España

Privatización de la Sanidad en el País Valencià

12 de enero de 2014 por Manuel Girón , Begonya Bevià , Francisco Macià


¿Por qué la Consellería de Sanitat es tan ineficiente?

La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe en relación con la privatización de la radiología en el País Valencià, en el que ha dicho lo que todas las personas entendidas han denunciado durante años: que se está dilapidando el dinero público. Que se están pasando casi 17 millones de euros al año, sin justificación, a una empresa privada, y que el sobrecoste pagado a esta empresa privada no garantiza un servicio adecuado. El sobrecoste procede, entre otros factores, de que una exploración realizada por Erescanner cuesta 257 € mientras una realizada por un equipo público cuesta 108 €. Estos 17 millones supondrían 340 contratos de médicos de 1 año de duración (lo que supone dotar de médicos 40 nuevos centros de atención primaria). Pese al rechazo profesional y la denuncia de la Sindicatura de Comptes la Conselleria mantiene la prórroga del contrato hasta el año 2018, lo que supone un sobrecoste de 85 millones de euros.

Por otra parte, se han retirado 4 millones y medio de euros del presupuesto de Sanidad para pagar intereses de demora a una empresa por la tramitación tardía del certificado de obra del centro de salud pública. Este dinero supondría 125 contratos anuales de profesionales de enfermería. La gestión privada de las áreas de salud supone un sobrecoste de 220 millones de euros anuales, frente a la gestión pública, tal como han estimado los profesionales de estos centros privatizados. Con este dinero se podría costear más de dos veces la reforma de los maltrechos servicios de salud mental para configurarlos como un modelo básico de atención integral comunitario. Con este dinero se podría costear miles de investigadoras. Todo esto es lo que no se hace debido a la «gestión» del govern valencià, un gobierno que nos engaña cuando atribuye la política de recortes a la «crisis» y la «contención del déficit» (lo que significa, en realidad, el pago de una deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
ilegítima), así como cuando justifica las privatizaciones por su «eficiencia».

Toda esta transferencia de dinero de la sanidad pública a empresas privadas se realiza al tiempo que se recortan los medicamentos para enfermedades graves como el cáncer o las enfermedades reumáticas, se han cerrado este verano casi todos los centros de salud a partir de las 15 horas, se han cerrado 1.400 camas en todo el País, se ha despedido al personal entrenado en la atención urgente del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, y se han disminuido las ambulancias para atender este servicio.

¿Cómo se explica la coexistencia del traspaso de dinero público a empresas privadas con una política de recortes generalizados? La Conselleria nos dice que la empresa privada es más eficiente que la sanidad pública y que esta es insostenible. Sin embargo, la Sindicatura de Comptes, les dice lo contrario y nos dice que han mal usado fondos públicos.

¿Por qué la Conselleria es tan «ineficiente»? Para ACDESA el motivo fundamental es la decisión de pasar a manos privadas la sanidad pública, lo que la Conselleria de Sanitat define engañosamente como «colaboración público-privada». Es bien conocido que el resultado de esta «colaboración» entre los sectores público y privado en la sanidad supone precisamente la transferencia de recursos desde los servicios públicos a los privados. Esta «colaboración», legislada por la ley 15/97, ha supuesto que el dinero destinado a la sanidad privada haya ido aumentando progresivamente al tiempo que el gasto sanitario público se ha ido mermando de manera proporcional. Un pequeño ejemplo cercano: se cierran camas psiquiátricas en el hospital general de Elx y se derivan los pacientes a 40 kilómetros, al hospital privado de Torrevella. Otro: la prensa ha denunciado que un paciente valenciano lleva casi un año pendiente de una cirugía maxilofacial, tras no aceptar el traslado a un centro gestionado por Sanitas. Tenemos que tener en cuenta que para que sea rentable un hospital o centro de salud privado no puede haber una buena alternativa pública. Es decir, si en paralelo a las privatizaciones no se desmantela la sanidad pública, la mayoría de la población seguirá exigiendo ir a la pública, y no existirá el negocio para las empresas que gestionen los centros privatizados.

La decisión de privatizar la sanidad tiene graves repercusiones económicas y sociales. En el terreno económico, el ejemplo lo tenemos en el caso de la privatización del hospital de Alzira. Cuando los números no salieron a gusto de la empresa, y ésta dijo obtener «números rojos», la Generalitat rescató el hospital y volvió a sacarlo a concurso. Lo hizo en 2003, con unas renovadas reglas del juego, más favorables a la concesionaria. El coste para el erario público en 2003 fue de 69,4 millones de euros más un aumento del canon anual que se le paga del 85%. Desde entonces el canon ha subido otro 68%. Todo ello ha supuesto mayor endeudamiento y mayor déficit público. Estos procesos de adjudicación son ineficientes y, si no ilegales, son ilegítimos. La Sindicatura de Comptes por un lado, la cual puede tener acceso directo a los documentos y facturas, así como, por otro, una auditoría ciudadana, son requisitos necesarios que deben colaborar en el retorno a lo público sin ninguna indemnización de todo lo privatizado.

Por otra parte, se sabe que los servicios sanitarios privados con ánimo de lucro dejan desasistida a la población y, en revistas científicas del más alto nivel se ha documentado la baja calidad de sus procesos de atención y su mayor nivel de mortalidad.

Lo que tendría que estar haciendo la Conselleria es cuidar un servicio 100% público. El auto del juzgado que ha paralizado la privatización de 6 hospitales en Madrid ha señalado que «no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia». Pero la población resiste. En La Marina Alta han conseguido que sus ayuntamientos, incluso los gobernados por el PP, pidan la vuelta a lo público del servicio privatizado. En Madrid, la colaboración entre el personal sanitario y las personas usuarias ha conseguido paralizar las privatizaciones y pide responsabilidades contra los responsables de la privatización. Ese es el camino desde abajo contra el diseño de un sistema de salud inhumano.

5/10/2013




Manuel Girón

es miembro de Marea Blanca y de la redacción de la web viento sur.

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