Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En España, la reducción del número de puntos de acceso al efectivo desde 2008 ha sido muy notable. El número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50%, mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20%. Así lo pone de manifiesto el informe ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’, publicado por el Banco de España en 2021 [3].

Si en 2008, año en que estalló la crisis, había en todo el territorio 45.662 oficinas bancarias, a finales de 2020, el número se ha reducido a menos de la mitad: 22.299. A fecha de junio de 2021, de los 8.131 municipios que hay en España, 4.443 estaban sin oficina, el 54%. En total, más de 1.600.000 de personas no tienen acceso a una oficina bancaria en su municipio, según ‘CincoDías’ [4]. Una cifra algo menor, de 1.300.000 ciudadanos, es la que calcula el Banco de España que se encuentra en vulnerabilidad en el acceso al crédito. Un índice que “permite detectar aquellos municipios con un mayor riesgo de quedar financieramente excluidos en términos de acceso al efectivo”.

El informe también advierte: “En caso de un hipotético cierre de algunos puntos existentes, la población afectada sería sustancialmente mayor”. Algo que el mismo Banco de España no descarta: “Es previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continúe en los próximos años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito”, anticipa.

Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia

Tal y como indica el informe, la distribución geográfica de la infraestructura tradicional de acceso al efectivo tiene una elevada correspondencia con la distribución demográfica de la población española. De hecho, gran parte de los puntos de acceso al efectivo se sitúa en zonas densamente pobladas, mientras que en las zonas rurales existe una mayor dispersión de oficinas y de cajeros automáticos.

Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia. Esta significativa diferencia con respecto a otras provincias españolas la explica el informe del Banco de España “por su menor densidad de población, así como por la orografía del territorio, que han hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor”. A esto hay que sumar el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable. En 2008, más del 70% de los municipios de Castilla y León no contaban con una oficina bancaria, lo que afectaba al 13% de la población de la región.

En 2018, otro estudio del Banco de España, titulado ‘Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España’ [5], mostraba que la zona con mayor número de municipios sin oficina bancaria era precisamente Castilla y León. En el año 2017, 1.767 municipios castellanos y leoneses no disponían de oficina bancaria, lo que ya entonces afectaba al 15,1% de su población.

Las formas alternativas de acceso al efectivo “no pueden considerarse sustitutivos”, según el Banco de España

En Castilla y León ya se dan desde hace años otras formas para acceder al efectivo, como oficinas móviles (ofibuses), agentes financieros, la retirada o depósito de efectivo en un establecimiento comercial (cashback y cash-in-shop), o el uso de la red de oficinas de Correos, incluso de la de estancos y loterías y apuestas del Estado. Sin embargo, advierte el Banco de España, los canales alternativos mencionados “no pueden considerarse sustitutivos próximos, por diferentes motivos. Entre otros, porque la disponibilidad de efectivo no está garantizada y porque la posibilidad de retirar o de ingresar efectivo depende, en algunos casos, de la voluntad del establecimiento”.

Y es que la gente sigue queriendo manejar dinero contante y sonante. El efectivo era el medio de pago preferido por el 53% de la población española, según una encuesta del Banco de España de 2017, dato compatible con un estudio del Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo (BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. ),citado en el estudio ‘Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España’.

Cruz Roja: “En la España despoblada confluyen varios precursores de exclusión digital: lugar de residencia (medio rural), edad (mayores), formación (básica) y renta”

Otra de las variables que ha utilizado el Banco de España para medir el índice de vulnerabilidad en el acceso al efectivo es la edad. En este caso, ha tenido en cuenta la proporción de personas mayores de 60 años en cada localidad. El estudio ‘Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España’ también señala que el uso ‘online’ “entraña cierta dificultad para determinados segmentos de la población, en particular las personas de avanzada edad, residentes en zonas rurales”.

Cruz Roja, en su estudio titulado ‘La vulnerabilidad social en el contexto de la España despoblada’ [6], que data de diciembre de 2020, sitúa a las personas mayores como uno de los colectivos más vulnerables y destaca su falta de conectividad añadida al analfabetismo digital. Respecto a la brecha digital, este documento subraya que “en la España despoblada hay muchos pueblos a los que no llega la cobertura de datos móviles, en función del operador, o donde no se ha cambiado el cableado para permitir la banda ancha, lo que ralentiza la conexión vía WiFi. Confluyen varios precursores de exclusión digital: lugar de residencia (medio rural), edad (mayores), formación (básica) y renta”.

En 2021, el informe ‘Sociedad expulsada y derecho a ingresos’, de Cáritas y la Fundación FOESSA [7], dedicaba un epígrafe a la brecha digital, que analiza como “un nuevo elemento exclusógeno, es decir, un motor de la exclusión”. Al respecto, afirma: “Si hasta ahora no contar con un dispositivo o conexión a Internet podía ser considerado una causa de la exclusión, en este nuevo contexto de digitalización se ha convertido en un elemento que te acerca a la exclusión por la pérdida de oportunidades que significa y porque puede privarte de derechos básicos como la educación, la salud, el empleo o las relaciones sociales”.

La campaña ‘SoyMayorNoidiota’ consigue que los bancos firmen un protocolo que no es perfecto: “Seguiremos vigilantes”

En esta problemática se enmarca la campaña ‘SoyMayorNoidiota’ lanzada en change.org por Carlos San Juan, quien asegura que “tengo 78 años y me siento apartado por los bancos” y clama a gritos, que es lo que simbolizan las mayúsculas en el lenguaje escrito, “ATENCIÓN HUMANA EN SUCURSALES BANCARIAS”. Su petición ha conseguido su objetivo gracias a 647.941 firmas [8].

Esta iniciativa ha tenido tanto éxito, que ha conseguido introducir en la opinión pública las prácticas bancarias. Incluso el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hasta entonces despreocupados del problema, se pusieron en contacto con él e impulsaron la firma de un protocolo por parte de las entidades financieras “para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores” [9].

Un día después de dicha firma, Carlos San Juan daba las gracias a los firmantes, señalaba que el protocolo incluye las medidas que le parecían más urgentes, como la ampliación de horarios en sucursales bancarias y la resolución del problema de las citas previas. Pero subrayaba que “el protocolo no es perfecto. Hay dos puntos especialmente polémicos: la autoevaluación y la voluntariedad. Finalizaba afirmando que “seguiremos vigilantes” y que “si algo se torciera reabriré mi petición y volveremos a reivindicar” [10].

Dicho protocolo, además de lo señalado por San Juan, incluye compromisos tales como que “los empleados recibirán formación específica que permita ofrecer una atención más ajustada al perfil de las personas mayores” o que “los mayores y las personas con discapacidad tendrán prioridad en casos de alta afluencia de público en oficinas”. De ampliar la red, nada de nada.

También al día siguiente del anuncio del protocolo, la asociación de consumidores FACUA denunció a España ante la Comisión Europea “por no aplicar correctamente la normativa europea sobre el sector bancario referente a las cuentas de pago básicas, que protege a los consumidores vulnerables”. Según la organización, “el Banco de España aprovecha determinadas carencias en la trasposición a la legislación nacional para inferir que los usuarios no tendrían derecho a sacar dinero en ventanilla, algo contrario al propio texto” [11].

El rescate al banco malo (SAREB) disparó la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública al 120% en 2020, en plena pandemia

Cabe recordar que la banca española ha sido rescatada con 64.349 millones de euros de dinero público y solo ha devuelto 5.150 millones de euros, según un nota informativa del Banco de España fechada en 2018 [12]. Aquel rescate nos ha costado un altísimo precio en recortes de servicios públicos y merma de condiciones de vida. Hoy, una década después, esa hipoteca no se ha devuelto.

Un rescate para el que el Estado ha enchufado solo en BFA+Bankia+BMN la friolera de 24.069 millones de euros públicos y del que tan solo ha recuperado 3.303 millones de euros, según la propia entidad [13], con lo que el rescate a Bankia ha costado, al menos oficialmente, 20.766 millones de euros a las arcas públicas, sin que nadie pida cuentas a los responsables, pasados y presentes, de dicho expolio. No solo eso, sino que se le ha regalado a CaixaBank gratis et amore.

Fue en marzo del año 2021, en plena pandemia de Covid-19, cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó la fusión de CaixaBank y la rescatada Bankia. Una vez recibidos todos los informes y tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mediante Orden Ministerial, se dio autorización a la fusión de ambas entidades. De este modo, el Estado, como accionista de Bankia, pasó a tener una participación del 16,1% en el capital de CaixaBank, una vez completada la operación [14]. Tan solo una semana después, el Banco de España anunciaba que la deuda pública aumentaba en cerca de 35.000 millones de euros y se disparaba al 120% en 2020 por la mala gestión del banco malo (SAREB) [15].