Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Se ha complicado la negociación con el FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : y no parece de pronta resolución. No queda claro el desenlace de las conversaciones entre el gobierno argentino y el FMI. En origen, la tarea gubernamental presentaba la ejecución de la reestructuración de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. con acreedores privados y organismos internacionales, durante el primer año de la gestión.

La realidad estiró los plazos, pandemia mediante, y pasado el medio turno de la gestión, la resolución de un acuerdo parece alejarse.

El discurso presidencial excluye el “ajuste” en el nivel que estaría demandando el Fondo, responsabilizando al organismo por la no resolución de las negociaciones. Apunta en el mismo sentido una nota de Joseph Stiglitz, ampliamente difundida, claramente identificado con la gestión gubernamental de su colega en Columbia, el Ministro Martín Guzmán y, destacando el milagro argentino por la recuperación económica durante el 2021.

¿Qué nos sugiere esta situación? Que podría no haber acuerdo en el corto plazo y habilita a pensar en el escenario del default. Hasta ahora, la política fue negociar y mientras, cancelar vencimientos.

Seguir cancelando es una posibilidad, aun para el primer trimestre del 2022, pero no ya para más adelante, menos para los vencimientos que se acumulan en el año, que suman solo con el FMI unos 19.000 millones de dólares y, más allá, en el 2023, una cifra similar.

No hay superávit comercial que lo sustente, ni ingresos suficientes de capital externo para atender el cronograma de pagos, por lo que se impone la postergación acordada vía negociación o directamente el default, una disposición más audaz que la del 2001, que excluyó de la cesación de pagos a los organismos internacionales.

 ¿Qué podría pasar ante la cesación de pagos?

Hay que pensar en varios escenarios posibles, entre los cuales, el propio FMI deberá explicar ante sus socios en el Directorio sobre las responsabilidades por el otorgamiento del préstamo en 2018, a contramano de las reglamentaciones establecidas y, por no flexibilizar sus demandas en materia de sobretasas y la propia negociación ofrecida por el deudor, que bien podría haber repudiado la operación.

Por estos días, en réplica al gobernador puntano, que denunció el carácter odioso de la deuda con el FMI, Alberto Fernández recordó la acción penal contra el ex Presidente por la suscripción del crédito con el Fondo. Ambas posiciones suponen un debate al interior de la coalición gobernante, al tiempo que muestran los matices de la incertidumbre a que aludimos.

Se puede sumar en esta argumentación las cartas del bloque oficialista de Senadores remitidas oportunamente al FMI, denunciando las características irregulares del préstamo otorgado al país para salvaguardar la gestión macrista.
Lo real es que la disposición de la cesación de pagos impactaría en el plano político y económico, incluso más allá de cualquier consideración nacional, con impacto global, como ejemplo de un país que bajo condiciones de incertidumbre mundial de la economía se anima a patear el tablero, nada menos que al organismo rector de las finanzas internacionales.

El FMI no es un banco comercial que depende de la cancelación de préstamos de sus acreedores para continuar operando, pero no hay duda que el impago argentino colocaría en discusión el papel del organismo y de las burocracias involucradas, lo que supone discutir el peso en el Directorio de los jefes de gobierno y de las economías de los países capitalistas desarrollados, los que definen en las decisiones del Fondo.

La Argentina podría acelerar una discusión postergada por una “nueva arquitectura financiera mundial”, ante la desactualización de los acuerdos del final de la segunda guerra mundial y, con ello habilitar la discusión sobre el endeudamiento acrecido de países que, como la Argentina, tienen dificultades para sustentar estrategia de crecimiento y devolución de préstamos.

El país quedaría afectado con el cierre del financiamiento global, es cierto, algo que ocurre ya desde hace tiempo, incluso en materia de ingreso de capitales externos.

No habría novedad en la respuesta del capital financiero o incluso del capital de riesgo. El capital transnacional no acepta medidas que pongan en discusión las reglas del capital dominante, algo que es evidente con la capacidad sancionatoria unilateral, especialmente desde el estado estadounidense ante cualquier desvío de política que afecte sus intereses de fondo.

Seguir con los pagos y el acuerdo tiene costo social ante el indudable ajuste que sobrevendría sobre los sectores más empobrecidos. Una política distinta, incluyendo la suspensión de pagos y auditoria de la deuda, habilita la posibilidad de un rumbo soberano y capacidad de incidir en la política global en tiempos de incertidumbre.

 La posibilidad del default es cercana

Existen condiciones para pensar en una próxima cesación de pagos de la Argentina con el FMI.

Como señalamos, el país no puede hacer frente a los compromisos del presente año y siguientes. No hay ingresos de divisas que permitan pensar en resolver los vencimientos con el Fondo, de unos 40.000 millones de dólares en estos dos próximos años, sin perjuicio de atender otros vencimientos de la deuda pública externa.

Por eso, la hipótesis originaria del gobierno se orientaba a la negociación, para postergar pagos. La posibilidad sugería postergar pagos, transformando el actual préstamo otorgado en 2018, por otro de “facilidades extendidas”, a 10 años, con cuatro de gracia. Así, se habilitaba un alivio en las cancelaciones hasta mediados de la próxima gestión presidencial (2023-2027).

Las negociaciones continuaran, aparentemente hasta avanzado el presente año y el país podría dejar de pagar mientras negocia, tal como ocurrió hasta ahora. En el primer trimestre del 2022 vencen unos 4.500 millones, entre intereses y cuotas de capital, que, si no se cancelan, tanto como otros vencimientos más allá de los exigidos con el FMI, existen plazos legales para continuar sin caer en “default”, incluso con el Club de París, por lo menos hasta septiembre 2022.

Desde el gobierno se dan señales responsabilizando por el no acuerdo al FMI, por la intransigencia en las pautas de equilibrio fiscal exigidas. El organismo pretende acelerar el ajuste y el propio presidente señala que la palabra ajuste no integra el vocabulario gubernamental. Más allá de las diatribas discursivas, lo que importan son los hechos. Argentina no puede prolongar la estrategia de “pagar y negociar” por ausencia de fondos suficientes, lo que acerca el horizonte de la cesación de pagos.

A partir de ello se imaginan futuros Futuros
Contrato a término Un contrato a término o futuros (futures en inglés) es un compromiso firme de entrega normalizado, donde las características son conocidas de antemano, por una cantidad determinada de un activo subyacente definido con precisión, en una determinada fecha, denominada vencimiento, en lugar prefijado, y negociado en un mercado a término organizado. Los contratos a término son los instrumentos financieros que más se negocian del mundo. difíciles de precisar en el presente, que incluyen destinos apocalípticos para el país hasta subestimaciones absolutas de impactos económicos, sociales o políticos. En rigor, ni uno ni otro y quizá convenga analizar situaciones complejas en diversos sentidos.

Por un lado, la cesación de pagos le genera problemas al FMI, ya que saldrán a la luz consideraciones sobre la responsabilidad en el otorgamiento de un préstamo muy discutible, técnica y políticamente.

Además, podría generar simpatías de otros países deudores con problemas ante la coyuntura económica imprevisible del sistema mundial. El horizonte de problemas financieros en la economía mundial se viene arrastrando desde el 2007-09 y, por ende, un episodio de default con el principal deudor del FMI, no debería subestimarse.

En otro orden de cuestiones, la decisión del default, acompañada de consensos sociales amplios, tal como demanda la Campaña por la Suspensión de los Pagos de la Deuda y una Auditoria con participación social, puede generar impactos políticos no desdeñables en tiempos en que ya se discute un próximo turno de gobierno constitucional.

Cancelar pagos tiene riesgos, pero seguir pagando también. En todo caso, como se trata de una cuestión política, la situación a mensurar pasa por la capacidad de construir consensos amplios en el rumbo económico y político o de lo contrario, el escenario es de conflicto a dos puntas, o con la sociedad afectada por el ajuste, o con el poder económico y financiero global.