Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Justo cuando se cumple apenas un año del estallido de la “gran crisis” en septiembre pasado, el G20 G20 El Grupo de los Veinte (G20) está compuesto por diecinueve países más la Unión Europea, en el que los ministros, gobernadores de bancos centrales y jefes de Estado se reúnen regularmente. Fue creado en 1999, tras la sucesión de crisis financieras de los años noventa. Pretende favorecer la cooperación internacional, integrando el principio de un diálogo ampliado ante el creciente peso económico adquirido por un grupo de países. Sus miembros son: Alemania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía y la Unión Europea (representada por el Presidente del Consejo y el gobernador del Banco Central Europeo). afronta su nueva cumbre en Pittsburgh. Este tercer round, después de los encuentros de Washington y Londres, llega en medio de una intensa cháchara desplegada por los principales gobiernos acerca del fin de la crisis. El coro de voces es claro: lo peor ya pasó, la recuperación se aproxima y enfilamos la recta final. Asunto concluido. Y dentro de poco tiempo, business as usual. Quizá, en el fondo, la cosa no era tan grave.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. Como señala el economista francés Michel Husson: “Suponer que la recesión pueda ser borrada por una mini-recuperación, es no ver más allá de la punta de la nariz (…). Los próximos meses verán pues ponerse en marcha un nuevo bucle recesivo alimentado por dos mecanismos que no actúan aún. En primer lugar, la demanda salarial va a acabar por estancarse debido a la bajada del empleo y el bloqueo de los salarios. A la vez, las medidas destinadas a reabsorber los déficits presupuestarios van a anular progresivamente el efecto de arrastre de los gastos públicos y sociales sobre la actividad económica. Tenemos, al contrario, ante nosotros varios años de crecimiento deprimido y de medidas de austeridad destinadas a enjugar los planes de relanzamiento.”

A pesar de la retórica grandilocuente de la anterior reunión del G20 y su pompa escenográfica, las medidas adoptadas durante este año por los principales gobiernos del mundo han buscado transferir el coste de la crisis a los sectores populares, socializar pérdidas y apuntalar los cimientos del modelo económico, sin cambios significativos del mismo, más allá de la corrección de algunos “excesos” negativos desde el punto de vista del propio funcionamiento del sistema.

Contrariamente a algunas ilusiones, a menudo sacadas de lecturas poco sólidas de los años treinta y haciendo abstracción de las diferencias de contexto, no ha habido giro neokeynesiano alguno. La crisis, como indica el filósofo Daniel Bensaïd “es también, aunque no guste a los profetas de la salida de la crisis gracias a los prodigios de un New Deal verde, una crisis de las soluciones imaginadas para superar las crisis pasadas.”

Bajo el impacto del shock del hundimiento de Wall Street y las medias de rescate bancario algunas voces desde la izquierda hablaron hace un año de forma excesivamente optimista del “fin del neoliberalismo”. Lo acontecido ha sido distinto. El neoliberalismo ha sufrido una crisis de legitimidad muy profunda y las falacias y contradicciones del discurso neoliberal han quedado más descubiertas que nunca. Pero esto no significa que las políticas neoliberales estén enterradas, ni que la salida a la crisis haya comportado una ruptura con el paradigma neoliberal, ni la adopción de medidas favorables a los intereses populares. Para ello haría falta construir otra correlación de fuerzas entre capital y trabajo. No habrá reformas espontáneas desde arriba sin más.

La incapacidad para arrancar cambios significativos en las políticas dominantes se explica fundamentalmente por la debilidad de la respuesta social frente a la crisis. El desfase entre el malestar social y el descrédito del actual modelo económico y su traducción en movilización colectiva es claro. Las respuestas a la crisis, sobretodo en los centros de trabajo, son limitadas, eminentemente defensivas, de poco alcance, y la mayoría, con algunas excepciones, han terminado en derrotas. Esta dinámica es favorecida, además, por la política de concertación de los grandes sindicatos.

Ante un contexto de crisis, las reacciones de los sectores populares pueden estar dominadas por el desánimo, el miedo y el egoísmo, o por la rabia ante la injusticia, la movilización colectiva y la solidaridad. Pueden orientarse hacia opciones progresistas y de izquierda o girarse hacia alternativas populistas y reaccionarias. A pesar de la tibieza de la respuesta colectiva ante la crisis no hay que sacar de ello conclusiones pesimistas o prematuras. Conviene recordar, por ejemplo, que después del crack de 1929 el movimiento obrero norteamericano tardó cuatro años en responder, pasar a la ofensiva y sacudir el panorama político y social del país. Estamos, pues, todavía en una primera etapa.

Las promesas de moralización del capitalismo entonadas desde hace meses y las proclamas recientes que lo peor ya pasó tienen en común el intento de negar el carácter sistémico de la crisis y de evitar que la misma abone el cuestionamiento del propio sistema económico. Nicolás Sarkozy lo señalaba bien claro hace un año en su discurso de Toulon, justo después de la debacle de Wall Street: “La crisis financiera no es la crisis del capitalismo, es la crisis de un sistema alejado de los valores fundamentales del capitalismo a los que, en cierto modo, ha traicionado. Quiero decírselo claro a los franceses: el anticapitalismo no ofrece ninguna solución a la crisis actual”. ¿Seguro?

En realidad, la crisis económica, transformada en grave crisis social, en conjunción con la crisis ecológica, energética y alimentaria plantea con más fuerza que nunca la necesidad de una ruptura con el actual orden de cosas. Sin duda, el anticapitalismo aparece hoy como un doble imperativo, moral y estratégico, insoslayable. Desde las calles de Pittsburgh lo vamos a recordar estos días.

Josep Maria Antentas es profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)-Universidad Pompeu Fabra.
**Artículo aparecido en Público, 23/09/09.