Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Este programa incluye:

1. Énfasis inmediato en el rescate y estabilización inicial (provisión de agua, servicios médicos, transporte, combustible, etc.) en el interior de la isla, donde el impacto del huracán ha sido mayor por razones naturales (trayectoria del fenómeno) y sociales (más altos niveles de pobreza en estos municipios).
2. Suspensión de todo bloqueo a la ayuda que pueda recibir Puerto Rico. Hemos escuchado denuncias (que no hemos podido confirmar) de que se impide la llegada de apoyos de Venezuela en particular, quizás de otros países también. Todo bloqueo de ayuda debe cesar. Puerto Rico necesita y debe recibir toda la ayuda solidaria disponible.
3. Anulación y repudio de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
   Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
   Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. por razón de fuerza mayor, cambio significativo de situación y estado de necesidad. Es necesario completar una auditoría ciudadana de la deuda para determinar que parte es ilegal, inconstitucional o ilegítima. [3] Pero la propuesta de renegociación de la parte restante según las prioridades de proteger las pensiones, los servicios esenciales y los medios necesarios para la recuperación económica ahora debe ser remplazada por la propuesta de repudio y anulación de la deuda por razón de fuerza mayor, cambio de circunstancia y estado de necesidad. [4] El paso del huracán ha obligado a que la posibilidad de anulación se empiece a mencionar. El gobierno de Puerto Rico debe actuar ahora con la audacia y decisión que le faltó cuando debió reconocer que la deuda era insostenible (inicios de 2014, a más tardar) y cuando debió declarar una moratoria cuando al fin lo reconoció (junio de 2015). ¡Basta de sumisión y pasividad! [5]
4. Aportación federal significativa para la reconstrucción. El impacto del huracán ha abierto la discusión sobre una aportación federal a la reconstrucción (que habíamos planteado hace mucho). Se habla de cantidades que antes se decía eran imposibles ($7 a $10 mil millones, o cerca de $30 mil millones que FEMA distribuiría entre distintos estados y territorios), pero que son inadecuadas, en el caso de Puerto Rico. Si el Congreso puede aportar las cantidades que se han mencionado este o el próximo año, sin que ello le cause mayores crisis presupuestarias, debemos exigir un fondo de reconstrucción de al menos $5 mil millones anuales. Esto no es ni caridad, ni aumentar la dependencia. Debe verse como compensación y reparación por el impacto de una relación colonial, perpetuada por el Congreso, de cuyo impacto económico (pobreza, desempleo masivo permanente, sobre-endeudamiento, etc.) esa autoridad colonial es, por lo menos en parte, responsable. [6] Buena parte del producto del trabajo realizado en Puerto Rico ha salido años tras año de Puerto Rico. Ese ha sido el destino del país, que reiteradamente, luego de cada época de crecimiento se encuentra desposeído, descapitalizado y sin los medios para impulsar su desarrollo económico: esto es típico de la condición colonial. [7] Es hora de recuperar una parte de esa riqueza para nuestra reconstrucción. Como señala un reciente estudio del Center for Economic Policy: «There is a substantial case for federal aid to Puerto Rico as well as sufficient debt cancellation to allow for speedy economic recovery.» [8] De igual forma, hay que indicar que el desastre económico actual cuesta al pueblo trabajador de Estados Unidos, por vía de los fondos federales necesarios para mitigarlo: conviene, tanto al pueblo de Puerto Rico como al de Estados Unidos que se dote a la isla de una economía saludable y sustentable, que no necesite tales compensaciones por niveles de pobreza y desempleo. Existe el precedente del proyecto de ley para la descolonización del congresista Vito Marcantonio en 1936, que proveía para este tipo de compensación. En la actualidad puede tomarse como punto de partida (para ser mejorado y enmendado) el proyecto sometido por el senador Bernie Sanders en 2016 «Puerto Rico Humanitarian Relief and Reconstruction Act». [9] ¡Basta de rescatar a Wall Street y de abandonar a los pueblos a su suerte!
5. Las propuestas anteriores suponen la revocación de PROMESA como marco estrecho, inadecuado e injusto para atender la crisis de la deuda. La ley no provee mecanismo alguno para la recuperación económica, como ha reconocido el presidente de la Junta de Control Fiscal creada por dicha ley. Tan solo provee para la aplicación de medidas de austeridad que son socialmente injustas y contraproducentes económicamente. El plan fiscal aprobado no preve crecimiento económico hasta 2024: otra década perdida para Puerto Rico. La aplicación de medidas de austeridad que antes eran injustas y contraproducentes sería, luego del paso del huracán, sencillamente criminal.
6. No más medidas contra el pueblo trabajador y empobrecido. No podemos permitir que se use la emergencia actual o los trabajos de reconstrucción (como ocurrió en Nueva Orléans con el huracán Katrina) para imponer agendas de desplazamiento de comunidades (gentrificación o aburguesamiento), privatización (de escuelas, por ejemplo, con el modelo de las escuelas charter) o eliminación de protecciones y derechos laborales. ¡No más cierres de escuelas sin la participación activa e informada de las comunidades y los trabajadores y trabajadoras afectados!
7. No hay que confundir, como sistemáticamente hacen las organizaciones patronales, productividad con explotación. Puerto Rico necesita más productividad, no más explotación de sus trabajadores y trabajadoras: necesita mayor participación laboral en el ingreso y la organización del trabajo y los servicios. Deben cesar las medidas anti-obreras y revertirse las que ya se han aprobado, empezando con la mezquina reforma laboral, que golpea brutalmente a los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Sin estas acciones toda mención de «unidad de propósitos» ante la crisis es pura hipocresía que esconde las terribles desigualdades existentes y las políticas que las acentúan.
8. No utilización de la crisis para imponer agendas patronales. Debe garantizarse que aquellas grandes empresas que cuentan con seguro por cese de operaciones pasen a los trabajadores y trabajadoras los beneficios que corresponden al pago de nómina (payroll), algo que han tratado de evadir algunas empresas en el sector de turismo. De igual forma hay que rechazar y denunciar los intentos de patronos como GFR media, que, a la vez que elevan cantos editoriales a la unidad de propósitos, pretenden quitar a sus empleados las protecciones de su convenio, bajo amenaza de despido, y reducir sus condiciones de empleo (pago horas extra, días de vacaciones, etc.) a las de la mezquina contrarreforma laboral. Este uso de la crisis para despojar más a los trabajadores es realmente indignante.
9. Suspensión del IVU y reforma contributiva progresiva. La crisis ha provocado la suspensión temporal del cobro del IVU. Esto debe ser estímulo para una reforma contributiva que reduzca los impuestos regresivos, como el IVU (que afectan más a los que menos tienen) y que recupere para el país la extraordinaria cantidad de riqueza que hoy se acumula en pocas manos y que se dedica a fines especulativos e improductivos.
10. Debe considerarse una aportación o impuesto único (one-time) de recuperación a las más grandes empresas que operan en Puerto Rico (se puede designar un volumen de negocios o ganancias para determinar a cuáles aplica).
11. Reforma gubernamental con participación laboral y ciudadana. No podemos confundir eficiencia y privatización. Si algo ha demostrado la crisis provocada por el huracán es la necesidad de un seguro de salud universal y la reconstrucción gradual de un sistema de salud público que sea integral, planificado y abarcador, así como de verdaderos sistemas de transporte colectivo. La superación del malgasto e ineficiencia existentes en los servicios públicos exige su democratización con participación laboral y de los usuarios, no la entrega de lo público a la lógica de la ganancia privada de unos pocos.
12. Plan de reconstrucción económica asentado en los fondos liberados o recuperados por la anulación de la deuda, las aportaciones federales, la reinversión en Puerto Rico de las ganancias que aquí se generan (sea de mutuo acuerdo con las empresas o por vía de contribuciones), la reforma contributiva que capte fondos acaparados improductivamente y nuevas inversiones externas sujetas a prioridades bien diseñadas y condiciones que convengan al desarrollo del país. [10] De nada sirve que recibamos aportaciones y recuperemos recursos si no los dedicamos a la creación de una economía propia y sustentable, justa socialmente y ecológicamente responsable.
13. Leyes de cabotaje. El paso de huracán ha provocado que se tome una acción que desde hace mucho se había planteado, sin lograr acción del gobierno federal: la suspensión temporal de leyes de cabotaje. Esta acción debe ser preámbulo para su eliminación, como límite a la recuperación económica de Puerto Rico. A la vez se deben garantizar los empleos en tierra a los trabajadores que hoy realizan esas tareas y residentes en Puerto Rico.
14. Las demandas y propuestas que formulamos en Puerto Rico (anulación de la deuda, aportación federal para la reconstrucción, seguro de salud universal, programas de creación empleo, energía renovable, etc.) coinciden con las exigencias y propuestas que también plantean movimientos en Estados Unidos, y que corresponden a los intereses del pueblo trabajador en ese país: propuestas de impuestos al gran capital y corporaciones, proyectos de renovación de infraestructura y creación de empleo, de anulación de la deuda estudiantil y de alivio a familias endeudadas, de seguro de salud universal tipo single-payer, de reducción del gasto militar a favor de gasto social, contra oleoductos y por la energía renovable, de exigencia de derechos para comunidades discriminadas racialmente e inmigrantes. Tenemos que vincular nuestras demandas a esos movimientos, hacer que nuestro programa, incluyendo nuestra necesidad de descolonización y autodeterminación como pueblo, sea parte de su programa. Las propuestas de desarrollo vinculado en lo más posible al consumo local, de aportación de los países ricos a la transición a la energía renovable en los países más pobres o con menos recursos coinciden igualmente con las del movimiento contra el cambio climático. [11]
15. Debemos aprovechar el interés internacional por la situación en Puerto Rico, resultado del paso del huracán, para alertar a la opinión pública sobre la situación de Puerto Rico: que Puerto Rico ha sido colonia de Estados Unidos desde 1898; que sigue siendo colonia a la altura del siglo XXI; que el Congreso nunca ha permitido al pueblo de Puerto Rico votar por distintas opciones de status en un proceso vinculante; que bajo la relación existente la economía de Puerto Rico ha sido dominada por el capital externo; que bajo tal dominio su economía ha sido siempre, tanto unilateral como incapaz de proveer empleos para buena parte de su fuerza laboral; que en la actualidad Puerto Rico tiene una participación laboral de 40%, más de 45% de su población bajo el nivel de pobreza, un ingreso per cápita de cerca de la mitad del estados más pobre de Estados Unidos y una economía estancada desde hace una década; que nada de esto es resultado de la limitación sino del movimiento sin impedimento del dinero, las mercancías y el capital entre metrópoli y colonia [12]; que al abismo entre ambas, luego de cerrarse levemente durante la expansión de postguerra se ha mantenido igual o ha crecido en épocas recientes; que, por tanto, la emigración, masiva en algunas épocas, creciente en la actualidad, ha sido un aspecto constante de la realidad colonial; que esto también explica la magnitud de la economía informal, incluyendo (también gracias a políticas prohibicionistas erradas) el narcotráfico, con su consecuencias violentas; que su pueblo trabajador ha sido sometido a medidas de austeridad como el IVU (impuesto regresivo) en 2006, la ley 7 (despido de empleados públicos) en 2009, la ley 66 (reducción de condiciones y derechos laborales públicos) en 2014 y la contra-reforma laboral (eliminación de derechos laborales en sector privado) en 2016, entre otras; que el Congreso removió el mecanismo insuficiente de estímulos contributivos (Sección 936) sin proveer mecanismos alternos; que a pesar del estancamiento y la crisis las corporaciones externas que operan en la isla generan o declaran ganancias de alrededor de $35 mil millones anuales, equivalentes a cerca del 35% del PIB Producto interno bruto
    PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. ; que en lugar de reconocer su responsabilidad o corresponsabilidad por la crisis económica y de la deuda, el Congreso aprobó la ley conocida como PROMESA que acentúa el carácter colonial de la relación existente, no provee medidas o fondos para el desarrollo económico y que tiene la encomienda de implantar aún más y más severa medidas de austeridad (como la drástica reducción del presupuesto de la universidad pública) que son injustas socialmente y contraproducentes económicamente; que Puerto Rico necesita un plan de reconstrucción, los poderes necesarios para implantarlo y los aliados internacionales indispensables para vencer las imposiciones del gran capital y los más grandes acreedores; que, al igual que otros países empobrecidos, Puerto Rico no tiene los medios propios para completar la transición acelerada a la energía renovable que la humanidad necesita para atender la amenaza del cambio climático y que, por tanto, necesita, como otros países en igual situación, tanto alivio de la deuda y apoyo de los países ricos. [13] Todo esto es necesario explicarlo con datos, argumentos y ejemplos concretos, serena pero firmemente, no como resultado de acciones malévolas de los «americanos», generalización sin fundamento, sino de estructuras y políticas que responden a los intereses de las clases privilegiadas que predominan en el Congreso y que encuentran aliados en Puerto Rico, intereses que también son opuestos a los de la mayoría del pueblo trabajador estadounidense.
16. Esta solidaridad y apoyo mutuo entre los pueblos de distintos territorios debe darse entre poblaciones de un mismo país o nación y también entre poblaciones de países y naciones distintas, bajo una misma jurisdicción política o bajo jurisdicciones distintas: por tanto, no depende del status de Puerto Rico ni presente, ni futuro, ni del status existente, ni del status a que se aspire. Colaborando con nuestros aliados fuera de Puerto Rico podemos construir el Puerto Rico democrático, solidario, sustentable que necesitamos, cualquiera que sea el status por el que optemos. [14]
17. Para resolver el problema colonial es necesaria la convocatoria, cuando las condiciones lo permitan, de una asamblea constitucional de status, según el modelo elaborado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Dicho organismo debe formular opciones de status no coloniales, negociar con el Congreso aquellas opciones que lo requieran y someter al pueblo esas opciones para que escoja entre alternativas no coloniales. Tomando en cuenta la actual emergencia, la realización de esa asamblea podría aprobarse en 2018 para convocarse en 2019.