Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El principal objetivo del TTIP es crear un área de mercado común entre EEUU y la UE mediante la homogenización legal a la baja que facilite la apertura de los mercados en el sector de servicios a las compañías extranjeras; el acceso abierto a los concursos públicos por parte del sector privado; y la introducción de un tribunal de arbitraje entre inversores y Estados, mecanismo que legalizaría la posibilidad de que los intereses de grandes corporaciones pusiesen en cuestión normas establecidas por las instituciones democráticas de los países.

El TTIP también podría ser una amenaza para las ya moderadas regulaciones prudenciales y reformas que se han llevado a cabo en el sector financiero a raíz de la actual crisis, que podrían ser ilegalizadas si se argumentara que van en contra del acceso a los mercados.

La liberalización económica promovida por el tratado también acentuaría la expansión de los mercados de capitales. La homologación legal entre EEUU y la UE que supondría el acuerdo, empujaría hacia un modelo legal anglosajón, más favorable a la expansión y consolidación de los mercados de capitales que de los bancos. La apertura y creación de un mercado transatlántico en el ámbito de las concesiones de servicios públicos permitiría que grandes corporaciones se propusieran monopolizar estos mercados. Esto tendría efectos negativos para las regiones, como la imposibilidad de las administraciones públicas de éstas de establecer regulaciones flexibles que respondieran a sus necesidades, y la pérdida del valor social aportada por las empresas locales que llevan a cabo los servicios en estos momentos.

Esta creación de un mercado internacional para las concesiones públicas facilitaría la expansión de los mercados de títulos vinculados a estos proyectos, que muy a menudo adquieren la forma de partenariados público-privados (PPP). Estos esquemas acostumbran a incluir cláusulas que hacen soportar los riesgos de la inversión al sector público, mientras que los beneficios repercuten en la parte privada.

Esta profundización financiera (expansión de los mercados de capitales y creación de nuevos activos financieros) disminuiría la proporción del crédito bancario sobre el total de la financiación de la economía, por lo que las PYMES, que dependen de esta vía de financiación más tradicional, tendrían problemas para financiarse.

Sectores como los de los servicios administrativos, la hostelería, la construcción y el sector inmobiliario, especialmente importantes en la economía del Estado español y de Cataluña, sufrirían con el cambio de modelo financiero, conllevando un impacto perjudicial general en la economía. Para adaptarse a esta nueva realidad las PYMES deberían asumir unos altos costes de transición, lo que muchas PYMES no podrán hacer por falta de capacidades en el corto plazo. Esto beneficiaría, sin ninguna duda, a los sectores más poderosos y concentrados del capital.

En definitiva la inclusión de los servicios financieros en el TTIP conllevaría menores niveles de crecimiento económico, mayores niveles de concentración de capital, generación de nuevas burbujas financieras y, por lo tanto, mayor inestabilidad financiera, además de un deterioro de los salarios y el empleo.

Dada la exhaustiva lista de problemas que supondría la ejecución del TTIP, relatados en este informe, es indispensable cuestionar el TTIP en todos los foros al alcance. La culminación de este proyecto supondría una grave amenaza para el modelo que toda sociedad debería ambicionar, centrado en el disfrute y la sostenibilidad de la vida de los pueblos en equilibrio con el medio ambiente.

El informe realizado por el ODG entero lo podéis leer o descargar aquí:
http://odg.cat/sites/default/files/ttip_v4.pdf