Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Según los dirigentes Camille Chamers, líder del Partido Rasin Kan Pèp la (reagrupación socialista para una nueva iniciativa nacional) y Chavanes Jean Batiste, líder de la plataforma de organizaciones campesinas, Haití atraviesa la mayor crisis de su historia. Con una economía con una inflación superior al 50% y aproximadamente 4 millones de personas por debajo del umbral de pobreza, esta crisis crónica es también una crisis política, una crisis ambiental y una crisis cultural. Este conjunto de crisis está representado en el accionar de grupos armados, que se fortalecen en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

El aumento del control territorial por parte de grupos milicianos, especialmente en la región de Puerto Príncipe, ha venido provocando una ola de violencia en estos territorios; cientos de casas fueron incendiadas y muchas familias buscaron refugio en plazas o donde fuera posible. No hay apoyo estatal para estas familias, así como tampoco hay acción estatal para frenar el avance de las pandillas en el área metropolitana.

Hay un desprecio deliberado por parte del gobierno y las fuerzas del Estado no llevan a cabo ninguna operación para proteger a la población. Al contrario, el Estado está en connivencia con las pandillas. Y está claro que esta connivencia es para justificar una intervención militar extranjera, ya que el gobierno ilegítimo de Ariel Henry, desde el principio, se mostró favorable a esta intervención. Y este caos, provocado por las pandillas y con la complicidad del gobierno, está transformando partes del área metropolitana en territorios de guerra, y la población de estos territorios se está viendo obligada a huir, las familias se están viendo obligadas a abandonar sus hogares.

En este escenario, otra intervención extranjera está en camino, y Kenia, a sugerencia de Estados Unidos, ya realizó una visita a Haití a principios de agosto, y las autoridades kenianas que se encontraban en Haití indicaron que podrían enviar tropas a proteger puertos, instituciones públicas y carreteras nacionales. Brasil también ha mostrado interés en enviar miembros de la policía federal para realizar entrenamiento para la policía nacional de Haití, y la posibilidad de otra intervención militar extranjera en Haití asusta a la población. No hay ningún sector de la sociedad favorable a esta intervención, sólo el gobierno ilegítimo que retoma este tema.

Desde 1993 ha habido presencia de fuerzas militares extranjeras en Haití, y esto nunca ha permitido que Haití tenga un estado de seguridad. Según analistas y dirigentes, esta presencia de fuerzas militares extranjeras ha ido construyendo un estado permanente de inseguridad en el país. Incluso con la presencia de fuerzas militares extranjeras, Haití vive desde hace mucho tiempo un problema muy grave de tráfico internacional de armas y aumento de bandas armadas.

La narrativa llevada a cabo por el gobierno, que justifica el pedido de intervención porque no tiene suficientes fuerzas militares para combatir a las pandillas, configura una estrategia para mantener en el gobierno a Ariel Henry y al partido de extrema derecha, el partido Haiysyen Tèt Kale – PHTK ( grupo de las cabezas rapadas).

En el contexto de las organizaciones, la opción del Acuerdo de Montana, ahora rebautizada como Acuerdo del 30 de agosto, se configura como una herramienta de transición y no como una opción de política presidencial. Es un espacio con dos frentes políticos, uno partidario de hacer una transición con la participación de Ariel Henry y otro contrario a esa convivencia política. De hecho, las organizaciones de izquierda (partidos y movimientos), hasta el momento, no han construido una unidad política en torno a la propuesta de transición presidencial, y por esta razón, el Acuerdo del 30 de agosto no cobra fuerza para convertirse en una opción política.

Sin embargo, el Acuerdo del 30 de Agosto es la opción organizada por la sociedad haitiana como salida a la crisis estructural que atraviesa el país. Esta opción no es reconocida por el gobierno ni por los países del CORE GROUP (grupo central), compuesto por las embajadas de Alemania, Brasil, España, EE.UU., Francia, Canadá, la Unión Europea y el representante especial de la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos y el representante del Secretario General Especial de las Naciones Unidas. Cabe señalar que estos países interfieren directamente en la política y la economía de Haití, y mantienen en Puerto Príncipe, capital de Haití, desde el 25 de junio de 2019, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití - BINUH (Biwo Entegre Nasyonzini nan Haití), siendo este grupo de países los que designaron el 17 de julio de 2021, al entonces Primer Ministro Ariel Henry, como presidente de Haití.

Solidaridad con el pueblo haitiano

De la misma manera que hay un aumento de la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, también hay movilizaciones de organizaciones que forman parte del Acuerdo 30 de Agosto. Entre julio y agosto de 2023, organizaciones y partidos enviaron cartas al representante de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y al representante de la Unión Africana.

En estas cartas, entre otros puntos como la presentación de un análisis de la situación actual del país, se pide una “solidaridad activa que respete la independencia política de Haití, su soberanía y su derecho a la autogestión”. Esta es una declaración explícita de que la sociedad, representada por organizaciones y partidos, está dispuesta a resolver sus problemas sin injerencias internacionales.

Además de esta iniciativa para lograr una solidaridad activa con otros pueblos, organizaciones haitianas como el Partido RASIN Kan Pèp la, la Agencia de Prensa Popular Haitiana y Radio Resistência, junto al MST a través de la Brigada Internacionalista Jean Jaques Dessalines —que actúa en solidaridad con el pueblo haitiano desde 2009— , invitó a dos periodistas, uno llamado Arturo Sánchez de México del diario “La Jornada”, y la periodista brasileña Monyse Ravena de “Brasil de Fato”, a discutir esta situación.

Ambos periodistas estuvieron en Haití, en la capital Puerto Príncipe y en la ciudad de Henche, entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre de 2023, y pudieron reunirse y conversar con líderes, militantes de los más diversos sectores como el campesino organizaciones, estudiantes universitarios, medios y prensa, organizaciones y partidos que operan en las periferias y también con sindicalistas y trabajadores en el parque industrial de la capital de Puerto Príncipe.

Esta iniciativa buscó presentar la realidad haitiana desde las organizaciones populares que actúan en defensa de la soberanía de Haití. Entendiendo que muchos medios internacionales tratan a Haití de manera racista y discriminatoria, la iniciativa de invitar a periodistas a cubrir la realidad haitiana desde el pueblo es un indicio más para demostrar que hay vida en Haití, que hay inseguridad, sí, pero que hay un pueblo que anhela estar libre de la injerencia internacional.

También hay iniciativas de solidaridad con el pueblo haitiano en otros países, como en Brasil con el comité “Defender a Haití es defendernos”; en Puerto Rico con el “Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití”; y en Argentina con el “Comité Democrático Haitiano”. Este compromiso de solidaridad y respeto a la soberanía de Haití, asumido por otros pueblos, demuestra la importancia histórica del pueblo haitiano para el mundo. Una invasión militar extranjera nunca ha sido ni será una salida a la crisis en Haití.

Desde la página del MST: https://mst.org.br/2023/09/05/haiti-diz-nao-a-intervencao-estrangeira-militar/

Editado por: Fernanda Alcántara