Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Un país pobre y desigual

Este país es pobre, tiene un PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. per cápita menor, así como niveles de pobreza y de desigualdad económica mayores, que la media de las 258 regiones incluidas en la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas de la UE-28 (NUTS-2). Un 25% de las valencianas, más de 1 millón de las 5 que viven en el país, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, y de estas entre 500 y 700 mil en un riesgo grave. Más de medio millón de personas viven en hogares donde se ingresa menos del 40% de la media de la renta por unidad de consumo del Estado español, lo que supone un ingreso máximo de 500 € en el mes.

La riqueza social no está muy repartida. Una medida estándar de la desigualdad es el índice de Gini (que va de 0-igualdad a 100-desigualdad). El índice Gini del país es superior tanto a la media de la UE-28 como, especialmente, a los índice Gini de países europeos desarrollados de población parecida (Austria 27.5, Suiza 29.9, Noruega 26.2, Dinamarca 26.1, Finlandia 26.6).

Estos niveles de pobreza y desigualdad, aunque empeoraron a raíz de la crisis del 2008, son de larga duración y derivan de factores estructurales. A partir de la recesión del 2008, la desigualdad ha crecido, con un índice de Gini que pasó de 32,2 al 2008 a 33,2 al 2017. La causa de este crecimiento es la expansión de las personas en situación de pobreza, del 22 % en el bienio 2008-2009 al 24 % en el 2018-2019, y la concentración de las personas en situación de riqueza, del 16 al 14 % en estos periodos. La desigualdad, la destrucción o la pobre creación de riqueza (aquello que refleja el PIB), y la pobreza de los hogares forman un círculo vicioso que lastra el desarrollo del país [1].

La estructura productiva ha determinado unos niveles altos de paro, y unos niveles de ingresos bajos por salarios y, por lo tanto, por pensiones de jubilación, ingresos que están por debajo de la media del estado español. En el 2019, el salario mediano bruto de la ocupación principal del 20% de la población trabajadora con menor salario fue de unos 750 €/mes, que es el grupo de población que ha perdido capacidad adquisitiva entre el 2006 y el 2019. Estructura productiva, salarios y pensiones son los determinantes de la pobreza de las valencianas [2].

Donde hacer políticas sociales no es fácil

Los dos gobiernos valencianos del pacto del Botánico entre el PSPV, Compromís y Podemos (2015-), en comparación con los gobiernos de la derecha de décadas pasadas, han hecho pasos positivos para mejorar la cobertura de las necesidades de la mayoría. Hay que tener en consideración que el punto de partida con que se encontraron fue terrible. Fundamentalmente se ha tratado de mejorar la cobertura que dan los servicios públicos -la sanidad, las prestaciones y los servicios sociales, la vivienda, la enseñanza-, la defensa de la lengua y la cultura, así como mostrar la intención de facilitar cambios en la estructura productiva.

Con estos nuevos gobiernos valencianos de colaboración se puede decir que, con la excepción del pago del servicio de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. , el gasto público que puede generar una deuda ilegítima ha disminuido de forma significativa. Se trata de pasos positivos autolimitados, pero también muy limitados externamente por las políticas de los ministerios españoles (como en el caso del puerto de València), la resistencia activa del sistema judicial (como en el caso de la enseñanza y la defensa de la lengua o en la ley de vivienda), así como por las fuertes resistencias de grandes fondos empresariales de la sanidad privada, como Centene Co, frente la política de reversión de lo privatizado a la gestión pública, o de los fondos buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. y bancos ante políticas que puedan detener desahucios y favorezcan un acceso social a la vivienda.

Si nos focalizamos en la sanidad y los servicios sociales, que atienden necesidades básicas y de supervivencia de la gente, ejemplos de estos pasos serían: la reversión a una gestión 100% pública de 2 de los 5 departamentos de salud y de los servicios de radiología que fueron privatizados a partir del año 2000, así como la mejora de estos servicios, muy maltratados por la gestión privada; la gestión sanitaria de la pandemia de la Covid-19 fue adecuada en cuanto que siguieron las realidades del país y las recomendaciones de su comité de expertos; desde el sector del bienestar social han sido avances la nueva ley de servicios sociales y la creación de la Renda Valenciana d’Inserció (RVI) como un derecho de ciudadanía, así como los aún no plenamente desarrollados avances a la salud mental comunitaria hechos por la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives (CIPI). La gestión social inmediata de la pandemia, dado el subdesarrollo de los servicios sociales y las políticas antisociales de algunos gobiernos municipales, fue insuficiente.

Estos pasos han sido reconocidos por agentes externos. Así, en la clasificación anual de los sistemas de salud de las CCAA que hace la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el Informe del 2021, el país pasó del último lugar durante el periodo 2009-2014 a ser el tercero por la cola. Y en la clasificación que hace el Informe DEC de los Directores de servicios sociales, los servicios sociales del país pasaron del último lugar al 2013 (con una calificación de «irrelevante») al 6º por la cola (con una calificación de «débil»). Son pasos bastante limitados pero en buena dirección.

Otra consideración es en qué medida estos pasos han llegado a mejorar la calidad de vida de la mayoría. Los niveles de partida de estos servicios públicos, las resistencias de poderes fácticos y, como veremos, la creación de un sistema-deuda como mecanismo austeritario así como las dificultades históricas de financiación, son factores tan determinantes de las políticas que los progresos reales hechos por los nuevos gobiernos de coalición son, en términos absolutos, todavía exiguos.

En los servicios de salud, la inversión de la Generalitat en el periodo 2013-2019, fue del 6,3% del PIB, casi 1 punto más que en el resto del estado español, con un aumento de la inversión entre 2013 y 2019 del 25,4% (un 4% más que en el resto del estado). Sin embargo, al tener un PIB por debajo de la media del estado, la inversión per cápita al 2019 fue de 1321 euros frente a 1500-1700 en Nafarroa y Euskadi. Esta menor inversión presupuestaria tiene repercusiones en la cantidad y calidad de la cobertura ofrecida por el servicio de salud, tal como se refleja en los informes de la FADSP.

En las prestaciones de apoyo económico para las personas en situación de pobreza y exclusión, la RVI, en diciembre de 2020 (no tenemos datos actuales), llegaba a cerca de 70.000 personas, lo que supone un 12 % de las personas en situación del pobreza grave, una cifra que queda muy lejos de una cobertura aceptable. La comparación con Nafarroa y Euskadi es ilustrativa. La cuantía media anual que llega a un hogar que recibe la RVI es parecida a la que llega en Euskadi y Nafarroa a partir de la Renta Garantizada de Inserción (unos 6.300 € anuales), y supone un 20% de la renta media por hogar. En este sentido ha habido cierta mejora: en el 2017 la cuantía media anual que llegaba a un hogar en el país era de 1900 € anuales y esto suponía un 7,6% de la renta media por hogar. La diferencia está en que mientras que, en el 2019, una renta de inserción llegó al 60 y 70% de la población en riesgo de pobreza en Nafarroa y Euskadi respectivamente, en el País Valencià llegó al 4,2 % de la población en riesgo. No es extraño que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza sea tres veces mayor en el País Valencià que en Nafarroa y Euskadi.

La capacidad de las Rentas Garantizadas de Inclusión para cubrir situaciones de pobreza económica radica en su financiación a partir de los presupuestos. El dinero presupuestado para la RVI ha sido claramente inferior al que se destina en Euskadi a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Euskadi destina el 0,4 % de su PIB a la RGI. Con respecto de los 111 mil millones de euros del PIB-2018 del País Valenciano, los 121, 139,9 y 229,2 millones de euros de los presupuestos de los años 2018, 2019 y 2020, suponen, respectivamente, el 0,11, 0,13 y 0,21% de este [3]. Se ha señalado que «esta falta de dotación de un presupuesto suficiente puede ser debida, quizás, a razones internas del Gobierno de la Generalitat en la distribución de los presupuestos entre las consellerías, al cada vez mayor pago anual de la deuda que sufre el País Valencià, así como a la infrafinanciación al cual está sometida esta autonomía por el gobierno estatal» [4].

Si bien puede ser verdad que hay razones internas para la distribución de los presupuestos entre consellerías (por ejemplo, la de sanidad está gestionada por el PSPV y la CIPI y enseñanza por Compromís), hay factores que determinan las capacidades de inversión pública que se sitúan estructuralmente por encima de estas tensiones entre consellerías. Entre estas, las políticas antisociales de la derecha valenciana que -después de años de gobierno- dejó bajo mínimos todos los sistemas públicos de desarrollo y apoyo social, así como un alto nivel de gasto ilegítimo transformado en deuda /9, una realidad con la que se encontraron los gobiernos del Botánico. En segundo lugar, un marco legislativo centralista y centralizador, que supone la incapacidad para llevar a cabo una gestión significativa de la fiscalidad y del dinero recaudado fiscalmente o del Ingreso Mínimo Vital, así como el techo de gasto controlado por el ministerio de hacienda español y la UE. Estos son factores relacionados con los ingresos de la Generalitat y con las posibilidades de inversión, los cuales remiten a la carencia de una hacienda propia. Pero, sin duda, el impacto directo inmediato sobre las capacidades de inversión viene determinado por la infrafinanciación y el alto nivel de deuda pública del país.

Un país infrafinanciado

Un análisis de la infrafinanciación valenciana se ha presentado en el libro L’Infrafinançament valencià [5] del actual Síndic de Comptes valenciano, Vicent Cucarella. La infrafinanciación es un hecho muy conocido y aceptado, al menos por las élites políticas valencianas [6]. El País Valencià es el territorio peor financiado por el sistema autonómico del estado español, con un déficit del 7% respecto de la media estatal. Esto ha supuesto recibir entre 800 y 1.200 millones de euros menos cada año. Una infrafinanciación que es histórica, que viene de mucho más allá del 2002, a la cual se suma el déficit en inversiones del estado, así como el gasto extra del país al asumir de forma temprana la gestión autonómica de unos servicios públicos sociales, de sanidad y de enseñanza muy deficitarios en infraestructuras y personal, la reforma de los cuales, en otras CCAA que llegaron a su gestión años más tarde, fue financiada por el Estado.

La infrafinanciación implica menor capacidad para financiar el fomento económico o el de la lengua, o para sufragar la sanidad, la educación o los servicios sociales. A continuación se ponen dos ejemplos de la relación de la financiación con la inversión en servicios sociales y en servicios de salud en las CCAA de régimen común.

La gráfica siguiente muestra la relación entre el nivel de financiación [7] y la inversión en servicios sociales en las 15 CCAA de régimen común en el 2019. La tendencia es clara, mayor nivel de financiación, mayor nivel de inversión. Por cierto, este gráfica también nos habla de la importancia de las decisiones políticas: un país pobremente financiado (y con menor nivel de PIB) como el valenciano, aunque no puede escapar del efecto de la infrafinanciación, puede invertir más en políticas sociales que otros mejor financiados.

Gráfica. Media de los índices de financiación 2002-2015 i de inversión en los servicios sociales en 2019, en € per cápita (Informe DEC 2020, 15 CCAA de régimen común, coeficiente r de correlación Pearson y nivel p de significación estadística)

Menores niveles de inversión en los servicios de protección social significa tener servicios de peor calidad y, como hemos visto arriba, prestaciones que no llegan más que a un mínimo porcentaje de la población que las necesita para su supervivencia.Cómo muestra la gráfica siguiente, lo mismo se puede decir de la relación entre financiación e inversión pública per cápita en los servicios de salud [8]. Mayor nivel de financiación de una CCAA, mayor nivel de inversión. Cómo se ha dicho arriba, la inversión a Nafarroa y Euskadi, con una hacienda propia, es superior a las de las 15 CCAA de régimen común.

Gráfica. Relación entre la media de las inversiones sanitarias (en € per cápita) y la media de los Índices de financiación para el periodo 2002-2015.

Menores niveles de inversión en los servicios de salud significa tener servicios de peor calidad, con menos personal en la atención primaria y menos accesibles a pesar de la accesibilidad universal del sistema. Así, por ejemplo, según el Informe de la FADSP, para el 2017, el porcentaje de personas que declararon tener una cita en la Atención Primaria dentro de las 24 horas de la demanda fue del 6,9 % en el País Valencià, del 26,9 % en las 14 CCAA de régimen común, del 37,8 % en Nafarroa y del 41,3 % en Euskadi.

Un país endeudado

La infrafinanciación ha obligado y obliga a la Generalitat a aumentar sus ingresos mediante sus propias y escasas fuentes tributarias -cosa que no ha ocurrido de manera significativa- o mediante el endeudamiento -que, por el contrario, ha sido la herramienta principal para sostener las inversiones públicas en estos últimos años (estén estas dirigidas a favor de la cobertura de las necesidades de la mayoría o, de forma ilegítima, a favor de una minoría).El resultado es que la deuda pública valenciana, a partir del recorte de transferencias del estado a raíz de la crisis del 2008, se convirtió en el mayor del estado, y su tamaño es, a estas alturas, superior al 50% de su PIB. Un análisis detallado de la deuda valenciana, de sus orígenes ilegítimos, y de sus dinámicas y consecuencias se analizado en el libro Anatomia d’un deute il·legítim: El cas del País Valencià /9, llevado a cabo por miembros de la Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià.

La carencia de ingresos derivado de la infrafinanciación y de la carencia de inversiones estatales son los factores históricos que han determinado que el crecimiento de la deuda pública a raíz de la quiebra bancaria del 2008 fuera de los más importantes del estado. Este crecimiento espectacular se dio a partir de un terreno ya vulnerable. Como muestra la figura siguiente, la deuda valenciana ha crecido por encima de la media del resto de las deudas autonómicas antes, durante y después de la crisis del 2008.

Figura. Incremento medio anual de la deuda pública (en euros corrientes per cápita)

La crisis del 2008 impactó fuertemente en el país, dada su estructura productiva muy dependiente del turismo y de la construcción, con un aumento del paro y una disminución de su PIB. La crisis también determinó una disminución de los ingresos de la Generalitat producto de la disminución de las transferencias estatales (aumentando la infrafinanciación histórica). La disminución de las transferencias estatales de los tributos recogidos en el país durante la crisis tuvo su origen en una disminución ilegítima de ingresos derivada de la disminución de impuestos a los más ricos, y del aumento ilegítimo de gastos derivado de que el dinero de la recaudación fiscal se destinó al rescate de los bancos de su autogenerada quiebra. Estos fueron los dos factores de clase determinantes de la disminución de los ingresos de la Generalitat valenciana.

Durante la crisis del 2008, la Generalitat tuvo que recurrir a los préstamos para mantener servicios públicos a la vez que hacía gastos ilegítimos destinados a favorecer algunas grandes empresas y entidades financieras con el resultados de un gran gasto ilegítimo producto de privatizaciones, grandes acontecimientos y corrupciones.

El producto fundamental de estos años de la crisis del 2008 fue la creación de un sistema-deuda, el núcleo del cual consiste en un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo, y en el que los préstamos sirven fundamentalmente para pagar un cada vez mayor servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado.  [9].

El resultado de este círculo vicioso es el crecimiento continuado de la deuda pública valenciana, la acumulación progresiva del cual se muestra a la figura siguiente.

Mayor deuda supone mayor gasto para pagar capital e intereses. Como muestra la figura siguiente, este servicio de la deuda ha crecido 10 veces entre 2012 y 2022. Y desde el 2014, más de la cuarta parte del gasto del presupuesto de la Generalitat se destina a su pago.

Figura. Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2007-2022: evolución de los préstamos y del servicio de la deuda (en miles de €), % del gasto total destinado al servicio de la deuda.

La cantidad presupuestada para el pago del servicio de la deuda durante el 2022 es de 7.406,2 millones de euros mientras que la inversión presupuestada para sanidad y bienestar social es de 7.837,7 y de 2.198,9 millones respectivamente. El sistema-deuda creado es un mecanismo austeritario, de control financiero del gasto social y de justificación de las privatizaciones, muy útil para las élites financieras. Ahora bien, a los empresarios locales una Generalitat infrafinanciada y endeudada no les resulta útil y por eso reclamaron la condonación de la deuda pública. Mucho menos útil le resulta a la mayoría social. La deuda es un lastre ilegítimo para el desarrollo del país y de la gente.

Un país que para progresar exige un cambio

El país no puede quedar en dependencia, subordinación, subdesarrollo y endeudamiento permanente, con una buena parte de su gente viviendo en la precariedad o en la pobreza. La tendencia de la deuda pública es la de su aumento y la única salida sería su condonación (asociada a un análisis socialmente participado de su ilegitimidad). En relación con la infrafinanciación, a pesar de la petición del gobierno valenciano al gobierno Sánchez, su modificación no será ni planteada por el gobierno español. La infrafinanciación forma parte de las políticas de expolio fiscal [10].

En la Jornada de los colectivos del país en defensa de la salud pública que tuvo lugar el 26 de octubre del 2019 en Dénia (La Marina Alta) se consideró que el 7,5% del PIB tendría que ser destinado al funcionamiento de la sanidad [11]. Hay que sortear muchas trampas para hacer avanzar la sanidad al servicio de la mayoría [12]. Una de estas trampas es que la Generalitat no gestiona los recursos fiscales del país. No puede decidir sobre los impuestos recaudados en el país. De forma parecida, si la RVI tiene que llegar al 4% del PIB para mejorar su poder para aliviar la pobreza estructural o si hay que poner recursos económicos para modificar la estructura productiva, la limitación de la Generalitat en su capacidad de gestión supone un hándicap evidente.

El cambio no es fácil porque el País Valencià dentro del estado español, al igual que otros países, tiene, como expresó Ernst Lluch en su libro La via valenciana, el estatus de una colonia pública. Una colonia de donde extraer recursos [13]. El resultado es la sumisión política y el subdesarrollo económico. Las consecuencias las sufre la ciudadanía en términos de pobreza, desigualdades, y represión de la lengua y cultura propias.

El cambio solo podrá venir de la movilización de la ciudadanía. Ya lo dijo Joan Fuster. Y la Crida pel Finançament lo actualizó, cuando ante la negativa española al cambio de un injusto y caducado sistema de financiación dijo: «Es hora que la ciudadanía coja la bandera de la recuperación económica y se movilice para reivindicar el derecho de valencianas y valencianos a gestionar nuestros propios recursos ... La Crida pel Finançament pone el énfasis en la necesidad que todos los partidos y toda la ciudadanía apoye a la reivindicación de la soberanía fiscal y la condonación de la deuda histórica Deuda histórica Es la deuda contraída fundamentalmente durante el colonialismo con los países y pueblos pertenecientes a las antiguas colonias, por la invasión y conquista de sus territorios, así como por la explotación de sus poblaciones y recursos. En la actualidad, esa deuda continúa acumulándose a través de las acciones de las empresas transnacionales, las políticas comerciales y migratorias y otras instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio.

Incluiría entre otros aspectos : Expolio de recursos naturales ; Genocidios ; Esclavitud ; Exterminio cultural y religioso como única vía para poder regenerar la economía valenciana ... Exigimos una hacienda propia!» [14].