Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La semana transcurrió con el vértigo de la suba del dólar, que llegó a 23,30 pesos por dólar y parecía que no tenía techo. Cerró la semana a $22,30 y nadie sabe cómo evolucionará, si a la baja o nuevamente al alza.

El tema venía de antes, ya que en diciembre el dólar cotizaba a $17,50, consolidando una devaluación desde entonces a la actualidad del 27%, que afecta a la mayoría de la sociedad que percibe ingresos fijos, quienes como perdedores no pueden intervenir en la fijación de los precios de la economía.

Se trata de una variación coherente con la inflación futura que induce la evolución de precios, cercana al 10% para el primer cuatrimestre del 2018 y que anualizada puede igualar a la del 2017.

El nuevo precio del dólar anticipa un traslado seguro a precios para consolidar una inflación que rondará entre 20 y 25% para todo el año, aun cuando el gobierno perjure el mantenimiento de la pauta del 15%.

Mientras tanto, las negociaciones por actualización salarial se sostienen en el techo del 15%, caso emblemático con los docentes.

Para calmar la “corrida” de los especuladores el BCRA liquidó más de 7.600 millones de dólares en dos meses, con un día pico de 1.500 millones de dólares.

Ese dinero se acreditó en cuentas concretas, lo que demuestra el destino de las reservas internacionales, que bien podría servir para desarrollos productivos sin necesidad de los inversores externos (que nunca llegan), lo que habilitaría otro debate, relativo a cual debiera ser el perfil productivo de la Argentina. Dejemos ese tema para otro momento.

Junto con la corrida destaquemos que el gobierno presentó su plan parcial de reforma laboral y desbarató la movida parlamentaria para frenar el tarifazo.

Dos por uno en la jerga cotidiana, ya que la reforma laboral incluyendo el tema indemnizaciones y fondo para despidos avanza en la disminución del costo laboral y quita de derechos; y con el tarifazo traslada a los usuarios (la sociedad) el costo del servicio público privatizado.

En el dos por uno se expresa el ajuste y la pulseada ganada por la derecha y el establishment.

Ajuste gradual o shock

Desde el gobierno se argumentaba que la política económica era de “ajuste gradual” y desde el “mercado”, es decir, los grandes capitales y sus voceros pedían shock de ajuste.

Bueno, eso es lo que anunciaron Dujovne y Caputo el viernes 4/5 al señalar que se baja la pauta de déficit fiscal y nada menos que una reducción de $30.000 millones en obra pública, lo que supone menos ingresos salariales y despachos de materiales entre otros aspectos.

Todo apunta al enfriamiento de la economía, justo cuando el INDEC anunciaba datos de un crecimiento demorado luego de la fuerte caída del 2016 y el escaso repunte del 2017. Eso induce a pensar en dificultades sociales en materia de empleo e ingreso de la mayoría de la sociedad.

Por si fuera poco, la tasa de interés de referencia establecida por el BCRA escaló a 40%, cuando en medio de la corrida había sido colocada en 33% y hace una semana estaba en 27,25%, todo para mantener a los inversores en activos financieros, especialmente LEBAC, las que ayer cotizaban en el mercado secundario a 35%.

Los tenedores externos de LEBAC vendían sus títulos porque desde el lunes 7/5 debían pagar impuesto a renta financiera por esas ganancias, por lo que ahora se los estimula con una suba de tasas que compensa la perdida por el impuesto. Los especuladores contentos, aunque habrá que ver si renuevan los 670.000 millones de pesos en el próximo vencimiento del 16/5.

Todos los anuncios confluyen en la profundización del AJUSTE, haciendo eco de la demanda del “mercado”, que sin eufemismo son los grandes capitales hegemónicos en la economía local, con sus voceros en consultoras privadas y en los medios de comunicación, caso de Melconian o Espert, por mencionar algunos de los mediáticos.

Lo que el mercado espera es el shock de ajuste, con menor gasto público, en empleo y salarios estatales, pero también en la reducción del costo laboral para favorecer inversiones y ganancias del sector privado.

El problema sigue estando en el límite al ajuste que ofrezca la sociedad afectada, que aun con conflictividad visible no tiene aún el volumen necesario para frenar la ofensiva ajustadora, y menos, reorientar el sentido de la política económica para favorecer intereses y necesidades de la mayoría empobrecida