, y la propia Borne no cree tener futuro en este cargo, pero difícilmente cambiarán los parámetros en caso de cambio de primer ministro.

La Intersindical llama a una nueva jornada de lucha el 13 de abril, pero sin adelantar otra perspectiva para el movimiento que esperar las decisiones del Consejo Constitucional. Revitalizar el equilibrio de poder requeriría dar plazos específicos, como una manifestación nacional o la preparación de una nueva ola de huelgas renovables.

Otro problema es cada vez más evidente. Si, en esencia, el movimiento es un movimiento de clase, que aglutina en acción o apoyo, a la gran mayoría de los trabajadores con, de fondo, la negativa a seguir pagando el mantenimiento de un sistema que golpea a las clases trabajadoras, no acaba de emerger en el movimiento la expresión de reivindicaciones que vayan más allá de la cuestión de los 64 años. La amplia dinámica creada por la unidad de todos los sindicatos tiene como límite inmediato la imposibilidad de ir más allá de la cuestión de los 64 años. La CFDT, incluso en la cuestión de las pensiones, ya había aceptado la reforma de Touraine de 2014 que conduce a las 43 anualidades. Por lo tanto, la intersindical tampoco plantea requisitos sobre el financiamiento de las pensiones, como el fin de las exenciones y el aumento de las contribuciones patronales, ni sobre el cuestionamiento de las reformas de Touraine y Woerth de 2010 que fijaron la edad de jubilación en los 62 años.

Asimismo, a nivel confederal, no existe una base intersindical común sobre otros temas sociales urgentes, muy presentes en las manifestaciones, sobre las prestaciones por desempleo o la lucha por los salarios y contra las subidas de precios. La Intersindical Nacional ha servido como punto de apoyo en las ciudades pero también ha limitado la extensión de la plataforma intersindical local. Esta podría parecer una cuestión secundaria que no ha impedido el desarrollo de una movilización de una profundidad sin precedentes. Pero todos entienden que el equilibrio de poder entre clases sólo puede mantenerse si en la conciencia de quienes participan en el movimiento o lo apoyan está claramente planteada la cuestión de a quién nos enfrentamos.

La cuestión de los 64 años no es una manía de un autócrata delirante, sino una elección política de clase que corresponde a los intereses de los grupos capitalistas que hicieron triunfar idénticas reformas en los demás países europeos. Se trata, por tanto, de cuestionar la distribución de la riqueza y las opciones tomadas en interés de los capitalistas, opciones hechas en Europa por los partidos que apoyan el neoliberalismo, incluida la extrema derecha de partidos similares a RN, como Fratelli d’Italia de Meloni que concede la pensión completa a los 67 años en el marco de las exigencias presupuestarias de la Unión Europea. No se puedes combatir las supercherías de un RN defensor de las pensiones sin apoyar el movimiento en una plataforma que desafíe las opciones capitalistas del gobierno y plantee demandas acordes con los intereses de las clases trabajadoras. Ausente del movimiento, silencioso sobre cualquier plataforma política de defensa de las pensiones, más allá del pronatalismo y las medidas antiinmigrantes, RN se posiciona para recoger los frutos de una movilización social que, objetivamente, apunta contra los capitalistas.

La cuestión de los 64 años no es una manía de un autócrata delirante, sino una elección política de clase que corresponde a los intereses de los grupos capitalistas que hicieron triunfar idénticas reformas en los demás países europeos

Macron y Darmanin, por otro lado, nunca dejan de construir puentes hacia los republicanos y la extrema derecha mientras criminalizan y demonizan a las NUPES. Además, durante unas elecciones parciales en Ariège, la segunda vuelta vio como se constituía un frente común del partido de Macron, los republicanos, RN, detrás de un candidato socialista opuesto a la NUPES para vencer al candidato de la Francia Insumisa.

Evidentemente, la situación también se ve dificultada por la falta de construcción de un frente social y político común en el seno de este movimiento, por la ausencia misma, fuera de la Asamblea Nacional, de una amplia iniciativa política unificada que permita llevar a cabo un debate y plantear propuestas unitarias para construir en las ciudades y en el ámbito nacional estructuras unitarias sobre los temas sociales y democráticos del momento, en sintonía con la movilización social.

La fuerza del movimiento y las decenas de miles de activistas que lo estructuran debe tener la fuerza para superar estos obstáculos en las próximas semanas.


Fuente: sinpermiso.info, extraída de: europe-solidaire.org

Traducción: Enrique García

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