Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El estudio realizado por Manuel Girón, Manuela López y Fernando Patón, y el epílogo escrito por Andreu Tobarra, son instrumentos muy valiosos para todos aquellos que quieren que las voces de la ciudadanía sean escuchadas y conduzcan a cambios fundamentales en todos los niveles. En un momento, en el que la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública se está disparando en toda Europa y en el mundo como consecuencia de la forma en que los gobiernos están respondiendo a la crisis vinculada a la epidemia del Coronavirus, esta monografía sobre la deuda del País Valencià llega en el momento oportuno. Acaba de estallar una nueva y tremenda crisis de la deuda a escala mundial, que empeorará drásticamente las dificultades de los pueblos de todo el mundo para ejercer sus derechos humanos básicos.

Los autores analizan rigurosamente el proceso de endeudamiento de la comunidad valenciana, vinculando su diagnóstico con la acción práctica para denunciar el escándalo de la deuda acumulada de forma mayoritariamente ilegítima por los gobernantes, especialmente por los gobiernos del PP, y tratar de modificar esa situación.

Me siento honrado de que me hayan contactado para escribir el prefacio de su trabajo. Durante 30 años, he estado analizando las deudas ilegítimas y actuando para su cancelación/repudio. Para ello, la auditoría con participación ciudadana es fundamental pero no sustituye a dos elementos absolutamente esenciales: la movilización ciudadana por un lado y, por el otro, la voluntad de un gobierno que tenga el valor de tomar la decisión de organizar una auditoría de participación ciudadana, junto, según el caso, con la suspensión inmediata o posterior del pago de la deuda. Y de ese modo llegar finalmente a la cancelación/repudio de las deudas ilegítimas.

He participado en varias experiencias importantes, en particular como miembro de la CAIC en Ecuador en 2007-2008 y como coordinador científico de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública creada en 2015 por la presidenta del Parlamento griego, durante el primer gobierno del primer ministro Alexis Tsipras. De estas experiencias he extraído una serie de enseñanzas fundamentales que me hacen considerar la obra presentada en este libro como una herramienta indispensable si queremos liberarnos del sistema deuda. La experiencia de Ecuador condujo a una importante victoria en 2009, que permitió una reducción masiva de la deuda exigida por los acreedores privados.

También apoyé la creación en el Estado español en 2016 de la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes (tras el lanzamiento del Manifiesto de Oviedo [1] que ha recibido apoyo internacional [2]). Me sumergí en el análisis de las deudas acumuladas por los municipios, las comunidades autónomas y el Estado español. Lo hice con entusiasmo, después de apoyar la RCADE a partir de 1999 y el 15-M a partir de 2011, así como la creación de la PACD. Suscribo plenamente la exposición de los autores sobre la ilegitimidad de gran parte de la deuda contraída por las autoridades de la Comunitat Valenciana y el análisis político presentado por Andreu Tobarra.

Me gustaría aclarar algunos conceptos: deuda ilegítima, deuda odiosa Deuda odiosa Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente. , deuda ilegal y deuda insostenible.

Deuda pública ilegítima:

Es una deuda contraída por los poderes públicos para favorecer los intereses de una minoría privilegiada.

En 2008, antes de la crisis de 2010, el Estado español tenía una deuda pública que representaba menos del 40% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.  [3]. Con la crisis y los rescates a los bancos, sociedades financieras e inmobiliarias de España, la deuda subió, se duplicó, y casi llegó al 100% del PIB. Esta deuda es ilegítima porque es una deuda que ha sido acumulada para rescatar a banqueros responsables de la crisis de 2008-2010. Es ilegítima porque es una deuda contraída para servir los intereses particulares de una minoría sin respetar el interés general de la mayoría de la población.

Deuda odiosa:

Además de la categoría de deuda ilegítima, no hay que dudar en utilizar la doctrina de la deuda odiosa, ya que puede ser aplicable a una deuda contraída por un gobierno electo respetando las reglas democráticas formales.

Según la doctrina, para que una deuda sea odiosa, y por lo tanto nula, debe cumplir dos condiciones:

1. Haber sido contraída en contra de los intereses de la Nación, o en contra de los intereses del Pueblo, o en contra de los intereses del Estado.

2. Los acreedores no pueden demostrar que ellos no podían saber que la deuda era contraída en contra de los intereses de la Nación, del Pueblo, o del Estado.

Hay que subrayar, que según la doctrina de la deuda odiosa la naturaleza del régimen o del gobierno que la contrae no tiene especial importancia, ya que lo que cuenta es el uso que se hace de esa deuda. Si un gobierno democrático se endeuda en contra del interés de la población, esa deuda puede ser calificada de odiosa, si también reúne la segunda condición. Por lo que, contrariamente a una versión errónea de esta doctrina, la deuda odiosa no concierne solamente a regímenes dictatoriales [4].

El padre de la doctrina de la deuda odiosa, Alexander Nahum Sack [5], dijo claramente que las deudas odiosas pueden atribuirse a un gobierno regular. Sack escribió «una deuda regularmente contraída por un gobierno regular (puede) considerarse como incuestionablemente odiosa,…» Sack definía un gobierno regular de la manera siguiente: «Debemos considerar como gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente dentro de los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la «gracia de Dios» o de la «voluntad del pueblo»; que expresa la «voluntad del pueblo» o no, del pueblo entero o solamente de una parte de éste¸ que se haya establecido legalmente o no, etc., todo esto no tiene importancia para el problema que nos ocupa.» [6]

Deuda pública ilegal:

Es la deuda contraída sin respetar el ordenamiento jurídico vigente.

Deuda insostenible:

Se trata de una deuda cuyo pago continuado impide a las autoridades garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos fundamentales, en particular en las esferas de la salud, la educación, la vivienda, los ingresos mínimos y la seguridad. Si el pago continuado de la deuda impide a los poderes públicos respetar sus obligaciones fundamentales para con los ciudadanos, el pago en cuestión puede suspenderse aunque la deuda sea legítima y legal.

La situación del País Valencià

Como sabemos, el País Valencià (Comunidad Valenciana en la terminología del régimen de 1978) es una de las 15 comunidades autónomas (CCAA) de régimen común (sin soberanía fiscal) del Estado español, con las que coexisten 2 comunidades autónomas que tienen cierta soberanía fiscal (Euskadi y Nafarroa). La institución propia del País Valencià es la Generalitat (poder ejecutivo). El parlamento, les Corts valencianes, eligen el gobierno. Los ingresos del PV dependen de la financiación de la administración central del Estado (que es la que recauda los impuestos en las 15 comunidades autónomas de régimen común). El gobierno autonómico del País Valencià solo puede gestionar gastos y una pequeña parte de los ingresos. Sanidad, enseñanza y servicios sociales dependen de la gestión de gastos del gobierno valenciano.

Una característica del País Valencià es que está infra financiado, (recibe menos dinero) con respecto a otras comunidades autónomas de régimen común, por parte de la administración central y es objeto de expolio fiscal (recibe menos de lo que aporta). Por lo tanto es una comunidad autónoma pobre, con una tasa de pobreza superior al 20-25% de la población, y que debería estar financiada por encima de la media. La infrafinanciación ha influido en el desarrollo de la deuda (capítulo 8: El papel de la deuda histórica Deuda histórica Es la deuda contraída fundamentalmente durante el colonialismo con los países y pueblos pertenecientes a las antiguas colonias, por la invasión y conquista de sus territorios, así como por la explotación de sus poblaciones y recursos. En la actualidad, esa deuda continúa acumulándose a través de las acciones de las empresas transnacionales, las políticas comerciales y migratorias y otras instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio.

Incluiría entre otros aspectos : Expolio de recursos naturales ; Genocidios ; Esclavitud ; Exterminio cultural y religioso ).

Aparte de la infrafinanciación (que puede ser entendida como un factor de vulnerabilidad estructural), la disminución de los ingresos procedentes del Estado, a partir de la recesión de 2008 que obligó al aumento del endeudamiento, influyó sobre el desarrollo del sistema deuda. Esta disminución de ingresos se asoció a una política fiscal que favoreció a los ricos y al rescate bancario, dos fuentes ilegítimas de creación de deuda. Estos factores van más allá de los problemas de corrupción y despilfarro (de gasto ilegítimo) que tuvieron lugar durante los gobiernos del Partido Popular (PPCV).

La creación de este sistema deuda en el periodo de 2008 a 2012 ha condicionado la situación actual de endeudamiento y de hipoteca de los gastos sociales. Y como muestran los autores en el capítulo 7, la mayor parte de la deuda es ilegítima.

Después de 20 años de gobierno de la derecha (PPCV), en 2015 salió elegido un gobierno del PSPV-PSOE junto con Compromís y con el apoyo de Podemos (en lo que se llamó el Pacto del Botánico). En este Pacto se contempló la auditoría ciudadana de la deuda. Andreu Tobarra, en el epílogo, describe muy bien la historia política de este pacto con respecto a la auditoría.

Durante el periodo del movimiento 15-M se impulsó la exigencia de realizar una auditoría ciudadana de la deuda, y la PACD-PV tuvo una actividad significativa, tanto en Valencia como en las comarcas del sur donde viven los autores. El cambio de Podemos, en relación con la deuda, supuso una ruptura entre este partido y la PACD-PV y un cierre a las posibilidades de poner en marcha una auditoría ciudadana. Pese a ello, parte de esta herencia ha quedado reflejada en las auditorías ciudadanas que se han llevado a cabo (y se llevan) de las privatizaciones sanitarias, con objeto de lograr su reversión al servicio público.

La deuda se retroalimenta y eso determina su crecimiento progresivo, así como la hipoteca de los presupuestos del gobierno valenciano. En la actualidad el pago del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. es una cuarta parte del presupuesto del Govern valencià. Por muy buena voluntad que tenga un gobierno progresista, si no se cambia la política de la deuda no se pueden cambiar las políticas sociales.

La situación actual indica que la deuda sigue disparada, que el problema es de fondo, que el Estado y la «comunidad autónoma» tendrían que colaborar para enfrentarse a la UE. A su vez, un gobierno valenciano progresista debería enfrentarse a la política centralista del Estado español, que lleva a cabo una política colonial pública a través del aparato del Estado. También tendría que enfrentarse a la Constitución Española, que en la reforma del artículo 135 bis priorizó el pago de la deuda por encima de la cobertura de las necesidades sociales.

Es fundamental interpelar a las instituciones y al Parlament valencià para que se tomen en serio el problema de la deuda y explicarlo abiertamente a la ciudadanía. De hecho, el gobierno valenciano tiene un problema de deuda muy grave. La deuda no ha dejado de crecer a pesar del control ejercido por el Ministerio de Hacienda del Estado español, mediante las políticas de control del déficit y la intervención de la autonomía (art. 135 bis de la Constitución que da prioridad al pago de la deuda y Ley de Estabilidad Presupuestaria).

La Generalitat puede controlar una parte significativa del gasto ilegítimo, para dar paso a un mayor gasto de tipo social (por ejemplo, con la aprobación de la Renda Valenciana d’Inclusió [7], legislada como derecho) pero sin poder modificar el endeudamiento y el pago del servicio de la deuda. Estos elementos, junto con factores que determinan un bajo nivel de ingresos controlados por la administración central (política fiscal, expolio fiscal e infrafinanciación), continúan hipotecando gravemente los actos de la Generalitat al servicio de la ciudadanía, que solo logró disminuir el crecimiento de la deuda del País Valencià en 2016-17.

Espero que los autores puedan divulgar el contenido de su valiente trabajo para abrir un debate a fondo del tema de la deuda. La argumentación presentada en el libro puede ser una base para una auditoría, que vaya al fondo de los factores que determinan la deuda del País Valencià.