Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Su última propuesta es incluir en la futura Ley de Vivienda la cesión de 25.000 alquileres ¿sociales? a 25 años y cargar el aval a cuenta de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública, que aumentaría en 2.300 millones de euros más. Incluso se permiten el lujo de señalar qué administración pública los gestionaría (comunidades autónomas y ayuntamientos) y hasta de poner el precio: un 20% por debajo del Índice de Precios de Alquiler del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Por si fuera poco, exigen endurecer la legislación sobre la ocupación, según ha publicado el diario económico CincoDías [2].

Los que, según el medio citado, participarían en esta iniciativa, son fondos bien conocidos como Blackstone, Lone Star o Cerberus y bancos beneficiados por el FROB como CaixaBank Santander, BBVA o Sabadell, que son las entidades privadas que más viviendas han acaparado, en su mayoría, procedentes de adjudicados, o sea, de desahuciados. Y quieren seguir lucrándose con esos activos inmobiliarios, bajo la supervisión de las administraciones públicas (europeas, estatales, regionales y locales). ¿Cuántas veces les van a permitir cobrárnoslos?

Ha sido Asval (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler), presidida por el exministro socialista Joan Clos, la encargada de presentar la propuesta al Gobierno, informa el medio económico mencionado. Este lobby Lobby
Lobbies Los lobbies son grupos de presión de interés privado, que defienden la mayor parte del tiempo los intereses de grupos industriales o financieros. Se cuentan unos 40.000 lobbistas en Washington inmobiliario se dedica a combatir cualquier atisbo de regulación para corregir los disparatados desequilibrios del mercado del alquiler. Una de sus iniciativas ha sido presentar reclamaciones patrimoniales de propietarios al Estado por el tope a las subidas de precio del alquiler al 2% en la renovación de contratos en 2022 [3].

#ConBuitresSíConLaPahNo

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en su último comunicado, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que se reúna “#ConBuitresSíConLaPahNo” [4]. Bajo el título “Los desahucios no paran, la Ley de Vivienda sigue bloqueada y el presidente no tiene tiempo para la PAH”, la nota informa que a finales del pasado noviembre, la PAH solicitó por escrito una reunión con Sánchez para abordar el escudo social y la Ley de Vivienda. Guante que el presidente no recogió, desviándolo hacia el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

“El presidente no tuvo problemas de agenda en 2021 para desplazarse a EE.UU. Y no para ninguna actividad política en representación de España, sino para entrevistarse con los jefes de fondos de inversión como Blackstone. Repitió viaje en 2022 para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, sin desaprovechar el viaje para otra entrevista. Y la última fue en Suiza en el foro de Davos, donde repitió de nuevo reuniones con los mismos responsables. Si ellos son los mayores especuladores del mundo y de nuestro país en materia de vivienda, la PAH somos los mayores luchadores por el Derecho a la Vivienda en España, con amplio reconocimiento internacional, incluso del Parlamento Europeo, pero resulta que aquí no merecemos un hueco en la agenda del presidente, de un Gobierno que dice ser el más social de la historia y que apuesta tanto por Europa”, han reprochado desde la PAH.

El comunicado finaliza así: “Cuando los desahucios no cesan, a pesar del escudo social, y desde Naciones Unidas nos recuerdan nuestras obligaciones en materia de Derechos Humanos en relación con el Derecho a la Vivienda, resulta muy desalentador que el presidente no encuentre huecos en su agenda para entrevistarse con quienes defendemos los Derechos Humanos. Sin embargo, si algo caracteriza a la PAH, es que no desfallecemos jamás, y vamos a seguir luchando e insistiendo por lograr el Derecho a la Vivienda. Esperamos que las ministras de Asuntos Sociales y de Transportes sí tengan hueco y nos reciban, escuchen y lleguen a incluir nuestras propuestas en la Ley de Vivienda para acabar con los desahucios, los alquileres imposibles y las renovaciones hipotecarias asfixiantes”.

El primer día de febrero de 2022, a través del Consejo de Ministros, el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda comenzó una penosa andadura que se ha encallado en el Congreso, a la espera que el Gobierno y sus socios se pongan de acuerdo en las enmiendas [5].

Con las posiciones de las distintas partes del Gobierno de coalición atrincheradas y la presión de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo en el horizonte, la última medida sobre vivienda, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril, ha consistido en autorizar una adenda al convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Entidad Pública Estatal de Suelos (SEPES) por la que se transfiere a esta última 260 millones de euros más para, entre otras operaciones, comprar terrenos a Defensa y resucitar la Operación Campamento de Madrid, pelotazo inmobiliario que lleva décadas en el limbo. Nada que solucione los acuciantes problemas de vivienda a corto ni medio plazo.

Pero desde el Mitma lo venden como trabajo “para conseguir garantizar esa función social que tiene la vivienda y que deje de ser un instrumento que sirva para el enriquecimiento de unos pocos”, según indicó la ministra del ramo, Raquel Sánchez, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reconoció que “España cuenta con un parque de apenas 290.000 viviendas públicas que dan cobertura a tan solo el 1,6% de los hogares, muy lejos de la media de los países de su entorno: ese porcentaje ronda el 30% en Holanda, el 24% en Austria y el 16,8% en Francia” [6].