Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El pasado jueves, 27 de julio de 2023, el Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo (BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. ) volvió a subir los tipos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. por novena vez consecutiva, hasta el 4,25% [1]. Este aumento no sólo encarece las hipotecas. También dispara los intereses de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública, que en el Estado español alcanzó el 113% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. el pasado mes de marzo, hasta los 1,53 billones de euros [2].

El Gobierno prevé que para 2026 destinará el 2,9% del PIB a pagar los intereses de la deuda, lo que excederá de los 40.000 millones de euros

Según las estimaciones de los Presupuestos Generales del Estado, los intereses de la deuda pública alcanzarían los 31.275,10 millones de euros en 2023. Para hacernos una idea de lo que supone esta cuantía, es considerablemente más de lo que se gastará en prestaciones por desempleo (21.278,02 millones de euros). Pero muy probablemente la cifra será mayor, pues las previsiones presupuestarias para este año se presentaron en octubre de 2022, cuando los tipos estaban aún al 2% [3].

De hecho, si el Gobierno ha calculado que el gasto en intereses de la deuda suponga un 2,4% del PIB en 2023, para 2026 prevé que destinará nada menos que el 2,9%, lo que excederá de los 40.000 millones de euros, suponiendo que el PIB alcance los 1,42 billones de euros y la deuda pública el 106,8% del PIB dentro de tres años, según las estimaciones que figuran en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 remitida a la Comisión Europea (CE) el pasado mes de abril [4]. El propio documento reconoce el impacto de la fuerte subida de tipos de interés del Banco Central Europeo y prevé a partir de 2024 un aumento moderado del gasto en intereses como porcentaje del PIB.

Las previsiones del Informe sobre España 2023 de la Comisión Europea señalan una probabilidad del 32% de que la ratio de deuda en 2027 sea mayor que en 2022, lo que conlleva un alto riesgo habida cuenta del elevado nivel inicial de deuda

En su Informe sobre España 2023 del mes de mayo, la Comisión Europea advierte que “los riesgos a medio plazo para la sostenibilidad de la política fiscal son elevados en términos generales”. Además, sus previsiones estocásticas (estadísticas aleatorias) vuelven a advertir de la existencia de un riesgo elevado: “Estas previsiones señalan una probabilidad del 32% de que la ratio de deuda en 2027 sea mayor que en 2022, lo que conlleva un alto riesgo habida cuenta del elevado nivel inicial de deuda. Además, estas perturbaciones apuntan a una incertidumbre significativa en torno a las previsiones de deuda de referencia”, indican [5].

Ese mismo informe de la Comisión Europea refleja la evolución de la deuda pública española en los últimos años, que ha pasado del 40,7% del PIB en los años 2004-7 a superar el 100% en 2013-19 y sobrepasar el 120% en 2020. A ese subidón ha contribuido en gran medida el rescate financiero, sin que la banca española haya devuelto esa hipoteca a las manos públicas. Y ello bajo la estricta supervisión de la UE.

En el año 2012, a causa del rescate a la banca, el déficit público español escaló al 10,6%, el más alto de la UE, y la deuda pública se infló del 69,3% del PIB en 2011 al 84,2% en 2012, siendo la que más rápido creció entonces entre los Veintisiete. Mucho más recientemente, Bruselas obligó a incluir el desastre de gestión del banco malo (SAREB) en el cómputo de la deuda pública, lo que la hizo aumentar en cerca de 35.000 millones de euros, con lo que alcanzó el 120% del PIB en 2020, en plena pandemia de Covid-19.

Es curioso constatar cómo todos los organismos que advierten sobre la sostenibilidad de la deuda pública española hacen hincapié en el gasto en pensiones, pero no en los miles de millones de euros públicos que se han destinado gratis et amore para rescatar a la banca. Es el caso de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo: la incidencia de la demografía [6], del pasado mes de marzo, advierte que, a la altura de 2070, la deuda pública podría alcanzar el 186% del PIB y el déficit el 7%. E incide en el envejecimiento de la población, pero no en los desequilibrios financieros. Además, señala “la vulnerabilidad del país por el elevado nivel de deuda y déficit estructural” ante la reforma del marco fiscal europeo.

El más reciente número de Cuadernos de Información Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) [7], advierte de la necesidad de frenar el aumento del coste de la deuda por la subida de los tipos de interés y apunta “la vuelta a las reglas fiscales en Europa, el momento de restricción monetaria y la desaceleración prevista de la economía”.

La deuda pública española ha pasado del 40,7% del PIB en los años 2004-7 a superar el 100% en 2013-19 y sobrepasar el 120% en 2020. A ese subidón ha contribuido en gran medida el rescate financiero, sin que la banca española haya devuelto esa hipoteca a las manos públicas

Precisamente, la reforma de las reglas fiscales es una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea [8], en el segundo semestre de 2023, que coincide con los resultados de las Elecciones Generales del 23 de julio. Así lo expone la Presidencia española del Consejo de la UE en su página web: “Trabajaremos para una adecuada revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y para una reforma de las reglas fiscales que permita superar la austeridad, aumentar la transparencia, y combinar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la correcta financiación de las transiciones verde y digital”.

Cabe recordar que en 2011, meses antes del rescate a la banca, PSOE y PP se pusieron de acuerdo para cambiar con agosticidad el artículo 135 de la Constitución Española, y así priorizar absolutamente el pago de “los intereses y el capital” de los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. de la deuda pública. Dicha modificación del artículo 135 contradice la figura del interés general, que está protegida a lo largo de toda la Constitución Española, desde el 47, que se refiere al derecho a una vivienda digna y adecuada en el Título I, hasta el 128, que dice literalmente: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. La segunda parte de este artículo contempla “la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.