Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

 Introducción [1]

El gobierno argentino, a través de su presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el 29 de enero pasado y a días del vencimiento de un pago que se había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : [FMI] en cuanto al pago del préstamo inédito de 57 000 millones de dólares que el organismo otorgó en 2018 al expresidente Mauricio Macri. Los “negociadores” se ufanaron de que el FMI no impondría saltos devaluatorios, ajustes laborales o previsionales. Al mismo tiempo, informaron que el FMI monitoreará cada tres meses el rumbo de la economía argentina en función del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Aprobar este acuerdo, o cualquier otro con el FMI, implica legitimar su reclamo, avalar el proceder del gobierno del expresidente Macri. Este es un principio jurídico elemental. Si corresponde que se rechace una operación (la del 2018) por ilegal, ilegítima y odiosa y si se la cambia por una nueva destinada a reemplazar a la anterior (como sucedió), lo que se está haciendo es avalar, reconocer, legitimar, aceptar la anterior. Argentina hipoteca así su futuro y una vez más se somete al poder económico más concentrado.

 Un poco de historia para llegar a hoy

La deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública, particularmente desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica de 1976, ha constituido uno de los agobios más profundos ejercidos sobre el pueblo argentino.

El premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, en el “Homenaje brindado a Alejandro Olmos y su lucha”, el día 13 de julio de 2020, afirmó que:

La cuestión de la deuda tiene que ver con lo que fue un plan siniestro impuesto en América latina que costó vidas a los pueblos de toda América latina y en particular aquí en Argentina con el secuestro y desaparición de personas, las torturas. La deuda no está separada de
ello. Es decir, la deuda no es un problema económico, es un problema político, un problema de dominación [...] la deuda es odiosa, inmoral e injusta y afecta la vida de los pueblos. (Pérez Esquivel, 2020)

A los organismos financieros internacionales, a los inversores privados les resulta conveniente mantener la deuda eterna, que capitaliza permanentemente los intereses, que sujeta al país a las políticas marcadas por esos organismos, que nunca se ha utilizado en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. del desarrollo productivo, sino para la especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. financiera, que en el corto o mediano plazo (según lo consideren) exigen políticas de flexibilización laboral y previsional, de profundización de ajustes, de disminución de gastos fiscales y no atención de las necesidades sociales. El gobierno presidido por Mauricio Macri (2015-2019) contrajo en 2018 un préstamo con el FMI por 57 000 millones de dólares de los cuales se efectivizaron 45 000 millones de dólares. Esta operación no fue sometida al análisis del Congreso de la Nación como está establecido en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22 y art. 76). El mismo FMI violentó su propio estatuto y reglamento al otorgar un préstamo por mucho más de lo que estaba autorizado.

¿Cómo y por qué se autorizó? Fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo avaló y determinó su otorgamiento para “ayudar” al presidente Macri con la campaña electoral que se avecinaba para el 2019, para que se sostuviera al frente del gobierno y como principal puntal de la política estadounidense contra Cuba y Venezuela. Aclaremos que, de todos modos, Macri perdió esas elecciones.

Foto: Buenos Aires, Argentina. Movilización Campaña por la Autoconvocatoria y Suspensión de la deuda.

Por otra parte, ese dinero no se utilizó para beneficio del pueblo, sino para pago de deuda anterior (sin negociarla), especulaciones financieras y fuga de divisas. Esto hace que consideremos que la llamada “deuda” es ilegal, ilegítima y “odiosa” (en términos del derecho internacional). No se trata de una deuda, sino de una verdadera estafa al pueblo argentino, un verdadero fraude.

 El Acuerdo

Lo “acordado” es, en primer lugar, un programa stand-by por dos años y medio, coincidente con el tiempo que restaría para cancelar el stand-by del gobierno Macri.

El acuerdo comprende el “control” de la macroeconomía argentina que hará el FMI cada tres meses para verificar el cumplimiento del plan que el Fondo establezca.

Al mismo tiempo, se “acordó” un “préstamo de facilidades extendidas”, por un plazo de diez años, con un plazo de gracia de cuatro años y medio, con un primer vencimiento a mediados del 2026. La cancelación está prevista para el 2034.

La Argentina se compromete a una baja gradual del déficit fiscal de -2,5 % en 2022, -1,9 % en 2023, -0,9 % en 2024 y que llegue a 0 en 2026.

El gobierno se ufana de haber obtenido que el FMI no exigiera reformas laborales y previsionales ni aliento a privatizaciones para bajar el déficit fiscal y que ello se conseguirá con crecimiento y aumento de la tributación. En efecto, no figuran esas exigencias en estos dos años y medio del stand-by, pero es necesario aclarar que los ajustes ya están instalados desde el gobierno de Macri, sostenidos y ejecutados también por el actual gobierno: salarios por debajo de la inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). (que fue alrededor del 50 % en los tres últimos años y en alza), jubilaciones que no cubren ni el 50 % de lo necesario para sobrevivir. ¿O es un misterio que haya aproximadamente casi un 50 % de la población bajo la línea de pobreza y un 11 % bajo la línea de indigencia? ¿Por qué el FMI cambiaría su política permanente? La experiencia que tiene la Argentina con veintidós acuerdos firmados a lo largo de su historia nos avala para esa desconfianza certera.

El Congreso de la Nación debatió el acuerdo en la Cámara de Diputados el 10 de marzo y en la de Senadores el 17 de marzo, previo dictamen de las comisiones involucradas, aprobándose la siguiente ley:

Apruébase de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27 612 las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI para la cancelación del acuerdo Stand By celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario.

Como se puede ver, en realidad el Congreso tomó en consideración solamente el artículo 1.o del proyecto de ley (solo algo modificado en su redacción) que explicita que se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI, pero no consideró siquiera el artículo 2.o referido a los Memorandos Políticos y Técnicos. O sea, facultó al Poder Ejecutivo a seguir adelante sin comprometer un apoyo a la programática acompañada.

De la totalidad del Frente de Todos, un grupo votó en contra (veintiocho diputados y trece senadores) y otra parte se abstuvo (trece diputados). Votaron a favor solo setenta y siete diputados.

O sea, este acuerdo se aprobó fundamentalmente por los votos de la oposición, se aprobó por derecha, cuando el Gobierno se auto considera nacional y popular.

 Desde el lado de los intereses populares

Desde el mismo inicio del gobierno de Alberto Fernández en enero de 2020 se conformó una campaña popular a través de la “Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y auditoria de la deuda”, a contra marcha de la lógica gubernamental de negociar pagando.

Esta iniciativa es una articulación en forma abierta de organizaciones movimientos sociales, asambleas, partidos y movimientos políticos populares, sindicatos, referentes sociales, políticos, culturales y de los derechos humanos, comprometidos con la consigna que le dio origen, considerando que la auditoría propuesta debía ser sobre la base de la participación popular en ella, además de los profesionales idóneos y la bicameral parlamentaria formada hace años a los efectos, pero que nunca tuvo un funcionamiento real. Desde esta iniciativa se construyó una dinámica de movilización en repudio y rechazo a la convalidación de la estafa que se estaba negociando y que terminó en el acuerdo firmado con el FMI, esta vez con acuerdo del Congreso. La autoconvocatoria devino en un movimiento que fue creciendo en amplitud, durante el primer año de pandemia y mitad del segundo funcionó solo virtualmente, luego con acciones en la calle, movilizaciones populares.

En el 2020, la autoconvocatoria encaró la realización de un Juicio Popular contra la deuda y el FMI, con prestigiosas personalidades en el jurado como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, así como en la defensa y la fiscalía.

Este juicio fue una respuesta de acción social colectiva, ante el grave empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo y del ambiente natural y la incidencia al respecto que tienen estos instrumentos centrales del desorden económico y ecológico
local e internacional reinante. Fue una respuesta participativa de justicia popular, ante el hecho que, en los cuarenta y cuatro años y diversos gobiernos que han sucedido al golpe militar-cívico-corporativo-eclesiástico de 1976, ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial ni el Legislativo han asegurado las acciones necesarias para poner fin a los crímenes de esta monumental estafa, revertirlas y lograr que sus responsables sean sancionados y su costo reparado.

Como aportes probatorios se realizaron quince encuentros semanales, públicos y virtuales, en los que se recibieron las denuncias y testimonios de un centenar de organizaciones y referentes populares, abarcando una veintena de ejes temáticos que expresaron la diversidad de las dimensiones de la vida trastornadas y violentadas por la deuda y las políticas que impulsa el FMI. Se recibió, asimismo, una extensa documentación y los informes de peritaje
solicitados a personas con conocimiento y experiencia con relación al objeto del juicio.

Entre sus aspectos relevantes, el Tribunal Popular, que emitió su sentencia en diciembre de 2020, sostuvo la nulidad absoluta de las deudas públicas y los acuerdos con al FMI, no obstante su reiterada restructuración, y afirmó el derecho del pueblo y de la Nación a rechazar su pago. Por esa razón, se solicitó poder llevar adelante una auditoría integral, con participación ciudadana, de la deuda pública y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legalidad y legitimidad de los mismos.

Foto: Rosario, Argentina. Movilización Campaña por la Autoconvocatoria y Suspensión de la deuda.

En otro de los puntos, se solicita al Ministerio de Economía y a través de dicho Ministerio al Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. de la República Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos [AFIP] que se dé a conocer la nómina de los tenedores de deuda pública y de aquellas
personas o grupos que fugaron fondos al exterior y de quienes tienen dinero en paraísos fiscales.

El jurado popular también exigió terminar con el “secretismo” en temas relacionados con la deuda pública, pidió que el Congreso no delegue sus atribuciones en torno a esas cuestiones y que los pasos relacionados a dicha problemática estén precedidos por informes independientes “sobre el impacto que el mismo traerá en materia de derechos humanos esenciales y sobre el ecosistema” (Fallo del Juicio Popular a la deuda y el FMI, 2020).

La autoconvocatoria siguió proyectándose, ampliándose, encarando debates que se fueron haciendo presenciales y acciones y movilizaciones en las calles durante la segunda mitad del 2021. En diciembre de ese año, tuvo lugar una muy numerosa manifestación promovida conjuntamente por la autoconvocatoria y la izquierda parlamentaria Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad [FITU] y otros sectores, que se repitió en lo que va de este año, culminando cuando se trató el “acuerdo” en el Congreso.

  Oposiciones, contradicciones y rupturas que no se consumen

Durante el año 2021, comenzaron a levantarse voces del oficialismo cuestionando el pago de la “deuda” ilegítima, se conformaron colectivos como “Soberanxs”, bajo el liderazgo de Alicia Castro (exembajadora en Venezuela) y Amado Boudou (exvicepresidente de la Nación) que emitieron declaraciones, promovieron un amparo judicial en curso, otros que ya existían como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular [UTEP] desarrollaron también planteos críticos.

En el mes de enero, el jefe de la Bancada de Diputados del Frente de Todos (oficialista), Máximo Kirchner, repentinamente anunció su renuncia a dicho cargo (no a su banca de diputado) en razón, según argumentó, de que no estaba de acuerdo con el curso y el contenido de las negociaciones con el FMI y por tanto no podría hacerse cargo de la responsabilidad que su función representaba para respaldar el “acuerdo” impulsado por el presidente.

Después de la votación, parte de los diputados pertenecientes al oficialismo que votaron en contra o se abstuvieron emitieron una declaración en la que se puede leer lo siguiente: “La aplicación de las políticas del presente acuerdo no solo no van a solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía bimonetarista argentina, los va a agravar”.

La carta es dura, como otras declaraciones de distintos grupos del Frente de Todos, lo cual, sin duda, mostró un quiebre en el frente interno. Sin embargo, hay que advertir que no se manifiestan por suspender pagos e investigar sino por, en todo caso, mejores niveles de negociación que ciertamente también podrían haberse intentado, teniendo en cuenta la situación irregular del propio FMI en la cuestión.

Foto: Chaco, Argentina. Movilización Campaña por la Autoconvocatoria y Suspensión de la deuda.

De todas formas, no se duda en pagar, aunque se reconozca la ilegitimidad del reclamo.
Y esto es lo que interesa considerar: los gestos de “rebeldía” en el interior del oficialismo no han derivado hacia actitudes concretas.

 ¡Las deudas hay que pagarlas, las estafas no!

Hay un axioma que se intenta siempre imponer a través de la naturalización y de convertirlo en “sentido común”. Es el de que las deudas hay que pagarlas, pero sin detenerse en el análisis de las circunstancias, modos y forma en que fueron tramitadas. Más aún, se invoca
que no solo hay que pagarlas, sino también honrarlas y se honran pagando. Es hora de preguntarse quién debe a quién. Hay que deconstruir ese sentido común.

Así se protegerían las prestaciones sociales, las jubilaciones, los salarios de lxs trabajadores y las inversiones imprescindibles en salud, educación e infraestructura. Un interrogante que está siempre presente, y no solo en Argentina, es el de qué pasaría si no se pagara, si se desconociera el acuerdo con el FMI de 2018.

Se trata de un debate local y global. Hay ejemplos en el mundo, como el relacionado con la guerra de Irak, entre otros. En Argentina, el antecedente es el del 2001-02 cuando se declaró el default que no tuvo consecuencias catastróficas para el funcionamiento económico en el país y en el mundo.

No queremos con esto significar que no implicaría una problemática importante en cuanto a la reacción del mercado internacional.

El país se vería afectado con el cierre del financiamiento global, pero eso ya ocurre ahora.

Se podría pensar que la suspensión de pago y auditoría propuesta pudiera abrir la posibilidad de encarar un rumbo realmente soberano y en beneficio de los sectores populares.

Si Argentina sigue pagando tiene problemas con su pueblo, si no paga entra en contradicción con el poder económico mundial. La opción siempre en política es decidir con quién. [...] Mientras se mantenga el pago de la deuda no se pueden atender las necesidades y urgencias que tiene gran parte de la sociedad argentina. (Gambina, 2022)

En un país como la Argentina con casi el 50 % de pobreza, altos porcentajes de indigencia, elevada y creciente inflación continua en los últimos cuatro años, salarios reales en caída desde hace cinco años, desempleo y altísimos niveles de empleo precario cuya remuneración no cubre siquiera la canasta básica, jubilaciones devaluadas, la perspectiva de empeoramiento de la situación con el “acuerdo” suscripto con el FMI aparece claramente.

Los cambios necesarios requieren de la construcción de alternativas concretas y de sujetos y sujetas que la implementen.

Y si no hay cambios profundos se vuelve una y otra vez a la lógica del ámbito financiero internacional.

El poder del capital concentrado, de los organismos financieros internacionales, de las deudas eternas, de las políticas extractivistas, opera sobre la pérdida de soberanía de los pueblos y sobre la naturaleza misma de la que intentan apropiarse como en el caso del agua, de los bosques, de las riquezas mineras. De ahí la necesidad de tomar medidas estructurales de cambio, tales como la nacionalización del comercio exterior, la implementación de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía hídrica.

 Bibliografía

Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la
Deuda. (2020). Fallo del Tribunal del Juicio Popular a la Deuda y el FMI.
https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/2020/12/fallo-del-tribunal-del-juicio-popular.html

Gambina, Julio. (25 de enero de 2022). El gobierno entre el pueblo y la
subordinación ante el FMI. Resumen Latinoamericano.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/argentina-julio-gambina-el-gobierno-entre-el-pueblo-y-la-subordinacion-ante-el-fmi/

Poder Ejecutivo. (4 de marzo de 2022). Proyecto de ley ingresado por
el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación. Número: INLEG-2022-
20545353-APN-PTE.

Toussaint, Eric. (2016). La deuda odiosa Deuda odiosa Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente. según Alexander Sack y según el
CADTM. http://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander