No más austeridad: Informe global sobre recortes presupuestarios y reformas sociales nocivas en 2022-25

8 de julio de 2024 por Isabel Ortiz , Matthew Cummins


Este informe expone los peligros de un shock de austeridad pospandemia, mucho más prematuro y grave que el que siguió a la crisis financiera mundial. El informe encuentra que el 85 por ciento de la población mundial, más de 6.300 millones de personas, viven sometidas a la austeridad. Los gobiernos deben identificar urgentemente opciones de financiamiento alternativas para apoyar a sus poblaciones que enfrentan crisis múltiples, sanitaria, energética, financiera, climática, así como una crisis del costo de vida.



El informe:

  1. presenta la incidencia de los recortes presupuestarios basados ​​en proyecciones del FMI en 189 países hasta 2025;
  2. revisa 267 informes de país del FMI para identificar las principales medidas de austeridad que están considerando los Ministerios de Finanzas y el FMI en cada país; y
  3. presenta opciones de financiación alternativas y pide a los gobiernos que pongan fin a la austeridad creando espacio fiscal para financiar los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

El análisis de las proyecciones de gasto del FMI muestra que 143 países -incluidos 94 países en desarrollo- están implementando medidas de austeridad que socavan la capacidad de los gobiernos para brindar educación, atención médica, protección social y otros servicios públicos. Los gobiernos comenzaron a reducir el gasto público en 2021, y se espera que el número de países que recortan presupuestos aumente hasta 2025. Los gobiernos de todo el mundo están considerando o ya están implementando una larga lista de medidas de austeridad: focalizar y racionalizar la protección social (en 120 países); recortar el número y salarios de los funcionarios públicos (en 91 países); eliminar subsidios (en 80 países); privatización de servicios públicos, a veces llamado “reforma de empresas estatales” (en 79 países); reformas de las pensiones (en 74 países); reformas de flexibilización laboral (en 60 países); reducir las contribuciones de los empleadores a la seguridad social (en 47 países); y recortar el gasto en salud (en al menos 16 países). Paralelamente, tres medidas predominantes para aumentar los ingresos en el corto plazo que también tienen impactos sociales perjudiciales incluyen: aumentar los impuestos al consumo, como los impuestos sobre las ventas y el valor añadido (IVA), generalmente regresivos (en 86 países); fortalecer las asociaciones público-privadas (APP/PPPs) (en 55 países); y aumento de tarifas de los servicios públicos (en 28 países). Estas políticas de austeridad tienen impactos sociales negativos en sus poblaciones, perjudicando especialmente a las mujeres.

Es alarmante que se utilicen billones de dólares para apoyar a las corporaciones, mientras que los costos del ajuste recaen sobre la población. Los gobiernos deben trabajar para la prosperidad y bienestar de todos. Los peligros de una austeridad excesivamente agresiva quedaron claros en la última década de ajuste. Entre 2010 y 2019, miles de millones de vidas se vieron afectadas por la reducción de las pensiones y los beneficios de protección social, los recortes en los programas para mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, trabajadores informales y minorías étnicas; por profesores, funcionarios de salud y funcionarios públicos locales cada vez peor pagados; por una menor seguridad laboral para los trabajadores, al desmantelarse las regulaciones laborales; por menores subsidios y mayores precios debido a los impuestos al consumo, que redujeron aún más el ingreso disponible tras la caída del empleo por una menor actividad económica.

Los recortes de austeridad no son inevitables; existen alternativas. No es necesario que las poblaciones sufran estos recortes de ajuste: en lugar de recortar el gasto público, los gobiernos pueden aumentar los ingresos para financiar la protección social universal y servicios públicos de calidad, de acuerdo con los derechos humanos y los ODS.

Hay al menos nueve alternativas de financiación, disponibles incluso en los países más pobres. Estas nueve opciones de financiamiento del espacio fiscal están respaldadas por las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, y han sido implementadas por gobiernos de todo el mundo durante años. Estas incluyen:

  1. aumentar los ingresos tributarios progresivos, incluyendo gravar la riqueza
  2. eliminar/reestructurar la deuda,
  3. erradicar los flujos financieros ilícitos,
  4. aumentar las contribuciones y la cobertura de la seguridad social, incluidas contribuciones adecuadas de los empleadores, y la formalización de los trabajadores en el sector informal con contratos decentes,
  5. utilizar reservas fiscales y de divisas,
  6. reasignar el gasto público (por ejemplo, menor gasto militar),
  7. adoptar un marco macroeconómico más flexible,
  8. ejercer presión para obtener mayor ayuda al desarrollo y transferencias, y
  9. emisión de nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG) sin condicionalidades.

Hay una campaña global para frenar las medidas de austeridad: #ENDAUSTERITY #NOMASAUSTERIDAD. Únase aquí: https://endausterity.org/ (español arriba derecha)

Haga clic aquí para descargar el informe (en inglés)

Haga clic aquí para ver el lanzamiento del informe y de la Campaña No Mas Austeridad, con Sharan Burrow, Jayati Ghosh, Cephas Lumina, Roberto Bissio, J.P. Bohoslavsky, Isabel Ortiz y otros.


Isabel Ortiz

is Director of the Global Social Justice Program at the Initiative for Policy Dialogue, Columbia University, and former director of the International Labour Organization (ILO) and UNICEF.

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Matthew Cummins

Matthew Cummins is an economist who has worked at UNDP, UNICEF and the World Bank.

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