Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La caótica crisis política ha resurgido en varias ocasiones desde la reelección de Macron en 2022. En aquel momento, solo consiguió 250 escaños para su bloque parlamentario en la Asamblea Nacional (la mayoría absoluta es de 289), ya que no quiso ni consiguió llegar a un acuerdo con Les Républicaines [LR, derecha tradicional] (62 escaños).

Tras las movilizaciones de los chalecos amarillos en 2018/2019 y la poderosa movilización sindical en defensa de las pensiones de 2023, el descontento social no ha hecho más que crecer en Francia, chocando con los distintos gobiernos de Macron, pero sin conseguir satisfacer sus reivindicaciones. La crisis política actual es, por tanto, esencialmente el resultado una la crisis social que se agudiza desde la crisis financiera de 2008. El peso electoral de los dos principales partidos que han dirigido los gobiernos durante más de 40 años, LR y PS (socialistas) se ha desplomado entre las elecciones presidenciales de 2012 y 2022. Los votos acumulados del PS y LR pasaron, entre estas dos citas, del 56,81 % al 6,53 % de los votos en la primera vuelta. Macron pensó aprovechar esta ventana de oportunidad para ocupar el espacio que abría creando una nueva fuerza política y acentuando las reformas liberales. Hoy en día, es el presidente más desacreditado en la historia de la V República, y todo el mundo es consciente de que el macronismo no sobrevivirá al final del quinquenio de Macron en 2027... o incluso antes, si se le obliga a dimitir.

La esperanza construida en 2022 con la formación en la izquierda de un frente electoral antiliberal (NUPES) articulado en torno a La France insoumise no se prolongó durante los dos años siguientes. La parálisis de la NUPES en 2023/2024 provocó su fragmentación en cuatro listas durante las elecciones europeas (9 de junio de 2024), lo que llevó a Macron a acariciar la esperanza de ganar para su bloque parlamentario el ala derecha del PS y así salir de su parálisis. A pesar de que Rassemblement National [RN, extrema derecha] obtuvo una amplia ventaja en aquellas elecciones con el 31 % de los votos, Macron intentó una jugada arriesgada disolviendo la Asamblea Nacional y convocando nuevas elecciones. Ante la amenaza del RN, esperaba agrupar a una mayoría amplia a su derecha e izquierda en las elecciones legislativas que siguieron... o tal vez aparecer como un baluarte democrático en la presidencia frente a un primer ministro del RN y una mayoría del RN en la Asamblea.

Ahora bien, lejos de lograr una amplia mayoría en torno a los candidatos de Macron, los quince días de campaña previos a las elecciones vieron surgir una movilización social y política en la izquierda, con la reconstrucción de una coalición en torno a un programa antiliberal, el Nuevo Frente Popular (NFP), que se impuso políticamente y en número de escaños frente al RN y a Macron, impidiendo que la extrema derecha obtuviera la mayoría en la Asamblea... y reduciendo aún más el espacio del bloque macronista, que perdió 53 escaños adicionales.

Negando el resultado de las elecciones al negarse a nombrar a un primer ministro del NFP, Macron se atrincheró desde el principio en torno a su minoría parlamentaria nombrando a primeros ministros de su bloque central, que en el mejor de los casos solo cuenta con una minoría de 240 escaños con el apoyo de LR. Desde hace un año, se han sucedido tres primeros ministros fieles a Macron, que se han beneficiado de la benevolencia concedida por el RN o el PS para mantenerse unos meses y evitar caer en poco tiempo a través de una moción de censura. La constante de estos gobiernos ha sido la persistencia de una política reaccionaria y antisocial, al tiempo que hacían suya la agenda de la extrema derecha (RN) en temas securitarios y xenófobos.

El 13 de diciembre de 2024, el descontento social obligó al PS a votar junto con el resto de la izquierda la censura de Michel Barnier, nombrado tres meses antes, cuando este quiso imponer un presupuesto que incluía 60 000 millones de recortes en el gasto público y un aumento de los impuestos, que evidentemente afectaban a las clases populares. François Bayrou, fiel a Macron, solo pudo sustituir a Barnier en diciembre de 2024 gracias a la complacencia del PS y del RN, que, a pesar de su voto de censura al Gobierno anterior, querían mostrar una actitud responsable, “no bloqueando la aprobación de un presupuesto para Francia”. Los seis meses siguientes fueron testigos del mantenimiento de la fragmentación de las fuerzas sindicales y de la izquierda política. El PS y la CFDT aceptaron el simulacro de diálogo social en un cónclave que supuestamente iba a replantear la reforma de las pensiones, mientras que Bayrou había impuesto un marco que indicaba claramente que no se trataba de cambiar esa política y volver a la edad de jubilación de 64 años.

Esta división de las fuerzas sociales y políticas y la negativa manifiesta del RN a precipitar una nueva censura pudieron dar a Bayrou la impresión de que tenía margen de maniobra para proseguir con los objetivos de austeridad y recortes presupuestarios sociales. Pero, a principios de julio de 2025, la presentación del presupuesto de 2026, al mostrar la voluntad de reducir el déficit presupuestario del 5,4 % al 4,6 %, para llegar al 3 % en 2029, tuvo un efecto incandescente en el país. Con el pretexto de un nivel catastrófico de deuda pública, el objetivo era imponer un presupuesto que redujera el gasto público en 44 000 millones de euros con numerosos ataques sociales: la pérdida de dos días festivos para imponer dos días de trabajo gratuito, la congelación del importe de las prestaciones sociales y las pensiones, recortes en las bajas por enfermedad, la voluntad de reducir las prestaciones por desempleo y nuevas reducciones de puestos de trabajo en la función pública.

La característica esencial de este proyecto de presupuesto era, sobre todo, que no incluía ninguna medida de justicia fiscal dirigida a las rentas altas, en nombre de la “preservación de los medios de producción”, que constituirían el patrimonio de los más ricos, y del mantenimiento de la política de oferta.

Durante seis meses, el Gobierno y los grandes medios de comunicación intentaron imponer las cuestiones de orden público, seguridad y lucha contra la inmigración como las principales preocupaciones de la población, con un dúo ministerial en Justicia e Interior (el macronista Gerald Darmanin y el LR Bruno Retailleau) empeñado en cultivar los temas de la extrema derecha para preparar posibles candidaturas presidenciales en 2027. François Bayrou, por su parte, retomó la obsesión de la invasión del país por los migrantes. Pero en los últimos meses, las cuestiones sociales han vuelto a imponerse en el debate público como las preocupaciones esenciales de la población. Durante el verano, una cuestión fiscal y otra presupuestaria se convirtieron en exigencias políticas: la redistribución de la fiscalidad que afectara a los más ricos, en particular con el impuesto Zucman (destinado a crear un impuesto mínimo del 2 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros, 1800 hogares fiscales) y el cuestionamiento de la primera partida presupuestaria de hecho del Estado, los 270 000 millones de ayudas diversas otorgadas a las empresas, principalmente a las más grandes, que han aumentado considerablemente sus beneficios y el pago de dividendos en los últimos quince años. Estas dos exigencias son el fiel reflejo de la ira social, la crisis del poder adquisitivo y el acceso a los servicios públicos que sufren las clases populares.

En Francia, entre 2003 y 2022, el 0,1 % más rico ha visto aumentar su renta media en un 119 %, más del doble que el resto de la población. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza pasó entre 2004 y 2023 del 12,4 % al 15,4 % (INSEE, con un umbral del 60 % del nivel de vida medio). Aunque Francia se encuentra por debajo de la media de la UE (16,2 % en 2024), la tendencia de su tasa es contraria a la evolución europea.

La crisis social viene de lejos. Los ataques liberales, como en muchos países, han puesto en tela de juicio los presupuestos sociales, los servicios públicos, la protección social y el sistema sanitario. En Francia, la política de la oferta se aplica oficialmente desde 2014, bajo el quinquenio socialista de François Hollande. Su principal objetivo ha sido la reducción de los impuestos a las empresas (impuestos sobre la producción) y a las grandes fortunas, la reducción de las cotizaciones sociales y todo un sistema de ayudas y exenciones. Los diferentes informes elaborados desde principios de la década de 2020 permiten cuantificar el importe de estas ayudas a las empresas en 270 000 millones de euros en 2025, la primera partida, de hecho, del presupuesto del Estado, nunca contabilizada como tal (pero establecida por el CLERSE de Lille en 2019, por encargo de la CGT y el informe de France Stratégie). En este sentido, Francia va mucho más allá de los sistemas vigentes en otros países europeos. En los años 90, este presupuesto solo ascendía a 30 000 millones. Hoy en día incluye 91 000 millones de exención de cotizaciones sociales sobre los salarios, más de 100 000 millones de nichos fiscales (créditos fiscales para la investigación, tipos reducidos de IVA, normas fiscales derogatorias), 50 000 millones de ayudas directas (véase la síntesis de Aron y Michel-Aguirre en Le Grand détournement).

Todas estas políticas han agravado la injusticia social, el deterioro de los servicios públicos y las desigualdades en beneficio de los más ricos, que se han acentuado progresivamente, creando un profundo descontento popular. Este descontento se ha manifestado con fuerza en los últimos años, durante el movimiento de los chalecos amarillos en 2018, y con mucha más fuerza en 2023, durante la inmensa movilización de seis meses contra la reforma de las pensiones que retrasaba en dos años la edad de jubilación, de 62 a 64 años. Rassemblement National ha intentado polarizar este descontento en su beneficio, señalando los gastos en favor de los inmigrantes o el peso de las normas europeas como responsables de las dificultades de las clases populares, pero la percepción de los privilegios fiscales y del acaparamiento de la riqueza por parte de los más ricos ha prevalecido ampliamente en los últimos meses.

La obsesión de los grandes grupos capitalistas y, evidentemente, de los políticos de derecha y extrema derecha es frenar este descontento popular y evitar que la izquierda lo polarice aún más. Esto lleva, por otra parte, a que cada vez más grandes empresarios piensen que la única salida estable a la crisis actual puede venir de una alianza entre la derecha y la extrema derecha, a imagen del Gobierno de Meloni.

La compleja situación del movimiento social y de la izquierda política
El anuncio del presupuesto para 2026 provocó rápidamente una reacción de los círculos militantes, en un contexto en el que, unas semanas antes, se había producido una ruptura del frente sindical y los principales partidos de izquierda se habían visto incapaces de seguir presentando un frente común.

A partir del 15 de julio, a través de las redes sociales, Facebook, TikTok, X, se impuso la etiqueta #bloquonstout para un paro total e ilimitado del país el 10 de septiembre, y un grupo de Telegram reunió rápidamente a 10 000 personas. Una popularidad espontánea que reflejaba tanto la exasperación social como, en la izquierda, la frustración de muchos círculos militantes al ver la incapacidad de organizarse frente a la oleada reaccionaria del Gobierno y la creciente amenaza del RN. Este movimiento podía recordar a los Chalecos Amarillos, pero pronto se caracterizó por la presencia estructurante de militantes sindicales y de la izquierda radical, contrarrestando el intento de OPA realizado por redes de extrema derecha como Les Essentiels. A diferencia de 2018, el movimiento fue acogido con simpatía por la izquierda, la CGT y Solidaires. Lo espectacular fue la proliferación de asambleas locales de preparación, más de un centenar, que reunieron en pleno verano a miles de militantes, y una multitud de iniciativas descentralizadas previstas para el 10 de septiembre con acciones de bloqueo. La iniciativa contó pronto con la convergencia de organizaciones del movimiento social, como ATTAC y Les Soulèvements de la Terre. A pesar de la fecha [primera semana tras las vacaciones], la juventud se movilizó fuertemente en asambleas generales preparatorias en una veintena de ciudades universitarias. En total, la jornada reunió a más de 200 000 personas, con una gran participación de la juventud, al menos 430 bloqueos (circunvalaciones, lugares estratégicos) e importantes manifestaciones en numerosas ciudades. Movilizando a 80 000 efectivos policiales, el ministro del Interior dio la orden de atacar inmediatamente los bloqueos y los bloqueos de institutos y universidades.

Aunque el movimiento no se prolongó durante los días siguientes, sirvió de fermento para la preparación del 18 de septiembre. Sin convocar el día 10, la intersindical de todos los sindicatos se reunió a finales de agosto para convocar una jornada de huelga y movilización contra el presupuesto de Bayrou, a favor de la justicia fiscal y la suspensión de la reforma de las pensiones. Era la primera vez que se lograba tal unidad desde 2023.

Si bien la importancia de la movilización del 18 (1 millón de personas según los sindicatos) no alcanzó las cifras de las manifestaciones de 2023, la huelga fue masiva en la RATP y la SNCF, en la Educación Nacional y en la Energía. Tras el 10 de septiembre, se produjeron 276 acciones de bloqueo en la vía pública y 135 intentos de bloqueo de instalaciones, que fueron rápidamente reprimidos, así como numerosas acciones en institutos y universidades.

Uno de los aspectos más destacados de las manifestaciones fue la fuerte presencia de los jóvenes, el marcado lugar que ocupó la solidaridad con Palestina, los colectivos Pink Bloc y las reivindicaciones climáticas. Esto es indicativo de una convergencia militante que caracteriza la situación actual.

En la tarde del 18 de septiembre, la Intersindical dio al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, macronista procedente de LR, un ultimátum de cinco días para responder a sus reivindicaciones. La reunión tuvo lugar el martes 23 de septiembre y, como era de esperar, no se llegó a ningún acuerdo. En consecuencia, la Intersindical convocó una nueva jornada de huelga para el próximo 2 de octubre, que contó con el apoyo de todos los partidos del NFP. Esta unidad intersindical es la expresión de la presión que se ejerce sobre las direcciones sindicales, al igual que la llamada inmediata de los partidos, incluido el PS, que, no obstante, busca cualquier indicio de apertura por parte del nuevo primer ministro.

La movilización social y la crisis política seguirán conjugándose en las próximas semanas. Pero está claro que la unidad política de la izquierda está lejos de mantenerse, ya que cada uno de los partidos está movilizado tanto en la preparación de las elecciones municipales como en la posibilidad de una nueva disolución. La France insoumise apuesta abiertamente por la dimisión de Macron, pensando que el terreno de las elecciones presidenciales es más favorable para LFI, y el Partido Socialista intenta reestructurarse como una fuerza independiente del NFP, impulsada por su ala liberal. Pero el curso reaccionario mostrado por los gobiernos de Macron, incluidos los anuncios hechos este sábado, deja poco margen para una orientación de diálogo con los macronistas.

Por lo tanto, en las últimas semanas se ha reconstruido una relación de fuerzas favorable a la izquierda sindical, social y política, pero esta es precaria, ya que está determinada por las provocaciones del Gobierno, en ausencia de una política unitaria y de iniciativas comunes de los partidos del NFP. La Intersindical actúa de forma unitaria bajo presión y los partidos del NFP no son una fuerza impulsora para organizar y estimular una orientación alternativa a la política de austeridad de Macron. Sin embargo, existe un terreno fértil para tal perspectiva y el programa del NFP avanzaba pistas en este sentido.

Es evidente que solo la fuerza del movimiento social podrá crear la relación de fuerzas necesaria y cristalizar el descontento actual en base a la lucha contra la austeridad, silenciando las orientaciones racistas y securitarias del RN. Nadie sabe cómo se desarrollarán las próximas semanas en el ámbito institucional, si habrá censura, disolución... Pero el movimiento debe fijarse sus propios plazos para crear la relación de fuerzas que permita bloquear las políticas de austeridad.

Varias cuestiones políticas estarán en el centro de las próximas semanas. Impulsar al máximo las capacidades de autoorganización, las iniciativas unitarias desde abajo, apoyándose en las redes constituidas en torno al 10 de septiembre. Poner de relieve las exigencias de redistribución de la riqueza, popularizadas por el impuesto Zucman, pero más allá, la cuestión de los bienes comunes y la necesidad de la propiedad pública de los sectores esenciales de la producción; la cuestión de la deuda y la dependencia de los mercados financieros como justificación de las políticas de austeridad; evidenetemente, la deuda contraída para distribuir regalos fiscales y subvenciones a los grupos capitalistas es una deuda ilegítima, que sirve para especular en los mercados; así como la cuestión de un gobierno que rompa con la austeridad y satisfaga las exigencias expresadas por las clases populares.

Pero esto también plantea la evidente cuestión democrática: las instituciones de la V República, el poder presidencial y el sistema electoral son herramientas destinadas a frenar la expresión democrática. Esto plantea una vez más, como en el caso de los chalecos amarillos, la exigencia de derribar las instituciones de la V República y elegir una Asamblea Constituyente por representación proporcional integral.

La amenaza de la llegada de Rassemblement National al Gobierno está más presente que nunca ante la actual cacofonía de la izquierda política. Pero también puede, como en junio de 2024, imponer con más fuerza la construcción de un frente político y social que exprese las exigencias populares y proponga una política de ruptura con la austeridad capitalista.

Fuente: vientosur.info