Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En marzo del 2020, el Tribunal Supremo consideró usurario un tipo de interés del 27,24% de una tarjeta de crédito ‘revolving’ de Wizink Bank [1], en base a la Ley de Represión de la Usura de 1908 [2].

En su artículo 1º, dicha Ley de Represión de la Usura dice lo siguiente:

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

En su aplicación, el Supremo consideró que la referencia del “interés normal del dinero” que ha de utilizarse para determinar si el interés es usurario debe ser el interés medio aplicado a las operaciones mediante tarjetas de crédito y ‘revolving’ publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España [3].

No es la primera sentencia del Tribunal Supremo en este sentido. El 25 de noviembre de 2015 ya anuló por usura otra ‘revolving’ con unos intereses del 24%. Esta jurisprudencia supone que las probabilidades de éxito en la reclamación de intereses de tarjetas ‘revolving’ sean muy altas, lo que implica poder “recuperar todos los intereses pagados desde la contratación, reduciendo la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. o incluso recuperando dinero”, según abogados especializados.

Tras estas sentencias del Supremo, se han sucedido otras en la misma línea. El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de L’Hospitalet de Llobregat declaró la nulidad por usura de los intereses de ocho contratos de micropréstamos de P10 Finance (Préstamo10), contratados entre 2016 y 2018, cuyos intereses oscilaban entre el 2.830,78% TAE y el 24.867,95%, según publicó ‘Cinco Días’ [4]. En este caso, el tribunal ha considerado normal un 8,5% de Tasa Anual Equivalente (TAE) como tipo medio de intereses en préstamos al consumo. La resolución judicial implica la nulidad del contrato y la obligación de devolver únicamente el dinero recibido sin intereses. En este caso, P10 Finance, dependiente del grupo polaco Credit Royal, tuvo que devolver 371 euros y fue condenado a pagar las costas.

La sentencia fundamenta que los microcréditos personales «no constituyen ningún segmento de los préstamos personales que pueda objetivar un tratamiento distinto al índice de tipo de interés de los prestamos personales destinados al consumo a menos de tres años». Lo contrario «sería dar carta de precisamente a una práctica que pretende reprimirse con la ley de usura, como es conceder pequeñísimas cantidades de dinero a un interés extraordinariamente elevado a personas que necesitan tomar prestado ese dinero precisamente a causa de su situación angustiosa», ha estimado el juez.

En 2020, se concedieron 890.000 minicréditos inferiores a 3.000 euros en España, según estimaciones de la asociación de usuarios financieros Asufin

También en este año 2021, un juzgado de Burgos ordenó a Dineo Crédito devolver 1.999 euros a un burgalés que encadenó 16 microcréditos de entre 200 y 500 euros por los que fueron concedidos en total 7.500 euros [5]. El tribunal concluyó que “no es necesario siquiera acudir a una tabla comparativa de tipos de interés del Banco de España para considerar los préstamos usurarios”. Los intereses cobrados superaban el 3.750% y había que devolverlos “en un corto espacio de tiempo”.

La sentencia pone de manifiesto que las ‘víctimas’ de este tipo de operaciones suelen ser “personas que por sus condiciones de solvencia y garantías no pueden acceder a otros créditos menos gravosos” y que acaban convirtiéndose en “deudores cautivos”. Además, añade que “no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos en los créditos al consumo y sin comprobar la capacidad de pago del cliente”. Y concluye que el ordenamiento jurídico “no puede proteger la concesión de préstamos a tipos muy superiores a los normales porque facilitan el sobreendeudamiento de los consumidores”.

Igualmente, el pasado mes de mayo, un Juzgado de Puerto Real (Cádiz) declaró la nulidad “absoluta, radical y originaria” de quince microcréditos suscritos con Vivus Finance con unos intereses que oscilaban entre el 2.333% y el 89.266% TAE. La cantidad total solicitada fue de 13.000 euros y la devolución era inferior a 30 días [6].

Una vez declarada la nulidad de los contratos, la jueza anunció que le son de aplicación las consecuencias previstas en el artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios:

“Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

En 2020, se concedieron 890.000 minicréditos inferiores a 3.000 euros en España, según estimaciones de la asociación de usuarios financieros Asufin [7]. Por su parte, las reclamaciones de consumidores por tarjetas de crédito, débito o ‘revolving’ se han duplicado en solo un año, según la memoria anual del Banco de España de 2020 [8].