Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Las personas siguientes han participado directamente en la redacción de este manifiesto:

Walter Actis (miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Daniel Albarracin (economista, Podemos, Estado español)

Jeanne Chevalier (France Insoumise, Francia)

Pablo Cotarelo (ingeniero, EReNSEP, Estado español)

Alexis Cukier (filósofo, EReNSEP, Francia)

Sergi Cutillas (economista, EReNSEP, CADTM, Cataluña – Estado español)

Yayo Herero (antropóloga, ecofeminista, miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Stathis Kouvelakis (filósofo, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Janire Landaluze (sindicalista, ELA, País Vasco – Estado español)

Costas Lapavitsas (economista, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Nathan Legrand (CADTM, Bélgica)

Mikel Noval (sindicalista, ELA, País Vasco – Estado español)

Tijana Okic (filósofa, militante política, Bosnia-Herzegovina)

Catherine Samary (economista, ATTAC Francia, NPA, Francia)

Patrick Saurin (CADTM, Francia)

Éric Toussaint (politólogo y economista, CADTM, Bélgica)

Han coordinado la redacción final: Alexis Cukier, Nathan Legrand y Eric Toussaint

Traducción del inglés al castellano : Sergi Cutillas (EReNSEP, CADTM) , Pablo Cotarelo (EReNSEP) , Griselda Piñero (CADTM) y el equipo de traducción de la Revista Viento Sur.

Prólogo

Introducción

Capítulo 1. - Primeros pasos de un gobierno popular

Capítulo 2.- Los Bancos

Capítulo 3. - La Deuda

Capítulo 4. - Trabajo, empleo y derechos sociales

Capítulo 5. - Ecosocialismo y transición energética

Capítulo 6. - Feminismo

Capítulo 7. - Salud y Educación

Capítulo 8. - Relaciones internacionales

Capítulo 9.- Luchas sociales, confrontación política y procesos constituyentes

El Manifiesto ReCommonsEurope ha sido elaborado por un grupo de investigadores y activistas de una docena de países europeos que quieren proponer un plan para ser implementado por las fuerzas de izquierda que quieran promover el cambio favorable a la mayoría social y que llegasen al gobierno en un país europeo con el apoyo del pueblo movilizado. El documento forma parte del proyecto ReCommonsEurope iniciado por dos redes internacionales, el CADTM y EReNSEP, así como el sindicato vasco ELA, con el objetivo de contribuir a los debates estratégicos que atraviesan la izquierda en Europa hoy. El texto se desarrolló durante las reuniones celebradas en 2018 y se escribió colectivamente en 2019. Este amplía la propuesta « Setenta personalidades de distintos países europeos firman un manifiesto para desobedecer tratados europeos ’injustos’ », un texto colectivo presentado por más de 70 co-signatarios en febrero de 2017.

Un programa que un gobierno de izquierda popular debe aplicar para proporcionar respuestas inmediatas a la emergencia social y ecológicaHemos redactado una propuesta coherente para los compromisos, iniciativas y acciones que deben tomar las fuerzas de izquierda popular. Este manifiesto práctico propone un programa que un gobierno de izquierda popular debería implementar en el primer año de su mandato para proporcionar respuestas inmediatas a la emergencia social y ecológica y superar la resistencia que ofrecerán las fuerzas conservadoras y las instituciones que las representan. Las propuestas abordan los principales problemas con los que tendrá que lidiar un gobierno popular tan pronto como llegue al poder. El Manifiesto también está dirigido a los movimientos sociales (sindicatos, asociaciones, ciudadanos) que luchan a nivel local, nacional e internacional por los derechos humanos fundamentales y la igualdad de todos, por la emancipación social y la democracia, y contra la destrucción de los ecosistemas. El programa también incluye objetivos a medio y largo plazo que podrían ser compartidos y asumidos entre las organizaciones políticas y los movimientos sociales de la izquierda popular.

Nuestro objetivo es someter estos análisis y propuestas a la discusión de la izquierda social y política y de todos los activistas y ciudadanos en Europa que están convencidos de que se necesita un cambio radical si queremos responder a los principales retos del momento. Europa atraviesa una crisis profunda y prolongada. La Unión Europea se sigue construyendo de manera antidemocrática y al servicio de los más ricos. Repetidamente, los sectores populares están demostrando en las calles y en las urnas su rechazo a las políticas que han sido aplicadas durante décadas por los gobiernos, y en la mayoría de casos coordinadas y apoyadas por las instituciones europeas, así como su deseo de un cambio radical. En los últimos años, se han desperdiciado muchas oportunidades, especialmente en 2015 en Grecia.

La crisis climática, las políticas violentas de austeridad y el peligro representado por una extrema derecha racista y xenófoba solo hacen que sea más urgente definir una estrategia que asocie la autoorganización popular, los movimientos sociales y las organizaciones políticas, para poner la política al servicio de la mayoría.

Durante diez años, la protesta popular se ha expresado en Europa en contra de las políticas al servicio de los ricos y las grandes empresas discriminatorias y antidemocráticas implementadas por los gobiernos nacionales y, a menudo coordinadas por la Unión Europea (UE). Esta ha tomado la forma de iniciativas sindicales, así como nuevos movimientos como 15-M en España (también llamado movimiento de los indignados en el extranjero), la ocupación de las plazas en Grecia y las protestas masivas en Portugal en 2011, el movimiento en contra de la ’ley trabajo’ en Francia y contra el impuesto del agua en Irlanda en 2016, las grandes manifestaciones soberanistas y en contra de la represión política en Cataluña a partir de 2017. También las luchas feministas han dado lugar a movilizaciones históricas en Polonia (la protesta Czarny contra la ley anti-aborto en 2017), en Italia (movimiento ’Non Una di Meno’ desde 2016), en España (huelgas generales de 5 millones de personas los 8 de marzo de 2018 y 2019) así como una victoria contra la influencia política de la Iglesia Católica en Irlanda con la legalización del aborto en un referéndum en mayo de 2018, y están comenzando a imponer su centralidad en todas las luchas social. El año 2018 también vio el surgimiento de nuevas movilizaciones sociales contra el orden económico y político imperante, por ejemplo, con el movimiento en contra de ’la ley de la esclavitud’ (reforma neoliberal de la legislación laboral) en Hungría, el desarrollo del movimiento antirracista Indivisible en Alemania, y en Francia y la Bélgica francófona con el movimiento de los chalecos amarillos, que se opone a las políticas fiscales injustas y la falta de democracia en las instituciones políticas. Por no hablar de los eventos ambientales para el clima, impulsados sobre todo por los jóvenes que fueron a la huelga en muchos países como Suecia, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Francia o Gran Bretaña. Todos estos movimientos sociales y otros, desafiaron la orientación de la austeridad y el autoritarismo de las políticas en Europa, colocando en la agenda, directa o indirectamente, la cuestión de un proyecto de sociedad radicalmente alternativa al capitalismo, el productivismo, el saqueo ecológico, el racismo y el patriarcado. Este Manifiesto se integra dentro de estos movimientos y comparte sus objetivos: la lucha contra todos los dominios, por los derechos de todos, por la igualdad y por la democracia por venir, que no excluirá a las empresas ni a los barrios populares y que será necesariamente profundamente contradictoria con la lógica del capitalismo (sea esta ’proteccionista’ y por lo tanto en contra de los ’extranjeros’, o bien ’liberal’) que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.

Estos movimientos sociales son inseparables de las emergencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y solidariasEstos movimientos sociales son inseparables de las emergencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y solidarias. Emergencia social porque las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras en Europa se han deteriorado constantemente durante los últimos treinta años, y especialmente desde la crisis que ha afectado al continente desde 2008-2009. Emergencia ecológica porque el consumo exponencial de combustibles fósiles, y más generalmente, la destrucción de los ecosistemas necesaria para el capitalismo, hacen que el cambio climático global (cuyos efectos son ahora bastante visibles) avance hacia un punto de no retorno que amenaza la existencia misma de la humanidad. Emergencia democrática porque, ante los desafíos que han surgido para las clases dominantes en los últimos treinta años, estas no han dudado en adoptar métodos de dominación cada vez menos preocupados por las apariencias democráticas y cada vez más coercitivos. Emergencia feminista porque la opresión patriarcal en sus diferentes formas está provocando más y más reacciones masivas de rechazo proclamadas en voz alta y clara por millones de mujeres y hombres. Emergencia de la solidaridad, finalmente, porque el cierre de fronteras y la construcción de muros en respuesta a millones de migrantes en todo el mundo, huyendo de la guerra, la miseria, los desastres ambientales o los regímenes autoritarios, no constituyen nada más que una negación de la humanidad. Cada una de estas emergencias conduce, en reacción, a movilizaciones de desobediencia, autoorganización y construcción de alternativas, que constituyen los focos de alternativas democráticas en Europa.

En este Manifiesto, nuestra reflexión y nuestra voluntad de acción están ancladas en estas movilizaciones a escala europea, pero sin cerrarnos dentro de las fronteras ni de las instituciones existentes: todos los intereses y derechos que se evocan se han convertido en planetarios. Están disponibles en todos los países y continentes, con sus propias especificidades e historias. Los ataques sociales se articulan de lo local a lo global debido a las estrategias de las empresas multinacionales y sus grupos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. dentro de los estados e instituciones de la globalización Globalización (ver también Mundialización)

Origen y sentido de este término anglosajón: en inglés, la palabra «global» se refiere tanto a fenómenos que interesan a la (o las) sociedad(es) humana(s) a nivel del globo como tal (es el caso de la expresión «global warming» que designa el efecto invernadero), como a procesos que poseen la característica de ser «globales» únicamente en la perspectiva estratégica de un «agente económico» o de un «actor social» preciso. En lo que estamos viendo, el término «globalización» nació en las bussiness schools norteamericanas y reviste el segundo sentido. Se refiere a los parámetros pertinentes de la acción estratégica del gran grupo industrial. Lo mismo sucede en la esfera financiera. A la capacidad estratégica del gran grupo de adoptar una aproximación y una conducta «globales». En un debate público, el patrón de uno de los mayores grupos europeos explicó, en sustancia, que la «globalización» representa «la libertad para su grupo de implantarse donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos laborales y convenciones sociales» (extraido de Chesnais, 1997[a]). capitalista, apoyándose en las normas del llamado ’libre comercio’. De hecho, esta es la lógica que preside el ’interés general’ que la Comisión Europea pretende defender en la UE, o de los ’partenariados’ profundamente desiguales que la UE está desarrollando con los países del sur y al este del espacio europeo.

El crecimiento de las desigualdades está ligado a las políticas europeas de empleo, que persiguen la destrucción de las prestaciones salariales y la precariedad generalizadaLas instituciones europeas ayudan a organizar y coordinar las políticas neoliberales a nivel internacional, incitan y, a veces, obligan a los gobiernos nacionales a acelerar en cada país los procesos de reducción de salarios y pensiones, de desmantelamiento de los derechos laborales y sociales, de privatización de los servicios públicos, etc. Por supuesto, las políticas neoliberales no son dictadas únicamente por las instituciones europeas (los países que no forman parte de la UE también las aplican), pero sus tratados e instituciones son un instrumento poderoso para alentarlas y hacerlas cumplir. Independientemente de las diversas interpretaciones de las fases pasadas de la ’construcción europea’, está claro que la UE siempre ha sido un conjunto de instituciones pro-capitalistas, y se ha construido desde el Tratado de Roma como gran mercado para los capitales y de ’competencia libre y sin distorsiones’, protegida de la intervención popular y democrática. Pero los acontecimientos recientes han radicalizado el carácter desigualitario y autoritario de las políticas europeas.

El último período está marcado, por una parte, por el considerable aumento de las desigualdades económicas y sociales dentro de cada país, así como entre el centro y las periferias internas y externas (sur y este) de la UE; y, por otro lado, por la naturaleza cada vez más peligrosa de la crisis ecológica, el desequilibrio del clima y los llamados desastres naturales, causados por la destrucción de los ecosistemas, que ahora se pueden observar de manera fuerte y continua.

El aumento de la desigualdad está directamente relacionado con las políticas de empleo europeas destinadas a destruir las protecciones salariales e imponer la precariedad generalizada; con las políticas financieras, destinadas a proteger a los bancos y grandes corporaciones de impuestos y cualquier tipo de regulación seria; y también con las monetarias, es decir, con la arquitectura misma de la Unión Económica y Monetaria (UEM), así como con las iniciativas específicas lideradas por el BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. , el Eurogrupo, y el Grupo de Trabajo del Eurogrupo, como se vió en las pseudo-negociaciones con Grecia en 2015. Por un lado, la imposibilidad de devaluar la moneda, una consecuencia directa de la moneda única, contribuye a la ampliación de las disparidades continentales, la precariedad de las condiciones de trabajo, el desempleo (especialmente entre los jóvenes) y la emigración de poblaciones desde las áreas periféricas del continente hasta sus áreas centrales, especialmente de los jóvenes graduados que buscan trabajo. Al mismo tiempo que ocultan las responsabilidades de las clases dominantes a nivel nacional, las reglas de la zona euro obligan a los gobiernos a bajar sistemáticamente los salarios, especialmente en los países periféricos, mientras que las economías del centro compiten cargando el peso sobre la espalda de sus propias poblaciones cada vez más precarias (como los 7 millones de empleados en Alemania que cobran 400 euros al mes) amenázandolas con reubicar sus puestos de trabajo, y explotando a la vez a la mano de obra de la Europa periférica, para seguir ganando participación en el mercado en exterior.

Por otro lado, estas desigualdades se han visto reforzadas por el recurso sistemático del BCE y el Banco de Inglaterra a una política de inundación de los mercados de capitales con billones de liquidez (programas de expansión monetaria) para salvar a los bancos europeos, en detrimento de las condiciones de vida de los pueblos, especialmente en las periferias. La UEM, en el corazón de la integración europea, ha operado desde la crisis de 2007-2008 como un instrumento de explotación económica de los trabajadores, de polarización social entre los pueblos y de dominación política de algunos estados sobre otros. Los países fuera de la zona euro pero parte de la UE se ven obligados a reducir los costes salariales, a hacer dumping fiscal y a precarizar el trabajo para seguir siendo competitivos con los pesos pesados de la zona euro como Alemania, Francia y el Benelux. El Reino Unido, que está negociando su salida de la UE, es en sí mismo un ejemplo de inseguridad laboral, especialmente debido a sus cientos de miles de contratos de ’cero horas’.

Las instituciones de la UE y sus estados miembros priorizan salvar el capitalismo respecto a la misma supervivencia de la humanidadAl mismo tiempo, aunque ahora existe un consenso claro sobre la magnitud de la crisis ecológica actual, las instituciones de la UE y los gobiernos de sus estados miembros (como los gobiernos de otros estados principales responsables del calentamiento global y de la destrucción de los ecosistemas debido a sus políticas favorables a las grandes empresas contaminantes) no hacen los esfuerzos necesarios para iniciar la transición necesaria hacia economías libres de carbono y a la consecuente transformación del sistema productivo. Estas instituciones prefieren salvaguardar la existencia del capitalismo en lugar de la de la humanidad, poniendo así en peligro las vidas mismas de los jóvenes y de las generaciones futuras.

La respuesta de la mayoría de los gobiernos a los movimientos de protesta crecientes es aumentar el nivel de represión estatal: los movimientos sociales y políticos están amenazados en Grecia, las leyes que atacan la libertad son sucesivas y la violencia policial está aumentando en Francia y Bélgica. Se criminalizan activistas de los movimientos de recepción y solidaridad con los migrantes. Las fuerzas de derecha, xenófobas y autoritarias están haciendo un progreso significativo hasta el punto de participar ahora en los gobiernos europeos (por ejemplo, en Italia), o establecer la agenda política de los gobiernos del ’extremo-centro’ (por ejemplo, en Francia). Las instituciones europeas, por su parte, nunca han protegido tan activamente los intereses capitalistas y nunca se han atrincherado tanto en contra de cualquier intervención de la voluntad popular y de la elección democrática como en los últimos años. En Grecia, respondieron con una política de asfixia monetaria (cortaron la liquidez estatal) a la victoria electoral de Syriza en enero de 2015 y, después de la victoria del ’NO’ en el referéndum de julio de 2015, continuaron las negociaciones internas con el mismo gobierno para neutralizar la voluntad popular e imponer, con la ayuda del gobierno griego, un tercer memorando de austeridad. Con los acuerdos de política migratoria firmados entre la UE y terceros países, como el acuerdo con Turquía de abril de 2016, estas instituciones han aumentado la injusticia del Reglamento Dublín III y la violencia de Frontex (agencia de represión de los migrantes en las fronteras de la UE), la violación sistemática del derecho internacional, incluido el derecho de asilo, y la financiación directa de una política represiva subcontratada a terceros países. Hoy, los proyectos dominantes para la ’reforma’ de la UE son militaristas (aumento del presupuesto de Euroforce), antidemocráticos (naturaleza automática del control europeo de los presupuestos nacionales) e incluso más neoliberales (proyectos de privatización generalizada de servicios públicos). Más que nunca, como dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en 2015, desde el punto de vista de las instituciones europeas, ’no puede haber una opción democrática contra los tratados europeos’.

Ante esta construcción pro-capitalista, antidemocrática y xenófoba de la UE, ¿qué debemos hacer? La reforma por la vía electoral a nivel europeo no es una opción realista. Una mayoría (muy) hipotética de una coalición radical de izquierda en el Parlamento Europeo no sería suficiente para imponer una modificación de los tratados principales y un control democrático de la Comisión Europea y el BCE, que son las dos principales máquinas de guerra del neoliberalismo en Europa. El Parlamento no tiene las prerrogativas necesarias para tales reformas, y el BCE, la Comisión Europea, pero también el Tribunal de Justicia y las diversas agencias europeas, se han autonomizado absolutamente de la soberanía popular. Y una elección simultánea en casi todos los estados miembros de gobiernos que quieren reformar la UE también parece ilusoria, aunque solo sea por cuestiones de falta de sincronía entre los distintos ciclos electorales. La Unión Europea es hoy no solo una de las vanguardias del neoliberalismo, sino también un conjunto irreformable de instituciones, por lo que una izquierda que aspire a la transformación social ya no puede ser creíble y realista sin poner en el centro de su estrategia romper con los tratados e instituciones de la Unión Europea.

Es necesario y posible oponerse a las fuerzas políticas desegualitarias y reaccionarias a nivel nacional, europeo e internacionalPero, ¿qué formas debe tomar esta ruptura? Ya sabemos que no puede consistir en negociaciones que busquen un consenso sin que exista un equilibrio de poder con las instituciones europeas, como lo demostró claramente la experiencia del primer gobierno de Syriza en 2015. También sabemos que las disrupciones políticas deben necesariamente confiar en movilizaciones sociales a gran escala. Tales movilizaciones empezaron a disminuir en Grecia a principios de 2015, y pudieron haber permitido dirigir la campaña del Brexit en una dirección diferente a la campaña nacionalista y xenófoba, que desafortunadamente prevaleció en Gran Bretaña en 2016, si la izquierda lo hubiera intentado. En otras palabras, la ruptura con los tratados y las instituciones de la Unión Europea tendrá que ser confrontativa, democrática e internacionalista. Este Manifiesto argumenta que es necesario y posible oponerse al mismo tiempo a las fuerzas y políticas desiguales y reaccionarias (que aparecen tanto bajo las etiquetas liberales como las proteccionistas) a nivel nacional, europeo e internacional, basándose en la iniciativa de los ciudadanos y los movimientos sociales organizados y la acción de un gobierno defensor de los derechos para todos y todas.

También es necesario que lo que se llama en Europa la ’izquierda popular’ finalmente esté a la altura del reto. Hasta la fecha, todos sus componentes carecen de claridad y coraje en su relación con las instituciones europeas, de radicalidad y ambición en las propuestas políticas que defienden, y de anclaje popular debido a su desconexión respecto a los movimientos sociales que, desde abajo, desafían el orden existente. Es hora de discutir a nivel local, nacional e internacional medidas e iniciativas realistas y radicales cuya implementación realmente satisfaría las necesidades sociales y garantizar
ía los derechos humanos de los hombres y las mujeres que residen en Europa o que deseen establecerse allí, mejorarían sus condiciones de vida y de trabajo, servirían para conquistar el poder democrático y para comenzar a trascender el capitalismo y acometer la transición ecológica.

Los capítulos de este Manifiesto se conciben como propuestas para el debateLos capítulos de este Manifiesto se conciben como propuestas para el debate, como resultado de una reflexión centrada en acciones inmediatas y de más largo plazo. Están dirigidos a los ciudadanos y activistas de la izquierda social, sindical y política de los distintos países miembros o en la órbita de la UE, sometiéndolos a la discusión de los diagnósticos y propuestas que los movimientos sociales y las fuerzas de izquierda que aspiren a formar un gobierno popular podrían defender juntos.

El Capítulo 1 somete a la discusión los principios, estrategias y herramientas para lograr estos objetivos y poner en práctica estas propuestas. Se trata de responder a la pregunta: ¿qué debe hacer un gobierno popular en los primeros días y los primeros meses de su actividad? En este capítulo se presentan medidas populares que un gobierno de un estado miembro de la UE debe poner en práctica de manera inmediata (durante las primeras horas de tomar posesión del cargo) y de manera unilateral -es decir, sin que se cumplan los tratados y en conflicto con las instituciones europeas- como el aumento inmediato de los salarios y los impuestos sobre el capital, la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, el control de los movimientos de capitales (para evitar su fuga organizada por el gran capital), la socialización de los bancos y la reanudación del control público sobre la moneda, etc., y otras disposiciones, sin la cuales no es posible ninguna forma de política progresista. Como en los capítulos siguientes, se distinguen e identifican las medidas inmediatas, de medio y largo plazo, a tomar a nivel nacional e internacional.

Los siguientes capítulos contienen propuestas relativas a:

• la deuda pública, cuya parte ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible debe ser abolida (Capítulo 2);

• los bancos, que deben ser socializados como parte de un marco bancario público que ponga el dinero al servicio de las necesidades básicas y no de la acumulación de ganancias (Capítulo 3);

• los derechos laborales y sociales, que deben desarrollarse y reinventarse para mejorar las condiciones de vida y obtener el poder democrático sobre los medios y fines del trabajo (Capítulo 4);

• la transición energética y ecológica, que se necesita urgentemente para detener la destrucción de los ecosistemas e inventar nuevas formas de vida sostenibles (Capítulo 5);

• las luchas feministas, que deben estar en el centro de un proyecto radicalmente democrático y transversal a todas las luchas sociales y políticas (Capítulo 6);

• la educación y la salud, que deben ser defendidas como derechos fundamentales, desarrolladas y extendidas a todos como servicios públicos, contra su continua mercantilización y degradación (Capítulo 7);

• la política internacional y de migración, que debe apuntar concretamente a la realización de los derechos fundamentales de todos, la paz y la solidaridad entre los pueblos (Capítulo 8).

El Capítulo 9 propone, como el primer capítulo, principios, estrategias y herramientas para lograr los objetivos presentados. Propone responder a esta pregunta: ¿qué hacer con la hostilidad y las limitaciones de las instituciones europeas? Presenta un enfoque de desobediencia (en todos los niveles territoriales), de confrontación (incluyendo herramientas defensivas y ofensivas), de ruptura (en varias formas posibles). Este enfoque no propone respuestas congeladas de antemano, sino principios rectores que parten de los objetivos defendidos y tienen en cuenta la lógica a la que nos enfrentamos. Este capítulo plantea el tema de la reconstrucción de alianzas y procesos constituyentes con miras a instituir formas de cooperación internacional democráticas y alternativas a las de la UE.

La soberanía popular solo puede construirse creando nuevas instituciones democráticas sobre la base de la autoorganizaciónNuestro campo debe rechazar los planes poco realistas de reforma institucional de las instituciones europeas, que al final solo refuerzan el status quo y los planes de repliegue nacional, que solo terminan reforzando el capitalismo doméstico. Una fuerza de izquierda que pretende ser un gobierno popular y comprometerse con un cambio social prioritario debe comprometerse a desobedecer a las instituciones europeas, a romper con su funcionamiento normal, a defenderse contra los ataques y represalias que vendrán de las instituciones europeas y del gran capital, como los intentos de bloqueo de las instituciones nacionales defensoras del orden existente, y trabajar hacia nuevas alianzas internacionales con actores dentro y fuera de la actual UE, con el objetivo de crear nuevas formas de cooperación y solidaridad. La soberanía popular solo puede construirse cuestionando las formas actuales de las instituciones políticas, a nivel nacional, europeo e internacional, y creando nuevas instituciones democráticas sobre la base de la autoorganización. Para ello, es necesario convencerse de la necesidad de una ruptura política con las instituciones nacionales, europeas e internacionales que aplican las políticas que combatimos, y consolidar los vínculos entre las iniciativas y las resistencias, y entre todos los componentes políticos, asociativos y sindicales que comparten objetivos de cambio progresista y radical, especialmente para influir en Europa. En el futuro inmediato, la urgencia es reforzar y coordinar las iniciativas existentes de desobediencia, ruptura y autoorganización, e iniciar nuevas iniciativas, dándoles sistemáticamente una dimensión internacional y orientándolas claramente en contra de las instituciones de la UE y a favor de nuevas formas de solidaridad entre los pueblos.

Al hacer estas propuestas de desobediencia y ruptura con las instituciones europeas, no se trata de buscar una solución nacionalista a la crisis y la protesta social. Al igual que en el pasado, es necesario adoptar una estrategia internacionalista y abogar por una federación europea de pueblos que se oponga a la búsqueda de la forma actual de integración totalmente dominada por los intereses del gran capital. También se trata de buscar constantemente el desarrollo de campañas y acciones coordinadas a nivel continental (y más allá) en las áreas de la deuda, la ecología, el derecho a la vivienda, la recepción de migrantes y de refugiados, la salud pública, la educación pública y otros servicios públicos, el derecho al trabajo, la lucha para cerrar las centrales nucleares, la drástica reducción del uso de combustibles fósiles, la lucha contra el dumping fiscal y los paraísos fiscales, la lucha por la socialización de los bancos, los seguros y el sector energético, la recuperación de los bienes comunes Bienes comunes En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral. , la acción contra la evolución cada vez más autoritaria de los gobiernos y a favor de la democracia en todos los sectores de la vida social, la lucha por la defensa y extensión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, la promoción de los bienes públicos y el inicio de procesos constituyentes.

Reconstruir un mundo que sea habitable, justo y democrático¿Se objetará que este camino revolucionario es demasiado radical o demasiado difícil? Respondemos que las otras formas son impasses, y que esta es la única que hace posible una ruptura con el orden existente, desde ahora y donde sea posible, para reconstruir espacios locales, regionales, nacionales e internacionales, de un mundo que sea habitable, justo y democrático

Reino Unido

I. DIAGNOSTICO

Las grandes empresas y los grandes bancos, cuentan con un gran grupo de lobbistas, y establecen la agenda política tanto a nivel nacional como supranacionalEn líneas generales, el contenido y los resultados de las políticas neoliberales de la UE han sido similares en todos los estados miembros. Las grandes empresas y los grandes bancos, que cuentan con un gran grupo de lobbistas, establecen la agenda política tanto a nivel nacional como supranacional. El declive correlativo de la democracia y la pérdida de soberanía popular en Europa refleja un cambio histórico a favor del capital y en contra del trabajo. Para el trabajo, este cambio ha supuesto una tremenda escalada de inseguridad con respecto al empleo, los ingresos, la atención médica, las pensiones, etc. Para el capital ha significado la rapaz apropiación de la riqueza nacional que impulsa la desigualdad a niveles sin precedentes en los años de la posguerra. Las políticas de la UE para enfrentar la crisis de la Eurozona han favorecido aún más al capital al tiempo que empeoran las condiciones de trabajo. Han reforzado el desempleo masivo, especialmente para los jóvenes y en la periferia, la compresión de los salarios, la falta de inversión y el declive de los servicios públicos. También han aumentado dramáticamente el poder económico y la dominación política del núcleo de Europa sobre las periferias del sur de Europa y de Europa central. [1]

Frente a esta realidad implacable, el primer requisito para la izquierda es abordar la creencia de que la UE podría reformarse radicalmente desde adentro, en otras palabras, respetando los tratados y siguiendo los canales y los procedimientos de toma de decisiones de las instituciones europeas.

En nuestra opinión, la soberanía popular y un enfoque internacionalista no solo son compatibles sino que se necesitanLa maquinaria de la UE y la autoridad del TJUE aseguran que los tratados continuarán siendo interpretados en favor del avance del neoliberalismo. Al igual que no hay una política normal dentro de la UE, tampoco hay una disputa política normal para determinar el panorama de las instituciones de la UE. La UE es un gigante transnacional orientado a moverse en favor del neoliberalismo y de la jerarquía entre naciones. De hecho, es una alianza jerárquica de los estados nacionales que han creado el marco institucional de un mercado único que promueve sin descanso el neoliberalismo.

Por lo tanto, el principal dilema consiste en qué hacer si una fuerza popular y progresista llega al gobierno y ve que no es posible aplicar una política progresista sin una reacción negativa y fuerte del aparato económico de la UE. En nuestra opinión, la soberanía popular y un enfoque internacionalista no solo son compatibles sino que se necesitan. Por lo tanto, es necesario defender una hoja de ruta política que combine las tareas políticas populares y nacionales con un punto de vista internacionalista. Esta hoja de ruta política consiste en llevar a cabo las medidas necesarias para romper unilateralmente las medidas de austeridad y, por lo tanto, desobedecer los tratados y los pactos neoliberales, mientras se construye un marco de cooperación con otros países (dentro o no de la UE) compatible con la construcción de una nueva solidaridad y de un espacio económico alternativo en Europa.

Desde esta perspectiva, una agenda democrática, social y laboral radical debe ser puesta en el centro. La protección y extensión de los derechos laborales, la creación de empleos y la extensión de los derechos sociales y los servicios públicos exigen una economía política incompatible con los tratados de la UE. La izquierda debe proponer nuevas políticas capaces de inclinar el equilibrio de poder hacia el trabajo, fortalecer la democracia, recuperar la soberanía y brindar una perspectiva socialista viable para el continente. Sin embargo, para que esto se convierta en una realidad política, la izquierda debe recuperar su radicalismo histórico, rechazar los mecanismos de la UEM y la UE y aceptar las consecuencias de esta política desobediente. Sobre esa base, en la práctica podría defender los derechos de los ciudadanos y los migrantes, especialmente de las clases populares.

II. PROPUESTA

Ruptura con las estructuras de poder doméstico que tienen un interés propio en los arreglos actualesEntonces, ¿qué debe hacer la izquierda europea? [2] La lección de SYRIZA es primordial en este sentido. Si la izquierda tiene la intención de implementar políticas anticapitalistas radicales y enfrentarse efectivamente al gigante neoliberal de la UE, debe estar preparada para una ruptura. Tiene que haber una ruptura, una revuelta, un vuelco de las condiciones imperantes, para que las cosas cambien en Europa. Debe haber una ruptura con las estructuras de poder doméstico que tienen un interés propio en los arreglos actuales. También debe haber una ruptura con las instituciones transnacionales de la UE que sostienen los acuerdos actuales.

Con respecto a las políticas económicas y sociales de un gobierno popular, la prioridad es implementar programas nacionales que desafíen directamente el poder del capital. Cada país tendría que adaptar su propio programa según sus necesidades, pero los elementos clave se aplicarían a todos. A corto plazo, estos elementos consistirían en acabar con la austeridad, volver a extender los derechos laborales y sociales, llevar a cabo la redistribución de los ingresos y la riqueza, y realizar la inversión pública para satisfacer las necesidades y aspiraciones inmediatas y fundamentales de la clase trabajadora y los pobres.

¿Qué debe hacer la izquierda en el caso de llegar a un gobierno nacional?

Pasos inmediatos:

La prioridad es dar fin a la austeridad. La política fiscal y monetaria debería orientarse a impulsar la demanda interna con el objetivo de reducir el desempleo y aumentar los ingresos. En una economía enorme, como la UE, las fuentes de demanda deben buscarse en el propio país en primera instancia. Esto es válido para los países del núcleo y para aquellos en las periferias, pero también para el poder hegemónico. Alemania debería abandonar su destructivo neomercantilismo centrándose en su economía doméstica.

Impulsar la demanda interna con el objetivo de reducir el desempleo y aumentar los ingresosImpulsar la demanda interna necesariamente incluiría redistribuir los ingresos y la riqueza desde el capital y hacia el trabajo. La desigualdad debe abordarse urgentemente en toda Europa, tanto en el centro como en la periferia. Tiene sentido desde el punto de vista económico en varios países de la UE aumentar los salarios como medio para apoyar la demanda agregada. También tiene sentido económico elevar la carga fiscal sobre las corporaciones y los ricos, incluida la riqueza. La restauración de los derechos laborales y la protección del empleo, así como el fortalecimiento del estado de bienestar mediante la provisión para la salud, la vivienda y la educación serían partes integrales de la reducción de la desigualdad. No hay nada inviable en tales políticas en la Europa contemporánea. Esta es una cuestión de elecciones políticas y sociales que reflejan el equilibrio de poder entre el trabajo y el capital.

Las políticas requeridas pueden dividirse en una parte social y una económica. Con respecto a los derechos sociales, un gobierno popular debe inmediatamente:

• Mejorar el salario mínimo y los derechos en cuanto a las pensiones.

• Extender los servicios públicos universales y gratuitos en el campo de la salud, la educación, el cuidado de niños y personas mayores, el transporte colectivo y una política de vivienda con una renta social.

• Crear empleos públicos de alta calidad para estos fines, así como para iniciar un proceso de transición ecológica, incluido un plan de aislamiento, renovación y requisición de viviendas.

• Implementar una sustancial reducción del tiempo de trabajo por ley.

• Redactar una nueva reforma laboral progresista para limitar el poder de los empresarios en la empresa y avanzar hacia una democracia en todos los espacios productivos.

Por consiguiente, también deberían implementarse una serie de medidas económicas para proteger esta agenda social y su desarrollo:

• Detener la implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

• Establecer un control temporal del movimiento de capitales para prevenir la fuga de capitales y perseguir la evasión fiscal.

• Establecer un control de precios sobre los bienes de primera necesidad.

• Suspender el pago de la deuda, sobre la base de una Moratoria y una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, mientras se opta por un impago selectivo, protegiendo los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones y los pequeños ahorradores.

• Regular y limitar el sistema bancario privado y crear un nuevo sistema bancario público bajo control democrático y social.

• Establecer una reforma tributaria progresiva (con más peso sobre los beneficios y el patrimonio) con la prioridad en la tributación sobre el capital, las grandes empresas y los salarios muy altos, para respaldar una nueva política de inversión pública.

• Crear empleo bajo un modelo de transición energética y proteger a las clases trabajadoras en caso de una disminución temporal del ingreso nacional, para que las clases dominantes paguen por la crisis.

La elección de un gobierno popular abrirá de inmediato un período de intensa contra-propaganda e iniciativas de las fuerzas económicas y políticas pro-capitalistas para neutralizar sus políticas progresistasPero estas políticas implican desobedecer los tratados e instituciones europeas, y estas últimas necesariamente tratarán de impedir su implementación. De hecho, la elección de un gobierno popular abrirá de inmediato un período de intensa contra-propaganda e iniciativas de las fuerzas económicas y políticas pro-capitalistas para neutralizar sus políticas progresistas. Este contraataque de las clases dominantes europeas se puede lograr mediante la fuga de capitales y el aumento de los tipos de interés, por ejemplo, pero también mediante el chantaje político de la burguesía nacional y de las instituciones europeas para forzar al gobierno popular a abandonar sus políticas pro-populares y abandonar su mandato democrático. Durante este período, el nuevo gobierno popular elegido debería movilizar tanto a la población como a los movimientos sociales para apoyar estas políticas radicales, y a los trabajadores de los sectores estratégicos (especialmente los bancos) para evitar que los ’saboteadores’ de la economía y la democracia tengan éxito. También debería tranquilizar a la población con respecto a sus ahorros, el valor de su dinero y sus condiciones de vida y de trabajo, y dirigirse a los demás pueblos de Europa para obtener su apoyo activo Activo En general, el término “activo” hace referencia a un bien que posee un valor realizable o que puede generar ingresos. Por el contrario, hablamos de “pasivo”, es decir la parte del balance compuesta por los recursos de los que dispone una empresa (capital propio aportado por los socios, provisiones por riesgos y gastos, así como las deudas). .

La necesidad de tal defensa contra el contraataque pro-capitalista y el fortalecimiento del apoyo popular y la movilización requieren que el gobierno popular recién elegido esté preparado para promulgar decretos antes del primer día de su asunción del cargo con respecto a:

• La protección de los depósitos bancarios (hasta una cantidad determinada).

• El control de los bancos, las compañías de seguros, etc.

• El Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).
  
  El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. , que debe ser puesto inmediatamente bajo la autoridad del gobierno, y debe estar autorizado para emitir dinero.

• Una moratoria sobre el servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. pública.

• El control de la circulación de los capitales.

• Al menos una medida importante para mejorar inmediata y sustancialmente las condiciones de vida de muchos, por ejemplo, el aumento de los salarios mínimos.

Sobre esta base y al mismo tiempo, debe iniciar de inmediato discusiones públicas con otros gobiernos y dirigirse a los demás pueblos de la UE para lanzar campañas internacionales para obtener apoyo a estas políticas.

Pasos de medio plazo a nivel nacional-estatal:

Como se mencionó anteriormente, primero debe esperarse la hostilidad de los mecanismos internos de poder cuyos intereses se verían directamente amenazados. La hostilidad también debe esperarse de los mecanismos de la UE, ya que una política industrial basada en la propiedad pública y una serie de controles económicos irá directamente contra la lógica del mercado único europeo. La máquina neoliberal en Bruselas no tolerará un desafío a la organización institucional de la UE y al poder del ’acervo comunitario’. Las represalias, en forma de sanciones, en forma de interrupción de financiación, o incluso la expulsión de la UE inevitablemente emergerán.

Ante la hostilidad de la UE la izquierda debe rechazar el mercado único y su marco institucional y legalAnte la hostilidad de la UE, por lo tanto, la izquierda debe rechazar el mercado único y su marco institucional y legal. Deberá argumentar a favor de los controles sobre el movimiento de bienes, servicios y capitales, en ausencia de los cuales será imposible aplicar un programa radical en la dirección del socialismo. También debe rechazar la autoridad del ’acervo’ y el TJUE, comenzando así a separar la legislación comunitaria de la nacional. Finalmente, debe apoyarse en las luchas sociales para imponer logros en el campo de las relaciones de producción, la distribución de la riqueza, la cooperación entre los pueblos y el cuidado del medio ambiente, así como en los procesos constituyentes para crear nuevas instituciones democráticas a nivel nacional e internacional. En última instancia, no hay otra manera de recuperar la soberanía popular. Esta recuperación debe ser compatible con el internacionalismo, ya que está abierta a la solidaridad y a compartir políticas entre diferentes pueblos bajo una cooperación democrática. Si esto implica que se nos presente un ultimátum para salir de la UE, que así sea.

La cuestión de la soberanía monetaria es crucial: hay dos opciones posiblesLa cuestión crucial relacionada con cómo responder a la probable reacción hostil de las instituciones de la UE es la cuestión de la soberanía monetaria. Un gobierno de izquierda debería considerar dos opciones posibles:

Escenario 1. Salir de la UEM y crear una nueva moneda nacional.

Un paso crucial en el camino de un gobierno popular sería el rechazo de la UEM, bajo una estructura económica neoliberal, como lo es ahora. La unión monetaria es la columna vertebral del mercado único y el dispositivo disciplinario más eficaz para la imposición de la política e ideología neoliberales. Las naciones de Europa no necesitan una moneda común para participar en una interacción libre y fructífera entre sí, y ciertamente no necesitan el euro. Por el contrario, cuanto más tiempo persista la UEM y más rígida se vuelva, más difícil será implementar políticas anticapitalistas en Europa.

Para las naciones periféricas, y especialmente para la periferia del sur, salir de la UEM, como está establecida, es imperativo. Salir de esta trampa de hierro es la manera de adoptar políticas que podrían expandir la economía, absorber el desempleo mediante la creación de empleos bien pagados, reducir la pobreza y colocar a los países en el camino del crecimiento sostenido. Ciertamente, la salida no es un proceso fácil, pero a estas alturas ya existe un conocimiento considerable sobre cómo podría lograrse con la menor interrupción posible. [3] Si fuera consensual, los costes se reducirían aún más.

Para los países centrales, la cuestión de la UEM es considerablemente más compleja, ya que implica el desmantelamiento total de la unión monetaria y el establecimiento de acuerdos alternativos en su lugar. La UEM no debe ser reemplazada por una competencia sin restricciones en los mercados de divisas. Europa requiere un sistema estabilizador de los tipos de cambio junto con un medio para hacer pagos entre los países. El conocimiento técnico para lograr estos objetivos existe, e incluso algunos de los mecanismos del antiguo Sistema Monetario Europeo. El sistema falló a principios de la década de 1990, pero la noción subyacente en tal sistema de estabilizar los tipos de cambio era válida.

Desmantelamiento total de la unión monetaria y el establecimiento de acuerdos alternativos en su lugarLa UE es una entidad económica enorme en la que la mayoría del comercio tiene lugar entre los estados miembros. En una economía como esta es ciertamente factible estabilizar los tipos de cambio y producir resultados económicos mucho mejores que los que ha obtenido el euro durante las dos décadas de su existencia. Para eso sería necesario tener un país de anclaje adecuado, así como aplicar controles sobre el movimiento de capitales en toda Europa. La mayor flexibilidad podría entonces volver a equilibrar las relaciones externas de las economías de la UE. Con los controles de capitales implementados, sería incluso plausible idear un nuevo medio de pago conjunto basado en principios de solidaridad, que se utilizaría entre los estados europeos solo para facilitar las transacciones internacionales y no como moneda nacional.

El desmantelamiento de la UEM daría lugar a un cambio radical más amplio en la UE. Después de todo, significaría alterar drásticamente el carácter del BCE, el Eurogrupo, el Grupo de Trabajo del Eurogrupo y el MEDE. Eliminaría las restricciones externas que suponen las operativas de otras instituciones de la UE, incluida la vigilancia de la actividad fiscal de los estados miembros. A la vez, aflojaría el control del ’acervo’ eliminando una serie de directivas y regulaciones. También eliminaría el dispositivo disciplinario más severo sobre el trabajo en gran parte de Europa. Si es provocado por las fuerzas populares, el desmantelamiento de la UEM podría ser un paso en contra del régimen neoliberal de la UE.

Escenario 2. Una moneda alternativa permaneciendo en la UEM.

La ventaja política de una moneda alternativa, incluso si es simplemente complementaria, es que permite, sin necesidad de deshacerse de la moneda internacional, responder a varios desafíos. Si bien facilita la aparición de ciertas actividades secundarias, que de lo contrario no se producirían con mucha extensión o se harían de manera informal, también habría un mayor margen de maniobra para que las autoridades públicas se ocupen de los pagos. [4]

Esta podría ser una medida ex ante, en relación con los posibles conflictos políticos causados por represalias de la UE por discrepancias en relación a la política económica adoptada. Por ejemplo, las represalias por el despliegue de políticas que no encajan en los tratados europeos o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que podrían conllevar amenazas o incluso ataques como los cortes de liquidez o la activación de los mecanismos de expulsión o salida. En tal caso, la moneda alternativa permitiría dotarse de un medio que garantice las transacciones internas, evitando o aliviando cualquier proceso de transición desordenada. De esta manera ofrecería un medio de soberanía monetaria que podría reemplazar al euro.

La moneda complementaria pondría fin al monopolio del euro y a la intermediación bancaria privadaTal moneda complementaria se usaría inicialmente para el pago de empleados públicos y servicios relacionados con el sector público, y también se aceptaría el pago de impuestos en esa moneda. Para evitar el rechazo de la moneda, debería tener, al menos en un primer período, la paridad con la moneda dominante. La moneda complementaria solo podría desempeñar un papel de transición y amortiguación, para ampliar el margen de maniobra en un contexto adverso de ruptura con una zona monetaria anterior.

Las características de una moneda alternativa, en primera instancia, pero que pueden revisarse según el contexto macroeconómico y político, podrían ser las siguientes:

• En una primera fase, la moneda sería complementaria.

• Invitaría a las monedas locales a establecer una relación con esa moneda, a fin de unificar el sistema monetario complementario y amplificar su aceptabilidad y repercusión.

• Esa moneda alternativa tendría paridad, en principio, con la moneda principal.

• Sería apoyada por impuestos futuros Futuros
  Contrato a término Un contrato a término o futuros (futures en inglés) es un compromiso firme de entrega normalizado, donde las características son conocidas de antemano, por una cantidad determinada de un activo subyacente definido con precisión, en una determinada fecha, denominada vencimiento, en lugar prefijado, y negociado en un mercado a término organizado. Los contratos a término son los instrumentos financieros que más se negocian del mundo. .

• Tendría varios canales de circulación y sistemas de pago: tarjetas electrónicas para transacciones menores, complementadas con monedas y papel, y una moneda digital virtual que identifique las transacciones y los agentes para volúmenes medianos y altos (por ejemplo, desde 300 euros).

• Su curso se requeriría, inicialmente, en transacciones con el sector público, y de forma voluntaria en el sector intra-privado.

• Sería una moneda alternativa con una fecha de vencimiento a partir de su emisión (por ejemplo, de cinco años, pero se puede estudiar un período más corto) y en cualquier caso de naturaleza renovable.

• La moneda alternativa puede diseñarse para poner fin al monopolio de la intermediación de la banca privada, lo que abre la oportunidad para que la banca pública futura tenga prioridad sobre la banca privada, coexistiendo con la banca cooperativa regional y la banca ética.

• Para evitar una sobreponderación del poder de las entidades dedicadas a la operación monetaria, sería posible crear un banco central a cargo de la emisión regulada y la política monetaria, bajo el control social y democrático.

Pasos a medio plazo a nivel internacional:

Salir o cortocircuitar a la UEM, y eventualmente dejar la UE, si se hace para implementar políticas que apoyan el trabajo (independientemente de su nacionalidad) contra el capital, no es un paso nacionalista, y tampoco representaría un retorno a los estados en competencia y en conflicto en Europa. Por el contrario, podría señalar el surgimiento de un internacionalismo radical que se basaría en la fuerza doméstica rechazando las estructuras disfuncionales y hegemónicas de la UE. Podría permitir políticas económicas concretas creando una verdadera base para la solidaridad en Europa y dando un contenido fresco a la soberanía popular y los derechos democráticos, dentro o más allá de las fronteras existentes. También podría conducir a nuevas formas de alianzas interestatales en Europa, o incluso a un modelo alternativo de área supranacional, democrática y solidaria basada en la cooperación de los pueblos y el internacionalismo, desconectada del desarrollo capitalista, que reflejaría el alterado equilibrio de las fuerzas de clase.

Salir o cortocircuitar a la UEM permitiría políticas económicas concretas creando una verdadera base para la solidaridad en EuropaUn gobierno popular requiere una agenda ecológica, socialista e internacionalista a largo plazo a nivel internacional. En esta perspectiva, deberían buscarse nuevas alianzas dentro y fuera de Europa. Esto se podría hacer proponiendo un nuevo marco solidario centrado en la cooperación y la integración de recursos financieros, acuerdos de comercio justo, intercambio de materias primas (energía) y cooperación en la inversión. El objetivo es fomentar la cooperación popular y la solidaridad mientras se rompe con las limitaciones de los tratados e instituciones de la UE.

La forma y el contenido reales de la interacción europea renovada dependerían del régimen social y político interno de los estados miembros. El internacionalismo obrero siempre comienza en casa. Si el capitalismo fuera desafiado a nivel nacional, varias formas de integración federal socialista serían posibles en Europa. Ese es un objetivo viable y valioso para la izquierda europea. Cuanto antes comience esta a participar en un debate abierto y a actuar en esta línea, mejor será para los pueblos del continente.

Grecia

I. INTRODUCCION.

Plan organizativo para el sector bancario y de las condiciones concretas para su implementación por parte de un gobierno popularLa crisis financiera que se desató en 2007-2008 continúa produciendo efectos sociales perjudiciales a través de las políticas de austeridad impuestas a las poblaciones. Los banqueros, los financieros, los políticos y los organismos reguladores han fracasado fundamentalmente en las promesas que hicieron después de la crisis: moralizar el sistema bancario, separar los bancos comerciales de los bancos de inversión, acabar con los sueldos y bonificaciones exorbitantes y finalmente financiar la economía real.

Los programas de los partidos socialdemócratas carecen de un proyecto estructurado para la constitución de un sistema bancario alternativo. Para remediar esto, esta propuesta intenta avanzar hacia una propuesta compartida, coherente y operativa de un plan organizativo para el sector bancario y de las condiciones concretas para su implementación por parte de un gobierno popular que llegara al poder en Europa.

II. EVALUACION DE LA SITUACION.

Los gobiernos europeos han utilizado billones de euros para rescatar a docenas de bancos privadosA raíz de la crisis, los gobiernos europeos han utilizado billones de euros para rescatar a docenas de bancos privados. [5] Las autoridades públicas han decidido pagar un rescate a estos bancos haciendo que los ciudadanos soporten las consecuencias de las actuaciones impropias de sus consejeros y accionistas. La propuesta actual de separación o ’ring-fencing’ entre los bancos comerciales y los bancos de inversión no es más que una ilusión.

No se han impuesto medidas diseñadas para evitar nuevas crisis en el sistema financiero privado. La concentración de los bancos ha aumentado, al igual que sus actividades de alto riesgo. Ha continuado habiendo escándalos que involucran a los quince o veinte bancos privados más grandes de Europa y de los Estados Unidos: préstamos tóxicos, créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. hipotecarios fraudulentos, manipulación de los mercados de cambio de divisas, de tasas de interés (en particular, la LIBOR) y de los mercados de energía, evasión de impuestos masiva, lavado de dinero para el crimen organizado, etc.

Las autoridades simplemente impusieron multas, generalmente insignificantes en comparación con los delitos cometidos que tienen un impacto negativo no solo en las finanzas públicas sino en las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Aunque obviamente tienen la culpa, ningún director de banco en los Estados Unidos o Europa (con la excepción de Islandia y el estado español donde Rodrigo de Rato, ex director de Bankia y ex director general del FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : , está encarcelado desde 2018) ha sido condenado mientras que los traders, que son simples subordinados, son procesados y sentenciados a cinco y catorce años entre rejas.

Como es el caso del Royal Bank of Scotland (RBS), los bancos que se nacionalizaron con un gran gasto público para proteger los intereses de los principales accionistas privados están en trámites de ser vendidos, o ya se han vendido, al sector privado por una fracción de su valor. Rescatar el RBS costó £ 45 mil millones de dinero público, mientras que su reprivatización probablemente signifique la pérdida de otros £ 14 mil millones.

Por último, en cuanto a si los bancos ahora están financiando la economía real, los esfuerzos desplegados por los bancos centrales no han provocado, incluso, los indicios de una recuperación real de la economía.

III. PROPUESTAS.

a) La importancia de la movilización popular

La socialización del sector bancario es una condición necesaria para un cambio del modelo socialDebido a que el dinero, los ahorros, el crédito y los sistemas de pagos son útiles para el interés general, deben responder de manera imperativa a una lógica de servicio público (y, por lo tanto, ser utilizados y administrados como parte de un servicio público). El sistema financiero no debe ser una fuente de ganancias, separada de la financiación de la economía real. La socialización del sector bancario (es decir, la gestión del sector bancario por parte de los trabajadores junto con clientes, asociaciones y representantes elegidos) es una condición necesaria para un cambio del modelo social; el apoyo popular también es una condición necesaria para la socialización del sector bancario.

La socialización del sector bancario no puede considerarse como un mero lema o una demanda que sería suficiente en sí misma y que los responsables de la toma de decisiones deberían aplicar una vez que hubieran captado su importancia, sino que debe concebirse como un objetivo político que debe lograrse como parte de un proceso impulsado por los ciudadanos. No solo los movimientos sociales organizados existentes (incluidos los sindicatos) deben hacer de esto una prioridad en sus agendas, los diversos sectores (autoridades locales, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de consumidores, etc.,) deben apoyar esta visión de manera similar, y también, y sobretodo, los empleados, que deben conocer el papel de su profesión y el interés que tendrían en que los bancos sean socializados, y los usuarios, que deben ser informados dondequiera que se encuentren para participar directamente en la definición de lo que el banco debe ser.

Solo las movilizaciones a gran escala pueden asegurar que la socialización del sector bancario se logre realmente, ya que una medida de este tipo toca el corazón del sistema capitalista. Las iniciativas de base que involucran a la población, como las auditorías ciudadanas (similares a las iniciativas lanzadas, entre otros países, en Francia, Grecia y España desde 2011), pueden ponerse en marcha y ser apoyadas por una fuerza política que apunte a tomar el gobierno. Los problemas monetarios y financieros deben dejar de ser tratados y percibidos como santificados y fuera del alcance de todos, a fin de crear las condiciones para la participación más amplia posible en estas luchas.

Para un movimiento de izquierda, es fundamental mostrar a la población el cambio positivo resultante de la decisión de no confiar más la propiedad y la gestión del sistema bancario al gran capital, y las enormes ventajas que conlleva la existencia de la banca de servicio público.

b) Medidas a implementar inmediatamente.

Los controles de capitales no son necesariamente contrarios a los tratados europeosPara tener espacio para maniobrar una vez en el gobierno y limitar los riesgos de asfixia financiera, un gobierno popular debe establecer el control sobre el movimiento de capitales. Los controles de capitales no son necesariamente contrarios a los tratados europeos. El artículo 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea introduce una serie de restricciones a la libertad de movimientos de capitales, justificadas en particular por la lucha contra las infracciones de las leyes nacionales sobre tributación o asuntos prudenciales, o por motivos relacionados con el orden público o la seguridad pública. Estas razones fueron la justificación de los controles aplicados en Chipre en 2013 y en Grecia en 2015. Sin embargo, incluso si el control del flujo de capitales fuera contrario a los tratados, un gobierno popular debería asumir tal desobediencia. Además, surge la cuestión de cual es el lugar de una medida destinada a regular el capital en la jerarquía de las normas y, por lo tanto, de la posibilidad de que un gobierno la decida implementar de forma prioritaria. En varios países europeos, las regulaciones nacionales establecen medidas para controlar los movimientos de capitales, como por ejemplo la regulación de la duración de las inversiones, a nivel regulatorio y no a nivel legislativo. Por lo tanto, podrían aplicarse inmediatamente después de la llegada al poder de un gobierno popular.

Los bancos de inversión deben estar separados de los bancos minoristas para proteger a estos últimosUn gobierno popular debería regular de manera inmediata y significativa el sector financiero para garantizar la estabilidad financiera. El tamaño de los bancos debe reducirse para que ningún banco ’sistémico’ pueda poner en peligro todo el sistema. Los bancos de inversión deben estar separados de los bancos minoristas para proteger a estos últimos; los bancos de inversión no se beneficiarán de ninguna garantía estatal (tales medidas fueron implementadas por el presidente F. D. Roosevelt de los EE.UU. en 1933 tras el desplome de Wall Street en octubre de 1929).

Además, la nueva regulación bancaria impondrá:

• aumentar significativamente la proporción de capital en sus balances, que debería estar por encima del 20%;
• implementar todas las medidas necesarias para obligarles a deshacerse de sus compromisos fuera del balance Balance “Fotografía” a final de año de los activos (lo que la empresa posee) y pasivos (lo que la empresa debe) de una sociedad. Dicho de otra forma, los activos el balance aportan información acerca de la utilización de los fondos recabados por la sociedad. Los pasivos del balance informan sobre el origen de los fondos captados. , incluidas todas las transacciones especulativas y todas las demás transacciones no seguras que no sean de interés para la comunidad;
• prohibir las relaciones de crédito entre los bancos de depósito y los bancos de inversión;
• prohibir la titulización: cada una de las actividades bancarias asumirá el riesgo que genera a través de los requisitos reglamentarios apropiados;
• prohibir el comercio de alta frecuencia;
• prohibir los mercados financieros de venta libre;
• prohibir cualquier conexión entre las instituciones bancarias y la banca en la sombra, así como los paraísos fiscales;
• prohibir la socialización de las pérdidas;
• poner fin al secreto bancario;
• enjuiciar sistemáticamente a los gerentes responsables de delitos financieros y retirar las licencias bancarias de instituciones que no respeten las prohibiciones y sean culpables de malversación de fondos;
• establecer una responsabilidad financiera real de los principales accionistas, en particular en caso de quiebra. El objetivo es restablecer la responsabilidad ilimitada de los principales accionistas para que el coste de sus actividades peligrosas pueda recuperarse de sus propios activos;
• Incrementar la tributación sobre los bancos.

Recuperar el control del banco central es esencial para sacar al estado de las garras de los mercados financieros con miras a financiar los servicios públicosPara garantizar un monitoreo eficiente del sector financiero, también se puede establecer una Oficina de Seguridad Financiera. Esta reuniría a los organismos de supervisión de los bancos, de los mercados financieros y de las compañías de seguros. Su misión sería:

• medir la evolución del ahorro y el crédito y velar por el buen funcionamiento del sistema de pagos;
• verificar y supervisar si las políticas de las instituciones bancarias se ajustan a la hoja de ruta definida para ellas, en particular la financiación de la transición ecológica, la financiación de las necesidades operativas y de inversión de los principales servicios públicos, la financiación de la desprivatización de importantes servicios públicos transferidos previamente al sector privado (por ejemplo, salud, agua, energía, etc.);
• asegurar que se eviten las burbujas en determinados sectores como el inmobiliario.

La Oficina de Seguridad Financiera implementaría el control sobre los capitales y un impuesto a las transacciones financieras. El objetivo de la Oficina de Seguridad Financiera sería someter las innovaciones financieras a un principio de precaución: los bancos que las desarrollen deberán demostrar su utilidad y asumir la plena responsabilidad por ellas. Los productos y actividades que son demasiado complejos estarían prohibidos. Finalmente, sería posible que el supervisor imponga multas significativas a los bancos en caso de incumplimiento de las regulaciones y de sus obligaciones (las multas serán proporcionales al daño sufrido por la comunidad y al monto de las ganancias ilegales). Del mismo modo, es probable que los gerentes incurran en responsabilidad personal en caso de incumplimiento grave. La licencia bancaria se retirará a cualquier banco que contravenga la nueva legislación y sus gerentes serán procesados y castigados con prisión.

Un gobierno popular también debería supervisar su banco central, con el fin de reanudar el control sobre su política monetaria y las condiciones de financiación. Recuperar el control del banco central es esencial para sacar al estado de las garras de los mercados financieros con miras a financiar los servicios públicos.

c) Hacia una socialización del sistema bancario privado.

La socialización se refiere a la colectivización en la que los trabajadores toman decisiones y ejercen el control, junto con clientes, asociaciones y representantes electosSi bien el desarrollo del capitalismo financiero y las finanzas desreguladas derribaron la economía real en 2008 y amenazan con volver a hacerlo, se necesita con urgencia la socialización de todo o parte del sector bancario. De hecho, aquí surgen dos vías programáticas: proceder desde el principio a la socialización de todo el sistema bancario, incluidos los bancos minoristas y de inversión, así como el sector de seguros (escenario 2), o socializar parte del sector bancario con la creación de un polo público concebido como un trampolín hacia la socialización de todo el sector (escenario 1).

Si bien el uso del término nacionalización puede generar confusión dado que podría entenderse tambien como la toma de control de los bancos por parte de las élites gobernantes en el marco del capitalismo, la socialización se refiere más explícitamente a la colectivización en la que los trabajadores toman decisiones y ejercen el control, junto con los clientes, las asociaciones y los representantes electos: haciendo que tal instancia sea supervisada además por representantes de instancias bancarias públicas nacionales y regionales. Debemos favorecer un servicio local de alta calidad que rompa con las políticas de subcontratación financiera que se aplican actualmente. Se debe alentar al personal de las instituciones financieras a brindar servicios genuinos de asesoría al cliente, mientras que se deben erradicar las políticas agresivas de ventas forzadas.

Sin embargo, la transición hacia un sistema bancario socializado plantea varias cuestiones que un gobierno popular tendrá que abordar.

• El número de bancos a socializar:
  Si un programa de gobierno no contempla la socialización de todo el sistema bancario, surge la pregunta de la cantidad de bancos a ser socializados y el criterio de elección. Más allá de su aspecto teórico, esto se refiere al equilibrio de poder en el que puede confiar un gobierno popular, que depende de la movilización de la población. En casi todos los experimentos de nacionalización bancaria hasta el momento, los bancos de inversión han sido excluidos del alcance de las leyes de nacionalización y mantenidos en el sector privado debido a la presión de la comunidad financiera. El establecimiento de un servicio bancario público formará parte de un equilibrio de poder para el cual será necesario estar bien preparado.

• La compensación a los accionistas:
  Los grandes y los pequeños accionistas deben ser tratados de manera diferenteCuando se socializa a los bancos, también surge la cuestión de la compensación para los accionistas privados. Los grandes accionistas y los pequeños accionistas deben ser tratados de manera diferente. Los principales accionistas son activa o pasivamente responsables de haber aumentado las actividades bancarias y especulativas que conllevan altos riesgos para los ahorradores, la hacienda y la sociedad en general. Los pequeños accionistas no participan en las decisiones de los bancos por lo que es normal que sean compensados. Además, no hace falta decir que los depósitos estarán protegidos. A diferencia de lo que se hizo en la mayoría de las nacionalizaciones bancarias hasta la fecha, donde los principales accionistas han sido compensados a expensas de los contribuyentes, un gobierno popular podría decidir pagar solo un euro simbólico a los principales accionistas y recupercutir el coste de sanear el banco [6] sobre el patrimonio global de estos accionistas.

Escenario 1: Un polo bancario público.

Si la elección de la socialización inmediata de todo el sector bancario no es compartida por todas las fuerzas reunidas en el establecimiento de un gobierno popular, el polo de la banca pública podría representar una solución de consenso y dar a este gobierno los medios para realizar su política. La socialización de los bancos generalistas debe apoyar la creación más amplia de un polo bancario público (o polo financiero público), cuya misión sería dirigir el crédito hacia proyectos útiles: apoyar un plan de recuperación económica, ecológica y social, fortalecer el aparato productivo, dirigiendo los recursos públicos a satisfacer las necesidades sociales y económicas y garantizar la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros para todos.

Con vistas a la creación de este polo, un gobierno popular podrá confiar en las instituciones que ya están presentes en cada país: las instituciones financieras públicas o semipúblicas, como los bancos de inversión públicos, que a menudo han sido engañadas para adoptar un comportamiento bancario tradicional mientras que deberían estar entre los actores clave de la inversión en la transición ecológica. Sin duda, sería prudente incluir a las principales entidades mutualistas, como las cajas de ahorros, en este sector público. Esto tendría dos ventajas: sacaría las redes mutualistas de la lógica puramente financiera de otros grupos bancarios importantes, y le daría más fuerza al sector público para que pesara frente a los bancos privados, cuya socialización se habría diferido en el tiempo en el caso de la hipótesis de un proceso en etapas sucesivas.

Como regla general, en términos de gobierno, cada institución mantendría su autonomía operativa y sus propios órganos de administración en este polo público. Sin embargo, estas instituciones operarían dentro de un marco común definido por un cuerpo directivo nacional que garantizaría la consistencia general. El órgano directivo nacional estaría integrado por representantes electos nacionales y locales, jefes de instituciones y representantes de las asociaciones de trabajadores y ciudadanos (incluidos los sindicatos). El polo público variaría según la ubicación, aunque estaría organizado en sobre las mismas líneas para garantizar una cobertura suficientemente adecuada y equilibrada.

Si se quiere mantener un sistema bancario privado, surgiría un sistema bancario tripartito: un polo financiero público, incluidos los bancos socializados y otras instituciones públicas, coexistiría junto con los bancos privados y el sector cooperativo. Mientras que las instituciones más grandes del sector cooperativo actual se comportan como bancos privados, este nuevo sector cooperativo restablecería la banca cooperativa real y una vez más inscribiría los valores de democracia, solidaridad y no rentabilidad en sus estatutos.

A los representantes del personal se les puede otorgar el derecho a la información y los derechos de veto sobre los proyectos que serán financiados por el banco.

La socialización requiere una revisión fundamental de las juntas directivas y de la forma en que se designan sus miembros.

Para todos los bancos que no pertenecen al sector público, una ’ley bancaria’ redefinirá sus misiones, así como la membresía y el proceso de nombramiento de sus juntas directivas, independientemente de su estructura legal. Tal ley requeriría que asuman una parte de la clientela considerada ’no rentable’, para que a estos clientes no les proporcionen servicios solo el polo de la banca pública.

Se debería definir un nuevo código de ética profesional y se debería imponer una hoja de ruta estricta a todo el sector bancario para que los grupos bancarios y sus entidades regresen a sus misiones esenciales: mantener los ahorros y los depósitos sin riesgo y financiar la economía real. Se deberá ejercer una vigilancia especialmente atenta sobre los bancos que queden fuera del campo del polo público para garantizar que se adhieran al nuevo código de ética y sigan adecuadamente la hoja de ruta.

La cuestión de si un polo de banca pública puede coexistir con los bancos privados y si este último, sujeto a una regulación pública fuerte, puede servir para el interés general es esencial, y explica la necesidad mencionada anteriormente de una supervisión cercana. Si un banco privado o grupo bancario no cumple con sus obligaciones, se aplicarían sanciones y los directores de los grupos culpables serían considerados civil y penalmente responsables ante los tribunales.

Escenario 2: Socialización plena del sistema bancario.

Los bancos, y más generalmente el sistema financiero, son armas en manos de la clase capitalista. El mantenimiento de un sistema bancario privado junto a un sector bancario socializado constituiría una amenaza para este último, ya que el capital utilizará todos los medios disponibles para atacar al sector socializado cuya política a favor de los muchos contradice la esencia de un sistema capitalista que funciona en el interés de unos pocos privilegiados.

La socialización plena del sistema bancario significa:

• expropiar sin compensar (o compensar con un euro simbólico) a los grandes accionistas (los pequeños accionistas serán totalmente compensados);
• otorgar un monopolio de las actividades bancarias al sector público, con una sola excepción: la existencia de un pequeño sector bancario cooperativo (sujeto a las mismas reglas fundamentales que el sector público);
• definir, con la participación ciudadana, un estatuto que cubra los objetivos que deben alcanzarse y las misiones que deben llevarse a cabo y que coloquen a las entidades públicas de ahorro, crédito e inversión al servicio de las prioridades definidas por un proceso de planificación democrática;

La socialización de los sectores bancarios y de seguros e integración de estos en los servicios públicos permitirá:

• que los ciudadanos y las autoridades públicas escapen de la influencia de los mercados financieros;
• financiar proyectos ciudadanos y de las autoridades públicas;
• dedicar la actividad de la banca al bien común, con entre sus misiones la de facilitar la transición de una economía capitalista, intensiva en producción, a una economía social, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

A nadie se le negará el acceso al servicio de banca pública, que se debe proporcionar de forma gratuitaImagine lo que significa en términos concretos la socialización del sector bancario: los bancos privados habrán desaparecido; es decir, después de su expropiación (con la compensación de los pequeños accionistas), su personal será reasignado al servicio público de banca y seguros, protegiendo su antigüedad laboral y sus salarios (hasta un máximo autorizado para limitar fuertemente los salarios muy altos), con aumentos en los salarios más bajos para reducir la brecha salarial) y con una mejora en las condiciones de trabajo (se abandonarían las evaluaciones comparativas [7] y las prácticas de ventas forzadas). Un sistema de contratación de nuevos empleados se implementará de acuerdo con los estándares de contratación de un servicio público.

Se pondrá fin a la existencia de la concentración de sucursales bancarias que compiten en grandes áreas urbanas, mientras que al mismo tiempo hay una escasez o ausencia de bancos en pueblos pequeños, aldeas y barrios de clase trabajadora. Se desarrollará una densa red de sucursales locales para aumentar considerablemente la accesibilidad a los servicios bancarios y de seguros, con personal competente para responder a las necesidades de los usuarios de acuerdo con las misiones de servicio público. A nadie se le negará el acceso al servicio de banca pública, que se debe proporcionar de forma gratuita.

Las agencias locales de la banca pública administrarán las cuentas corrientes y recibirán los ahorros de los usuarios, que estarán totalmente garantizados. Los ahorros se gestionarán sin asumir riesgos. Estos ahorros se utilizarán, bajo el control de los ciudadanos, para financiar proyectos locales e inversiones de mayor alcance con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, luchar contra el cambio climático, abandonar la generación de energía nuclear, desarrollar circuitos cortos de provisión de recursos y financiar el desarrollo territorial con una rigurosa adherencia a los estándares sociales y ambientales, etc. Los ahorradores podrán elegir los proyectos que les gustaría ver financiados por sus ahorros.

Las sucursales locales otorgarán créditos sin riesgo a individuos, hogares, PYMES y entidades privadas locales, asociaciones, organismos gubernamentales locales y entidades públicas. Podrán reservar una parte de sus recursos para proyectos de mayor escala que aquellos financiados a nivel local, naturalmente dentro del contexto de una política concertada.

El hecho de que las sucursales locales administen los recursos financieros de un tamaño razonable para usos locales o para proyectos de mayor alcance, y que tales usos se presenten de manera precisa (con una programación de calendario y herramientas de monitoreo que brinden una supervisión clara del uso de los fondos y la implementación adecuada de los proyectos) facilitará la supervisión de los diferentes participantes.

Los proyectos locales a ser financiados serán definidos democráticamente con la máxima participación ciudadana.

Las sucursales locales también estarán a cargo de los contratos de seguro para personas físicas y jurídicas.

Recuperar el control del banco central ayudaría a respaldar una transición hacia una economía social sostenible y ecológicaCualquiera que sea el escenario elegido, recuperar el control del banco central ayudaría a respaldar una transición hacia una economía social sostenible y ecológica. Los ministerios a cargo de salud pública, educación, energía, transporte público, pensiones, transición ambiental, etc., tendrán financiación del presupuesto del Estado.

Las agencias transversales especializadas intervendrán en áreas y actividades que están más allá de las competencias y esferas de acción de un solo ministerio. Su propósito será llevar a cabo misiones específicas o transversales definidas con la participación ciudadana, como el programa para el abandono total de la generación de energía nuclear, incluido el procesamiento seguro de residuos nucleares a largo plazo.

Un sector bancario socializado permitirá reconstituir un circuito virtuoso de financiación de las autoridades públicas. Podrán emitir pasivos, que en caso de necesidad serán adquiridos por el servicio público sin estar sujetos a los dictados de los mercados financieros.

Conclusión

Mientras que el dinero, el crédito, los ahorros o el sistema de pago son herramientas útiles para la economía, las instituciones bancarias son poderosos instrumentos de acumulación para la clase capitalista. Por lo tanto, tomar medidas contra su propiedad privada respondería tanto a la necesidad de desarrollar servicios públicos para los muchos como a la necesidad de eliminar el poder de la clase capitalista y para lograr avances hacia la igualdad social. Tales medidas podrían amenazar el núcleo de la economía capitalista, y el sistema bancario privado no se derrumbará sin una lucha, por lo que reunir un fuerte apoyo popular a favor de estas medidas será vital. El objetivo es lograr un sector bancario socializado, administrado democráticamente por los trabajadores de la banca junto con clientes, asociaciones y representantes electos, y que financie proyectos locales y nacionales de acuerdo con el bien común en lugar de los beneficios de unos pocos. A nivel europeo e internacional, un gobierno popular podría tratar de organizar la cooperación entre su sector bancario público e instituciones similares en otros países.

Después de que la crisis bancaria sacudiera Europa en 2008-2009, los rescates masivos de entidades bancarias privadas con dinero público y la desaceleración económica trasladó las preocupaciones sobre el comportamiento lesivo de las entidades bancarias privadas a la sostenibilidad de la deuda soberana Deuda soberana Deuda de un Estado o garantizada por un Estado. en la Unión Europea (UE). El discurso adoptado por los gobiernos europeos y las instituciones capitalistas absolvió a las entidades bancarias y a sus accionistas de sus responsabilidades y echó la culpa al gasto supuestamente desaforado de los estados y los hogares.

Cuestionar la legitimidad de la deuda soberana que ha sido contratada para reflotar las instituciones financieras privadasLas medidas presupuestarias aplicadas en la crisis actual en la mayoría de países con economías desarrolladas han estado encaminadas a limitar la capacidad de los gobiernos de combatir el desempleo y asegurar la prestación de servicios sociales mediante la restricción del gasto público y de la inversión pública, so pretexto de que esto es un requisito para mantener la confianza de los mercados financieros y por tanto la solvencia de las finanzas del Estado. En la UE, esto se ha hecho por medio de sus estrictas normas fiscales y su refuerzo; los objetivos no confesados consistían en profundizar la ofensiva del capital contra el trabajo y reprimir todo intento de actuar de otra manera. En particular, los estados de la periferia europea han aplicado tremendas medidas de austeridad mediante el recorte del gasto y la imposición de aumentos de los impuestos indirectos, al tiempo que se reducían los impuestos directos. La adopción de medidas de austeridad en medio de una profunda recesión ha sido destructiva para la producción, el empleo, el bienestar y las funciones generales del aparato de estado. Todo gobierno que desee revertir esta dinámica deberá rechazar esta política, cuestionar la legitimidad de la deuda extranjera asumida para rescatar entidades bancarias privadas y acumular capital privado, además de rechazar el principio de los presupuestos equilibrados.

Este proceso ha de comenzar, en algunos casos, con la suspensión del pago de la deuda y la implementación de controles de capitales a fin de impulsar un ejercicio de transparencia y soberanía que permita al nuevo gobierno clarificar qué deuda es ilegítima y debería ser repudiada o reestructurada unilateralmente. Dado el potencial de conflicto que esto implica, es muy importante que los procesos de este tipo se lleven a cabo con apoyo popular. Esto significa que debe haber una participación directa de la ciudadanía, que hay que proceder a la apertura de los registros de deuda al escrutinio público y asegurar el control democrático sobre la totalidad del proceso (Flassbeck y Lapavitsas, 2015). Un paso adelante útil hacia este objetivo consistiría en la creación de una comisión de auditoría de la deuda, como ocurrió con éxito en Ecuador, entre 2007 y 2008, y en Grecia en 2015, aunque en este caso con menos éxito.

• Cuestionar la legitimidad de la deuda pública

Es preciso cuestionar la legitimidad de gran parte de la deuda pública de los estados miembros de la UE. Mientras que la deuda pública se presenta como una simple necesidad de financiar políticas públicas para la mayoría de la población, en realidad su incremento en las últimas cuatro décadas ha acompañado el proceso de financiarización de la economía desde la década de 1980, a través del cual se ha fortalecido el papel de las finanzas privadas y la acumulación de capital en manos de unos pocos. Los estados pasaron de tomar préstamos de sus propios bancos centrales y otras entidades nacionales con tipos de interés decididos por el soberano a tomarlos de los mercados financieros (y, por tanto, de instituciones financieras privadas que acumulan capital mediante el cobro de intereses) con tipos de interés fijados por los mercados (Lemoine, 2016), mientras que las sucesivas reformas fiscales hicieron que el capital y los más ricos contribuyeran cada vez menos a los presupuestos nacionales, obligando así a los más pobres a contribuir más. Esta transferencia de riqueza de la mayoría a unos pocos en las últimas cuatro décadas constituye una razón para cuestionar la legitimidad de la deuda pública.

A través de la UEM, la arquitectura económica europea reprodujo y reforzó este funcionamiento. Otros acontecimientos posteriores, que tuvieron lugar en particular en el transcurso de la crisis de 2008-2009 en adelante, deben considerarse causas de ilegitimidad de la deuda pública.

• • El fraude de los rescates

Los rescates que Grecia recibió estaban destinados a proteger a los bancos extranjeros, que eran los principales tenedores de deuda griegaA partir de 2008, los estados intervinieron para rescatar las entidades bancarias privadas que estaban al borde del colapso. En algunos países periféricos, como Grecia, se implementó un plan similar a través de la intervención de fondos de rescate internacionales a iniciativa de lo que vino en llamarse la troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo). La auditoría del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia demostró que la deuda de este país con el resto de los estados de la zona del euro a través de tales instituciones de rescate es odiosa, ilegítima, ilegal e insostenible (véanse las definiciones más abajo), puesto que los rescates que Grecia recibió estaban destinados a proteger a los bancos extranjeros, especialmente los franceses, alemanes, neerlandeses y belgas, que eran los principales tenedores de deuda griega tras la crisis. El rescate de 2010 protegió a los acreedores frente a un posible impago e impuso políticas crueles, cuyo único propósito era garantizar el pago de la deuda. El rescate de 2011-2012 volvió a proteger a los inversores internacionales y a los bancos privados locales, que fueron compensados ​​y recapitalizados, respectivamente, al amparo del acuerdo de reestructuración de la deuda. Rizando el rizo, en el verano de 2015 Grecia se vio sometida a un nuevo programa que impuso una nueva ronda de austeridad, privatización y liberalización. La troika impuso mecanismos de rescate similares en Irlanda (2010), Portugal (2011) y Chipre (2013). Antes de esto, el FMI ya había participado en programas de ajuste macroeconómico destructivos en Estados miembros de la UE y países no miembros de Europa Oriental: Hungría, Ucrania, Letonia (2008), Rumanía y Serbia (2009).

• • Abandono de las políticas neoliberales asociadas al pago de la deuda

Las políticas de austeridad impuestas por las instituciones supranacionales suelen tener consecuencias desastrosas para los países deudoresLa necesidad de reducir el importe de la deuda no solo se debe a la pesada carga que impone el pago de intereses para los presupuestos públicos, sino también a que las políticas de austeridad impuestas por las instituciones supranacionales como un requisito para cumplir con los pagos suelen tener consecuencias desastrosas para los países deudores. La obtención de recursos a corto plazo para garantizar el pago de la deuda es el principal propósito de dichas políticas. Grecia es un caso paradigmático de este modelo. El país ha implementado severas medidas de austeridad desde 2010 y ha negociado con sus acreedores una reestructuración de la deuda, realizada en 2011-2012, que básicamente impuso quitas significativas a los tenedores de deuda internos, incluidos los bancos. Aun así, precisamente debido a la desastrosa naturaleza de las políticas de la troika, en 2014 la deuda alcanzó nuevamente el 177% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. , un 4% más que el máximo anterior, alcanzado en 2012. A finales de 2018, la deuda griega no había disminuido y el propio Fondo Monetario Internacional declaró que Grecia necesita una fuerte quita de su deuda, porque si esta continúa creciendo, terminará ahogando a la sociedad y provocando el colapso del estado. De hecho, en su análisis de la sostenibilidad de la deuda de mediados de 2016, el FMI pronosticó que si no hay una reestructuración importante, la deuda continuaría aumentando hasta alcanzar el 250% del PIB en unas pocas décadas.

Al analizar esta clase de programas, que han tenido lugar a lo largo de la historia, el mito de que son beneficiosos para el deudor se disipa de inmediato. Incluso en los casos en que ha habido una reestructuración de deuda gestionada por los acreedores, y el caso griego es de los más destacados, el programa solo ha sido la salvación para los acreedores, que en caso de incumplimiento por parte de un gobierno en defensa de la soberanía popular se verían abocados a la quiebra.

En realidad, el objetivo de tales programas de ajuste es reestructurar las economías para profundizar la ofensiva del capital contra el trabajo. Estos programas suelen incluir, por ejemplo, medidas para maximizar el pago de la deuda, como recortes del gasto público, privatizaciones –que también generan nuevas oportunidades de negocio para los inversores– o reformas tributarias, generalmente en forma de aumentos de impuestos indirectos como el IVA; medidas por el lado de la oferta para la reactivación de la economía, que pueden ir desde exenciones fiscales para nuevos inversores hasta medidas de liberalización comercial; u otras medidas encaminadas a apuntalar la seguridad jurídica, como imponer reformas constitucionales para garantizar el pago de la deuda. Las demandas más comunes son la congelación o rebajas de las pensiones, la rebaja de los salarios, la reducción de los déficits, el recorte del gasto social y el aumento de los impuestos indirectos.

Estos condicionamientos terminan no solo hundiendo a la mayoría de la población en la pobreza, despojándole de derechos y aumentando la desigualdad, sino que también presentan atractivas oportunidades de negocio para las elites económicas. Las medidas de privatización y liberalización benefician especialmente a los inversores y a las multinacionales que adquieren estas empresas a un precio barato. Los programas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. del FMI o los memorandos de la troika con países de la periferia europea son ejemplos de tales condicionamientos. Si bien los efectos desastrosos se percibieron con más rigor en los países periféricos, particularmente en Grecia, en otros países europeos, incluidos los países centrales, se han implementado asimismo políticas de austeridad con objetivos similares y sin la intervención externa de la troika. Un gobierno de izquierda que quiera impulsar un programa progresista tendrá que poner fin de inmediato a la aplicación de estas políticas.

• • Deuda pública excesiva

Ningún programa alternativo sería plausible sin resolver primero el problema de la deuda pública excesiva de los estados europeos. La sostenibilidad de la deuda pública es principalmente una cuestión de flujos económicos. El flujo de ingresos debe restaurarse mediante un aumento de los impuestos sobre el capital y los más ricos, y mediante una revitalización de la economía. La sostenibilidad de la deuda en muchos de los países desarrollados, especialmente de la periferia europea, también tiene que ver con su importe total, algo que se ha vuelto difícil de gestionar. En países como Grecia, la solución de esta situación requerirá fuertes quitas unilaterales, una política que es inevitablemente conflictiva, ya que implica incumplimientos, largas negociaciones y, en general, considerables procedimientos legales (Flassbeck y Lapavitsas, 2015).

• • Control de capitales: un primer paso para abordar la deuda

El control de capitales como primer paso para enfrentarse a la deudaLo más probable es que un partido político progresista que quiera enfrentarse a los acreedores y acabar con la austeridad llegara al poder en medio de una gran agitación en los mercados. Fuimos testigos de ello en Grecia en 2015. La crisis en la zona euro ha generado un círculo vicioso entre los bancos y la deuda soberana en su periferia, lo que puede provocar que los estados miembros del sur que sufren una dinámica tan perniciosa abandonen la unión monetaria. En este contexto, la necesidad de implantar controles de capitales adquiere carácter urgente. Los casos de Chipre (2013) y Grecia (2015) han demostrado cuán importante es estar preparado para evitar la presión financiera a través de pánicos bancarios que pueden causar un colapso bancario. La única forma de hacerlo pasa por activar controles de capitales. Los controles de capitales impedirían fugas masivas de capitales al extranjero (por parte de los capitalistas que temen por sus intereses o pretenden sabotear desde fuera los esfuerzos del gobierno progresista), y así ayudarían a prevenir la inestabilidad y el colapso bancario. También garantizarían que el capital esté sujeto a impuestos en el país.

Los controles de capitales se aplican ampliamente en todo el mundo. La razón es que los tipos de cambio flotantes de las monedas cercenan la autonomía de la política monetaria, especialmente en las economías pequeñas, y la causa principal de esto es la especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. en el mercado de divisas, facilitada por la libre circulación de capitales. En presencia de la libre circulación de los flujos de capitales, los tipos de cambio suelen estar por encima o por debajo del punto de equilibrio, incluso durante largos períodos de tiempo.

Es necesario que las fuerzas políticas progresistas de los Estados europeos que deseen implementar programas de gobierno progresistas, especialmente en los de la periferia europea, asuman las lecciones de la historia europea reciente: las políticas de controles de capitales son esenciales para una salida progresiva de la actual depresión económica, pero solo representan una medida parcial que debe ir acompañada de otras medidas políticas en otras áreas.

• La auditoría de la deuda pública como instrumento para adoptar medidas unilaterales contra la deuda pública ilegítima

Una investigación bajo control democrático debe calificar las deudas que no deben pagarsePara poder argumentar y obtener apoyo popular a favor de medidas unilaterales contra la carga de la deuda pública, desde la suspensión del pago de la misma hasta su reestructuración unilateral o su repudio, es preciso realizar una auditoría ciudadana de la deuda. Los registros de deuda pública deben abrirse al escrutinio público y una investigación bajo control democrático debe calificar las deudas que no deben pagarse. Por lo tanto, la auditoría de la deuda debe acordar las definiciones de esta clase de deudas. La siguiente propuesta se basa en el Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia (2015).

• • Categorías de deuda que deben cuestionarse y sus definiciones

Deuda ilegítima: deuda contraída no en el interés de muchos, sino para satisfacer los intereses de unos pocos privilegiados (por ejemplo, la conversión de deuda privada en deuda pública bajo la presión de los acreedores de los rescates; préstamos para construir centrales nucleares en favor del interés de empresas energéticas privadas) o cuyas condiciones fueron sumamente injustas, desconsideradas o abusivas.

Deuda odiosa Deuda odiosa Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente. : deuda de la que el prestamista sabía o debería haber sabido que se asumió en contra de los intereses de la mayoría y para satisfacer los intereses de unos pocos privilegiados.

Deuda ilegal: deuda contratada sin que se aplicaran los procedimientos legales pertinentes, o que implicó una conducta delictiva clara por parte del prestamista (incluido el soborno, la coerción y la influencia indebida), así como la deuda contraída contrariamente a las leyes nacionales e internacionales o cuyas condiciones son contrarias a la ley.

Deuda insostenible: deuda que no se puede pagar sin menoscabar gravemente la capacidad del gobierno del estado prestatario de cumplir con sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos, como las relacionadas con la atención médica, la educación, el agua y el saneamiento y la vivienda, o para invertir en infraestructuras públicas y programas necesarios para el desarrollo económico y social, o sin consecuencias perjudiciales para la población del estado prestatario (incluido un deterioro del nivel de vida).

• • La auditoría ciudadana

La auditoría de la deuda pública es un deber de acuerdo con la legislación europeaLa auditoría de la deuda pública y de las finanzas públicas del Estado es un derecho democrático básico de los ciudadanos, así como un derecho soberano de una nación. No puede haber democracia sin transparencia con respecto a las finanzas estatales, ya que es inmoral pedir a los ciudadanos que paguen la deuda sin saber cómo y por qué se creó la deuda pública. Se exigen o imponen sacrificios sustanciales a las sociedades europeas para asegurar el pago de tal deuda.

La auditoría de la deuda es también un deber institucional de los estados europeos que reciben ayuda financiera, de acuerdo con la legislación europea. Responde a la obligación contemplada en el Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013, que establece que “un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad” (apartado 9 del artículo 7).

Finalmente, la auditoría de la deuda es también una obligación derivada del Derecho Internacional. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre la Deuda Externa y los Derechos Humanos (A/HRC/20/23), adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio de 2012, exigen a los Estados que realicen auditorías periódicas de su deuda pública para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de sus recursos, y también para informar futuras decisiones en materia de préstamos (Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia, 2015).

La opción preferible para implementar una auditoría por parte de un gobierno de izquierda que quiera abordar democráticamente el problema de la deuda sería realizar una auditoría ciudadana de la deuda. Esto implicaría que los ciudadanos participaran activamente en el proceso accediendo a la información, contribuyendo a analizar los datos, participando en la reivindicación política en relación con los hallazgos, publicando su resultado y participando en los procesos de educación popular relacionados con el tema. El proceso debería permitir comprender cómo se generó y acumuló la deuda, quiénes fueron los principales beneficiarios de dicho proceso, cuáles fueron los diferentes mecanismos y acreedores, así como cuáles son las consecuencias socioeconómicas del reembolso. Esto deberá informar la evaluación sobre la naturaleza odiosa, la legitimidad, la legalidad y la sostenibilidad de la deuda. Dicho proceso podría culminar en una consulta popular o referéndum sobre los resultados de la auditoría y sobre las medidas políticas que deban adoptarse.

• • Principios y otros elementos para decidir sobre la reducción o cancelación de la deuda

La evaluación de una auditoría sería útil para el gobierno a la hora de decidir qué partes de la deuda no deberían reembolsarse. Como una cuestión de principio, las deudas que se consideran odiosas, ilegítimas, ilegales o insostenibles no deben pagarse. Sin embargo, el análisis de la estructura de los tenedores e instrumentos de deuda, aspectos legales como la jurisdicción y la moneda de la deuda y los resultados económicos y de distribución también deben tenerse en cuenta al tomar tal decisión. De hecho, es posible que en algunos casos los principales beneficiarios del proceso de endeudamiento no sean los acreedores, sino el sector privado que ha sido rescatado o grandes empresas que se han beneficiado de contratos públicos multimillonarios. Podría ser que, en algunos casos, los tenedores de deuda sean pequeños inversores o fondos de pensiones, lo que significa que, como en el caso de Grecia, una quita sin compensación perjudicaría a los más débiles. Por lo tanto, las quitas parciales o incluso la cancelación total deberían centrarse en los grandes inversores institucionales y acreedores públicos extranjeros que han impuesto medidas antisociales a la población, como las instituciones y los estados de la UE, y deben tratar de redistribuir la riqueza en favor de la gente trabajadora.

Los episodios de impago de la deuda marcan el inicio de la recuperación económicaQuienes niegan la posibilidad de un impago total o parcial de la deuda argumentan que, ante todo, debe prevalecer la seguridad jurídica, una prioridad que no se defiende con el mismo entusiasmo cuando se trata de respetar los derechos humanos o los derechos económicos, sociales y culturales. Ante la posibilidad de impago por parte de los deudores, los defensores de la prevalencia del imperio de la ley comercial y de los contratos financieros despliegan una serie de amenazas y escenarios catastróficos: el cierre de los mercados financieros, el aislamiento económico y comercial, la consiguiente escasez de suministros, etc. El cese del pago de la deuda suele aparecer como una opción irresponsable e infantil, inviable más allá del alcance de la propaganda. No importa cuán alto sea el costo social derivado de atender a los compromisos financieros, se argumenta que continuar pagando la deuda siempre es el mal menor (Cutillas, 2016). Sin embargo, tanto la teoría como la práctica sugieren que la amenaza de perder el acceso al crédito internacional se ha exagerado. Casos como Rusia en 1998 y Argentina en la década de 2000 son una prueba de que una suspensión del pago de la deuda puede ser beneficiosa para los países que la ejecutan, porque los fondos que anteriormente se dedicaban a pagar la deuda se convierten en combustible para la reactivación económica. Joseph Stiglitz escribió sobre Argentina en relación con el caos en caso de impago: “El hecho de que Argentina lo hiciera tan bien después de su incumplimiento, incluso sin un programa del FMI (o quizás porque no tenía un programa del FMI), puede hacer cambiar estas creencias” (citado en Toussaint, 2015). Eduardo Levy Yeyati y Ugo Panizza, dos economistas que trabajaron para el Banco Interamericano de Desarrollo, expusieron los resultados de su investigación exhaustiva sobre el incumplimiento en unos cuarenta países. Una de sus principales conclusiones es que “los episodios de impago marcan el inicio de la recuperación económica” (ídem en Toussaint, 2015).

De manera similar, en 2008 Islandia nacionalizó el banco quebrado Landsbanki, pero su sucursal extranjera Icesave no fue rescatada; después de que los Países Bajos y Gran Bretaña indemnizaran a los depositantes neerlandeses y británicos de Icesave, sus gobiernos solicitaron que Islandia asumiera los costes. Bajo la fuerte presión de la oposición popular a que Islandia se hiciera cargo de las pérdidas privadas incurridas por Icesave, el gobierno islandés tuvo que convocar un referéndum que rechazó por amplia mayoría el pago de la deuda reclamada por Gran Bretaña y los Países Bajos (además, el gobierno islandés tomó medidas para reducir las deudas hipotecarias de la población, e Islandia fue el único país en que los banqueros fueron enjuiciados y encarcelados por su implicación en la crisis bancaria). Islandia experimentó una rápida recuperación económica. El control de los movimientos de capitales también dio resultado. El éxito se confirmó cuando Gran Bretaña y los Países Bajos no lograron que el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio condenara a Islandia por el impago de su deuda (CADTM, 2013).

A lo largo de la historia, pasada y reciente, existen múltiples precedentes de impagos, quitas, repudios y cancelaciones (Toussaint, 2019). De estos ejemplos se puede aprender mucho, pero la principal lección de la historia para un gobierno de izquierda que proponga un programa progresista en Europa es que tiene que ser posible que la nación deudora administre el impago de la deuda de manera que mejore las condiciones de vida de la mayoría y de las personas más vulnerables (mediante la reconducción de los recursos asignados previamente al pago de la deuda a favor de un aumento de la demanda pública interna, del aumento del poder adquisitivo y de la creación de empleo), y que una suspensión de pagos reequilibre el poder en favor del gobierno, permitiéndole aumentar su capacidad de actuación frente a los acreedores para imponer una quita unilateral sobre sus bonos, préstamos o valores.

• Discriminación entre acreedores

a) Tenedores de bonos particulares

Definir las medidas a adoptar frente a los tenedores de obligacionesPara discriminar entre tenedores de bonos, un gobierno podría establecer diferentes condiciones en las ofertas de canje relativas a diferentes instrumentos de deuda, que es un proceso voluntario mediante el cual los tenedores de bonos aceptan un bono nuevo a cambio del instrumento original o antiguo. Una forma de hacerlo podría pasar por los ’edulcorantes’ incluidos en el intercambio de bonos (a los inversores que cumplan ciertos criterios se les pueden ofrecer bonos con cláusulas o garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). especiales, como el prepago obligatorio o la revaloración en caso de un futuro impago).

Otra opción sería la de proteger y compensar a ciertos grupos de tenedores de bonos mediante prestaciones públicas conforme a determinados criterios establecidos por la auditoría de la deuda y el gobierno. Estos beneficios podrían ofrecerse a pequeños inversores, no responsables del endeudamiento impropio, mientras que los grandes inversores o aquellos que han participado y se han beneficiado de tal endeudamiento, serían demandados y procesados, con la posibilidad de asegurar la restitución total de los costes incurridos y la cancelación de las obligaciones vigentes.

Un gobierno de izquierda debe comprometerse a no entrar en nuevos arreglos en mejores condiciones con los acreedores que se nieguen a participar en los canjes, ni debe hacerlo con los acreedores que según la auditoría se consideren responsables y hayan sido descartados de los canjes o se les hayan ofrecido peores condiciones. Esto pretende demostrar que una oferta de canje es definitiva y, en caso de que haya un acreedor refractario, el soberano no está dispuesto a celebrar ningún tipo de acuerdo de resolución en términos más beneficiosos.

Un estado puede decretar quitas unilaterales como un acto soberano (iure imperii)En noviembre de 2018, en el caso Kuhn, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que un estado puede decretar tales quitas unilaterales como un acto soberano (iure imperii) con respecto a su propia jurisdicción nacional, lo que impide que los acreedores acudan a jueces extranjeros para exigir el cumplimiento del contrato previo (o una compensación) por parte del estado deudor (Tribunal de Justicia de la UE, 2018).

Los resultados de la auditoría también deberían animar a un gobierno de izquierda a incoar procedimientos legales contra quienes, sin ser necesariamente acreedores, se habrían beneficiado del proceso de endeudamiento contra el bienestar de la mayoría (por ejemplo, empresas privadas que se beneficiaron de la privatización de infraestructuras públicas impuesta como condición para devolver un préstamo). También debería permitir al parlamento tomar las medidas necesarias para obtener una compensación mediante un procedimiento legislativo, el cobro de impuestos o, en última instancia, la expropiación sin compensación.

b) Bonos en manos de bancos

Reducir la deuda mediante la socialización del sistema bancarioEn muchos casos, se puede practicar una gran reducción de la deuda mediante la socialización del sistema bancario nacional, como sería el caso en la periferia del sur de Europa, donde los bancos locales detentan grandes cantidades de deuda pública nacional. Una socialización total del sistema bancario facilitaría la reestructuración o cancelación de una parte de la deuda. Esto, sin embargo, es más difícil de lograr sin la soberanía monetaria, ya que el nuevo gobierno se enfrentaría a más dificultades para pagar los pasivos de los bancos si no pudiera hacerlo en su propia moneda y tuviera que recurrir al aumento de impuestos, medida que puede tener un efecto recesivo en tiempos de crisis, o solicitando préstamos de acreedores privados, lo que sería difícil en vista de las medidas radicales que estaría tomando con respecto a los bancos. Otra posibilidad sería imponer una quita a los inversores y depositantes, aunque es preferible evitar imponer pérdidas a cuenta de los depósitos. Si el gobierno opta por incluir los depósitos en un programa de rescate, debería garantizar todos los depósitos inferiores a cierto umbral, como por ejemplo 150.000 o 200.000 euros.

c) Deuda pública en manos del BCE

Otra posibilidad, si fuera acorde con los resultados de la auditoría, sería no pagar la deuda que el estado tiene con el BCE. Esta sería un arma poderosa de autodefensa frente a las amenazas de represalias del BCE contra un gobierno progresista. La deuda con el BCE no es una deuda que deba reembolsarse con argumentos económicos. El programa de flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing, QE) ha demostrado que los bancos centrales emisores de divisas pueden participar en la financiación monetaria sin generar inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). en tiempos de alto desempleo e infrautilización de la capacidad.

Un gobierno de izquierda popular debería suspender el pago de la deuda con el BCE inmediatamenteLa QE consiste en la compra masiva de títulos de deuda pública y privada de bancos y empresas en la zona del euro; por lo tanto, inyecta liquidez en bancos y empresas, que luego utilizan el dinero para especular, lo que hace que sea más probable que estallen nuevas crisis. Cuando los valores soberanos llegan a su vencimiento, el BCE puede comprar más deuda por un importe equivalente y, por lo tanto, verter más liquidez en los bancos privados, que luego compran más valores soberanos. Si un gobierno decidiera romper con la austeridad, el BCE podría decidir no comprar sus títulos de deuda cuando los anteriores hayan vencido. Podría perjudicar a dicho gobierno si opta solo por comprar títulos de deuda de gobiernos neoliberales de línea dura. Esto comportaría un aumento del coste que ha de soportar el país para financiar su deuda. Esto constituye una razón más para que un gobierno progresista suspenda inmediatamente el pago de la deuda en manos del BCE.

Pagar esa deuda sería antieconómico e ilegítimo, partiendo de los resultados del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia (2015), ya que solo tendría el efecto de retirar liquidez del sistema que impondría la obtención de recursos a través de reformas neoliberal adicionales, imponiendo así la deflación y la austeridad a expensas de la mayoría y especialmente de los más débiles y más pobres. Si el BCE mantuviera tales cantidades de deuda pública perpetuamente en sus balances, o sencillamente las borrara de sus balances, los estados de la zona del euro podrían amortizarlas en sus cuentas nacionales.

d) Deuda con fondos de rescate internacionales

Un caso similar es el de la deuda que los países periféricos tienen con los fondos de rescate europeos, como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y su sucesor, el Mecanismo de Estabilidad Europeo, que son propiedad de los estados miembros de la zona euro. Estos fondos de rescate han sido responsables de la estafa de los rescates de las instituciones financieras en los países más afectados por la crisis, como Grecia. Los rescates estuvieron condicionados a la implementación de programas de ajuste macroeconómico cuyos efectos fueron catastróficos, como se describió anteriormente. Es hora de poner fin a este abuso y detener los pagos a estos fondos de rescate para dedicar esos recursos a restablecer la protección social y las condiciones económicas que permitan a todos los europeos vivir con dignidad. Tal decisión pondría fin al esquema económico neomercantilista liderado por Alemania en la zona euro, que está generando grandes sufrimientos en las sociedades del sur de Europa, destruyendo sus economías y generando pesadillas políticas como el ascenso de la extrema derecha.

• Reducción de la deuda privada

Tanto para limpiar los balances de los bancos como para redistribuir los recursos en favor de los más pobres y necesitados (que son cada vez más numerosos en nuestros tiempos de crisis sociales), un gobierno de izquierda tendría que implementar un programa de alivio de la deuda privada. Como primer paso, reducir o cancelar las deudas de particulares y familias. Las deudas hipotecarias y estudiantiles, en particular, se han contraído principalmente en el marco de la ofensiva neoliberal del capital contra el trabajo. Las deudas hipotecarias han acompañado a las burbujas especulativas del mercado de la vivienda, favoreciendo así la acumulación de capital en el sector inmobiliario (además del sector bancario). Las deudas de los estudiantes han aumentado con el deterioro del nivel de vida bajo el neoliberalismo en general, y con los ataques neoliberales en particular contra la educación pública (por ejemplo, mediante la introducción y/o el aumento de las tasas de matrícula en las universidades públicas), lo que obliga a más y más trabajadores jóvenes a arrastrar una carga de deuda durante la mayor parte de su carrera.

Implementar un programa de alivio de la deuda privada, reduciendo o anulando la deuda de individuos y familiasUna de las vías para financiar un programa de este tipo pasaría, como ya se ha mencionado anteriormente, por una reducción de las obligaciones que los bancos privados tienen con el BCE. Esto equivaldría a imponer una flexibilización cuantitativa para la gente, en virtud de la cual el gobierno trasladaría las amortizaciones de la deuda hipotecaria y estudiantil al BCE, mejorando así las condiciones de vida de la mayoría y sentando las bases para la expansión del crédito bancario para revitalizar la economía.

Otra opción sería financiar las cancelaciones mediante la implementación de quitas del capital a costa de los grandes accionistas. Esto reduciría el precio de las acciones bancarias y permitiría al gobierno invertir en ellas a un precio más bajo, lo que le daría la posibilidad de participar en su gobierno (parcial o totalmente) si aún no se han socializado. En el caso de redenominación monetaria, el gobierno emisor de la moneda podría recapitalizar los bancos de acuerdo con las necesidades de capital creadas por el programa de alivio de la deuda sin necesidad de recurrir a impuestos, a quitas o a financiación extranjera.

• Financiación de emergencia

Una coalición de izquierda que llegue al gobierno y no tenga un banco central emisor de divisas a su disposición debe buscar de inmediato formas de financiar sus déficits. Probablemente, los recursos serán escasos para un gobierno que necesita recurrir a grandes déficits fiscales para reactivar la economía e implementar políticas redistributivas y sociales profundas.

Emitir bonos en el mercado interno como una opción para acumular reservasEn este caso, el gobierno debería plantearse la posibilidad de emitir bonos en el mercado interno como una opción para acumular reservas. Estas emisiones de bonos podrían formar parte del intercambio de bonos antiguos en el proceso de reestructuración de la deuda antigua o limitarse a la emisión de nuevos bonos. En todo caso, estos deben estar sujetos a vencimientos largos y tipos de interés cero si el intercambio es con tenedores de bonos ricos. La reducción del tipo de interés proporcionaría un alivio significativo en términos fiscales. Además, la prolongación del vencimiento de los bonos eliminaría las presiones de financiación asociadas con la necesidad de reinvertir la deuda a corto plazo (Louça et al., 2014). Los pensionistas y los pequeños tenedores de bonos serán plenamente compensados.

Los nuevos fondos podrían utilizarse para financiar programas ambiciosos de transición ecológica en lugar de aplicar políticas antisociales, extractivistas y productivistas que fomentan la competencia entre las naciones. El endeudamiento público no es en sí mismo un problema. Por ejemplo, las autoridades públicas pueden usar las emisiones de bonos para:

• financiar el cierre completo de centrales térmicas y nucleares;
• sustituir las energías fósiles por fuentes de energía renovables que respeten el medio ambiente;
• financiar una conversión de los métodos agrícolas actuales, que contribuyen al cambio climático y utilizan una gran cantidad de insumos Insumos Elementos que entran en la producción de un bien. En la agricultura, los abonos, los pesticidas y herbicidas son insumos destinados a mejorar la producción. Para obtener las divisas necesarias para el pago del servicio de la deuda, los mejores insumos se reservan para los cultivos para la exportación, en detrimento de los cultivos alimentarios necesarios para la población. químicos que son responsables de la disminución de la biodiversidad, favoreciendo la producción local de alimentos ecológicos para hacer que la agricultura sea compatible con la lucha contra el cambio climático;
• reducir radicalmente el transporte aéreo y por carretera y desarrollar el transporte público y el uso del ferrocarril;
• financiar un ambicioso programa de vivienda social de bajo consumo energético.

Los nuevos fondos podrían utilizarse para financiar programas ambiciosos de transición ecológicaLos préstamos públicos son totalmente legítimos si sirven para realizar proyectos legítimos y si quienes contribuyen a la financiación lo hacen legítimamente. Un gobierno popular no debe dudar en obligar a las empresas (ya sean nacionales, extranjeras o multinacionales), así como a los hogares más ricos, a contribuir a la financiación sin obtener ningún beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de ello, es decir, sin intereses y sin compensación por la inflación. Al mismo tiempo, será fácil convencer a gran parte de los hogares de las clases populares para que confíen sus ahorros a las autoridades públicas a fin de financiar los tipos de proyectos legítimos mencionados anteriormente. Esta financiación voluntaria de las clases populares se remuneraría con un interés real positivo, por ejemplo, del 3%. Esto significa que si la inflación anual alcanzara el 2%, las autoridades públicas pagarían un tipo de interés nominal del 5%, para garantizar un interés real del 3%.

Este mecanismo sería perfectamente legítimo, ya que financiaría proyectos que son realmente útiles para la sociedad y porque ayudaría a reducir la riqueza de los ricos al mismo tiempo que aumentaría los ingresos de las clases populares. Los bancos nacionales también podrían proporcionar financiación directamente al gobierno mediante préstamos. Asimismo sería necesaria una reforma fiscal progresiva que aumentara los ingresos. Esto incluiría reducir el IVA y aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta, las ganancias y el patrimonio. El fraude y la evasión fiscal deberían perseguirse y reducirse.

• Reducción de la deuda de los países deudores

La deuda de países más pobres con estados europeos que de se considere ilegítima, ilegal, odiosa y/o insostenible debe cancelarseLos estados europeos (y el capital de los mismos) continúan entablando relaciones neocoloniales e imperiales con los países más pobres de todo el mundo. Actualmente, el aumento de la deuda pública en los países de renta media y en los países más pobres está alcanzando niveles preocupantes. Los economistas alertan sobre la gravedad de la situación con respecto a los datos y las perspectivas macroeconómicas, especialmente en los países en desarrollo de rentas bajas. Actualmente, este grupo incluye 59 países que representan aproximadamente una quinta parte de la población mundial y el 4% de la producción mundial. La proporción mediana de la deuda pública con respecto al PIB de este grupo de países ronda ahora el 47%. Algunos países han comenzado a suspender los pagos debido a que la cuantía de la deuda no se puede financiar. De hecho, en solo cuatro años, la proporción de países en desarrollo de renta baja con alto riesgo de impago de la deuda o que ya no pueden pagarla casi se ha duplicado al alcanzar el 40%.

Los gobiernos de izquierda tendrían que incluir las deudas que otros países tienen con sus estados en la auditoría de la deuda mencionada anteriormente. Aplicando los mismos principios, la deuda que se considere ilegítima, ilegal, odiosa y/o insostenible debe cancelarse. Noruega llevó a cabo una medida de este tipo en 2006 cuando canceló los créditos que tenía frente a Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona, ya que el acreedor había presionado abusivamente para que se concertaran los préstamos. De manera similar, en 1953, por iniciativa de los principales acreedores de Alemania –Estados Unidos, Reino Unido y Francia–, se canceló una parte importante de la deuda de Alemania, lo que permitió su rápido desarrollo económico.

• Un escenario alternativo: plantear la redenominación monetaria

Algunas de las medidas mencionadas en este capítulo (socialización y recapitalización de bancos, reducción de la deuda privada, financiación de emergencia, reducción de la deuda de países deudores) se financiarán más fácilmente mediante una financiación monetaria, lo que requeriría que el gobierno tuviera el control sobre un banco central emisor de moneda. Si esto último no fuera el caso, como ocurre con los países pertenecientes a la zona del euro, un gobierno progresista tendría que decidir si recuperar su soberanía monetaria y el control de su banco central o continuar bajo las restricciones actuales. Por lo tanto, la salida de la UEM es una posibilidad estratégica que un gobierno de izquierda debería explorar seriamente.

Conclusión

La auditoría ciudadana de la deuda pública puede ser una herramienta importante que impulse la movilización popularLa deuda pública ha sido una herramienta importante para la acumulación de capital y para la reestructuración de las economías europeas en favor del capital y en detrimento del trabajo. Por lo tanto, es preciso cuestionarla a base de medidas unilaterales como la suspensión del pago, las quitas unilateral o el repudio de la deuda. Las medidas políticas relacionadas con la deuda no pueden separarse de otras relacionadas con la movilidad del capital financiero y el crédito; los controles de capitales y otros pasos decisivos para crear una banca pública son condiciones necesarias para implementar con éxito políticas relacionadas con la deuda. Dado el alto potencial de conflicto que esto implica con los acreedores, es absolutamente necesario ganar impulso mediante la movilización popular en favor de tales políticas. En este sentido, la auditoría ciudadana de la deuda pública puede ser una herramienta importante.

Bélgica

Defendemos una transformación social, ecológica, feminista y democrática de la economíaEn este capítulo se van a abordar temas como el empleo y los derechos sociales, y se analizarán y propondrán políticas públicas en esos campos. Al abordar estas cuestiones debe adoptarse una perspectiva amplia, partiendo de que el conflicto capital-trabajo es parte del conflicto capital-vida. Esto significa que la lucha no es únicamente para lograr un mejor reparto de la riqueza. Este es un elemento básico, pero no el único, ni mucho menos. Y nuestra perspectiva apunta a un cambio radical del modelo económico y social; un cambio que debe poner en el centro la vida de las personas, los cuidados y la vida en el planeta. Por esta razón defendemos una transformación social, ecológica, feminista y democrática de la economía.

Mejora de la distribución de la riqueza para facilitar ese cambio radical de modeloCon el fin de alcanzar este objetivo, los sindicatos siguen siendo fundamentales, pero su actividad debería centrarse en la contestación y la lucha, y no en el asesoramiento y cogestión institucional. Ciertamente, en Europa el sindicalismo que no está centrado en la lucha va perdiendo correlación de fuerzas, agobiado por las políticas antisindicales, pero también por la división neoliberal del empleo y la organización del trabajo. Pero un sindicalismo de lucha de clases –a nivel local e internacional– es hoy más necesario que nunca. Su renovación y desarrollo puede basarse en alianzas con otro tipo de movimientos sociales, que afectan al trabajo pero no están arraigados exclusivamente en la empresa, como las luchas sociales de las trabajadoras y trabajadores desempleados y precarios y las luchas feminista, ecologista y antirracista. Especialmente las luchas feministas son una cuestión decisiva para el sindicalismo, dado que reenvían el antagonismo trabajo-capital a la cuestión de la equidad y democracia en todos los ámbitos de la vida social. Respecto a estas alianzas, el sindicalismo de lucha de clases debe trabajar hacia convergencias que van más allá de las reivindicaciones del movimiento sindical, relativas a la justicia fiscal, servicios públicos, derechos de migrantes, circuitos cortos y la relocalización de la economía, e igualdad real entre hombres y mujeres.

Por tanto, las propuestas y líneas de trabajo que planteemos aquí deberían ir encaminadas tanto a una mejor distribución de la riqueza como a facilitar ese cambio radical de modelo. Y es en ese sentido en el que consideramos muy importante repensar el empleo y los poderes públicos.

DIAGNOSTICO

El proyecto neoliberal de la Unión Europea tiene entre sus líneas permanentes de actuación:

• Las reformas neoliberales han degradado de forma inaceptable las condiciones de trabajo y los derechos socialesEl recorte de los derechos laborales. El falso argumento de que el paro se debe a las rigideces del empleo,y que por tanto es necesario aumentar la flexibilidad laboral, se ha convertido en un paraguas que ha dado cobertura a un proceso permanente y generalizado de reformas laborales, que han recortado los derechos laborales. Llevamos más de 25 años de permanente deterioro.

• El recorte del derecho a la negociación colectiva. La misma filosofía señalada en el punto anterior ha servido como coartada para cercenar el derecho a la negociación colectiva, aumentando el poder de la clase empresarial en detrimento del de la clase trabajadora. Dentro de este apartado se encuentra también el ataque a los instrumentos de defensa colectiva, como el derecho a huelga.

• El recorte de las pensiones- Se han impulsado desde el marco europeo, y aplicado en los ámbitos de cada estado, sucesivas reformas del sistema de pensiones, que han supuesto múltiples recortes, a través de 3 vías: recorte de las nuevas pensiones, retraso de la edad de jubilación y no garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. La introducción del Factor de Sostenibilidad (Alemania, Estado español, Grecia, etc.), [8] además del «European Fiscal Compact» [9] trata de dar una apariencia natural a recortes futuros sin necesidad de cambiar las leyes.

• El recorte de las prestaciones por desempleo y otros derechos sociales. Bajo la premisa de incentivar la búsqueda de empleo se han adoptado diversos recortes, como los de las prestaciones por desempleo (que han afectado tanto a la cuantía como al endurecimiento de los requisitos de acceso o a la duración de la percepción de la prestación).

• La reducción del papel de los servicios públicos de empleo y el aumento de la participación de empresas privadas de todo tipo. La privatización y el outsourcing ha llegado también a los servicios públicos de empleo. La intermediación o la formación para el empleo se ven como espacios en los que se da un protagonismo creciente a empresas privadas (como las ETTs,…), precarizando aún más el empleo y dejando cada vez excluidos del mercado laboral a los colectivos más desfavorecidos y con menores posibilidades de acceso a un empleo de calidad.

Los objetivos macroeconómicos de la Unión Europea son el control de la inflación, del déficit y la deuda pública, además del incremento de la competitividad de las grandes corporaciones europeas en el mercado global, dejando de lado los elementos que suponen una mejora real de las condiciones de vida, de empleo y de trabajo. Así, no es de extrañar que el resultante esté siendo un espectacular aumento de la riqueza de la gente más acomodada, mientras que los ingresos y la riqueza en manos de la clase trabajadora se han venido reduciendo drásticamente. Asimismo, se constata un elevado nivel de desempleo, una precariedad creciente y un notable aumento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social [10]:

En Europa existe una realidad muy diversa en materia de empleo, salarios o derechos sociales. Claros ejemplos de ello son las fuertes desigualdades existentes en materia de Salario Mínimo o de protección social, como se desprende de los propios datos oficiales del Eurostat (link). Por ejemplo, el salario mínimo en Alemania, Francia y Bélgica es, de media, entre cinco y diez veces mayor que el fijado en Bulgaria, Lituania y Rumanía [11]. Estas diferencias no han sido óbice para que las instituciones de la UE y los estados miembros hayan insistido en la misma orientación neoliberal en las dos últimas décadas.

Estas políticas europeas están empeorando claramente las condiciones materiales de la gran mayoría de la población en Europa:

• Las grandes corporaciones han aprovechado la crisis para aumentar su ofensiva contra las conquistas sociales y democráticas de los trabajadores en el siglo XXEstas políticas no solo crean pobreza y desempleo, sino que también fomentan el dominio económico y político de las grandes corporaciones y bancos. Con el apoyo activo de las instituciones europeas, las grandes corporaciones han aprovechado la crisis para aumentar su ofensiva contra las conquistas sociales y democráticas de los trabajadores en el siglo XX, y para tomar el control de cada vez más aspectos del trabajo y la vida de la gente.

• Las desigualdades de género están muy vinculadas a la explotación capitalista: las mujeres sufren una brecha salarial, una división del trabajo en la que las mujeres, especialmente las migrantes y racializadas, se concentran en el trabajo doméstico, los cuidados y el trabajo no remunerado; desigualdad en la cuantía de las pensiones, etc.

• El crecimiento económico o aumento del consumo se trasladan al imaginario colectivo como “única y mejor manera” de conseguir los objetivos, ignorando lo insostenible de ese camino y las graves consecuencias que acarrea sobre el medio ambiente, el futuro del planeta y la propia sostenibilidad de la vida humana.

• La constitucionalización de los derechos del gran capital frente a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Se avanza hacia un nuevo orden mundial en el que, a través de los denominados Tratados comerciales de nueva generación (TTIP, CETA,…), se priman los intereses del capital, con rango de norma vinculante, y se destruyen los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y medioambientales.

Asimismo, los Tratados de la Unión Europea parten del concepto de la Europa fortaleza, ignorando el derecho de las personas a migrar para poder llevar una vida digna o para refugiarse por motivos de guerras o persecución política o social. También se olvida la responsabilidad de las políticas impulsadas y amparadas por los gobiernos de la Unión en la situación de pobreza extrema que viven cientos de millones de personas en los países empobrecidos.

PROPUESTAS

Es necesario un cambio radical de las políticas de empleo y políticas sociales con el fin de garantizar un empleo digno, una vida decente y democracia económica para toda la población. En este sentido, es necesario implementar las siguientes cuestiones:

1. Ciudadanía y movimientos sociales

Las demandas de la ciudadanía y de los movimientos sociales constituyen una condición previa para superar la lógica neoliberal. Estas iniciativas deberían centrarse en:

• Revertir los recortes de los derechos laborales, el desmantelamiento de la negociación colectiva y los recortes de derechos sociales sufridos en los últimos años.

• Establecimiento de un nivel salarial de referencia mínimo (como la experiencia de 15 dólares por hora en USA; 1.200 euros mensuales en Euskal Herria; etc).

• Abogar por la reducción de la jornada, marcando un horizonte de las 32 horas. Garantizar el derecho de acceso a una vivienda.

• Reconocer el derecho de las personas a migrar y a recibir un proceso de acogida que garantice todos sus derechos.

• Desmantelar el poder corporativo y el poder de las empresas transnacionales (como el tratado vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos) mediante su socialización y regulación pública. La transformación social, ecológica, feminista y democrática del modelo económico capitalista. Exigir políticas que favorezcan actividades que cumplan esos criterios y que reduzcan o prohíban las que van den detrimento del mismo (como la industria armamentística).

2. Pasos inmediatos de un gobierno popular

Un gobierno popular debería adoptar en primer lugar medidas inmediatas para revertir los recortes aplicados en los últimos años en los derechos laborales, negociación colectiva y derechos sociales:

• Recuperación de derechos perdidos en el ámbito del empleo.

• Recuperación del valor de la negociación colectiva y el aumento del poder de la clase trabajadora y los sindicatos.

• Reversión de los recortes impuestos en pensiones, prestaciones de desempleo y otras prestaciones sociales.

• Garantía de todos los derechos a todas las personas que se vean obligadas a migrar por razones económicas, sociales o políticas.

• Oposición y cancelación de los tratados comerciales de nueva generación.

• En segundo lugar, los gobiernos populares deberían aprobar medidas en todas estas áreas:

• Reducción de la semana laboral a 35 horas como paso hacia una mayor reducción, sin reducción salarial. La reducción de la jornada laboral es decisiva. Supondría una importante mejora de las condiciones laborales, contribuiría a generar empleo y sería un avance en la distribución de la riqueza, el tiempo y los cuidados.

• Incremento del salario mínimo al menos hasta el 70% del salario mediano.

• Eliminación de las restricciones existentes para la mejora de los convenios colectivos alcanzados en diferentes ámbitos territoriales (o, por decirlo de otra manera, impedir que la negociación colectiva se emplee para empeorar condiciones o evitar su mejora). Evitar los despidos en empresas con beneficios.

• Oposición a la desigualdad de género en el trabajo (por ejemplo, prohibiendo salarios desiguales para la misma labor o empleo).

• Establecimiento de un número significativo de horas mínimas que se deben remunerar en los empleos a tiempo parcial.

• Democratizar los centros de trabajo y favorecer la participación de las y los trabajadores en la toma de decisiones en dichos centros.

• Aumento de la protección social. Incremento sustancial de la parte de la renta (medida en términos de PIB) que se destina a sanidad, educación, prestaciones sociales, etc.

• Hacer efectivo el principio de igualdad de salarios entre hombres y mujeres con igual calificación.

• Fomentar las experiencias de trabajo democrático: cooperativas, producción autogestionada de bienes y servicios, economía social y solidaria, etc.

• Reconocimiento de nuevos derechos sociales que faciliten una vida que merezca la pena ser vivida: acceso a una vivienda de alquiler social; atención a las situaciones de dependencia a través de un sistema público, universal y gratuito; garantizar las plazas necesarias y gratuitas en un sistema público de escuelas infantiles, crear una «asignación de autonomía» (o salario estudiantil) que permita a las personas jóvenes financiar sus estudios lejos de la presión del mercado laboral… Como lo señalado en el punto anterior, esto conlleva aumento de empleo de alta calidad en sectores socialmente necesarios y sostenibles.

3. Pasos a medio plazo de los gobiernos

Acordar un derecho inalienable al trabajo, así como a la educación y la viviendaLas ulteriores políticas económicas y sociales de un gobierno popular deberían:

• Romper con los mecanismos que imponen la lógica de las políticas de ajuste (criterios presupuestarios, regla de gasto…). Estos mecanismos suponen una vulneración de la democracia, ya que tratan de constitucionalizar dichas políticas e impedir que se pueda avanzar en una dirección diferente. Romper o desobedecer estos mecanismos es imprescindible para aplicar las políticas de empleo y sociales que defendemos.

• Democratizar la economía: el derecho de las trabajadoras y trabajadores a decidir sobre las condiciones y la organización de su trabajo, y sobre los medios y fines de su actividad, debe ser reconocido como un derecho democrático y social y garantizado en las leyes laborales. También implica un derecho inalienable al trabajo (así como a la educación y la vivienda iniciales y continuas) y una reestructuración jurídica de la empresa (el centro de trabajo) para transformarla en una institución democrática.

4. Iniciativas a medio plazo en el ámbito internacional

Por otra parte, en el ámbito internacional deberíamos promover de manera sistemática:

• Iniciativas para la transformación social, ecológica, feminista y democrática del empleo. Poner todas las instituciones políticas y sociales al servicio del cambio de modelo de producción, distribución y consumo, para que el empleo se relocalice en los sectores sociales necesarios y medio ambientalmente sostenibles, y que sean empleos de calidad.

• Cambio radical de las reglas de la globalización, para dar prioridad a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Supone romper con la lógica de los denominados Tratados Comerciales, que no son sino sistemas de dominación del gran capital y de las empresas transnacionales. Esta vía también tiene repercusiones claramente favorables sobre el empleo y el nivel de protección social.

En lo que se refiere a las cuestiones estratégicas de ámbito europeo, las prioridades deberían ser las siguientes:

• Huelgas transnacionales, con el fin de confrontar colectivamente el poder corporativo desde una inequívoca perspectiva de clase.
• Campañas comunes europeas o internacionales de sindicatos y movimientos sociales en relación con los puntos anteriores.
• Pedagogía sobre los desastrosos efectos de la Unión Europea sobre el empleo, desigualdades y derechos sociales.
• Oposición, desobediencia y lucha contra todas las instituciones del capitalismo neoliberal -incluida la Unión Europea- que impiden la implementación de los derechos sociales de la clase trabajadora y la ciudadanía.

Lo que está en juego en las cuestiones relativas al empleo y los derechos sociales no es únicamente la redistribución económica, sino fundamentalmente la igualdad y la democracia. Es ésta también la razón por la que el sindicalismo y las luchas sociales deberían enfrentarse claramente a las instituciones europeas procapitalistas. En todos los niveles económicos y territoriales debemos fomentar rebeliones contra el orden neoliberal, construyendo nuevas alianzas entre los movimientos anticapitalistas, ecologistas, feministas y antirracistas; todas las luchas deben orientarse a la justicia social.

Francia

Satisfacer las necesidades populares, combinando organización económica con bienestar social y el cuidado del medio ambienteLa sostenibilidad de la vida junto con la reproducción social de los seres humanos son algo básico que debe defenderse a cualquier nivel de la acción social y política, y también debe ser parte de un proyecto político alternativo apoyado por las clases populares. Sostenibilidad implica atender las necesidades actuales de la población, y de los ecosistemas a los que pertenecemos, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades, todo ello combinando organización económica con bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Estos objetivos entran en contradicción con la actual economía, en particular con el estilo de vida de los países ricos y con la burguesía de los países pobres, con los medios de producción y las infraestructuras así como con todo el sistema capitalista de producción, intercambio y consumo.

El proyecto de cambio político tiene, por consiguiente, que perseguir la transición del capitalismo a otro sistema económico sostenible, y esta transición radical tiene que ser democrática. Debe por supuesto incorporar la defensa de los derechos de los ecosistemas (donde están incluidos los seres humanos). Lo que garantiza un medio ambiente saludable y sostenible se consigue mediante la lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. La preservación y el acceso a bienes comunes como el aire, el agua y la tierra -la base para preservar la vida y la producción de alimentos- deberían considerarse como derechos humanos básicos.

La defensa de la sostenibilidad ecológica implica asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos; la organización socio-económica debe por ello basarse en su protección y uso apropiado.

Los límites físicos del planeta constituyen un reto a las exigencias de crecimiento y a la acumulación continua bajo la cual se organiza el capitalismo global y, más concretamente, el proyecto neoliberal de la Unión Europea. Los ecosistemas planetarios ya no pueden suministrar materias en la cantidad y en las condiciones de rentabilidad que requiere el capital que tampoco es capaz de absorber los residuos en sumideros naturales. En este sentido, si queremos tener un 50% de probabilidad de permanecer bajo el umbral de un aumento de 1,5 grados centígrados de temperatura media sin que se produzca un “incumplimiento temporal de dicho techo” y sin hacer uso de tecnologías y/o geoingeniería, las emisiones netas globales de GEI tienen que reducirse un 58% entre 2020 y 2030, y bajar a cero antes de 2050. Después de esa fecha las emisiones globales deben ser negativas.

Un compromiso medioambiental coherente no puede limitarse en general a modificar la relación humanidad-naturaleza sin comprometerse con la demanda simultánea de sostenibilidad e igualdad social, lo cual garantiza la satisfacción de necesidades sociales protegiendo en especial a las clases populares: se trata de garantizar la sostenibilidad con la justicia social y de garantizar la equidad social sin productivismo.

Los tratados y políticas ecológicas de las instituciones europeas, estrechamente vinculadas a los lobbies Lobby
Lobbies Los lobbies son grupos de presión de interés privado, que defienden la mayor parte del tiempo los intereses de grupos industriales o financieros. Se cuentan unos 40.000 lobbistas en Washington , en particular los de la energía y la agroindustria deben ser denunciadosPara resumir: necesitamos un programa anticapitalista, eco-socialista, anti-productivista y de crecimiento decreciente. En Europa esto implica una ruptura radical con una UE pro-capitalista y con sus “políticas sobre el clima”, concretamente las que toman forma de licencias de contaminación, bonos verdes y bonos catástrofe, expresadas en general bajo la perspectiva de un “capitalismo verde”, algo que la Comisión Europea trata de promover. Los tratados y políticas ecológicas de las instituciones europeas, estrechamente vinculadas a los lobbies, en particular los de la energía y la agroindustria (véanse p.ej. los documentos de Monsanto), deben ser abandonados y reemplazados para permitir la transformación radical de la economía que con tanta urgencia necesitamos.

I. Las evidencias:

Las evidencias hacen referencia al cambio climático, pero también al agotamiento de los combustibles fósiles y a la pérdida de la biodiversidad así como de las materias primas, la tierra y el agua.

a) El cambio climático

Diversos estudios científicos indican que las condiciones adecuadas para la preservación sostenible de las sociedades humanas solo quedan garantizadas si el incremento de la temperatura media no excede en 1,5º C (v) los niveles preindustriales. Para alcanzar esto la concentración en la atmósfera de CO2 tiene que estabilizarse a no más de 350 partes por millón (iv), pero el nivel actual de 400 partes por millón ya lo excede.

Debido al cambio climático 100 millones de personas podrían haber sido arrojados a la pobreza en 2030El cambio climático tiene sus actores responsables y sus víctimas. Su origen está en la lógica productivista del crecimiento continuo impulsado por el uso intensivo y extensivo de combustibles fósiles, altamente contaminantes. Los intereses empresariales, las decisiones de las élites políticas y el uso intensivo de los recursos por las poblaciones más ricas (sobre todo en los países más ricos) son los principales responsables de la situación. En cambio, las regiones más afectadas son aquellas donde viven las poblaciones pobres: las Naciones Unidas (vii) estima que ya hay aproximadamente 64 millones de personas desplazadas por los efectos del cambio climático, y ACNUR estima que en las décadas venideras el calentamiento global podría empujar al exilio a mil millones de personas. La deforestación y la crisis de producción alimentaria afectarán especialmente a las poblaciones rurales pobres. Incluso el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... afirma que debido al cambio climático 100 millones de personas (en particular campesinos, granjeros y pescadores) podrían haber sido arrojados a la pobreza en 2030.

b) El agotamiento del combustible fósil

Los carburantes no renovables continúan siendo el principal sustento del capitalismo global. Pero ahora ya hemos alcanzado, o ya hemos excedido, el pico de disponibilidad a partir del cual los recursos se obtienen en cantidades decrecientes, de peor calidad, conmayores exigencias técnicas, financieras y energéticas acompañadas de más riesgos para los ecosistemas (p.ej. perforaciones mar adentro, gas de esquisto, vertidos de petróleo, etc.).

Desde 2005 la capacidad extractiva a nivel mundial del “petróleo convencional” (de mayor calidad y más accesible) se encuentra estancada [12]; el pico para el gas se producirá entre 2020 y 2039 [13]; el del carbón es más difícil de calcular, algunos estudios sugieren que ocurrirá entre 2025 y 2045.

Reemplazar las fuentes de energía fósil y nuclear por otras de naturaleza renovable que promuevan un modelo viableLa menor disponibilidad de petróleo acelerará la caída en la extracción del resto de los combustibles, dado que el petróleo desempeña una función fundamental en su extracción, comercialización y transporte. Todo esto implica una tendencia a incrementar los precios de los combustibles, un incremento de la especulación y la necesidad de grandes inversiones sin una rentabilidad económica asegurada. Así pues las limitaciones económicas y geológicas auguran escenarios de creciente escasez de fuentes de energía fósil.

Una profunda reconversión productiva que reduzca drásticamente el consumo de energíaEl funcionamiento del aparato productivo, así como las condiciones de vida de la población, están organizadas en torno a un abundante y barato suministro de energía. Una menor disponibilidad de combustibles, de los que todos los países de la UE son importadores netos, implica un riesgo para la sostenibilidad social. Requiere un rápido proceso de transición energética basado en un compromiso político para realizar una distribución social equitativa de las cargas y ventajas del proceso. Para alcanzar esto es fundamental reemplazar las fuentes de energía fósil y nuclear por otras de naturaleza renovable que promuevan un modelo viable basado en una profunda reconversión productiva que reduzca drásticamente el consumo de energía.

c) Pérdida de biodiversidad

El sostenimiento de la vida depende básicamente de la naturaleza (alimentos, agua potable, aire limpio, energía, materias primas). Toda organización económica y social depende de la existencia de sistemas naturales saludables y diversos para la regulación y purificación del agua y el aire, condiciones climáticas básicas, polinización, dispersión de semillas, control de plagas y enfermedades, etc.

Ahora mismo está teniendo lugar en la historia de la Tierra la sexta extinción masiva de especies (Informe sobre el Planeta Vivo (IPV) 2016 [14]). A lo ancho de todo el planeta ’entre 1970 y 2012 la población de vertebrados sufrió una merma del 58%, un 38% referido a especies terrestres, un 81% a especies de agua dulce y un 36% al entorno de agua salada’. Esta dinámica da por sentado que una pérdida media anual del 2% afectará a la existencia de especies animales. En términos globales el índice actual de extinción de especies viene a ser de 100 a 1000 veces más elevado que en periodos preindustriales [15].

d) Pérdida de materias primas, tierras y agua

Hoy la demanda de minerales es mucho mayor que su disponibilidad. El desarrollo tecnológico depende de la disponibilidad de estos materiales cada vez menos accesibles y cuya extracción también requiere de una energía fósil en declive. A todo ello hay que añadir los elevados costes sociales y medioambientales de los sistemas extractivos que vienen a ser crecientemente consumidores de energía, dañinos y violentos para el medioambiente y para las poblaciones implicadas. La Unión Europea depende altamente del suministro exterior de este tipo de materias; de una lista de 45 elementos de las reservas globales, solo 2 de estos se encuentran en alguno países de la UE (40% de las reservas de estroncio se encuentran en España y solo el 10% de las reservas de selenio están en Bélgica). Todo lo demás se obtiene mediante importación de terceros países.

En Europa entre 1960 y 2010 los recursos de agua renovable per cápita se redujeron un 24%La tierra y el agua son también fuentes esenciales en peligro tanto en cantidad como en calidad. Un 20% de los aquíferos mundiales están sobreexplotados, de modo que la erosión y el cambio climático están reduciendo de forma significativa la disponibilidad de tierras fértiles. Dado que el 70% del agua se usa para alimentos y dado que estamos agotando los acuíferos, la producción de alimentos se verá irremediablemente comprometida. En Europa entre 1960 y 2010 los recursos de agua renovable per cápita se redujeron un 24%, particularmente en el sur del continente.

II. PROPUESTAS.

Tienen que ser abordadas políticas estructurales capaces de enfrentarse a la crisis que hemos descrito. La urgencia nos advierte que es necesario enmarcarlas dentro de un plan de emergencia para afrontar la sostenibilidad en un marco de justicia social. Dada su naturaleza global las propuestas programáticas no pueden reducirse exclusivamente a cuestiones “medioambientales”, sino que tienen que incluir otras medidas en el terreno productivo, financiero, urbanístico, educativo y cultural. En todo caso un gobierno popular debería considerar como un eje prioritario una estrategia con estos objetivos, colocando los derechos medioambientales en el nivel más elevado (incluyendo una posible reforma constitucional del estado y teniendo en mente esta cuestión en los procesos constituyentes de Europa) y desarrollando un potente polo público empresarial para planificar y promover estas medidas.

a) Iniciativas ciudadanas inmediatas

Solo será posible afrontar la crisis contando con un gran apoyo social basado en una ciudadanía bien informada dispuesta a promover y ser corresponsable de las transformaciones. Es por ello necesario:

1. Alentar, proteger y desarrollar iniciativas ciudadanas que ya estén realmente orientadas hacia la transición socio-ecológica (cooperativas de servicio público, consumo agroecológico, reciclaje, restauración ecológica, industrias en proceso de reconversión, etc.)
2. Promover la concienciación y la organización de iniciativas de auto-organización que funcionen como laboratorios de experiencias que puedan ser incrementadas en el futuro.
3. Profundizar en la creación de alianzas con público-comunitarias que integren a la sociedad organizada en el proceso de transición.

b) Medidas inmediatas de los gobiernos populares

Somos conscientes de que un programa ecológico y energético para las clases trabajadoras de Europa estará condicionado por el actual contexto macroeconómico, la geopolítica, el precio de la energía y la crisis energética, por la evolución del cambio climático, así como por los propios planes y políticas de la Comisión Europea. También sabemos que un programa como el que se describirá más abajo va necesariamente a requerir establecer una nueva vía por la que la gente común y sus instituciones se relacionan con la gestión de la ecología y la energía en muchos de sus aspectos.

Un programa democrático requiere la titularidad pública del sector energético, lo que implica expropiar a las empresas privadas de la energía y transferirlas a un sector energético socializadoPara garantizar un programa democrático a favor de las mayorías sociales necesitamos urgentemente una titularidad pública del sector energético, lo que implica expropiar a las empresas privadas de la energía y transferirlas a un sector energético socializado. También necesitamos un control ciudadano de los medios y objetivos de la producción en todos los sectores, que debería estar lo más cercano posible a las áreas y necesidades involucradas, así como un control democrático a nivel estatal de estos elementos clave: infraestructuras, actores económicos, mecanismos de financiación, planificación estratégica e industrias asociadas.

Un programa de transición ecológica y energética tiene que estar basado en los siguientes principios:

1. Lo público-comunitario debe controlar los principales elementos de las estructuras socioeconómicas, ya que esta es la única manera de tomar decisiones democráticas en beneficio de los intereses de las clases trabajadoras y populares.
2. Tenemos que reconfigurar enteramente la economía mediante una plena y clara ruptura con el sistema capitalista para que sea un modo de producción democrático organizado de forma más cercana a la población y así reducir drásticamente el impacto socio-medioambiental del actual ciclo de producción y consumo.
3. Deben establecerse mecanismos para financiar la transición y estos deben ser congruentes con lo expuesto en los capítulos del Manifiesto dedicados a la deuda, al sector bancario y al sistema monetario así como al empleo y los derechos sociales.
4. Necesitamos una priorización estratégica de las acciones transitorias en función de su impacto positivo, todo lo cual dependerá fundamentalmente de su proximidad a las estructuras sistémicas y los riesgos asociados a las mismas.

En línea con los principios anteriores, el programa de transición energético y ecológica debería incluir las siguientes acciones estructurales:

• Un programa para las clases populares de Europa debería contemplar una combinación de objetivos con un horizonte temporal legalmente vinculando a herramientas efectivas sistemas de indicadores, métodos de recopilación de datos, sistemas de medición, mejores prácticas, presupuesto, sistemas de evaluación, etc.- que permita alcanzar los objetivos esperados. Estas herramientas efectivas permiten fijar objetivos democráticamente vinculantes, que son necesarios.

• Reducir los riesgos y aplazar la fase de colapso deberían ser los dos objetivos básicos de la cultura de la resiliencia, y para alcanzarlos será necesario planificar:

• • Estructuras para generar nuevos conocimientos y un seguimiento de buenas prácticas y de éxitos obtenidos.
  • Sistemas de indicadores y evaluación contínua.
  • Protocolos de emergencia.
  • Nuevas instituciones y dinámicas comunitarias que favorezcan la resiliencia.
  • Infraestructuras adaptadas.

La inversión pública para tal programa y la autonomía monetaria están íntimamente vinculadasLa única opción efectiva, rápida y democrática para orientar una transición radical (es decir, una revolución económica) a favor de las clases populares es socializar los sectores clave de la economía e incrementar la inversión pública para potenciar la economía en la dirección correcta.

Para que el sector público lleve a cabo su función dinamizadora en la transición y para que sea financiado sin sentir la presión del mercado capitalista, necesita autonomía monetaria y financiera. A este efecto deben abandonarse las normas de la Unión Económica y Monetaria Europea y ser reemplazadas en Europa por otras formas de cooperación financiera.

Tanto el enfoque macroeconómico de la inversión pública y la autonomía monetaria están íntimamente vinculados a otras partes del programa donde se aborda esto más detalladamente (véanse las citadas secciones para una explicación más detallada). Deberemos asimismo crear los mecanismos y herramientas que nos permitan movilizar grandes sumas de dinero necesarias para garantizar nuestra transición. Se estima que solo para la transición energética se van a necesitar en la UE inversiones de 280,00
0 millones de euros al año hasta 2050 con el fin de llevar a cabo con éxito la transición, lo que equivale a un 2% del PIB anual de la UE.

Se requerirán mecanismos de financiación que permitan que la transición energética sea estable, predecible y sujeta a control democrático. Para conseguir crear una dinámica adecuada de financiación y para evitar la corrupción y la creación de redes clientelares, el dinero tiene que llegar a buenas manos en cantidad suficiente y sin generar hipotecas que impidan el desarrollo de otras aspiraciones legítimas de las clases populares. A este fin debe desarrollarse una banca pública cercana a nivel local a las clases populares para obtener la máxima eficiencia con arreglo a criterios democráticos.

Debemos impulsar un modelo de desarrollo que beneficie a la producción local, que reduzca en general el impacto socio-medioambiental y que genere prosperidad local, incluso sin que implique un crecimiento del PIB. Para ello será necesario desarrollar una industria asociada a la transición que permita la creación de condiciones monetarias favorables, al tiempo que reduzca las dependencias externas y favorezca el manejo de la balanza de pagos Balanza de pagos La balanza de pagos corrientes de un país es el resultado de sus transacciones comerciales (es decir, de los bienes y servicios importados y exportados) y de sus intercambios de ingresos financieras con el extranjero. En claro, la balanza de pagos mide la posición financiera de un país en relación al resto del mundo. Un país que dispone de un excedente de sus pagos corrientes es un país prestamista respecto al resto del mundo. Inversamente, si la balanza de un país es deficitaria, ese país deberá dirigirse a los prestamistas internacionales a fin de pedir prestado para sus necesidades de financiación. .

El desarrollo de una industria propia permitirá crear empleos de calidad, integrar estructuras de formación en la producción y en los circuitos financieros así como desarrollar dinámicas de I+D+i que generen una eficiencia económica más favorable a los trabajadores y nuevos procesos productivos así como infraestructuras adaptadas a las necesidades de cada territorio. Una vez que la capacidad decisoria sobre los elementos estratégicos de la política ecológica y energética se encuentre en manos públicas, el modelo debería ser rediseñado de acuerdo con las necesidades metabólicas de los territorios.

A ese fin será necesario definir los criterios básicos que permitan la reconfiguración de las unidades institucionales para la gestión de la energía, el agua y los alimentos, que ayuden a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad ecológica y social desde una esfera más local que la actual.

La magnitud de los problemas medioambientales va a requerir, en un breve periodo de tiempo, enormes y radicales transformaciones socio-económicas. Por ello, además de desarrollar acciones específicas, el gobierno deberá poner en marcha mecanismos excepcionales y de emergencia para fomentar acciones que, debido a su severidad y urgencia, necesitan ser afrontados de forma inmediata. Las acciones previas deben ir acompañadas de las siguientes medidas sectoriales:

a) Conservación de la naturaleza y biodiversidad

Para contribuir a la preservación de los principales sistemas y ciclos naturales, será necesario centrar los esfuerzos en:

1. Control del proceso de urbanización y ocupación de tierras;
2. Atenuación y adaptación al cambio climático;
3. Corrección de la sobreexplotación de los ecosistemas y sus servicios medioambientales;
4. Refuerzo de la legislación y regulaciones para reducir la contaminación y las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos;
5. Iniciativas frente a la expansión de las especies invasivas;
6. Multiplicación de las medidas para reducir los incendios incontrolados.
7. Reforestación y desarrollo de la agrosilvicultura

b) Energía / clima

Las siguientes iniciativas son necesarias en lo concerniente a:

 Control público-comunitario:

• Plan de nacionalización/socialización para los medios de producción, que tenga en cuenta los elementos más importantes tales como las empresas energéticas, infraestructura, operadores y los sistemas impositivos y de fijación de precios.

• Redefinición del modelo de estado basado en la reubicación de las necesidades de la economía (energía), fundamentalmente basado en la gobernanza de lo común.

• Plan de contingencia, asentado en la cultura de la resiliencia, basado en estudios de sensibilidad de la economía a cambios en las tarifas de la energía y otras variables.

 Financiación:

• Conexión y armonización entre la socialización del sector bancario y la autonomía monetaria.

• Plan de financiación energético que no solo incluya una garantía de una financiación nacional suficiente y mecanismos eficientes, sino también criterios y prioridad para la redistribución de la riqueza.

 Industria:

• Reducucción del consumo industrial de energía.

• Desarrollo de una industria de la energía socializada, de titularidad pública y reubicada (de amplio espectro) y transformación de todo el sector de la producción industrial en torno a una energía no-contaminante y renovable.

• Generación de un cuerpo legislativo democrático que impulse la demanda en la dirección correcta.

• Generación de las estructuras formativas necesarias para la transformación radical de las industrias con arreglo a los objetivos de la transición ecológica y energética.

 Recursos materiales

• Prohibición de las técnicas de fracking, cerrando todas las plantas nucleares y térmicas basadas en carburantes fósiles.

• Incorporación como Derechos Humanos el suministro y la depuración de agua así como la prestación a los hogares de un suministro básico de energía.

• Puesta en práctica políticas de gestión de residuos orientadas al cierre de los ciclos materiales.

• Favorecimiento de la descentralización territorial y la democratización organizativa del sistema económico.

• Fijación de estrategias para adaptar el metabolismo urbano a la biocapacidad local y al cambio climático.

• Incremento de la resiliencia y reducción de la huella ecológica, energética y climática para alcanzar balances de carbono de “casi cero” antes de mediados de siglo.

• Garantía de la gestión pública del suelo, y así evitar que las dinámicas especulativas determinen la configuración espacial urbana.

• Transformar la movilidad tanto en las áreas urbanas como rurales así como entre ambas (restringiendo el uso de vehículos privados y el incremento del transporte público y la electrificación de los servicios motorizados) y preservar la calidad del aire en las ciudades.

• Exigir a los productores la reducción del empaquetado y reciclar sistemáticamente los residuos sólidos urbanos, para alcanzar una reducción de su volumen al nivel de 1990, y reducir en un 50% la generación de gases con efecto invernadero a mediados de siglo.

 Alimentación y salud:

Deben realizarse los siguientes objetivos:

• Suministro no solo a la población rural sino también a la población urbana y periférica del acceso al suelo y otras infraestructuras necesarias para la producción (centros de transformación, maquinaria compartida, etc.) y reproducción social (viviendas, escuelas, centros de salud, etc.).

• Fomento de usos agrícolas sin pesticidas o fertilizantes sintéticos.

• Reducción rápida de los regadíos, reemplazando los cultivos de riego con cultivos de secano, sobre todo promoviendo cultivos más variados y especies más resistentes que demanden un menor consumo de agua.

• Incremento de las inversiones de I+D en los sistemas de producción agroecológicas y recuperación de los conocimientos tradicionales.

• Aliento de la reducción del consumo de alimentos de origen animal, especialmente la carne.

• Promoción de la ganadería extensiva frente a la industrial, adaptando la producción ganadera a la biocapacidad de los territorios y recuperando las tierras más fértiles para la producción vegetal destinada al consumo humano.

c) Medidas a medio plazo de los gobiernos.

A medio plazo un gobierno popular, comprometido con la sostenibilidad ecológica y el apoyo a las clases populares, debería promover la redefinición y redimensión de los principales sectores económicos. El objetivo general de esta reestructuración es obtener un ahorro de energía, reducir las emisiones de efecto invernadero, eliminar la producción supérflua, reducir la obsolescencia en la producción y reducir el tiempo de trabajo, al tiempo que optimiza las oportunidades para la creación y distribución del trabajo digno. En función de las características de cada sector específico será esencial promover la descentralización espacial de las actividades económicas, la integración regional de la ciudad y el fin de ciclos de despilfarro de recursos en la industria.

La descentralización espacial de las actividades económicas, la integración regional de la ciudad y el fin de ciclos de despilfarro de recursos en la industriaUna parte fundamental del suministro de bienes y servicios de calidad tiene que estar garantizado por un sector de la economía socializada que debe incluir energía, transporte, comunicaciones, vivienda, salud y educación. La reestructuración productiva tiene que ir acompañada de una reducción de la escala física global de la economía o una reubicación económica para adaptarla a los límites de la sostenibilidad. La reducción material de la esfera de la producción y la reproducción debe además ir acompañada de una distribución equitativa del empleo, la garantía de beneficios sociales universales básicos, y el acceso gratuito a todos los servicios públicos. También habrá que afrontar una reforma de los dispositivos de consumo, promoviendo los colectivos gestionados democráticamente (provistos de ciertas garantías y regulación institucional) frente a los individuales y aquellos mediados por el mercado.

A continuación aparecen algunas de las medidas concretas que deberían ser desarrolladas:

• Fijar objetivos y estrategias a largo plazo ya sea constitucionalmente o mediante un proceso legislativo.

• Crear mecanismos democráticos de inversión y financiación (mediante la socialización de la banca, pero también mediante la cancelación de la parte ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible de la deuda pública, etc.) para la transición eco-socialista.

• Redefinir las unidades de gestión de energía, agua y suelo con un enfoque metodológico metabólico.

• Poner en marcha sistemas de indicadores que, más allá del PIB, permitan realizar una evaluación integral de su evolución.

• Preservar los sistemas clave ecológicos terrestres (e hidrológicos), costeros y marinos, potenciando su titularidad pública y/o gestión pública.

• Eliminar las barreras legales para la producción agroecológica de los pequeños granjeros, desarrollar servicios públicos provistos de un acceso gratuito y sencillo para todos, fomentar la transferencia progresiva de la población a zonas rurales e incrementar la autosuficiencia de las ciudades.

• Desarrollar un nuevo modelo de empresas energéticas, garantizando el control de ingresos y tarifas, mejoras en la gestión interna de las empresas (públicas), regulación de la privacidad de datos, nuevos modelos de negocio, etc.

• Implementar una estrategia que posibilite anticipar posibles conflictos ecológicos locales (y el arbitraje democrático de esos conflictos) asociado a una reubicación económica.

d) Iniciativas a medio plazo en el terreno internacional

Tratar de solucionar los retos socio-ecológicos y energéticos desde cada país es esencial (lo que también da lugar a reordenamientos sociales y políticos muy interesantes), pero es totalmente inviable si las iniciativas internas de transición no van acompañadas por una acción internacional. Esto ante todo implica:

1. Modificar las normativas europeas para que haya un liderazgo público. Se debe superar la prioridad de la búsqueda de competitividad en Europa y modificar las regulaciones sobre el suministro público. También resulta una exigencia obligada un cambio radical de los criterios europeos de estabilidad y limitación del déficit público si queremos garantizar inversiones suficientes en la transición ecológica. Las actuales restricciones monetarias, financieras y fiscales europeas y su gestión tienen que ser enteramente abandonadas y reemplazadas por regulaciones mercantiles que den los primeros pasos para crear una industria democrática y distribuida.
2. Como parte de las Estrategias de Biodiversidad de la UE, poner en marcha medidas preceptivas para empresas e inversores, sobre todo relativas a la cuestión de la salud pública (reducción de la contaminación atmosférica, prohibición de contaminar y de usar pesticidas patógenos, etc.)
3. Reemplazar los tratados multilaterales (como la Carta de la Energía, mecanismos ISDS en los acuerdos de “libre comercio”, etc.) y todo tratado que se oponga a los objetivos ya citados.

CONCLUSIÓN

Garantizar las condiciones de vida de las actuales clases trabajadoras y de las generaciones futuras exige una transición de un modelo capitalista, donde estamos atrapados bajo la UE, a un modelo que sea social y ecológicamente sostenible, y que persiga un empleo decente para todos.

Para llevar a cabo esta transición serán esenciales los siguientes principios:

1. Control público-comunitario de los principales elementos de las estructuras socioeconómicas, que viene a ser la única manera de tomar decisiones democráticas que beneficien los intereses de las clases trabajadoras y populares.
2. Remodelación entera de la economía, emprendiendo una ruptura completa y diáfana con el sistema capitalista para pasar a un modo de producción democrático organizado de forma cercana a la población a fin de reducir drásticamente los impactos socio-medioambientales del actual ciclo de producción y consumo.

A nivel europeo las principales medidas –ya detalladas más arriba y resumidas a continuación– deben ser:

1. Modificar las normativas de económicas, de contratación pública, fiscales, monetarias y financieras para garantizar el desarrollo de un modelo económico democrático y sostenible.
2. Crear las necesarias nuevas estructuras e instituciones para ejecutar los planes de transición ecológica y energética.
3. Preservar los principales sistemas ecológicos terrestres (e hidrológicos) costeros y marinos fortaleciendo su titularidad y gestión pública y comunitaria.

Y, a nivel de los estados miembros, los gobiernos populares deben:

1. Emprender un Plan de Emergencia para afrontar la sostenibilidad en un marco de justicia social.
2. Desarrollar planes para la democratización y el control público-comunitario de los principales elementos de la economía para realizar una transición rápida y efectiva, con un bajo impacto medioambiental, y con reducidos riesgos sociales y laborales, disponiendo de suficiente dinero para alcanzar el objetivo de la transición.
3. Garantizar el acceso de las clases populares a los bienes básicos, evitando abusos y despilfarro.
4. Adoptar las instituciones y estructuras a la nueva economía, basada en satisfacer las necesidades de las clases populares.

Un plan de transición radical eco-socialista es algo que Europa necesita, al igual que en el resto del mundo. A este fin, empezar a superar concretamente al capitalismo no es solo una cuestión de igualdad y democracia sino de reproducción de los ecosistemas a los que pertenecen los seres humanos. Desde esta perspectiva una ruptura radical con los actuales tratados e instituciones europeas y su sustitución por formas alternativas de cooperación internacional, son una condición necesaria.

Estado Espanol

DIAGNOSTICO

Estamos viviendo en un periodo de profunda crisis que tiene un efecto particularmente negativo en la vida de las mujeres y un impacto igualmente negativo en ciertas minorías (comunidades migrantes), en las personas con discapacidad y en la comunidad LGBTIQ.

Desde que comenzó la última crisis económica capitalista de 2008, la diferencia entre las tasas de empleo de hombres y mujeres se ha reducido en la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea (UE), pero los datos varían y existen diferencias entre el centro y la periferia y entre los países miembros y no miembros de la UE, así como entre cada país. [16]

Las causas de esta disminución se explican por el hecho de que durante la crisis fueron los sectores típicamente masculinos los más afectados por despidos y recortes, mientras que, por otro lado, las mujeres siguen prevaleciendo en lo que son en gran medida profesiones feminizadas, peor pagadas, pero más estables en tiempos de crisis, como la enseñanza, la sanidad (enfermeras) o la función pública en general. No obstante, esto no implica de ninguna manera que las mujeres ya no sufran desigualdades de género ni discriminación en el empleo, los salarios y las condiciones de trabajo. Las sufren e históricamente las han sufrido, y esta tendencia se mantiene. [17] Por ejemplo, la diferencia de género en materia salarial, uno de los rasgos estructurales del sistema capitalista, sigue dándose en todas partes sin excepción. En los países de la UE, la diferencia salarial media entre hombres y mujeres es del 16,2%, con variaciones nacionales significativas. También varía de un ramo a otro y suele ser mayor en el sector privado que en el público. [18]

Las mujeres son más vulnerables y están más expuestas al riesgo de pobrezaLos estudios pertinentes también demuestran que las mujeres, pese a la disminución de las tasas de paro, son más vulnerables y están más expuestas al riesgo de pobreza. Esta tendencia también se mantiene. La investigación confirma asimismo que, a pesar de que se haya reducido la diferencia entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres, y de que en algunos casos incluso las mujeres superan a los hombres en la realización de estudios superiores, ello no aminora el hecho de que las mujeres tienen más probabilidades de verse expuestas al riesgo de violencia, enfermedad y pobreza. Se comenta desde hace mucho que en tiempos de crisis las mujeres entran en el mercado laboral porque en general representan una fuerza de trabajo más precaria y menos estable, con tasas globalmente más bajas de participación, y de este modo vienen a sustituir temporalmente el modelo general del hombre como sustento de la familia. [19]

Las estadísticas oficiales de la UE confirman, por ejemplo, que las mujeres, en comparación con los hombres, son más propensas a aceptar contratos de trabajo a jornada parcial. [20] Desde que estalló la crisis económica y el estado de bienestar comenzó a desintegrarse, la disciplina presupuestaria, los recortes del gasto social y de los fondos públicos en general han reducido significativamente las inversiones en educación, sanidad y cuidados (también en este caso podemos observar las diferencias entre el centro y la periferia de la UE y entre los estados miembros y los países no comunitarios).

Esto significa a su vez que la carga de la reproducción social recayó en las familias y en particular en las mujeres: estas se ven forzadas entonces a aceptar empleos temporales con el fin de cubrir algunos gastos y aportar al presupuesto familiar y además dedicarse al cuidado de los hijos y de los ancianos. En otras palabras, los servicios que antes se compraban han sido sustituidos ahora por el trabajo femenino intensivo, particularmente en tareas domésticas. Las madres solteras son especialmente vulnerables y tienen más probabilidades de sufrir diversas formas de pobreza y otras desventajas sociales: “Algunos grupos de mujeres se caracterizan por una mayor propensión a trabajar a jornada parcial, concretamente las de los grupos más jóvenes, de más edad y las madres de niños pequeños.” [21]

Además, “los puestos de trabajo a jornada parcial son a menudo de peor calidad y se pagan con salarios por hora más bajos, comportan menos formación y menos oportunidades de promoción profesional y merman los derechos a pensión. Muchas más mujeres que hombres trabajan a jornada parcial. En 2015, en promedio del conjunto de la UE, el 8,9% de los hombres trabajaban a jornada parcial frente al 32,1% de las mujeres” [22]. El empleo temporal también es un medio de promover la “flexibilidad de mercado”, y en algunos países, particularmente en Italia, Grecia y España, las mujeres son más propensas a tener contratos de trabajo indefinidos a jornada parcial. Más en general, bajo el impulso del Consejo de la Unión Europea, se revierte la legislación laboral y los convenios de empresa prevalecen sobre los del sector, lo que permite a las empresas imponer a las mujeres unas condiciones de trabajo flexibles, rebajar las normas de seguridad e higiene y los sistemas de protección del trabajo.

En su informe “Migrants, minorities and employment exclusion and discrimination in the 27 Member States of the European Union – Update 2003-2008”, publicado en 2010, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala:

Los datos disponibles indican que las mujeres migrantes y de otras minorías ocupan los puestos de trabajo peor pagados y menos cualificados en los segmentos más marginados del mercado laboral. A menudo, sus oportunidades de empleo se ciñen al trabajo en el ámbito doméstico, con un alto riesgo de inseguridad laboral y, en muchos casos, con unas condiciones de trabajo irregulares. Además, las experiencias de discriminación de las mujeres migrantes y de otras minorías varían en función de las diversas posiciones sociales y legales que ocupan y de las actitudes de la población mayoritaria con la que tratan.

Los países balcánicos, de los que no todos forman parte todavía de la UE, también muestran rasgos similares. En el periodo de la llamada transición, casi todos estos países experimentaron graves problemas económicos y sociales que se han visto exacerbados por la crisis actual. La desindustrialización general, la consiguiente elevada tasa de paro y el crecimiento basado en el endeudamiento, seguidos de los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI, el BCE y la UE, han tenido efectos devastadores en sociedades enteras y en las mujeres en particular. En casi todos estos países, las diferencias entre las tasas de participación de mujeres y hombres en el trabajo persisten y están relacionadas con varios factores: desde el hecho de tener hijos y cuidar a otros miembros de la familia (a menudo de la familia ampliada), la falta de apoyo estatal y de instituciones para el cuidado de niños y ancianos, hasta la tradicional discriminación por parte de empleadores, que tienden a emplear menos a mujeres.

En algunos países, como Bosnia y Herzegovina, la tasa de analfabetismo es casi del 3%, y la mayoría de la población analfabeta la forman mujeres. El porcentaje de analfabetismo funcional es más elevado, y el de analfabetismo informático asciende a alrededor del 40%. [23] Todos estos países se vieron forzados a adoptar el programa económico neoliberal, a cambiar la legislación laboral, a proporcionar incentivos al gran capital mediante la implantación de unos tipos fiscales planos muy bajos y diversas formas de imposición indirecta regresiva, además de liberalizar los mercados. Por mucho que las estadísticas oficiales de la UE afirmen que la tasa de pobreza se ha reducido a raíz de la ampliación o de la firma de acuerdos de estabilización y asociación, lo cierto que todos estos países han conocido una ola emigratoria masiva que no queda reflejada. En términos económicos, esto es parecido a la ola de emigración de los países periféricos de la UE: se exporta mano de obra para compensar desequilibrios comerciales y amortizar la deuda privada y pública.

En suma, de acuerdo con las estadísticas oficiales europeas, alrededor del 24% de la población de Europa se halla en riesgo de pobreza y exclusión. Casi uno de cuatro europeos sufre alguna forma de pobreza, sin contar a los estados que no son miembros de la UE, donde los porcentajes son todavía mayores. [24] Como ya hemos señalado, las mujeres tienen más probabilidades de experimentar formas de exclusión, pobreza y violencia, tanto en casa como en el trabajo.

¿VUELTA AL HOGAR? IMPONIENDO DOBLE CARGA

Con el ascenso de los movimientos de extrema derecha racistas, la izquierda se enfrenta a desafíos en todos los frentes. La eclosión de la llamada ideología de derecha alternativa ha generado otra peculiaridad: un ataque al feminismo y a los movimientos feministas que a partir de la década de 1960 han logrado una influencia pública significativa y han hecho mucho por la liberación y la emancipación de las mujeres en todo el mundo. Los movimientos y partidos políticos de derechas y las asociaciones derechistas, racistas y homófobas de la sociedad civil demonizan cada vez más al feminismo. La violencia contra las mujeres va en aumento de diversas maneras: desde los feminicidios hasta la ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres y sus condiciones de vida en general.

La violencia contra las mujeres va en aumento, desde los feminicidios a la ofensiva contra los derechos reproductivos y sus condiciones de vida en generalLos medios en general apoyan a los conservadores y de ahí que presenten toda esta cuestión como un conflicto de valores. De este modo nos cuentan una historia ideológicamente sesgada en que el feminismo y los valores feministas se califican de contrarios a la familia y opuestos a los valores heteronormativos y patriarcales que quieren salvar el mundo frente a las feministas. La verdad, sin embargo, es diferente.

A lo que de hecho nos enfrentamos es a la crisis que resulta del colapso del estado de bienestar. Con ella, toda la carga de la reproducción social se transfiere a las familias en general y a las mujeres en particular. Estas últimas, que ya soportan una diferencia salarial de género de carácter estructural, se ven forzadas, por un lado, a asumir más trabajos remunerados y, por otro, a asumir más labores reproductivas, trabajos domésticos y cuidados de menores y ancianas (y también se ocupan de la familia extensa, especialmente en los países periféricos y extracomunitarios). Lo que a veces se ve como una aberración, la idea de que la ideología de derechas no es más que lo opuesto al status quo actual, es en realidad un intento de naturalizar el capitalismo en su forma neoliberal.

El colapso de los sistemas de protección social repercute a las familias, y a las mujeres en particular, toda la carga de reproducción socialLa idea subyacente a esta naturalización consiste en decir que el colapso del estado de bienestar en los sectores de la enseñanza pública, la sanidad y los cuidados es necesario y que las mujeres han de volver a ser consideradas madres, educadoras y cuidadoras, y que esta es su función natural y la única posible. No es el feminismo para todas (a diferencia del feminismo de clase media o individualista para las mujeres más acomodadas y de rentas altas) ni la izquierda las que socavan la familia, sino, como señalaron Marx y Engels, es el capitalismo y sus crisis las que provocan la discordia en el hogar y la violencia contra las mujeres, obligan a los niños a vivir en la calle y aíslan a los seres humanos entre sí.

Sin embargo, y justamente debido a la crisis, para mucha gente la familia aparece como el único espacio de seguridad, que representa un mecanismo de ayuda mutua frente a la tiranía del libre mercado. Esta es la base material del apoyo popular a las ideas de la derecha en ausencia de una alternativa de izquierda. De ahí que determinados círculos políticos e ideológicos ataquen el feminismo y traten de anular todo aquello por lo que las mujeres han luchado durante siglos en el seno del movimiento feminista y del movimiento obrero. Esta es la razón por la que pensamos que la movilización feminista en todo el mundo es particularmente relevante. Desde Sudamérica hasta Europa, pasando por África, India y Norteamérica, las movilizaciones feministas han tenido un enorme impacto en este periodo, en el que parecía no haber nada en el horizonte.

Desde 2015, el movimiento Ni una menos, [25] que tiene su origen en las movilizaciones feministas de aquel año en Argentina, se ha extendido a casi todos los continentes. A partir de entonces, grupos y movimientos feministas han organizado numerosas manifestaciones para reivindicar la igualdad, pero no solo de derechos. Fueron concretamente mujeres organizadas en torno a varios grupos feministas las que se movilizaron, por ejemplo, en Polonia contra la prohibición del aborto, o en Irlanda a favor de un referéndum que acabó legalizando el derecho al aborto. En otros países europeos, los movimientos feministas son los únicos que actualmente protagonizan la lucha contra el capitalismo y en contra del ataque general a la vida (las condiciones en que vivimos, la destrucción del medioambiente, de los sistemas educativo, sanitario y de cuidados, etc). En 2018 vimos una de las mayores oleadas de manifestaciones de mujeres en todo el mundo con la organización de la huelga internacional de mujeres. Esta forma de lucha sin precedentes, que movilizó a millones de mujeres trabajadoras organizadas en Francia e Italia en una huelga general, juntó quizás por primera vez grandes masas de mujeres que trabajan fuera de casa y mujeres que trabajan en el hogar, superando de este modo la clásica separación burguesa entre lo público y lo privado, que también adopta la forma de separación de género entre las esferas masculina y femenina.

Los movimientos feministas son los únicos que actualmente protagonizan la lucha contra el capitalismo y en contra del ataque general a la vidaLas movilizaciones feministas fueron un éxito precisamente porque lograron demostrar que no se trata de un conflicto de valores, sino de un intento de transferir toda la carga de la reproducción social a la familia y las mujeres. Fue sobre esta base, y mediante la unión con los sindicatos, como las movilizaciones colmaron las expectativas.

Recientemente hemos visto asimismo una oleada de protestas en Google, donde trabajadoras de todos los continentes organizaron una campaña, “Walk out” (Sal afuera), abandonando sus despachos para protestar contra el extendido acoso sexual dentro de la empresa y las persistentes diferencias salariales de género y exigir que la empresa abordara las acusaciones de acoso sexual contra sus altos ejecutivos y aplicara el principio de igual salario para trabajo igual. [26]

No basta con oponerse simplemente a la misoginia, sino también al nacionalismo, el racismo y la xenofobiaMuchas experiencias de todo el mundo demuestran que cuando los inversores atacan los recursos de comunidades locales, las mujeres son las primeras que salen a defender los bienes públicos. Esto es así porque las mujeres son las primeras en sufrir los efectos negativos a largo plazo de la escasez de recursos, el deterioro del medioambiente, así como las consecuencias de las políticas de austeridad en general. En nuestra época, Silvia Federici es una de las feministas que ha desarrollado ampliamente estas cuestiones y ha señalado varias formas de violencia cometida por y en pro del gran capital en sus distintas encarnaciones, destacando en particular la relación que guarda esto con los procesos (continuos) de acumulación de capital dentro de la perspectiva histórica. [27]

Por estas razones creemos que no basta con oponerse simplemente a la misoginia, sino también al nacionalismo, el racismo y la xenofobia. Estas luchas deben unificarse con las luchas por la igualdad que vayan más allá del marco de la pura igualdad ante la ley. La arremetida de la política neoliberal, el endeudamiento, la mercantilización de la vivienda y la crisis del estado de bienestar están cobrándose un enorme peaje en todo el planeta. Necesitamos un movimiento feminista más amplio, unido a las luchas en torno al trabajo, los salarios, la vivienda, los cuidados, la educación, la sanidad y contra los ataques a la vida y a nuestros medios de subsistencia.

Todos los estudios pertinentes señalan el hecho de que hemos alcanzado un umbral crítico y nos hallamos realmente en un punto sin retorno. La única salida es la lucha contra el gran capital a fin de emanciparnos y librarnos de las condiciones en que vivimos. “Ni una menos” puede servir como uno de los mejores ejemplos y fuentes de inspiración, como resume un colectivo de feministas:

La violencia contra las mujeres, tal como la definen, tiene muchas facetas: es violencia doméstica, pero también violencia del mercado, de la deuda, de las relaciones de propiedad capitalistas y del estado; violencia de las políticas discriminatorias contra mujeres lesbianas, transexuales y queer; la violencia de la criminalización por el estado de los movimientos migratorios; la violencia de los encarcelamientos masivos y la violencia institucional contra los cuerpos de las mujeres mediante las prohibiciones del aborto y la falta de acceso a la atención sanitaria gratuita y al aborto gratuito. Su perspectiva nutre nuestra determinación de oponernos a los ataques institucionales, políticos, culturales y económicos contra mujeres musulmanas y migrantes, contra mujeres de color y mujeres en paro y ocupadas, contra mujeres lesbianas, las que no se conforman con los roles de género y las transexuales. [28]

PROPUESTAS

Los gobiernos de izquierda han de sintetizar las luchas de los movimientos e ir más allá de las simples demandas de igualdad formal para combatir la división sexual del trabajo y el carácter privatizado y feminizado de la reproducción social. Las raíces de la forma contemporánea del patriarcado se sitúan en el carácter privatizado de la reproducción de la fuerza de trabajo y en la responsabilidad de las mujeres sobre su crianza y mantenimiento. Existe una unidad entre el carácter de la fuerza de trabajo como mercancía y la división sexual del trabajo, la idea del trabajo y del papel de las mujeres en la sociedad, que se presenta en la división entre lo privado y lo público, la familia y la sociedad, la emoción y la razón, las distintas formas de cuidados feminizados y la producción de valor. Son estas separaciones y alienaciones las que convierten a la familia en un lastre central de un sistema en crisis, un apoyo a ideas reaccionarias que intentan obligar a las mujeres a pagar la crisis del capital y que tenemos que combatir.

Hemos de formular propuestas creíbles para la financiación pública de la socialización de la reproducción social. Hemos de invertir masivamente en guarderías, restaurantes y lavanderías municipales con el propósito a medio o largo plazo de ofrecer estos servicios como bienes públicos gratuitos en el punto de demanda. De este modo crearemos las condiciones necesarias para la integración de hombres y mujeres en todos los sectores económicos en pie de igualdad y con salario igual. Comenzaremos a sentar las bases para el final del trabajo de las mujeres en el hogar y en la economía, transformando de esta manera la división sexual del trabajo de una manera verdaderamente igualitaria y libertaria.

En el periodo de transición tendremos que aplicar cupos para asegurar que las mujeres e inmigrantes estén debidamente representadas en los sectores económicos de su elección, pero en particular en el sector público. En este último, nuestro propósito es crear formas de flexibilidad que no estén al servicio de los intereses del capital, que impone una reproducción de la fuerza de trabajo a bajo coste en la familia a expensas de las mujeres, sino que permitan a las mujeres decidir si desean tener o no tener descendencia, trabajar menos horas o no para criar a los hijos e hijas, emprender o no una carrera profesional, ejercer el derecho de autodeterminación reproductiva y desplegar todo su potencial en el trabajo y la sociedad. De este modo, el sector público socializado será la palanca para introducir cambios más amplios en la sociedad. Nuestro propósito es cooperar con los movimientos de liberación para transformar la reproducción social desde abajo mediante iniciativas de movimientos auto-organizados.

Así, las medidas concretas que deben adoptar los movimientos sociales son:

• Batallar en pro de la plena igualdad para todos, contra todas las formas de violencia y discriminación por motivos de género, clase, raza y edad
• Exigir la descriminalización de las manifestaciones y acciones de solidaridad con migrantes y otros grupos vulnerables
• Reclamar y luchar por un salario igual para un trabajo igual
• Luchar por la socialización de la carga de la reproducción social: por la inversión en guarderías, restaurantes y lavanderías municipales
• Luchar por una mayor participación ciudadana en las decisiones políticas a nivel municipal
• Luchar por la protección de las fuentes de agua potable y todos los demás medios de subsistencia
• Movilizarse contra la soberanía de las altas finanzas, la deuda y las políticas de austeridad
• Movilizarse en torno a las cuestiones de salud reproductiva y derechos reproductivos
• Movilizarse en torno a las cuestiones de migración y apertura de fronteras
• Luchar contra las guerras imperialistas dirigidas por la coalición de la OTAN Organización del Tratado del Atlantico Norte
  OTAN Este organismo asegura a los Estados europeos la protección militar de los Estados Unidos en caso de agresión, pero, sobre todo, ofrece a los Estados Unidos la supremacía en el bloque occidental. Los países de Europa Occidental aceptaron la integración de sus fuerzas armadas en un sistema de defensa puesto bajo el mando estadounidense, reconociendo de hecho la preponderancia de los Estados Unidos. Fue fundada en 1994 en Washington, y pasó a un segundo plano acabada la guerra fría. En el año 2002 se componía de 19 miembros: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, a los que se sumaron Grecia y Turquía en 1952, la República Federal de Alemania en 1955 (sustituida por la Alemania unificada en 1990), España en 1982, Hungría, Polonia y la República Checa en 1999. , que destruyen sociedades enteras

Medidas concretas que deben adoptar los gobiernos de izquierda

• Aumentar los impuestos al gran capital para financiar una expansión masiva del sector público y promover el empleo en sectores asociados con la transición ecológica y la economía verde.
• Ampliar el empleo a jornada completa de mujeres en el sector público.
• Hacer cumplir la legalidad vigente sobre la igualdad salarial por un trabajo igual en el sector público y aplicar medidas punitivas contra las empresas privadas que incumplen las leyes.
• Liberar a las mujeres de toda la carga de la reproducción social:
  • Invirtiendo en la socialización de la reproducción social mediante la ampliación de la oferta de guarderías, restaurantes y lavanderías municipales; al comienzo, estos servicios estarían fuertemente subvencionados con vistas a su uso como bienes públicos gratuitos.
  • Asegurando que el trabajo en la enseñanza, la sanidad y los cuidados a nivel municipal no se feminice, es decir, que en estos sectores haya un equilibrio entre trabajadores y trabajadoras.
• Promulgar leyes que aseguren que las mujeres que vuelven al trabajo después del parto o después de cuidar de su hijo o hija no se vean discriminadas en su carrera professional.
• Promulgar leyes y hacer cumplir la legalidad vigente en defensa de los derechos civiles y laborales de las personas LGBTIQ.
• Establecer cupos legales para que la población inmigrante encuentre trabajo, en igualdad de condiciones salariales, en el sector público.
• Complementar la legislación en materia de igualdad con campañas públicas y apoyo material a las comunidades y movimientos que luchan contra el racismo y la opresión y discriminación de género.
• Reformar la legislación vigente para apoyar a las víctimas de violencia sexual y doméstica, incluidos los menores: apoyar la legislación con campañas públicas y apoyo material a las mujeres que responden a las agresiones y a los movimientos juveniles que articulan sus propias demandas.
• Aumentar la participación ciudadana en los asuntos que afectan a su vida cotidiana mediante la implantación de mecanismos de autogestión en todas las unidades de trabajo del sector público y de mecanismos de autogestión comunitarios para acompañar los procesos de socialización de la reproducción social.

CONCLUSION

La igualdad debe ser conquistada por la lucha, que solo en la lucha colectiva y en la solidaridad podemos emanciparnos y obtener condiciones de vida dignasUna postura política feminista consistente exige que nos opongamos a todas las formas de explotación, sexismo, expresión del patriarcado y todas las formas de violencia que hacen que las personas explotadas y vulnerables se vuelvan unas en contra de otras mientras el capital sigue dividiendo nuestras luchas comunes sin preocuparse. Nuestra fuerza radica en la solidaridad. La solidaridad contra el capital y la UE que impone medidas de austeridad. La solidaridad de los oprimidos, las mujeres, las comunidades LGBTQI +, las minorías, las personas racializadas y los trabajadores contra la tiranía del mercado y el capital. Contra las políticas desiguales dominantes, lucharemos por la igualdad, poniendo nuestras vidas y el futuro del planeta arriba en la lista de prioridades de cualquier debate político, ya sea parlamentario o extraparlamentario. Cuando exigimos igualdad, no es solo una igualdad legal formal sino también igualdad que se niega a contentarse con las migajas de la torta mientras el sistema continúa su destrucción metódica de nuestras vidas y nuestro medio ambiente.

Sabemos que la igualdad debe ser conquistada por la lucha, que solo en la lucha colectiva y en la solidaridad podemos emanciparnos y obtener condiciones de vida dignas. No por las decisiones de la UE sobre políticas de género, destinadas a satisfacer las expectativas del feminismo liberal y al éxito de algunas mujeres: solo tenemos que hacer que las mujeres se conviertan en administradoras bancarias cuando, al mismo tiempo, estos bancos se están apoderando de nuestros hogares y nuestras vidas. Rechazamos la política del ’mal menor’. No queremos mujeres en la política solo porque son mujeres, las mujeres políticas que votan a favor de medidas de austeridad no son nuestras aliadas. Quienes votan por estas medidas son directamente responsables del aumento de la violencia contra las mujeres, la falta de fondos para una vivienda adecuada, la devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. del trabajo de las mujeres en relación con el trabajo de los hombres.

El feminismo por el que luchamos no es el feminismo de una pequeña minoría de mujeres que ocupan puestos de poder en bancos o empresas en detrimento de las trabajadoras, las migrantes, todas las personas vulnerables y nuestros hijos. El feminismo por el que luchamos es contra la UE y sus devastadoras medidas de austeridad. En lugar de seguir aplicando políticas que causan la muerte de miles de mujeres y la explotación de cientos de miles de personas, queremos luchar con la conciencia de que nuestro enemigo es el capital y que él todavía está aquí.

La lucha por la educación, la salud y la atención es parte de la lucha por emanciparnos nosotros mismos y las condiciones en que vivimosDesde el estallido de la crisis financiera de 2008, las medidas de austeridad en todo el mundo y en Europa han saqueado los presupuestos sociales, han impuesto una estricta disciplina fiscal e introducido recortes a las ya menguantes inversiones en educación, salud y sistemas de atención, librando una guerra principalmente contra aquellos que o bien ganan muy poco o nada. Además, la evidencia demuestra claramente que la crisis golpea más duramente a los grupos más vulnerables, a los ancianos, a los desempleados, a los miembros de las sociedades de bajos ingresos y a las niñas en particular [29]. Esto significa que el acceso a la salud y la educación depende cada vez más (si no completamente) de nuestras cuentas bancarias. Los que pueden pagar reciben una educación, salud y atención dignas. Aquellos que no pueden deben endeudarse o deben esperar en la cola para acceder a la prestación de servicios de salud.

Los recortes en el gasto social y la ’disciplina’ fiscal han privado a los que más trabajan para la sociedad de los derechos básicos y de derechos en general. La última década en particular estuvo marcada por un importante aumento en la comercialización y la privatización relacionada con temas de salud, atención y educación. En lugar de ser vistos como derechos humanos básicos y derechos sociales, se identifican cada vez más con la lógica del capital que los convierte en bienes privados para ser vendidos y comprados.

Esto es lo que queremos cambiar. La lucha por la educación, la salud y la atención es parte de la lucha por emanciparnos nosotros mismos y las condiciones en que vivimos.

I. Defender y extender la salud y la educación públicas

Mientras que los gobiernos europeos están anunciando un aumento en el gasto en defensa, soluciones antiinmigración e inversiones en la industria armamentística [30], mientras que grandes proporciones de nuestras sociedades soportan en listas de espera debido a la falta de servicios e instituciones de educación, salud y atención, se nos dice que éstos son ahora servicios que necesitamos comprar. [31]

Las listas de espera para ingresar a los jardines de infancia financiados y subvencionados con fondos públicos o para recibir un tratamiento médico son más y más largas, y en algunos países (en particular en los países periféricos y no pertenecientes a la UE) los subsidios son casi inexistentes. En este sentido, estamos presenciando diferencias notables entre los países periféricos y no miembros de la UE; lo más sorprendente se da en Grecia, donde la reducción del presupuesto de salud a la mitad ha llevado a un aumento significativo en la tasa de mortalidad [32]. Los estudios también han señalado la diferencia entre las áreas rurales y urbanas en lo que respecta a la provisión de servicios de educación y de salud. Las diferencias en todos los casos se amplifican drásticamente por la dimensión de clase.

Invertir en educación significa invertir en un futuro que cada vez es más inciertoLa educación no es un producto que compramos, ni un servicio que nos ofrecen, sino un proceso de por vida en el que tenemos que invertir. Invertir en educación significa invertir en un futuro cada vez más incierto. Preparar a los niños para los vastos y rápidos cambios del mundo contemporáneo es de suma importancia, ya que se enfrentarán a un mundo de cambio climático, robotización y otros cambios que afectarán el mercado laboral y el medio ambiente que habitarán. Por lo tanto, la educación no debe entenderse en ningún caso como una serie de pruebas métricas que miden el éxito o el fracaso dentro de los procesos educativos que se perciben cada vez más. Los niños, los estudiantes y los estudiantes adultos no son simples números, sino seres humanos con sus necesidades, talentos y capacidades específicas. Estos deben ponerse de relieve y todos deben poder desarrollar sus potenciales creativos lo mejor que puedan.

Aunque el giro hacia la liberalización, mercantilización, “comodificación” [33] y desregulación en la educación no es nuevo y existe un tema de debate desde hace casi tres décadas -incluso los informes de la UE afirman que la última crisis financiera ha empeorado los objetivos generales de la UE en relación con las tasas de abandono escolar- sobre las tasas de finalización en la educación secundaria o terciaria y sobre posibilitar la educación permanente de adultos y el aprendizaje. Además, vemos enormes disparidades entre los estados miembros, los países periféricos y no miembros de la UE, así como diferencias regionales dentro de los estados miembros de la UE [34]. En consecuencia, a partir de la década de 1990, los estados europeos, junto con las escuelas financiadas con fondos públicos, desarrollaron programas a través de los cuales participan (cofinanciando) o solo supervisan escuelas infantiles o escuelas privadas. Esto ha creado condiciones e incentivos para un aumento de varias formas de privatización cuando se trata de la educación en general.

Las desigualdades en el acceso a una educación pública se distribuyen en términos de clase, y se amplifican por la política neoliberal de la UELos jardines de infancia, las escuelas primarias y las escuelas primarias han sido parte de “reformas educativas caracterizadas por recortes en el gasto, formas de desregulación, liberalización y comercialización, subcontratación y la introducción de nuevos proveedores de servicios escolares (algunos con fines de lucro y otros no).” [35] El modelo de educación nórdico, presentado como igualitario, socialmente consciente y orientado hacia el bienestar, también ha sido objeto de severas críticas, precisamente debido a las drásticas diferencias que la introducción e imposición de la privatización, comercialización y desregulación ha tenido en el sistema educativo en general y las escuelas primarias, en particular, en la última década más o menos [36]. Bajo el pretexto de dar una elección formal a los padres, se ha producido una segregación institucional basada en la raza y los ingresos; las clases medias ahora son cada vez más libres de trasladar a sus hijos de las escuelas en áreas con una mayoría de clase trabajadora y de inmigrantes a áreas donde la especulación de vivienda está llevando a una limpieza de clase y ética de las comunidades. En cada país, las desigualdades en el acceso a una educación pública de alta calidad se distribuyen (como también en el caso de la salud pública) en términos de clase, y se amplifican por el giro conservador en la política tanto de la UE como de los estados no miembros de la UE.

Grecia, España o Italia han sido devastadas por los impactos de la crisisSi bien los informes oficiales de la UE afirman que muchos de los países están progresando hacia una tasa de deserción de menos del 10% (abandono escolar prematuro) y hacia el aumento del nivel de terciarios, la investigación en realidad presenta un panorama algo diferente. Por ejemplo, los resultados de la investigación PISA de 2012 muestran que, en promedio, ’el 17% de los jóvenes europeos de 15 años tienen habilidades de lectura deficientes’ y se estima que ’55 millones de adultos de 16 a 65 años tienen dificultades de alfabetización’. Todos los países, aunque de diferentes maneras, se han visto afectados por la crisis económica que ha frenado el progreso establecido por la UE para 2020. Las diferencias entre los países son asombrosas en términos de inversión en infraestructura y educación en general. Países como Grecia, España o Italia han sido devastados por los impactos de la crisis en términos del sistema educativo en general, y las diferencias regionales a nivel de la UE también son notables. [37] En lugar de invertir en educación, los gobiernos neoliberales han invertido principalmente en privatizar, subcontratar y desregular el sistema educativo en su conjunto.

La educación comienza a una edad temprana, y todas las investigaciones recientes subrayan la importancia de la «Educación de la primera infancia» [38] para el pleno desarrollo de los niños y su potencial. La licencia de maternidad prolongada es igualmente importante para el desarrollo mental y físico completo del bebé y su posterior desarrollo hasta convertirse en una persona completamente madura. Por lo tanto, el permiso de maternidad debe estar legalmente garantizado y protegido, y no debe utilizarse como una excusa para expulsar a las mujeres del mundo laboral. Al mismo tiempo, debemos comprender que los estados de bienestar, en diferentes grados y en diferentes momentos, mediante el uso de formas impositivas y tasas impositivas diferentes han tratado de mantener a la familia nuclear proporcionando incentivos para que las mujeres no ingresen al mundo laboral. Tal es (cada vez más) el caso, por ejemplo, en Alemania e (históricamente) Italia han sido unos de los ejemplos más prometedores de este tipo de políticas. [39]

Guarderías, jardines de infancia y centros de día son donde comienza nuestra primera educación. Nosotros, como sociedad, tenemos que valorar todos y cada uno de los niveles de educación por igual y no basarnos en el beneficio. La feminización de la profesión docente en general (guarderías, jardines de infancia, escuelas primarias, elementales y secundarias con algunos sectores de la educación superior) ha significado degradar el estatus social de la profesión y su escasa remuneración. Como tales, las mujeres que trabajan en la profesión, aunque tienen un alto nivel de educación, a menudo son consideradas como simples criadas y realizan tareas tradicionalmente femeninas. Por lo tanto, socavar o no valorizar el trabajo realizado principalmente por mujeres en guarderías, jardines de infancia, escuelas primarias, primarias y guarderías significa que nosotros, como sociedad, aceptamos y de hecho confirmamos que no solo el trabajo con niños es insignificante, sino que como está feminizado, debe considerarse ’naturalmente’ femenino y, por lo tanto, no pagado como otras profesiones consideradas típicamente masculinas. Esta actitud no solo es incorrecta y sexista, sino socialmente inaceptable. Todo trabajo en educación debe ser tratado con igual respeto y remunerado como tal.

Estas tendencias solo se han fortalecido desde la década de 1960 en adelante y lo que estamos presenciando hoy, empeorado por la crisis económica, es su punto máximo. [40] La resolución adoptada por el Comité Sindical Europeo de Educación advirtió contra:

“el profundo efecto que esta crisis ha tenido en docentes, empleados de educación y estudiantes”,

y afirma que “la reducción de la deuda soberana y el déficit a través de medidas de austeridad no es un camino viable hacia el crecimiento económico sostenible en la situación actual en toda Europa. También insta a los formuladores de políticas y gobiernos nacionales a nivel europeo a reconocer que es imperativo buscar una salida de la crisis por el bien de las generaciones futuras’. [41]

A ningún ser humano se le debe privar de la posibilidad de desarrollar plenamente sus habilidades y destrezas simplemente porque él o ella proviene de un entorno menos privilegiadoLas tendencias actuales en educación intensifican las desigualdades sociales y de clase ya existentes. A saber, todos los sistemas de educación en la UE han involucrado durante mucho tiempo sistemas de selección más o menos formalizados que reproducen la división social del trabajo, es decir, trabajo manual dócil y mano de obra cada vez más rutinaria por un lado, y trabajo gerencial, técnico y científico por el otro. Pero hoy en día las academias privadas están ampliando el papel histórico desempeñado, por ejemplo, por las escuelas públicas británicas o los gimnasios europeos, es decir, que simbolizan una regresión social, en el sentido de reproducir jerarquías de clases a través de la selección. A menos que defendamos una educación accesible para todos y la defendemos como un derecho humano básico, estas tendencias solo agudizarán las brechas sociales existentes entre las clases privilegiadas y no privilegiadas y socavarán la posibilidad de educación para todos en igualdad de condiciones.

En conclusión, pensamos que a ningún ser humano se le debe privar de la posibilidad de desarrollar plenamente sus habilidades y destrezas simplemente porque él o ella proviene de un entorno menos privilegiado. Queremos poner fin a estas formas de discriminación y segregación.

II. POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y LA ATENCIÓN PÚBLICOS, LIBRES Y SUBVENCIONADOS

En toda Europa estamos viendo cómo nuestros jubilados y personas pobres están cada vez más solos, privados de tratamientos médicos básicos, medicamentos y atenciónIgualmente importante y relacionado con la inversión en educación es invertir en nuestros sistemas de salud. Nadie debe ser privado del acceso básico a servicios de salud y atención simplemente porque no son ricos. La salud y la atención no son un privilegio, sino un derecho para todos. No es algo que podamos pagar, sino algo a lo que todos tenemos derecho, en igualdad de condiciones e independientemente de la riqueza. En toda Europa estamos viendo cómo nuestros jubilados y personas pobres están cada vez más solos, privados de tratamientos médicos básicos, medicamentos y atención. Éste no debería ser el caso.

La UE está enfrentando serios desafíos y problemas cuando se trata de temas de salud y cuidados. Por un lado, una población que envejece y un mayor número de personas mayores necesitadas, por otro lado, la escasez de mano de obra calificada y altamente calificada es necesaria para brindar tratamiento y asistencia a todos. Por estas razones, la UE depende en gran medida de la fuerza de trabajo migrante importada principalmente del antiguo Bloque del Este y de las antiguas colonias, mientras que los políticos populistas y conservadores tienden a presentarla, en términos de la ideología dominante, como los inmigrantes que están quitando los empleos a los empobrecidos ciudadanos de la UE.

Particularmente interesante es el sector del trabajo de cuidado, en su mayoría realizado por mujeres y en condiciones que a menudo escapan a la regulación y la inspección: “cada vez más en Europa el trabajo doméstico es un trabajo de inmigrantes. De hecho, las mujeres nativas ya no están dispuestas a ocupar este nicho de mercado laboral, pero el aumento de la inmigración durante las últimas décadas ha aumentado el número de mujeres inmigrantes que se mudan a países de la Unión Europea (UE) para ocupar puestos de trabajo como limpiadoras y cuidadoras en hogares privados’ [42]. Observamos el mismo patrón en el reclutamiento de personal médico altamente calificado, como médicos, y personal médico menos calificado, como enfermeras y enfermeros.

Las desigualdades existen y persisten en todo el continente europeo. Europa oriental y los Balcanes son especialmente vulnerables a las desigualdades económicas, en detrimento de sus propios sistemas de educación y salud. Las tendencias de exportar mano de obra barata y altamente calificada como un producto básico (ya educado con dinero público por la mayoría de los estados pobres y endeudados) a países más desarrollados y ricos de la UE ya han provocado y continúan provocando enormes problemas en términos de reemplazo actual y generacional de médicos, enfermeras, docentes y profesores. Pronto, no habrá nadie para enseñar a los maestros, para capacitar a los médicos o para cuidar a los niños y los ancianos. Necesitamos poner fin a esta forma de explotación y luchar por un sistema equitativo y justo donde todos los seres humanos sean respetados, educados y cuidados por igual.

Desde principios de la década de 2000, la UE ha sido testigo de un aumento en varias formas de privatización de su sistema de saludDesde principios de la década de 2000 y en particular después de 2008, la UE, tanto en su núcleo como en su periferia, ha sido testigo de un aumento en varias formas de privatización total o semi-privatización de su sistema de salud. En general, distinguimos dos tipos de privatizaciones en relación con los servicios de salud y atención. El primero es indirecto y debe entenderse como un paso antes de la privatización total. Se puede definir como:

“Descentralización (desconcentración/delegación/devolución) Autonomización / Corporatización Competencia regulada (o políticas de mercado interno o liberalización) / Competencia administrada’ [43]

El segundo grupo se entiende como ’forma directa de privatización de la atención médica’ y se define por:

“Liquidación (o terminación); Contratación externa (o subcontratación); Asociaciones público-privadas (privatización de inversiones y gestión); Privatización de la financiación sanitaria.” [44]

Otro aspecto crucial de la mercantilización es, por lo tanto, el surgimiento de asociaciones público-privadas. Implica contratos comerciales entre autoridades públicas y empresas privadas en el diseño, construcción, financiación y operación de infraestructura y servicios de salud pública que tradicionalmente proporciona el sector público. El pionero en este campo ha sido el Reino Unido, seguido de España y Hungría, con el resto de la UE siguiendo el ejemplo en la última década. Los proyectos de APP, con sus múltiples honorarios y concesiones, durante un período contractual de hasta 25 años, han demostrado ser extremadamente lucrativos para las empresas multinacionales. Para el público, significaron un desperdicio asombroso y deudas masivas, lo que resultó en recortes en los servicios públicos e incluso en una mayor deuda para satisfacer nuevas reclamaciones y demandas, debido a la transferencia de todo el riesgo al público y de todas las ganancias al sector privado.

El dinero público, normalmente vetado en la inversión en servicios públicos, siempre está disponible para saldar las deudas con el sector privadoEn el Reino Unido, entre 1997 y 2010, se firmaron 147 contratos de APP del sector de la salud (o PFI - iniciativa de financiación privada) para construir nuevos hospitales y renovar los existentes, y proporcionar diversos servicios como restauración, mantenimiento y lavandería. En 2010, para proyectos con un costo de capital de 14,000 millones de EUROS, el Servicio Nacional de Salud debe una increíble suma de 80,700 millones de EUROS durante la vida útil de los contratos, incluidos también los contratos de servicios. El aumento de los pagos anuales (1.500 millones de euros en 2010, que alcanzará su punto máximo en 2030 con 2.850 millones de euros) ha resultado ser una carga demasiado grande para un servicio con financiación crónicamente insuficiente. Siguiendo la lógica neoliberal, la provisión de salud se ha sacrificado para cumplir con las deudas, con los hospitales obligados a realizar mejoras de ’eficiencia’. Como resultado, la capacidad hospitalaria del NHS inglés disminuyó en casi un tercio para 2009-10, las tasas de ocupación aumentaron a niveles inseguros y los trabajadores de la salud fueron despedidos. Sin embargo, el dinero público, normalmente vetado en el caso de la inversión en servicios públicos, siempre está disponible para saldar las deudas con el sector privado, como en el caso de los hospitales más o menos en bancarrota por el costo del servicio de las deudas de APP. [45]

Con el pretexto de ofrecer más opciones y acceso, la UE introdujo un impulso hacia una mayor liberalización, es decir, la privatización de los servicios de salud [46] con consecuencias devastadoras [47]. Muchos estudios han estado advirtiendo sobre los incesantes intentos de la UE por privatizar los servicios de salud a costa de quienes ya están privados social y políticamente de acceso básico a estos servicios. [48]

Thomas Gerlinger y Hans-Jürgen Urban en su excelente estudio ’De la heterogeneidad a la armonización: tendencias recientes en la política sanitaria europea’ [49] afirman que toda la retórica de la UE sobre la mejora de los sistemas de atención de salud, permitir la accesibilidad y ofrecer libertad de elección es en realidad una opción falsa e inexistente:

“El objetivo de garantizar un alto nivel de protección social y un acceso abierto a los servicios de atención de salud implica un alto nivel de gasto público, que coincidiría con la reducción de costos necesaria para alcanzar los criterios de estabilidad de Maastricht y, por lo tanto, debilitaría a la UE. Por el contrario, la utilización prevista de la política de salud para promover la política de competencia y la contención de costos puede alentar la privatización del tratamiento médico, poniendo en peligro el objetivo de garantizar un alto nivel de protección social y el acceso sin trabas a los servicios de atención médica’.

La salud y la educación deben considerarse como bienes comunes en sí mismos y, como tales, deben entenderse fuera de la lógica capitalista de ganancias y pérdidasPor lo tanto, aunque la información retórica oficial de la UE está relacionada con un vocabulario técnico en el que las vidas de las personas se tratan según criterios críticos, ’racionales’, y afirman que ’la mejora de la salud de la población impulsa el crecimiento económico, una mayor participación de la fuerza laboral y una mayor productividad’, debemos oponernos firmemente a este enfoque. La salud y la educación deben considerarse como bienes comunes en sí mismos y, como tales, deben entenderse fuera de la lógica capitalista de ganancias y pérdidas.

De manera adicional e importante, nos gustaría enfatizar que la investigación relevante prueba la existencia de una relación causal entre tener/carecer de educación y una salud buena/más pobre. En otras palabras, las personas con dificultades de alfabetización tienen más probabilidades de tener problemas de salud también. [50]

III. PROPUESTAS.

Por lo tanto, nuestras propuestas están dirigidas tanto a movimientos como a gobiernos populares. Creemos que la lucha por la salud y la educación gratuitas y disponibles al público es la única alternativa viable a la creciente privatización y la segregación racial y de clase presente en ambas esferas como resultado de las políticas estatales y el interés de las personas a estar subordinadas a los intereses del capital.

a) Propuestas inmediatas para los movimientos sociales:

• Campaña para tener y/o fortalecer servicios de salud, educación y atención pública y gratuitos
• Campaña para la nacionalización de las industrias farmacéuticas y el acceso a productos farmacéuticos a través del sistema de salud pública.
• Campaña sobre salarios, por dignidad de trabajo y vida.
• Exigir la paralización inmediata de cualquier liberalización, privatización o comercialización en cualquiera de los sectores que deberían estar disponibles para todos, independientemente de su clase.
• Exigir y promover la auditoría ciudadana sobre los contratos de las APPs y las deudas contratadas a través de éstas.
• Oponerse a las deudas ilegítimas contratadas a través de APPs
• Exigir la moratoria inmediata de cualquier otra APP
• Exigir que se detenga cualquier otra inversión de dinero público en escuelas privadas y hospitales
• Exigir la socialización de los sistemas de educación, salud y asistencia.
• Campaña para prolongar la licencia de maternidad a 12 meses para todos.
• Igual acceso a la educación preescolar, escuelas primarias y universidades de manera gratuita, financiada con fondos públicos y subvencionada
• Campaña sobre comidas para todos los niños que asisten a instituciones financiadas con fondos públicos (guarderías, jardines de infancia, escuelas)
• Exigir calidad y no cantidad. Los seres humanos no son simples números.

b) Propuestas inmediatas para gobiernos populares:

• En lugar de aumentar la inversión en servicios militares y de defensa, invertir dinero en educación, salud y servicios de atención para que todos los ciudadanos se beneficien de ello.
• Restaurar y aumentar los salarios dignos de todos los trabajadores incluidos en los procesos de educación, salud y atención.
• Detención inmediata de cualquier otro proyecto de APP relacionado con los servicios públicos.
• Revisar las deudas contraídas a través de diversas formas de APP.
• Invertir en educación pública, salud y sistemas de cuidado en lugar de promover el interés privado y los ingresos basados ​​en la ideología de la libertad elección.
• Detener cualquier inversión pública adicional en escuelas privadas, hospitales y otras instituciones privadas similares.
• Asegurar que todos los niños excluidos del sistema educativo como resultado de discapacidades, pobreza y otras formas de discriminación estén incluidos en el sistema educativo y que los recursos se proporcionen adecuadamente para facilitar su florecimiento.
• Para los niños con necesidades especiales, asegurar que se proporciona asistencia educativa especializada
• Poner fin a la segregación basada en el ingreso y la raza en salud, cuidado y educación.
• En lugar de cuantificar e introducir pruebas de medición adicionales, invertir en calidad
• Reducir el número de niños por aula.
• Reducir la presión ejercida sobre las instituciones públicas invirtiendo en empleos públicos y garantizando así la cantidad de maestros, médicos, enfermeras y cuidadores necesarios para mantener la calidad y el nivel.

c) Programa de medio plazo de gobiernos populares:

• Socialización de todos los sistemas de salud, asistencia y educación.
• Devolución de lo que ahora son servicios privados en salud, cuidado y educación al dominio público
• Autogestión de las instituciones de salud, cuidado y educación por parte de profesionales que trabajan en estos sectores, combinada con la participación de los usuarios de los servicios sociales y de los ciudadanos en general, así como de los concejales/regidores locales.
• La participación directa de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con la salud y la educación a través de su derecho a participar en las asambleas de autogestión
• Medicamentos, cuidados y educación totalmente gratuitos y universales.
• Becas de educación superior y manutención totalmente gratuitas para todos los estudiantes
• Cooperación internacional en investigación pública, especialmente en el sistema de salud para superar la fragmentación, la monopolización, el desperdicio y los costos masivos impuestos por Big Pharma.
• Un sistema de redistribución de la riqueza de los países más ricos a los más pobres, dirigido específicamente a los sectores de salud, atención y educación.
• Igualdad de derechos de ciudadanía y laborales para todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, empleados en el sector público ahora socializado.

CONCLUSION

La elección es o bien inversión pública o un empeoramiento adicional y, en algunos casos, colapso de los sistemas de educación pública, salud y atenciónTener, preservar y fortalecer los sistemas de educación, salud y cuidado gratuitos, financiados con fondos públicos y subsidiados no parece posible ni viable en el marco de la UE y el euro. Sin luchar contra la austeridad y la deuda que lidera la economía, no hay opción. El actual pacto fiscal de la UE está, de hecho, previniendo déficits fiscales y gastos anticíclicos, mientras que la política monetaria del BCE apunta a la inflación en lugar del crecimiento de la desigualdad. Por lo tanto, un mayor gasto público está restringido y depende de la tasa de crecimiento (y por lo tanto de los impuestos) o de los préstamos en los mercados monetarios. En las circunstancias actuales, la elección es o bien inversión pública y gasto o un empeoramiento adicional y, en algunos casos, colapso de los sistemas de educación pública, salud y atención. Este breve capítulo ha abordado temas de salud y educación, pero las cuestiones igualmente importantes que deben abordarse son las siguientes: transporte público e intentos cada vez mayores de privatizarlo a costa de los miembros más pobres de nuestras comunidades, el derecho al derecho a la vivienda pública najo ataque durante el último medio siglo, con gentrificación y otras formas de expulsar a los miembros más pobres en interés de las finanzas y el capital, y en general, cuestiones sobre las comunidades locales y sus demandas y necesidades.

Tunisia

I. Capitalismo mundial, desigualdades mundiales

Que se haya desarrollado un centro y una periferia por medio de la «integración europea» no es un fenómeno inédito: la historia de la acumulación de capital ha sido una historia de desposesión a escala mundial y de desarrollo desigual y, por lo tanto, de crecientes desigualdades en todo el mundo.

Las poblaciones de los países del Sur también son las más afectadas por los desplazamientos forzososActualmente, mientras los países del Norte y China presentan una capacidad de superproducción en la mayor parte de los sectores económicos, los países del Sur continúan confrontados a la evidente debilidad de su desarrollo industrial, a crisis recurrentes de la producción alimentaria y a una escasez de servicios públicos. [51] Cerca de 2.000 millones de personas sufren malnutrición, de los cuales la mayoría vive en países del Sur. La mitad del mundo no tiene acceso a los servicios de salud esenciales.

Las poblaciones de los países del Sur también son las más afectadas por los desplazamientos forzosos. A fines de 2017, 68,5 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus casas a causa de guerras y persecuciones. 40 millones se vieron desplazadas en el interior de su propio país, 3,1 millones esperaban el resultado de su petición de asilo y 2,4 millones se refugiaron fuera de su país de origen. [52] Estas cifras no incluyen las personas que huyen de la miseria y de las consecuencias del cambio climático, cuyo número irá en aumento probablemente en un futuro próximo.

II. Poblaciones condenadas al exilio o a la muerte debido a las políticas de la Europa fortaleza.

La verdadera respuesta que dio la UE a esta situación fue el refuerzo de sus políticas para la construcción de una «Europa fortaleza»En la UE, la mayoría de la clase dominante, así como las fuerzas de una extrema derecha en ascenso, afirma que, desde 2015, existe un flujo masivo de refugiados que llega al continente. La extendida utilización de la expresión «crisis de refugiados» sugiere esa misma idea. Mientras que los flujos de migrantes que buscaban refugio en la Unión Europea efectivamente aumentaron a partir de 2015, en particular, debido a la guerra de Siria, la llegada de cerca de un millón de personas a una UE de más de 510 millones de habitantes no puede ser caracterizada, en ningún caso, como una crisis para Europa. De hecho, la UE acoge a una pequeña minoría del número total de refugiados en el mundo, dado que los «países en desarrollo» acogen al 85%. [53] En el caso de Siria, por ejemplo, la mayoría de los refugiados se encuentran en Turquía, Líbano y Jordania. Además, estas afirmaciones ocultan la verdadera respuesta que dio la UE a esta situación: el refuerzo de sus políticas para la construcción de una «Europa fortaleza».

La apertura de las fronteras interiores de la UE permitida por el Tratado de Schengen (que se aplica en 22 de los 28 Estados miembros de la UE, así como en Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano) estuvo acompañada por un refuerzo de las fronteras exteriores de la UE. La libertad de circulación solo la tienen las personas ciudadanas de los países del espacio Schengen, mientras que el acceso a la UE (países Schengen) se volvió más complicado para los no ciudadanos Schengen más pobres, en particular para las poblaciones del Sur.

Con la convención de Dublín, la UE reproduce en el ámbito del control de fronteras la ausencia de solidaridad entre los Estados miembros que prevalece en sus políticas económicas. Efectivamente, la convención de Dublín «estipula que un refugiado que trate de acceder al asilo en el seno de la UE debe presentar su demanda en el lugar en el que está registrado, o sea en el primer país de entrada a la UE, y debe permanecer en ese país hasta que su solicitud sea examinada. En caso contrario, se le puede enviar al país de entrada, y así se convierte en un «dublinés», es decir en un paria zarandeado de un país a otro.» [54] Este sistema reserva así a los países que se encuentran en «primera línea» del espacio Schengen (en particular Grecia e Italia, pero también el Estado español) el trabajo sucio que consiste en mantener los migrantes fuera de la UE. Esta política fue acompañada por la creación de una agencia de control de fronteras de la UE, Frontex, cuyo presupuesto anual pasó de cerca de 6 millones de euros en 2005 a cerca de 143 millones de euros en 2015, y a cerca de 320 millones de euros en 2018. [55] Estos últimos años, los instrumentos de represión de las migraciones también aumentaron de forma constante en los propios Estados miembros, con la generalización de los centros de internamiento para migrantes, la utilización de nuevas tecnologías para vigilar las fronteras, e incluso, la construcción de muros y barreras para impedir a los migrantes franquearlas (por ejemplo, en Ceuta o en Calais).

Además, la UE establece «partenariados con otros Estados, o con agencias, que permiten la subcontratación de funciones para ejercer la coerción, retención, vigilancia y control. Con eso, una buena parte de países del entorno mediterráneo, e incluso más allá, se han transformado en zonas “tampón”, y anexadas, como borde externo, al dispositivo fronterizo europeo. Entre estos guardianes externos, sin embargo, Turquía y Libia son los más importantes ya que son puntos de pasaje obligado de las dos principales rutas tomadas por la migración informal hacia la UE: la que viene de África transita principalmente por Libia antes de atravesar el Mediterráneo central hacia Italia; la que viene de Asia y Oriente Medio vía Turquía, va hacia los Balcanes o las islas más orientales de Grecia». [56] En 2015, la cumbre de la UE sobre migraciones de La Valette produjo su acuerdo para financiar centros de retención en Libia, que se hicieron tristemente célebres durante unos días de noviembre de 2017, después que CNN difundiera un vídeo que mostraba una «subasta de esclavos y esclavas» en uno de esos centros. En la misma cumbre hubo un acuerdo sobre un subsidio de 2.000 millones de euros, como «ayuda al desarrollo», al refuerzo del control de fronteras en Sudán, Etiopía, Níger, Nigeria, Malí y Senegal. En marzo de 2016, otro acuerdo tristemente célebre fue firmado entre la UE y Turquía por el cual este país se comprometió a «impedir las travesías “irregulares” a partir de sus costas, como contrapartida de una promesa del levantamiento de restricciones de visados acordados a sus ciudadanos y ciudadanas, de la apertura de un nuevo capítulo de negociaciones sobre su adhesión a la UE, así como una ayuda de 3.000 millones de euros destinada a cubrir una parte del coste de la acogida de refugiados en su territorio.» [57]

Estas políticas han transformado el Mediterráneo en una fosa comúnPero estas políticas no son solo inadmisibles desde un punto de vista moral, puesto que han transformado el Mediterráneo en una fosa común, con al menos 17.825 personas ahogadas, entre enero de 2014 y agosto de 2018, en la travesía hacia Europa. [58] Stathis Kouvelakis afirma de manera convincente que las fortificaciones instaladas estos últimos años con el fin de impedir que los migrantes lleguen a Europa son responsables de esta tragedia. También indica que, desde la firma del acuerdo entre la UE y Turquía, «si bien el número de muertos por mes disminuyó, el número de muertos en relación al número de personas que llegan a suelo de la UE se duplicó desde 2016.» [59]

Y eso es totalmente inaceptable dada la enorme responsabilidad material y moral de Europa en la formación de situaciones que conducen a centenares de miles de personas a abandonar sus respectivos países. El pasado colonial de las principales potencias europeas, que constituyó un elemento estructural de acumulación de capital en Europa, desintegró el tejido social en los territorios colonizados y lo reemplazó por una violenta relación de dependencia con respecto a las potencias coloniales. Desde que las naciones dominadas accedieron formalmente a la independencia, después de haber luchado por ella durante décadas, el colonialismo se transformó en neocolonialismo: la subyugación directa de las naciones precedentemente colonizadas fue transformada en una subyugación indirecta en la que la violencia se volvió menos visible pero la dependencia con respecto a los centros capitalistas más industrializados se mantuvo. Por consiguiente, también se mantuvieron los obstáculos para la autodeterminación. [60]

Este neocolonialismo puede ser caracterizado por un amplio abanico de políticas, entre las que se pueden señalar:

El establecimiento, con la ayuda de las clases dominantes locales, de un sistema permanente de endeudamiento de las naciones dominadas con respecto a acreedores bilaterales (los Estados dominantes) o multilaterales (el Fondo Monetario Internacional -FMI-, el Banco Mundial y otras instituciones financieras). Este sistema deuda permitió la continuación del saqueo de los recursos nacionales de los Estados deudores a favor de los países más industrializados. Esto permitió imponer las políticas neoliberales del Consenso de Washington después de que esas naciones dominadas suspendieran el pago de sus deudas. Los acreedores les ofrecieron nuevos préstamos y/o alivios de deuda a los deudores para que pudieran seguir reembolsando, siempre y cuando esos Estados endeudados privatizaran sus sectores claves de la economía, eliminaran las barreras aduaneras, adoptaran tipos de cambio fluctuantes y tipos de interés variables, disminuyeran sus gastos públicos en los sectores sociales y, más generalmente, en sus inversiones públicas. Estas políticas aumentaron la vulnerabilidad de los Estados dependientes con respecto a la competencia internacional con los países más industrializados, impidieron que invirtieran en sectores productivos de la economía y en servicios públicos, destruyeron las economías locales y autoorganizadas que habían sobrevivido a la colonización, y así condenaron a las poblaciones de esos países a una estado permanente de precariedad y de pobreza. [61]

1. La aplicación, bajo la presión de la UE y de la OMC Organización Mundial del Comercio
   OMC Firmado el acuerdo el 15 de abril de 1994 y en vigencia desde el 1º de enero de 1.995, la OMC sustituye al GATT (Acuerdo general sobre aranceles y comercio). La mayor innovación introducida es que la OMC posee el estatuto de organización internacional. Su función es asegurar que ninguno de sus miembros se entregue a cualquier tipo de proteccionismo, a fin de acelerar la liberalización mundial de los intercambios comerciales, de favorecer las estrategias de las multinacionales. Está dotada de un tribunal internacional (órgano de resolución de conflictos) que juzga las eventuales violaciones de su texto fundador de Marraquech. (Organización Mundial del Comercio), de reglas y acuerdos de comercio que favorecen a las naciones industrialmente más desarrolladas y alientan el desarrollo de modelos económicos basados en la exportación (por ejemplo, los Acuerdos de partenariado económico entre la UE y países de África, Caribe y Pacífico: ACP). Por lo tanto, las naciones dominadas privilegian el desarrollo de uno o de algunos sectores de exportación, lo que afecta negativamente a su soberanía alimentaria y su autosuficiencia. Los modelos económicos de exportación alientan también la carrera a la competitividad por medio de la disminución de salarios y/o el deterioro de las condiciones de trabajo.
2. El sostén político, financiero y material a dirigentes corruptos y autoritarios con el fin de preservar los intereses económicos de los Estados más industrializados y de sus empresas transnacionales. Algunos ejemplos evidentes de este apoyo político son: Zine El Abidine Ben Ali, Hosni Moubarak y Bachar al-Assad, ya que los tres recibieron la Legión de honor francesa, o sea la más alta condecoración francesa (Bachar al-Assad devolvió la suya en 2018 después de que Francia anunciara que se la retiraría). Cuando estalló la sublevación en Túnez en diciembre de 2010, Francia ofreció a Ben Ali su experiencia en materia de represión en las manifestaciones. Así mismo, Egipto y Arabia Saudí —dos Estados cuyos regímenes están fuertemente implicados en el caos geopolítico actual de Oriente Medio— fueron compradores fiables de armas pesadas francesas y británicas en estos últimos años.
3. La injerencia directa en la política de las naciones dominadas mediante el chantaje económico y financiero, el apoyo a golpes de Estado o la intervención militar directa, cuando los intereses económicos de las naciones europeas se ven amenazados. [62]

III.- Nuestro internacionalismo

• Se deben emprender iniciativas inmediatas ciudadanas a nivel nacional e internacional, y en particular por medio de los movimientos sociales.

1. La izquierda debe participar en los movimientos sociales existentes que cuestionan las políticas antimigratorias de la Europa fortaleza, y ayudarlos a desarrollarse: asociaciones o personas que organizan el alojamiento de inmigrantes, que ayudan a franquear fronteras, que denuncian los centros de internamiento para migrantes, que organizan manifestaciones masivas para pedir la apertura de las fronteras y una acogida digna para los migrantes. Nos debemos oponer, en forma concreta, a las expulsiones todas las veces que sea posible. Además, la izquierda debe reconocer la existencia de los desplazamientos forzosos debido a la destrucción del medio ambiente y comprometerse en la solidaridad con los refugiados climáticos. La crisis de las políticas migratorias europeas desde 2015 reveló a la izquierda la necesidad de comprometerse con la acción humanitaria e, inversamente, confirmó la necesidad de politizar las iniciativas humanitarias existentes con el fin de que no se limiten a poner un parche.
2. La izquierda europea debe establecer puentes con los grupos y personas implicados en las políticas de emancipación fuera de Europa, con el objetivo de articular mejor nuestras reivindicaciones internacionalistas —en particular con la región vecina de Oriente Medio y África del Norte, donde se produjeron los más recientes procesos revolucionarios, cuyo futuro está seriamente amenazado por la contrarrevolución en curso—. Eso también implica tejer lazos con los militantes exiliados en Europa.
3. Debemos comenzar y desarrollar auditorías de las deudas que terceros países tienen con Estados europeos. Hay que abogar a favor de la anulación de las deudas ilegítimas y odiosas de los países en desarrollo con la UE (a través de agencias multilaterales tales como el Banco europeo de inversiones o el Banco europeo para la reconstrucción y el desarrollo) y con sus Estados miembros. La izquierda europea y los movimientos sociales deberían cuestionar los tratados de comercio firmados con los países en desarrollo y las otras políticas económicas que refuerzan la dependencia de las naciones sometidas.
4. Es necesario comprometernos activamente en la campaña de «Boicot, Desinversión, Sanciones» (BDS) contra el colonialismo del Estado israelí. Los grupos de izquierda y los movimientos sociales en Europa deben oponerse a las guerras imperialistas y contrarrevolucionarias (por ejemplo, la intervención militar europea en Malí, la contrarrevolución en Siria dirigida por el régimen sirio y sus aliados ruso e iraní) y denunciar activamente la cooperación entre sus propios gobiernos y los regímenes implicados en la violación de los derechos humanos (por ejemplo, Egipto, Arabia Saudí, Libia).

• Primeras medidas de un gobierno popular en el ámbito nacional

1. Un gobierno popular debería abrir sus fronteras, garantizar un acceso seguro a su territorio para los migrantes (especialmente por vía marítima) y asegurar la libertad de circulación y de instalación para todas y todos. Se suprimirán los centros de internamiento para inmigrantes. La jornada laboral será reducida legalmente (sin pérdida de salario) con el fin de ofrecer empleo a todas las personas. Todas las discriminaciones legales —las que conciernen a los derechos políticos, económicos y sociales— basadas en la nacionalidad serán abolidas. La igualdad de derechos, incluidos el acceso libre a la atención sanitaria, a la educación pública, así como el acceso a una vivienda decente debe estar garantizada. Cualquier persona que se instale en la jurisdicción de un gobierno popular debería disponer de todos los derechos cívicos, incluido el derecho a voto, en todos los niveles de la jurisdicción. Cualquier participación financiera en los presupuestos comunes europeos para el control de fronteras (por ejemplo, el Frontex) será anulada. Si el Estado posee una fuerza militar marina, ésta será desarmada, sometida a un control democrático y utilizada para acciones humanitarias (por ejemplo, en el Mediterráneo).
2. Un gobierno popular hará una moratoria sobre el reembolso de las deudas de terceros hasta que se conozcan los resultados de una auditoría con participación ciudadana. Todas las deudas que tienen las naciones sometidas, tanto en el exterior como en el interior de la UE, como el caso de Grecia, serán anuladas. Las deudas ilegítimas y odiosas que deben otros Estados serán anuladas. Ese gobierno desobedecerá las reglas de la OMC, se retirará de los tratados de comercio, desfavorables a los países menos desarrollados, y propondrá, a cambio, un comercio justo con los mismos. Cooperará plenamente con los países terceros para ayudarlos a recuperar sus bienes robados por sus antiguos dirigentes (por ejemplo, cooperación con las autoridades tunecinas actuales para recuperar los bienes robados por Ben Ali y transferirlos a un fondo de desarrollo bajo control democrático del pueblo tunecino).
3. Un gobierno popular emprenderá acciones contra las empresas activas en su país y que violan las leyes nacionales e internacionales en el extranjero. Para más eficacia, es mejor que las sanciones recaigan sobre sus principales accionistas en lugar de que, por medio de ellas, quede afectada una fracción despreciable de su volumen anual de negocio. Ese gobierno permitirá a cualquier tercera parte extranjera demandar a una empresa transnacional activa en su jurisdicción, y apoyará la iniciativa a favor de un tratado jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar el derecho internacional. Dejará el CIADI CIADI Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.
   
   Más (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias, relativos a las Inversiones) que forma parte del Banco Mundial y opera a favor de las mayores empresas del mundo. Prohibirá las transacciones con los paraísos fiscales y emprenderá acciones en su contra.
4. Un gobierno popular pondrá fin a su participación en las instituciones financieras internacionales que participan en el sometimiento a los países dependientes, tales como el FMI y el Banco Mundial. Si puede, utilizará sus representantes en el seno de esas instituciones para denunciar sus actividades y convocar a la creación de nuevas instituciones de desarrollo, fundadas en la solidaridad y no en el dominio y el beneficio.
5. Un gobierno popular reconocerá el papel destructor de la colonización, que incluye la esclavitud, las guerras coloniales, las guerras de exterminio y cualquier otra implicación en las masacres coloniales; iniciará un proceso para determinar las compensaciones financieras que debe pagar a sus antiguas colonias, si las tenía, y en ese caso, restituirá a sus antiguas colonias los bienes culturales robados (por ejemplo, los objetos de arte colonial expuestos y conservados en el British Museum en Londres, en el museo del Louvre en París, y en el Museo Real de África central en Tervuren, cerca de Bruselas). Ese gobierno determinará las compensaciones financieras a pagar por los beneficios obtenidos a costa de los Estados deudores dependientes y velará por que esas compensaciones sean utilizadas bajo el control democrático de las correspondientes poblaciones. Si tuviera los medios financieros, propondrá préstamos a un tipo de interés cero a los países dependientes. Y transferiría también toda la tecnología de utilidad al resto de países.
6. Un gobierno popular de un país miembro de la OTAN abandonará esa organización y cesará cualquier cooperación con la misma. Los mandos militares más estrechamente ligados al Estado y a la clase capitalista serán separados de sus funciones y el ejército será reorganizado bajo control democrático. Si el Estado estaba implicado en guerras en el exterior (por ejemplo en Malí), iniciará un proceso de retirada, tratando de acabar lo más rápido posible, y reemplazará sus acciones por una ayuda humanitaria con control democrático por parte de las correspondientes poblaciones.
7. Un gobierno popular socializará la industria del armamento e instaurará una moratoria de la producción y ventas de armas al extranjero. Se comprometerá a favor de un desarme mundial y desmantelará su propio arsenal nuclear, si lo tuviera. Iniciará acciones judiciales retroactivas contra los responsables de la venta de armas a regímenes criminales (por ejemplo, Arabia Saudí, Siria, Egipto, Marruecos, Turquía, Myanmar).
8. Un gobierno popular emprenderá sanciones contra los regímenes que violan el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales, tratando de no aumentar el peligro para las poblaciones de esos regímenes. Cuando se trate de países dependientes, habría que aplicar las sanciones solo a las personas responsables de los actos del régimen. Congelará todos los lazos económicos con el Estado de Israel mientras éste no respete el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, es decir, hasta que el Estado de Israel reconozca la soberanía del Estado palestino con sus fronteras de 1967 y el régimen internacional de Jerusalén (lo que significa el abandono de las colonias israelíes ilegales en Cisjordania y en Jerusalén –Este). Además, hasta que acabe con el bloqueo ilegal de la franja de Gaza y con su régimen de apartheid en el interior de sus propias fronteras, y permita el regreso de los refugiados palestinos.
9. Un gobierno popular sostendrá activamente las naciones y las etnias oprimidas (por ejemplo, a palestinos, kurdos, saharauis, rohingya) mediante la ayuda humanitaria y diplomática. Asistirá a las poblaciones cuya vida esté directamente amenazada, incluso con medidas que impidan a los regímenes criminales cometer crímenes de masas.

• Acciones a medio plazo de un gobierno popular en relación con los movimientos sociales

1. Un gobierno popular necesitará romper el aislamiento con movilizaciones masivas contra las amenazas contrarrevolucionarias provenientes del interior y del exterior del país. Ese gobierno lanzará una convocatoria a movilizaciones internacionales por la paz, la solidaridad y la justicia social. Hará público el chantaje constante y las amenazas utilizadas por los gobiernos procapitalistas en las negociaciones y en las instituciones multilaterales.
2. Para no aislarse, ese gobierno necesitará establecer nuevas cooperaciones bilaterales y multilaterales con gobiernos procapitalistas en el exterior. Pero para lograr esto, deberá establecer claramente la distinción entre lo que corresponde a cálculos diplomáticos tácticos (que motivarían esas cooperaciones) y lo que corresponde a alianzas políticas estratégicas (que no pueden efectuarse con gobiernos procapitalistas), y someter esas líneas de trabajo a un control democrático estricto por parte de la población.

• Acciones de medio término en el ámbito internacional

1. Una vez que tengan los medios financieros suficientes, varios gobiernos populares podrán crear una institución financiera común basada en la solidaridad, que pueda ofrecer préstamos a tipo de interés cero a los países dependientes, tanto en el interior como en el exterior de la UE.
2. Esos gobiernos podrán establecer nuevas cooperaciones en los ámbitos económicos, sociales y ecológicos, adoptando legislaciones iguales (por ejemplo, en el ámbito de los derechos del trabajo, de la seguridad social y de las políticas de vivienda) basadas en las normas más exigentes que estén activas en uno o varios de esos países.
3. Varios gobiernos populares adoptarán un tratado jurídico vinculante para obligar a las sociedades transnacionales a respetar el derecho internacional, y actuarán conjuntamente en el ámbito internacional para promover el cambio social y la transición ecológica.
4. Finalmente, esos gobiernos tratarán de conseguir una relación de fuerzas suficientemente potente para comenzar unas negociaciones significativas con los Estados opresores. El objetivo será la resolución de problemas nacionales (por ejemplo, Palestina, Sahara occidental, Kurdistán) y de guerras civiles prolongadas (por ejemplo, Siria).

IV. Conclusión

Los gobiernos populares tendrán que tratar de desarrollar formas de cooperación y de alianzas duraderas basadas en la solidaridad internacionalLa Unión Europea y una parte significativa de sus Estados miembros tuvieron (y siguen teniendo) una responsabilidad importante en el sistema de dominación imperialista mundial que merece ser invertida. Porque las urgencias sociales y ecológicas se plantean a nivel mundial, las políticas de los gobiernos populares que tienen por objeto favorecer la emancipación del mayor número de personas, no deberían detenerse ni en las fronteras nacionales ni en las europeas. Por el contrario, los gobiernos populares tendrán que tratar de desarrollar formas de cooperación y de alianzas duraderas basadas en la solidaridad internacional. Esas nuevas formas de cooperación no tendrán ninguna delimitación geográfica predefinida: se crearán con cualquier gobierno popular que lo desee, ya sea en el interior o en el exterior de la Unión Europea actual, tanto en el Norte como en el Sur del Mediterráneo, al Oeste o al Este del estrecho del Bósforo.

Estas políticas deben construirse desde hoy mismo, por la solidaridad internacional concreta de los movimientos de la izquierda popular con todas las personas oprimidas y explotadas, tanto dentro como fuera de la UE.

Irlanda

Queremos una Europa comunitaria, pero eso es imposible dentro de las instituciones de la UELas instituciones europeas (de la Unión Europea/UE y la Unión Económica y Monetaria/UEM) son estructuralmente neoliberales y, por consiguiente, antidemocráticas y desiguales. Constituyen un obstáculo a la satisfacción de los derechos, exigencias y necesidades de las clases populares en cada país, así como a la solidaridad y la igualdad entre los pueblos de los estados miembros. Así, cualquier verdadero intento político y social de transformación social radicalmente progresista en la UE y su entorno debe confrontarlas. La prioridad es preparar dicho enfrentamiento a través de rebeliones feministas, anti xenófobas e igualitarias coordinadas en redes europeas y deslegitimar y hacer irrelevantes las vigentes instituciones y tratados. Debemos impugnarlas con criterios y ejemplos prácticos de justicia social, dignidad, solidaridad y democracia. Esto implica la subordinación del dinero, los mercados financieros, la banca y las políticas fiscales a dichos objetivos, al control y a la elección popular. Contra la lógica de la competición así como en la perspectiva de una transición ecológica, la lucha a nivel europeo y la construcción de alternativas es de particular importancia. Esto es por lo que queremos comunicar a nivel europeo, pero es imposible en el marco de las vigentes instituciones europeas.

El siguiente guion propone contar con las luchas sociales existentes a nivel trasnacional, nacional y local con el objetivo de desobedecer, confrontar y romper con las instituciones europeas capitalistas y antidemocráticas, y sustituirlas por nuevas formas de cooperación popular e instituciones democráticas en Europa.

I. PRINCIPIOS.

Nuestra orientación estratégica se basa en tres principios.

La defensa de los derechos para todos y la justicia ambiental tanto contra las clases dominantes europeas y sus componentes nacionales como contra cualquier tendencia racista y xenófobaEn primer lugar, nuestro “perfil” está y debe estar siempre claramente situado políticamente en la defensa de los derechos para todos y la justicia ambiental tanto contra las clases dominantes europeas y sus componentes nacionales como contra cualquier tendencia racista y xenófoba, sea favorable o contraria a la UE, dentro o fuera de la UEM. Por tanto, deben postularse claramente unas líneas divisorias (sobre temas democráticos, ambientales y sociales) con el fin de romper tanto con las fuerzas e instituciones dominantes nacionales como con los tratados e instituciones europeas que trabajan a favor de las clases dominantes. Este escenario de desobediencia, enfrentamiento y ruptura está legitimado por los objetivos igualitarios y democráticos trasnacionales, claramente asociados a la necesidad de reunificar a los pueblos europeos (de otra manera y dentro de otras relaciones internacionales).

En segundo lugar, necesitamos construir una nueva cooperación internacional con respecto a nuestra agenda progresista como parte de una estrategia permanente a largo plazo. Nuestros objetivos solo pueden ser logrados a través de la construcción de frentes permanentes y la preparación de campañas a nivel trasnacional sobre la base de las luchas que ya existen a nivel local, nacional, regional e internacional. A través de dichas campañas y frentes autoorganizados tenemos la intención de legitimar e implementar nuevos derechos para todos. La apuesta es escapar del paralizante doble vínculo entre aceptar las reglas antidemocráticas de las instituciones de la UE, por un lado, y el callejón sin salida del nacionalismo excluyente por otro. Nuestro objetivo es además tratar de superar las principales debilidades de las corrientes de la izquierda hechas patentes en los enfrentamientos de los estados con la UE como en la crisis griega y en el Brexit: la falta de cooperación entre las fuerzas de izquierdas en Europa y la ausencia de un proyecto europeo alternativo concreto.

Articular luchas sociales (y autoorganización), iniciativas políticas y elementos de “procesos constituyentes”En tercer lugar, el guion, incluyendo pasos a corto y campañas a largo plazo, debe articular luchas sociales (y autoorganización), iniciativas políticas y elementos de “procesos constituyentes”. Queremos decir con esto la defensa y legitimación de los derechos fundamentales que podrían ser formulados como parte de la “base constituyente” para una Europa política alternativa; todos ellos deben, por supuesto, anclarse en luchas similares a nivel nacional y local. El proceso en su conjunto debe estimular la expresión popular de reivindicaciones y control sobre las instituciones vigentes y estar asociadas a la creación de contrapoderes y nuevas instituciones democráticas a nivel local, regional, nacional, europeo y global.

La materialización de estos principios implica como condiciones necesarias la comprensión de la importancia de cada nivel y de su articulación para objetivos concretos –con aproximaciones críticas a todas las instituciones vigentes–. El anclaje nacional y local es esencial para tener en cuenta contextos concretos, y por ello es a estos niveles donde los enfrentamientos políticos y rupturas con las instituciones vigentes, las clases dominantes, así como la UE es más probable que tengan lugar. Pero los derechos democráticos y sociales, al igual que el control real sobre los asuntos (sociales y ambientales) clave se enfrentan a un sistema articulado de tratados, instituciones y mecanismos socioeconómicos que no pueden ser derrotados solo a esos dos niveles. Las iniciativas nacionales y locales no deben en ningún caso restringirse “en nombre de” apuestas europeas o esperar a un contexto ideal de luchas simultáneas europeas e internacionales. Lejos de ser excluyentes entre sí, las luchas sociales locales y nacionales deben pensarse en la perspectiva de constituir redes y vincular contrapoderes para la cooperación internacional, que pueden ayudar a consolidar rupturas y resistencias nacionales. Cada avance nacional debe ser una oportunidad para proponer lanzar allá donde sea posible procesos constituyentes en dirección a otras alianzas internacionales o europeas, con el objetivo de construir o fortalecer un “espacio público europeo” que necesariamente debe permitir la expresión de las lucha de clases y el conflicto social para ser democrático. Siempre son necesarios los llamamientos públicos a otras fuerzas europeas a unirse y apoyar las mismas reivindicaciones u organizar iniciativas conjuntas. Los probables fracasos y debilidades a nivel europeo no deben llevarnos a renunciar a los avances nacionales.

El sistema capitalista y sus fuerzas dominantes en conflicto y políticas destructivas se lanzan a nivel local, regional, nacional e internacional (europeo). Por tanto, es a esos niveles así articulados donde un nuevo bloque “hegemónico” (con sus “narrativas” sobre el orden y las luchas presentes y pasadas, y sus propuestas para un sistema anticapitalista alternativo) pueden construirse, enraizadas en luchas y debates pluralistas. Esto es por lo que las tres dimensiones sociopolíticas propuestas en el guion (nuestro “perfil” general, la necesidad de construir frentes permanentes, y asociarlos a las dinámicas de nuevos “derechos”, procesos e instituciones “constituyentes”) deben pensarse conjuntamente a estos niveles.

II. PROPUESTAS: LOS PASOS PRINCIPALES DEL GUION DE “REBELIÓN Y COMUNICACIÓN”.

¿Qué pasos necesitamos elaborar?

1. Necesitamos implementar inmediatamente en la práctica nuestros objetivos políticos, ambientales y sociales alternativos a través de programas permanentes coordinados y desobediencia basada en la cooperación: a nivel local, regional, nacional y europeo, e implicando todos los temas o asuntos específicos (por ejemplo deuda, políticas migratorias, transición ecológica, acuerdos neocoloniales con el Sur Global incluida “Europa oriental”, etc.), junto con varios actores políticos que deben desobedecer los tratados, dictados y decisiones de la UE. Deben declarar que lo harán juntos para aplicar políticas alternativas y establecer una nueva cooperación a largo plazo (implicando todos los asuntos o algunos específicos).

Algunos de estos movimientos ya se intentan conectar a nivel trasnacional, y necesitamos espacios físicos y digitales para unir fuerzasEstos procesos de desobediencia pueden basarse en luchas existentes –con la necesidad de consolidar o construir redes europeas que extraigan lecciones de los avances, dificultades y debilidades– tales como las diferentes formas de huelgas, en particular contra las transnacionales y el empleo precario; los movimientos feministas actualmente fuertes con todas sus “intersecciones”; las luchas ecologistas basadas en el territorio (“ZAD”) y la invención de nuevas formas de gestión de los “comunes”; las diferentes formas espectaculares de luchas contra la evasión fiscal como la requisa de mobiliario de agencias bancarias o instituciones financieras implicadas en esta; los movimientos de ocupación de espacios públicos y debates sobre sus objetivos y funcionamiento y los movimientos amplios de protesta que desafían las desigualdades sociales y la falta de instituciones democráticas tales como el actual movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia, el movimiento de los “plenos ciudadanos” en Bosnia de 2014, el movimiento 15M que comenzó en España en 2011, etc.; la auditoría de las instituciones públicas y sus deudas a nivel municipal, nacional y europeo; la apertura de los libros de cuentas de las empresas privadas para deslegitimar los criterios capitalistas de “eficiencia” y explotación; los movimientos de bienvenida a los migrantes y ayuda en el paso de fronteras; la construcción de redes de “ciudades rebeldes” que apliquen “derechos para todos”; etc. Algunos de estos movimientos ya se intentan conectar a nivel trasnacional, y necesitamos espacios físicos y digitales (por ejemplo, asambleas y páginas web) para unir fuerzas; este objetivo debe buscarse más sistemáticamente.

Las declaraciones comunes de desobediencia deben basarse además en campañas concretas (en todos los campos, como los derechos laborales, las políticas monetarias, el antirracismo, etc.) que deben en la medida de lo posible demostrar la eficiencia factible de implementar objetivos sociales, ambientales y democráticos a nivel europeo, en contradicción con las políticas neoliberales y tratados vigentes. Es sobre la base de tales campañas y experiencias concretas que podemos preparar a las poblaciones para la necesidad de desobedecer las “reglas” dominantes o dictados de las vigentes instituciones políticas.

El primer paso debe hacerse con el objeto de satisfacer las necesidades concretas de la gente, contra la lógica de la competición a través de la cooperación progresista internacional de productores y servicios autoorganizados. Aunque no debemos reducir la lucha a las instituciones vigentes, las reivindicaciones populares específicas deben tratar de utilizar todos los medios institucionales, incluidas las batallas parlamentarias en la UE, para fortalecer huelgas y actividad sindical a nivel europeo.

Si un actor político está aislado de momento, puede deslegitimar todavía las instituciones y políticas vigentes, desobedecerlas aplicando soluciones alternativas y proponiendo abiertamente nuevas formas de cooperación popular y autoorganización a todos los niveles posibles.

Rechazar cualquier sacrificio “social” por una divisa, sea el euro o una moneda nacional2. Las luchas existentes a nivel nacional deben demostrar los vínculos mutuos entre las políticas de las clases dominantes nacionales y las instituciones, la economía política y la ideología europea dominante con el objetivo de confrontar con ambas. Para producir una ruptura con su hegemonía, las movilizaciones y consultas populares deben enfocarse en los objetivos y programas concretos que deben plantearse contra las instituciones y clases dominantes de la UE: cuando el sistema monetario y los tratados se muestran en contradicción con los legítimos objetivos y derechos sociales y democráticos (como obviamente fue, por ejemplo, el caso griego), entonces deben ser cuestionados, no aplicados; y las propuestas deben plantearse para reemplazarlos por otros tratados. Nuestra lógica debe ser rechazar cualquier sacrificio “social” por una divisa, sea el euro o una moneda nacional, y establecer la subordinación de los mercados y todos los medios financieros a objetivos democráticamente determinados. El enfrentamiento consiste además en implementar herramientas defensivas contra las amenazas y ataques de la UE, así como iniciativas políticas ofensivas para desestabilizar al bloque neoliberal y causar una crisis en la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones europeas.

La implementación de tales herramientas debe hacerse tan pronto como sea posible por parte de un actor político a través de medidas unilaterales, como la suspensión del pago de la deuda mientras se realiza una auditoría; un programa de políticas públicas para la creación de empleo sobre la base de una fiscalidad específica; el control del flujo de capitales; o algunas socializaciones y/o nacionalizaciones vinculadas a luchas y reivindicaciones concretas.

Las “herramientas defensivas” nunca deben ser una protección para el capital nacional, sino una protección democrática y popular de los derechos y mejoras en el bienestar socialSi un actor político está aislado de momento, aplica tales herramientas por sí solo y, a través del llamamiento a movilizaciones populares a lo largo de Europa (más que solo dentro de su propia área geográfica), está proponiendo a otros actores contribuir a la deslegitimación y, por tanto, al incremento de la crisis política de las instituciones europeas. Las “herramientas defensivas” nunca deben ser una protección para el capital nacional, sino una protección democrática y popular de los derechos y mejoras en el bienestar social contra la especulación, el sabotaje y otros actos hostiles de las fuerzas dominantes, a todos los niveles; debe fomentar la cooperación en lugar de la competición entre la gente trabajadora que quiere asociarse en una entidad común para defender objetivos y derechos comunes.

3. Tales herramientas defensivas e iniciativas políticas ofensivas implican necesariamente una ruptura con los tratados e instituciones europeas por parte de gobiernos populares a nivel nacional. La forma de la “ruptura” (sea consecuencia de la implementación de políticas alternativas o de la decisión democrática de salir) no puede ser preconcebida y prevista, pero nuestro objetivo en todo caso es deslegitimar, si es posible, para “bloquear” la capacidad de intervención de las instituciones europeas vigentes, y forzarlas a exponer que nuestros objetivos progresistas están en contradicción con sus tratados y políticas –y producen una crisis y dificultan el “normal” funcionamiento de la UE–. Todos los pasos dados por un gobierno popular como se describen previamente en el Manifiesto requieren una ruptura, al menos a nivel nacional, con las reglas y políticas dominantes europeas. Debemos demostrar claramente que lo que defendemos no tiene que ver con razones vinculadas al “interés nacional” sino a razones democráticas, ambientales, sociales y políticas –que afectan a todos los pueblos dentro y fuera de la actual Unión–.

Por ejemplo, el rechazo a pagar las partes ilegales, ilegítimas, insostenibles y odiosas de la deuda pública debe basarse por supuesto en primer lugar en el análisis nacional concreto sobre la política fiscal (quién paga) y los gastos y necesidades públicas (y cómo además podrían ser satisfechos mejor). Pero esos argumentos llevan a denunciar el dumping fiscal y social a nivel europeo y global. En los niveles internacional y europeo, necesitamos urgentemente un debate para desafiar la legitimidad del sistema monetario internacional vigente, el papel del FMI y la Unión Económica y Monetaria –sobre la base de un análisis concreto de sus efectos negativos– y proponer formas y reglas alternativas de cooperación para el sistema financiero. Defendemos la absoluta necesidad de una divisa y un sistema monetario democráticamente controlados, por tanto, la necesidad de la socialización de la banca y el control de los flujos de capital. Esas medidas entran en conflicto con la Unión Económica y Monetaria y los tratados de la Unión Europea.

Por lo tanto, un gobierno popular a nivel nacional estaría en conflicto con las instituciones europeas en varios contextos llevando a diversas formas de “rupturas”, según las relaciones de fuerzas concretas y las percepciones populares vinculadas a la situación precisa del país dado en el contexto económico dado. Podría decidir una salida de la UEM y/o de la UE (por ejemplo, sobre la base del artículo 50), o aceptar el reto de ser expulsado (incluso aunque eso no está claramente previsto por los tratados); la dinámica podría llevar también a un desmantelamiento de las instituciones europeas o a enfrentamientos de larga duración con ellas.

El asunto clave es alcanzar las condiciones más favorables para luchar contra las políticas neoliberales y capitalistasLas opciones alternativas deberían discutirse democráticamente a través de una movilización popular. Debe quedar claro que ninguna de las posibles opciones implica una voluntad de orientación nacionalista contra otros pueblos, sino que se contemplan como medidas para aplicar objetivos democráticos, ambientales y sociales a nivel local, nacional e internacional, con el argumento de que todas las orientaciones propuestas podrían ser más fuertes si se aplicasen dentro de una nueva forma de cooperación internacional. Debe plantearse siempre claramente que el verdadero asunto es alcanzar las condiciones más favorables para luchar contra las políticas neoliberales y capitalistas.

Por ejemplo, la opción de abandonar la UEM debe asociarse siempre con la oposición a las fuerzas políticas que quieren tener una política exportadora “más competitiva” y/o una “preferencia nacional” para la satisfacción de necesidades (fuerzas políticas que promueven la idea de servicios sociales solo para nacionales, excluyendo a los inmigrantes o “ciudadanos de segundo nivel”). Sea cual sea la divisa elegida, deben tomarse medidas para defender los derechos de circulación y residencia de cualquier individuo. La opción de permanecer dentro de la UEM no debe asociarse nunca a ninguna presentación apologética de la UE o con argumentos que planteen que un nivel “europeo” de políticas e instituciones sería más “progresista” que uno nacional (el relato opuesto y el planteamiento apologético de un “Estado-nación” como “progresista” no es más aceptable).

una alianza de asociaciones, ciudades, regiones o Estados rebeldes, podría lanzar un “proceso constituyente rebelde”4. Procesos constituyentes a todos los niveles posibles para construir alternativas: como se planteaba anteriormente, los pasos previos deben asociarse a una nueva cooperación política en Europa basada en un programa común contra las instituciones y clases dominantes europeas, al igual que contra las tendencias xenófobas, y en favor de derechos sociales para los trabajadores y todas las clases subalternas, así como en defensa del medio ambiente. No puede predecirse totalmente el escenario pero por ejemplo, una alianza de asociaciones, ciudades, regiones o Estados rebeldes, podría lanzar un “proceso constituyente rebelde” (implicando prerrogativas funcionales globales o específicas), abierto incluso a espacios políticos no involucrados desde el comienzo en el proceso de desobediencia. Estos procesos (u otros basados en distritos y procesos populares) podría basarse en particular en el esbozo de listas de agravios a través de asambleas populares democráticas (entre los ejemplos recientes, puede recurrirse a las experiencias del masivo Movimiento del Rif lanzado en octubre de 2016 en Marruecos, o en algunos de los ejemplos locales del movimiento de los “Chalecos Amarillos” en Francia, tales como Commercy, Saint-Nazaire o Toulouse). Deben integrar siempre contenido para todos los sectores de las clases subalternas, con cometidos en favor de la gente trabajadora, cometidos concretos antirracistas y antipatriarcales, dimensiones urbanas y rurales, oportunidades concretas a los refugiados, etc. Estos procesos constituyentes, con formas variadas según las situaciones y niveles implicados (desde foros y redes municipales hasta Asambleas Constituyentes a nivel nacional o europeo asociados a programas internacionalistas) hay que lanzarlos desde la visión de crear una nueva cooperación, para favorecer el proceso de ruptura de actores políticos cercanos que no lo hayan afrontado por sí mismos, para desmantelar la Europa Fortaleza y en última instancia crear instituciones alternativas a nivel europeo e internacional.

Si un actor político está aislado de momento, debe lanzar su “proceso constituyente rebelde” en el territorio y/o en la función implicada, y proponer a otros actores unirse al mismo. La noción de “rebelión” (como para las ciudades rebeldes) indica que no nos limitamos a los procedimientos institucionales en la actual UE, que organizamos redes de diversas formas de rebeliones organizadas, que tal “proceso constituyente” está en conflicto con los tratados dominantes y que puede ser no lineal. Por ejemplo, “asambleas constituyentes” parciales ayudarían a deslegitimar y bloquear la Unión actual, y “redes de redes” (físicas y digitales) ayudarían a vencer las dificultades ligadas a la multiplicidad de idiomas, situaciones y temporalidades específicas. Podrían organizarse sobre asuntos específicos (“Comunes”, leyes laborales, derechos de los migrantes, etc.) y sin criterios geográficos, incluso antes de ser capaces de establecer una nueva forma de cooperación internacional en cualquier nivel europeo creíble.

III. PROPUESTAS: INICIATIVAS INMEDIATAS.

Cada uno de los pasos previos requiere de algunas iniciativas inmediatas, con el objetivo de hacerlos posibles y estar preparados cuando las condiciones y ocasiones sociopolíticas ocurran. Los principales requisitos afectan al diseño y a la apropiación popular de las herramientas concretas necesarias para desobedecer, confrontar y lanzar procesos constituyentes, así como al encuentro de fuerzas políticas y sociales que pueden operarlos.

Para especificar el escenario y adaptarlo concretamente a las diferentes situaciones posibles, necesitamos:

a) extraer las lecciones de los intentos previos de romper con los tratados europeos y desobedecer a las instituciones europeas, principalmente: la secuencia política de 2010-2015 en Grecia, el referéndum del Brexit en Gran Bretaña y la rebelión nacional en Catalunya manifestada principalmente en 2017; y también otros ejemplos de rupturas similares con entidades explotadoras y opresivas que puedan ser más antiguas y fuera de la UE.
b) analizar, precisar y popularizar los instrumentos económicos y jurídicos ya utilizados o debatidos en la izquierda: por ejemplo, los comités de auditoría de la deuda pública, los sistemas de pago complementarios y/o la creación de una nueva divisa nacional bajo control democrático, el artículo 50 del Tratado de Lisboa, etc.
Lanzar campañas vinculadas al mismo objetivo o unirse a su aplicaciónc) basarse en las redes existentes que ya han anticipado o podrían estar de acuerdo con el guión y lanzar campañas vinculadas al mismo o unirse a su aplicación: principalmente las “Ciudades Rebeldes”, el Manifiesto de Oviedo/red municipal contra la deuda ilegítima y los recortes presupuestarios en el Estado español, las redes de Vía Campesina, las redes y campañas de mujeres, las redes de trabajadores precarios, la huelga trasnacional, las redes sindicales. La red y la web Altersummit podría ser “comunizada” y utilizada como “red de redes” y facilitar informaciones y debates, tal y como debemos poner en común informaciones sobre la red Plan B, los Foros de la Izquierda Europea y otras iniciativas europeas de la izquierda para trazar estrategias y orientaciones políticas juntos.

Concretamente, para 2019, proponemos a todas las fuerzas progresistas (sindicatos, organizaciones políticas, asociaciones, colectivos de activistas) compartir objetivos similares:

1. Fortalecer conjuntamente su crítica a las instituciones capitalistas y antidemocráticas europeas y especificar juntas sus propuestas para romper con su hegemonía y reconstruir una nueva cooperación popular.
2. Actualizar, “comunizar” y popularizar elaboraciones convergentes, como el Manifiesto Altersummit y las aportaciones y el Manifiesto ReCommonsEurope. Juntas, podrían usarse para consultas colectivas sobre objetivos y medios de un proceso sociopolítico alternativo en Europa y para el establecimiento de un Frente Rebelde Europeo y un “espacio” público de aquellos que están dentro, contra y fuera de la UE, con el objetivo de lanzar una rebelión democrática europea de larga duración.
3. Animar al desarrollo de iniciativas significativas a nivel local, nacional y europeo en favor de “procesos constituyentes rebeldes” tales como aquellos que están siendo desarrollados por algunos manifestantes de “chalecos amarillos” en Francia.
4. A aprovechar las elecciones europeas para lanzar campañas y debates populares sobre este guion y sus implicaciones; para informar sobre las iniciativas existentes y espacios alternativos que podrían tomar parte en el mismo; y para juntar fuerzas sociales y políticas en torno a él.