Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El permiso de residencia y trabajo solo es válido para España. No otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea

La regularización extraordinaria de migrantes que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 comenzó con el Real Decreto 316/2026 [3] el 14 de abril y dura solamente dos meses y medio, hasta el 30 de junio. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año. Con el inicio del procedimiento, se obtendrá de oficio un Número de Seguridad Social (NUSS) y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria. El permiso de residencia y trabajo solo es válido para España. No otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea. Transcurrido el plazo de un año, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, según detalla La Moncloa [4].

Pensada en un inicio por el Gobierno para alrededor de medio millón de personas, a 15 días del cierre del plazo, se han recibido cerca de 900.000 solicitudes -entre las que puede haber duplicidades-, de las que se han aceptado en torno al 40% por el momento, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones [5]. No es la primera vez que se da un proceso similar en este país. Desde los años 80, ha habido seis regularizaciones extraordinarias de migrantes previas, cuatro con ejecutivos socialistas y dos con el Partido Popular en el Gobierno, que han beneficiado a más de 1,2 millones de personas, tres con Felipe González (PSOE), que afectó a 174.000 personas en diez años; dos con Aznar (PP), que afectó a 503.000 migrantes en dos años; y una con José Luis Rodríguez Zapatero, que normalizó la situación de 576.506 personas [6].

“Seis años de lucha para conquistar la regularización extraordinaria no pueden resolverse en unas pocas semanas con consulados colapsados, oficinas saturadas y ayuntamientos poniendo barreras”, denuncia Regularización Ya

A juzgar por las quejas de las personas afectadas, el actual proceso de regularización migratoria no está siendo precisamente un camino de rosas: a tres semanas del cierre del proceso, Regularización Ya ha detectado demoras en la admisión a trámite de expedientes, pocas resoluciones favorables, falta de citas para la toma de huellas, burocracia excesiva en las administraciones, inoperancia de algunos consulados para legalizar certificados de antecedentes penales, e incluso deportaciones puestas en marcha desde la firma del primer acuerdo.

Esta última práctica motivó que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiera evitar expulsiones a personas que estén en proceso de regularizar su situación en España. En concreto, envió una recomendación formal a la Dirección General de la Policía (DGP) solicitando que se compruebe la documentación aportada antes de iniciar una posible orden de expulsión [7].

“La Administración expulsa a personas que ya ejercieron su derecho a regularizarse. Con expedientes presentados. Con años de vida construida aquí. Sin esperar resolución. Sin comprobar nada. Esto no es un error. Es una decisión política”

“La Administración expulsa a personas que ya ejercieron su derecho a regularizarse. Con expedientes presentados. Con años de vida construida aquí. Sin esperar resolución. Sin comprobar nada. Esto no es un error. Es una decisión política”, denuncia Regularización Ya, que el pasado 10 de junio presentó una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con cuatro exigencias concretas:

1. Facilitar la legalización de documentos.

2. Acabar con el colapso en la toma de huellas.

3. Frenar las deportaciones durante el proceso.

4. Prorrogar el plazo el tiempo que haga falta.

“Seis años de lucha para conquistar la regularización extraordinaria no pueden resolverse en unas pocas semanas con consulados colapsados, oficinas saturadas y ayuntamientos poniendo barreras. La regularización no es un favor, es un derecho logrado con movilización colectiva. No es caridad, es justicia social”, reivindica el movimiento, que asegura que cuenta con el apoyo de las fuerzas que respaldaron desde un inicio la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la regularización: Podemos (con quien el Gobierno pactó la regularización [8]), Sumar, ERC, EH Bildu y BNG [9]. De este modo, Regularización Ya espera que la Proposición No de Ley (PNL) se debata en el Pleno con urgencia y que el PSOE se sume a la demanda de justicia y por una regularización con dignidad.

Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el proceso de regularización cuenta con una “triple legitimidad”: en el plano social, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lo impulsó fue respaldada por más de 700.000 firmas, 900 asociaciones y la Iglesia católica. En el ámbito político, la propuesta tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo uno, Vox. Y en el plano económico, recibió el aval tanto de los sindicatos como de la patronal [10].

“Se ha priorizado el temor al discurso del odio y las necesidades del mercado laboral por delante de los derechos humanos de las personas migrantes”

En una de las exposiciones de motivos por la regularización en el Congreso de los Diputados, defendida en 2022, una de las portavoces de Regularización Ya, Edith Espínola, reclamó “una regularización inmediata, permanente y sin condiciones” y criticó que “se ha priorizado el temor al discurso del odio y las necesidades del mercado laboral por delante de los derechos humanos de las personas migrantes” [11].

En efecto, son muchos los argumentos económicos utilitaristas esgrimidos desde muy distintas instancias a favor de la regularización. La propia ministra Elma Saiz desgranó algunos datos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “El 43% del empleo creado en España desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar; una contribución que no se limita al ámbito económico, también supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca’, insistió la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones [12].

De hecho, el Banco de España ya cifró en 25 millones los migrantes que necesitaba España hacia 2050 para “evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español” [13], como ya hemos recogido desde estas líneas [14] en más de una ocasión [15].

Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo (BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. ), Luis de Guindos (PP), aseguró el pasado mes de abril que la inmigración es un factor “indispensable” para sostener el crecimiento económico tanto en España como en el conjunto de Europa. En concreto, desveló que más de la mitad del crecimiento de la economía española en los últimos años se explica por el aumento de la población derivado de la inmigración [16].

La regularización ya está dando sus frutos en términos de empleo. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desveló el pasado 10 de junio que la regularización extraordinaria de migrantes generó en mayo entre 20.000 y 25.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social [17].

Además de los ya señalados, otro de los palos en las ruedas con los que se ha tropezado el proceso ha sido la postura beligerante del partido de extrema derecha Vox, acompañado del Gobierno popular de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y tres asociaciones (Hazteoír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica), que llevaron a los tribunales la regularización, pidiendo su suspensión cautelar. Recursos que desoyó en un principio el Tribunal Supremo, al no compartir sus argumentaciones [18].

La “prioridad nacional” impuesta por Vox, una excusa para recortar políticas públicas que perjudica a toda la población, sea nativa o extranjera

El racismo institucional, contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española, se está materializando en las Comunidades Autónomas donde el Partido Popular ha necesitado pactar con Vox tras las últimas elecciones autonómicas: Extremadura, Aragón y Castilla y León [19]. Y lo está haciendo a través de la llamada “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas impuesta por Vox. Una excusa para recortar políticas públicas que perjudica a toda la población sea nativa o extranjera, como se ha demostrado en Aragón, donde se ha dejado sin fruta a los colegios, con el pretexto de que los productos llegan de fuera, cuando los pliegos de los contratos contemplan rigurosos criterios ambientales y de proximidad [20].

Las políticas racistas de Vox y PP, ambos partidos católicos confesos, se contradicen con los predicamentos del Papa León XIV, que en su reciente visita a España ha lanzado un inequívoco mensaje de defensa de la inmigración y ha criticado a quienes “se aprovechan de la desesperación, retienen documentos y explotan trabajadores”. El mensaje no iba dirigido solo a España, sino urbi et orbi, Bruselas incluida [21].

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de la UE refuerza un modelo de control y externalización de fronteras

Para más INRI, en medio del cortísimo proceso de regularización, el 12 de junio, España ha iniciado la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) [22], que según los colectivos migrantes, “refuerza un modelo de control y externalización de fronteras”.

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), con este pacto, “los estados europeos inician una nueva política migratoria común que amenaza los derechos de la población migrante y refugiada”. A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, que “amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones”.

En palabras de CEAR, “estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros, la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos, debilitan gravemente derechos y garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). consolidados. Entre ellos, el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas” [23].

Frente a estas políticas, desde movimientos como Regularización Ya tienen claro que la regularización se sostiene en red: “Mientras las administraciones ponen obstáculos, son las redes migrantes y las colectivas quienes estamos sosteniendo la regularización desde abajo”.