Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

España sigue ostentando el vergonzoso honor de ser el Reino de la carroña, donde los fondos buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. campan a sus anchas sin unas Administraciones Públicas dignas que corten las alas a su criminal especulación. Un dato más así lo indica: Las reclamaciones de deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. en los tribunales se han disparado hasta cerca de 200.000 en el primer trimestre de 2019, marcando una clara y preocupante tendencia al alza, según la información que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Concretamente, los Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que publica periódicamente el CGPJ, arrojan que el primer trimestre de 2019, el último analizado, ha alcanzado los 194.715 procedimientos monitorios, frente a los 157.337 del trimestre inmediatamente precedente, de octubre a diciembre de 2018. De hecho, las demandas por impagos aumentaron un 28,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Aún más: el de enero a marzo del año en curso es el que más reclamaciones de deuda en los tribunales ha registrado desde 2011 [1].

Un desequilibrio que perjudica al deudor

¿Qué son los procedimientos monitorios? El Poder Judicial los define como “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos” [2].

“No cabe duda de que el panorama actual produce un desequilibrio económico entre el actor/ejecutante y el deudor principal bastante importante que poco a poco es necesario abordar, puesto que tal como se encuentra ahora cabe afirmar que favorece al actor/ejecutante. En todo caso, no hay día que los medios informativos no traten el problema de los llamados «fondos buitre», fenómeno que cada vez está siendo más extendido en algunos ámbitos, fundamentalmente en el ámbito de la vivienda, que está generando una gran alarma social y que, sin duda, tendrá su reflejo en otros campos similares como el que ahora nos ocupa que hará que cambien las perspectivas de la sociedad y por consiguiente la indeterminación legal y jurisprudencial existente, así como las diferencias entre distintos ordenamientos jurídicos”, sostienen desde la web jurídica legaltoday.com en un artículo sobre las cesiones de créditos litigiosos a fondos buitre [3].

Pese a que, como aseguran los expertos, existe un desequilibrio claro que perjudica al deudor, especialmente en el caso ventas masivas de paquetes de créditos, hay maneras de combatir a los buitres. Desde oponerse al monitorio (con el acceso a la justicia gratuita), complicando así el proceso; hasta ocultar el domicilio al buitre, lo que puede conducir al archivo del procedimiento. Cabe recordar también que el fondo oportunista está obligado a documentar correctamente la deuda. Cosa que no siempre hace.

Dada la avalancha de reclamaciones que colapsan los juzgados [4], empieza a haber no pocas ocasiones en las que David vence a Goliat. Entre esa jurisprudencia, destaca el caso de un «fondo buitre» que litigó contra un vigués por una deuda y acabó condenado por «usura” [5]. Hay más casos con casuística muy variada, como el de un abogado de oficio que consiguió ganarle un pleito a un fondo buitre de Malta [6] ; o el de un juzgado de primera instancia de Coruña, que estimó la demanda de un matrimonio frente a un buitre que compró su crédito a una entidad bancaria y entendió que la empresa de recobro solo podía reclamar el dinero que pagó por adquirir la deuda (un 4% del total del préstamo) [7].

Artículo 135 y ley fondos buitre

Teniendo en cuenta el enorme daño que los fondos buitre están haciendo en la ‘finca España’ (vivienda, energía, autopistas [8]…), no estaría mal que la legislación española se fijara en la belga, cuyo Parlamento aprobó en 2015 la Ley contra los Fondos Buitre y cuyo Tribunal Constitucional ratificó en 2018 tras recurso del buitre por antonomasia, Paul Singer [9]. Asimismo, el Parlamento Europeo pidió a los estados de la UE que adopten leyes contra la especulación de los fondos buitre basadas en la legislación belga.

Para ello, hay que eliminar la chapuza de reforma del artículo 135 de la Constitución, perpetrada con agosticidad entre PSOE y PP en 2011, que da alas a los buitres, prioriza absolutamente el pago de “los intereses y el capital” de los créditos de la deuda pública, y que ha permitido la aplicación durísima de las leyes de estabilidad presupuestaria. De hecho, como ya hemos señalado, el burdo remiendo del artículo 135 contradice la figura del “interés general”, protegida a lo largo de toda la Constitución Española. Desde el artículo 47, que se refiere al derecho a una vivienda digna y adecuada en el Título I, hasta el 128, que dice literalmente: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. La segunda parte de este artículo contempla “la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general” [10].