Así lo anunció la embajadora de este país en Estados Unidos. El CIADI es un organismo del Banco Mundial donde las multinacionales pueden demandar a los Estados cuando consideran afectadas sus inversiones. Ecuador había abandonado este espacio en 2009 y creó después una comisión que verificó cómo el sistema de protección de inversiones era violatorio de los DD.HH. y de la naturaleza.
A contramano de la constitución, que prohíbe expresamente la prórroga de jurisdicción, el gobierno del flamante presidente de Ecuador, el banquero Guillermo Lasso, decidió volver al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial
Banco mundial
Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.
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. El país se había retirado de ese espacio cuando enfrentaba demandas de empresas multinacionales por más de 10.800 millones de dólares.
En 2013, el entonces presidente Rafael Correa, había creado CAITISA (Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones). Esta comisión, integrada por juristas, economistas, académicos de universidades extrajeras y representantes de movimientos sociales se encargó de estudiar el proceso de ingreso de Ecuador al CIADI
CIADI
Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.
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, las características de los Tratados de Protección de Inversiones suscriptos por el país y sus impactos para la economía, la sociedad y el ambiente ecuatorianos.
El ingreso de Ecuador al CIADI fue pernicioso. Se había entrado en una red de protección de inversiones donde los intereses de las trasnacionales estaban por encima de los derechos humanos y los de la naturaleza. Javier Echaide ex-Vicepresidente de CAITISA.
Javier Echaide, quien fue vicepresidente de CAITISA, explicó: “El reingreso al CIADI de Ecuador es un completo retroceso. Desde CAITISA realizamos una auditoria jurídica y también económica sobre los juicios que Ecuador enfrentó en ese organismo. Analizamos minuciosamente los acuerdos bilaterales de inversión que el país había celebrado. Estudiamos sus cláusulas para conocer en detalle sus características. Las conclusiones fueron contundentes: el ingreso de Ecuador al CIADI fue pernicioso. Se había entrado en una red de protección de inversiones donde los intereses de las trasnacionales estaban por encima de los derechos humanos y los de la naturaleza”.
Ecuador tiene el récord de haber perdido uno de los arbitrajes más costosos impulsados por una multinacional. La empresa Occidental ganó un laudo contra el país en el CIADI, que fue sentenciado a pagar 1.061 millones de dólares. Según un informe del sitio ISDS Impactos, este tipo de arbitrajes se producen cuando las empresas desafían las políticas públicas tendientes a la preservación del medio ambiente, los derechos de las comunidades o el incremento de la contribución que deben realizar al Estado.
“El reingreso de Ecuador al CIADI implica un desconocimiento del trabajo que se hizo, de manera independiente y con expertos en materia legal y económica”, explica Echaide y agrega: “hay que recordar que la constitución ecuatoriana, en su articulado, prohíbe ceder jurisdicción o prorrogar jurisdicción en favor de tribunales arbitrales internacionales. Esto seguramente va a llevar a la presentación de pedidos de inconstitucionalidad. Pero también es necesario un debate en la sociedad ecuatoriana, porque un gobierno no puede decidir unilateralmente volver hacia atrás en temas tan cruciales para los derechos de la ciudadanía”.
Fuente:América Latina SIN TLC
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