Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Hace siete años el escándalo LuxLeaks, también conocido como “los papeles de Luxemburgo”, puso en el punto de mira de la evasión fiscal a este pequeño país centro-europeo. Pero el dedo de Luxemburgo señalaba realmente a la Unión Europea: por su permisividad y por haber elegido como presidente del ejecutivo comunitario a quien había sido ministro de Finanzas y primer ministro luxemburgués: Jean-Claude Juncker. La Comisión Europea enchufó la máquina de humo, se escandalizó artificiosamente, lanzó bonitas promesas vacías e impulsó investigaciones y mecanismos de control para que todo siguiera más o menos igual pero se cubriera el expediente ante la opinión pública.

Hace unas semanas, una nueva investigación periodística internacional titulada OpenLux sacaba a la luz que Luxemburgo sigue hoy sirviendo de paraíso fiscal a unas 55.000 sociedades creadas por multinacionales, millonarios y mafiosos para evadir o eludir impuestos. Como el gatopardo lampedusiano, todo cambió para que nada cambiase realmente. Porque no es una cuestión de ajuste, sino de esencia. Y no es una cuestión de Luxemburgo ni de otros tantos casos aislados, sino de la propia arquitectura económica de la Unión Europea. Vayamos por partes.

Este último escándalo de OpenLux vuelve a mostrar a Luxemburgo como lo que es: uno de los principales paraísos fiscales del mundo, una auténtica cloaca fiscal en el corazón geográfico de Europa pero, sobre todo, en el centro de la arquitectura económica de la UE. Luxemburgo ha convertido la ingeniería tributaria en su principal industria nacional. Cabe recordar que el desplazamiento de beneficios de multinacionales a paraísos fiscales representa dos terceras partes de toda la evasión fiscal mundial. Estas grandes cifras obscenas tienen aterrizajes muy concretos.

Por ejemplo, a principios de 2020 supimos que Bankinter estaba ofreciendo a sus clientes con mayor patrimonio la posibilidad de trasladar sus sicavs a Luxemburgo como salvaguarda ante posibles cambios que pudiera llevar a cabo el nuevo Gobierno español de coalición en materia de subida de impuestos o ante una eventual regulación de esta figura de inversión tan del gusto de las cuentas con gran poder adquisitivo. Básicamente lo que les estaban ofreciendo era simple y llanamente eludir impuestos utilizando para ello a Luxemburgo como plataforma. Y esto lo supimos gracias a una filtración, como suele ser la norma, porque la opacidad es una de las características principales de estos agujeros fiscales que operan con el secretismo propio de los escondites de los sicarios.

La consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, hermana de la anterior delegada del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, justificaba el producto ofertado por su banco como una respuesta ante una posible “indiscriminada” alza de impuestos por parte del nuevo Ejecutivo, al que le pedía que no cayese en la tentación de tesis “intervencionistas y ajenas al mundo occidental”.

Luxemburgo es especialista en realizar cambios cosméticos periódicos para aparentar que hace algo contra su condición de paraíso fiscal pero sin dejar de aparecer como un refugio seguro y atractivo para el capital internacional

A golpe de escándalo como los de LuxLeaks, la Comisión Europea creó hace algo más de tres años una lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal, que es como se llama oficialmente al primer repertorio de paraísos fiscales común para la UE. Un listado que sustituye a las listas nacionales que tenían algunos Estados y que pretende homogeneizar los criterios que determinan qué países acaban en ella y cuáles no. Como tantos otros,Luxemburgo es especialista en realizar cambios cosméticos periódicos para aparentar que hace algo contra su condición de paraíso fiscal pero sin dejar de aparecer como un refugio seguro y atractivo para el capital internacional en búsqueda de cajas oscuras donde escapar de controles tributarios.

Pero en el caso de la supuesta “lista negra” de la Comisión Europea, ni siquiera le hicieron falta estas operaciones cosméticas, porque ninguna de las conocidas guaridas fiscales europeas están incluidas. Y eso a pesar de los sucesivos escándalos y filtraciones que señalan a Estados miembro como Luxemburgo, Irlanda, Malta o Países Bajos, o a que el propio Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2019 incluir a estos países en esa lista. Pero el Parlamento Europeo no es un Parlamento como tal, ya que no cuenta con iniciativa legislativa: su papel se limita a aprobar o rechazar las propuestas que vienen del Consejo o de la Comisión, pero las resoluciones aprobadas por la Eurocámara solo son meras “recomendaciones” no vinculantes. Un papel legislativo encorsetado que resume bastante crudamente la supuesta naturaleza democrática del proyecto europeo.

El 80% del dinero eludido en España del Impuesto de Sociedades se desvía a Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, y no a las islas paradisíacas que solemos relacionar con estas cloacas fiscales

De esta forma, actualización tras actualización, la Comisión Europea ha hecho algunas modificaciones menores en ese listado de supuestos paraísos fiscales, muchas veces respondiendo a la presión de otros países que utilizan como pantallas esos territorios bajo su jurisdicción. Pero sistemáticamente se ha negado a incluir a los citados Estados miembro. Valga como dato que el 80% del dinero eludido en España del Impuesto de Sociedades se desvía a Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, y no a las islas paradisíacas que solemos relacionar con estas cloacas fiscales.

Además de estas “omisiones” europeas, cuando miramos el resto de territorios, de las 15 guaridas fiscales más utilizadas por las multinacionales según un estudio reciente de Tax Justice Network, en el listado de la Comisión solo aparece una. De esta forma, la pretendida lista negra de la UE funciona más como una lista para blanquear paraísos fiscales y para lavarle la cara a las instituciones europeas, y no como una herramienta útil para combatir la lacra de los delitos fiscales.

Hoy la Comisión Europea ha vuelto a actualizar su lista. Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda siguen sin aparecer. Y no lo harán, porque su economía nacional depende de este negocio opaco y porque la propia arquitectura económica de la UE no solo es incompatible con la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, sino que las fomenta activamente. Acordémonos cuando nos hablen de “democratizar la UE” y de todo lo que hacen en aras de la justicia fiscal. Y si los poderosos se sienten en el derecho de no pagar impuestos y las instituciones les amparan en su rebelión, igual lo que toca es empezar por una revolución fiscal para que, por una vez, paguen los ricos.

Fuente: El Salto