Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La derecha, con sus 12 millones de votos (el conjunto del electorado asciende a unos 46 millones) y con un porcentaje inferior al 44 % de los votos emitidos ‒por tanto, con solo un 26 % de la aprobación del electorado‒, copó casi el 60 % de los escaños del parlamento y del senado. Como dijimos entonces en un artículo, “la victoria de Giorgia Meloni y de Fratelli d’Italia tiene un valor simbólico inédito en la historia de la República: Italia acaba en manos de una coalición hegemonizada por los herederos de Mussolini, Almirante y Rauti”.

Por supuesto, no hay que pasar por alto todos los demás factores que influyeron en el resultado y allanaron el camino al poder del partido heredero directo del fascismo: las transformaciones culturales e institucionales ya implementadas en el país por los gobiernos de Berlusconi, la progresiva desaparición de una izquierda mínimamente capaz de representar una alternativa para las clases populares, las imposiciones institucionales introducidas en la política por los gobiernos de izquierda y los gobiernos técnicos, las decisiones claramente socioliberales de esos mismos gobiernos, la obstinada aquiescencia a estas decisiones por parte de los sindicatos mayoritarios, el fracaso de las ilusiones generadas en el país por la demagogia del Movimiento 5 Estrellas.

Lo cierto es que la victoria de Giorgia Meloni parece mucho más sólida y de proyecto que el éxito de Silvio Berlusconi hace casi treinta años, que estuvo continuamente marcado por la mezcla entre los objetivos políticos de la derecha y los intereses personales y empresariales del primer ministro. A diferencia de Berlusconi, Giorgia Meloni se presenta como una política pura, y en cierta medida lo es. Nacida (1977) y criada en los turbios ambientes de la extrema derecha romana, a los 15 años ya era activista en la juventud neofascista, y desde entonces siempre se ha dedicado a la política y ocupado cargos institucionales cada vez más importantes, desde concejala de un distrito de la capital hasta diputada, ministra y, ahora, presidenta del gobierno. Su respuesta en una entrevista tuvo gran repercusión mediática cuando, poco después de su nombramiento, se produjo un momento de polémica entre ella y Berlusconi. Ella respondió secamente “yo no soy chantajeable”, con lo que quería decir que, a diferencia del anciano líder de Forza Italia, ella no tenía que ocultar intereses ajenos a los puramente políticos.

Y hay que decir que nunca ha querido ocultar sus raíces políticas fascistas. Ante la insistencia ineficaz de la oposición y de ciertos medios de comunicación en que declarara ser antifascista, siempre ha logrado eludir la cuestión. Y su distanciamiento del fascismo histórico siempre se ha limitado tácticamente a algunas cuestiones relativamente secundarias. Incluso ha logrado consolidar una relación con la comunidad judía, en particular con la romana, que en su día fue uno de los bastiones de la izquierda, al incluir en sus listas para el senado a su portavoz, Ester Mieli, nieta de un deportado a Auschwitz. Esto a pesar de las numerosas investigaciones periodísticas que han revelado cómo la base y la nomenklatura de Fratelli d’Italia siguen cultivando el mito mussoliniano, la ideología fascista e incluso el odio antijudío.

 El balance Balance “Fotografía” a final de año de los activos (lo que la empresa posee) y pasivos (lo que la empresa debe) de una sociedad. Dicho de otra forma, los activos el balance aportan información acerca de la utilización de los fondos recabados por la sociedad. Los pasivos del balance informan sobre el origen de los fondos captados. anunciado y el real

El balance de estos tres años de gobierno está marcado por la situación económica del país y por la coyuntura tendencialmente depresiva, con las restricciones presupuestarias que Italia conoce desde hace años debido a su abismal deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública (3,053 billones de euros, cifras de julio de 2025, equivalentes a casi el 140 % del producto interior bruto). La política del gobierno, sobre todo gracias a la reducción de impuestos (en particular a favor de su base social, asentada en la pequeña empresa, el comercio y las profesiones liberales), ha provocado además, en el transcurso de estos tres años, un aumento de la deuda en casi 300.000 millones.

A pesar de ello, el gobierno puede presumir de una reducción significativa del diferencial entre el tipo de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. de los bonos del Estado italiano y el de los bonos alemanes, que ha pasado de 244 a 86 entre 2022 y la actualidad. Naturalmente, la crisis económica que desde hace tiempo afecta a Alemania y, por lo tanto, el aumento del tipo de interés de sus bonos del Estado, han contribuido en gran medida a reducir el diferencial, pero lo cierto es que el rendimiento de los bonos del Tesoro Bonos del tesoro Títulos de empréstito emitidos por el Tesoro público para financiarse. Su duración puede ir de unos meses a treinta años. italianos ha pasado en tres años del 4,79 % al 3,57 %, lo que indica que los mercados han aumentado significativamente su confianza en la economía italiana, porque está en manos de un gobierno considerado más fiable por los mercados, lo que, por otra parte, también se ha traducido en una ligera mejora de la calificación definida por las principales agencias de calificación financiera y que Giorgia Meloni ha presentado como “la confirmación de que el camino emprendido por el gobierno es el correcto”.

El PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. a precios constantes, durante los tres años de gobierno de Meloni, se ha mantenido prácticamente estable, con un crecimiento entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2025 de poco menos del 1,5 %. A pesar de ello, el Gobierno presume de una tendencia al alza de la tasa de empleo, que este verano habría alcanzado el 62,80 % (en 2013 era del 54,70 %).

Estos resultados, por otra parte muy modestos, aunque en un contexto mundial depresivo y marcado por la ralentización del comercio internacional, están en gran medida inflados gracias a los 194.000 millones de euros aportados por la Unión Europea (en el marco del programa poscovid Next Generation EU), en parte a fondo perdido (71.800 millones) y en parte en forma de préstamos subvencionados (122.600 millones). Se trata de cifras enormes que están lloviendo sobre las empresas italianas, lo que evidentemente sostiene (se dice que al menos un punto porcentual) el PIB y el empleo.

A pesar de las proclamas de la derecha sobre los peligros del reemplazo étnico, el descenso demográfico sigue sin resolverse. La población italiana ha pasado en 10 años de 60,2 millones en 2016 a 59,0 este año. El descenso sería aún más notable si no hubiera sido por la importante afluencia de residentes extranjeros que se ha producido en los últimos años, que han pasado de unos 500.000 a principios de la década de 1990 a más de 5 millones en la actualidad, de los cuales 4,3 millones están inscritos en la Seguridad Social (3,8 millones de trabajadores, poco más de 300.000 jubilados y unos 250.000 beneficiarios de prestaciones de apoyo a los ingresos: subsidio de desempleo, indemnización por invalidez o desempleo). Además del fuerte descenso de la natalidad (para 2025 se prevén no más de 340.000 nacimientos, un 8 % menos que en 2024), no hay que olvidar que cada año alrededor de 100.000 jóvenes (en general, licenciadas y licenciados universitarios) emigran a otros países de la UE o extracomunitarios.

La situación de las clases populares queda bien reflejada en los precios al consumo, que en los últimos cinco años (2021-2025) han aumentado alrededor de un 17 %, frente a unos salarios medios que solo han crecido un 9,6 %, lo que supone una pérdida de 8 puntos de poder adquisitivo, equivalentes a la pérdida de un mes completo de salario. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado en repetidas ocasiones que Italia es uno de los pocos países del G20 G20 El Grupo de los Veinte (G20) está compuesto por diecinueve países más la Unión Europea, en el que los ministros, gobernadores de bancos centrales y jefes de Estado se reúnen regularmente. Fue creado en 1999, tras la sucesión de crisis financieras de los años noventa. Pretende favorecer la cooperación internacional, integrando el principio de un diálogo ampliado ante el creciente peso económico adquirido por un grupo de países. Sus miembros son: Alemania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía y la Unión Europea (representada por el Presidente del Consejo y el gobernador del Banco Central Europeo). que hoy en día tiene salarios inferiores a los de 2008.

La pobreza (especialmente en algunas zonas del país) constituye una verdadera emergencia crónica. Entre 2022 y 2024, las familias en situación de pobreza absoluta pasarán del 8,3 % al 8,5 % del total de familias residentes (lo que equivale a unos 2.234.000 hogares; en 2014 eran solo el 6,2 %) y las personas en situación de pobreza absoluta pasarán del 9,7 % al 9,8 % (más de 5,7 millones de personas). El fenómeno está creciendo y agravándose, tanto por la inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). , que empobrece a las familias que se encontraban apenas por encima del umbral de pobreza, como por la eliminación de la renta básica universal en 2023, que ha dejado a muchas familias ya pobres sin ningún tipo de ayuda económica. Según el Instituto de Estadística, la tasa de población en riesgo de pobreza será del 23,1 % en 2024.

La pobreza absoluta afecta especialmente a los y las menores, más numerosas en las familias pobres: las menores de 18 años en situación de pobreza absoluta representan el 14 % del total (1,3 millones). También afecta a una parte importante de la población activa (trabajadoras pobres): las familias con una persona de referencia empleada en situación de pobreza absoluta pasan del 8,3 % al 9,1 % entre 2022 y 2023. La oposición en pleno ha planteado la necesidad de promulgar una ley sobre el salario mínimo (logrando incluso cambiar la postura de algunos sindicatos, como CGIL y UIL, que antes se oponían), pero el Gobierno ha conseguido bloquear todas las propuestas en este sentido.

Italia es desde hace muchos años la segunda potencia manufacturera del continente europeo, pero su industria sigue caracterizándose por una baja productividad laboral (en 2024, 65 euros por hora trabajada: en Francia, 75,12). Este dato también contribuye a relativizar, si no a anular, los datos triunfalistas del gobierno en torno al crecimiento del empleo y su calidad. En 2023, por ejemplo, las horas trabajadas aumentaron un 2,7 %, mientras que el valor añadido solo creció un 0,2 %, lo que indica que gran parte de los empresarios, especialmente los pequeños y muy pequeños, prefieren contratar empleados con salarios bajos a realizar inversiones innovadoras. No es casualidad que la Comisión Europea, en sus informes, sitúe a Italia solo en el decimocuarto lugar en la clasificación de los países más innovadores de la UE en 2025.

El escaso crecimiento del empleo, del que se jacta el gobierno de la derecha, muestra sin embargo signos de fragilidad. De hecho, aumenta el número de empleados en el grupo de edad de más de 50 años y disminuye el de los más jóvenes, lo que demuestra las consecuencias en el empleo del aumento de la edad de jubilación, decretado en 2011 por el gobierno técnico de Mario Monti y nunca modificado por los gobiernos posteriores. Las personas mayores permanecen más tiempo en el mercado laboral, lo que distorsiona las estadísticas de empleo, en detrimento de fenómenos más significativos de rejuvenecimiento y rotación de la mano de obra.

 La desindustrialización de la segunda manufactura de Europa

El fenómeno de la llamada desindustrialización comenzó en Italia (como en gran parte del mundo occidental) a finales de la década de 1970 y se aceleró en la década de 1990, con una reducción progresiva del peso del sector manufacturero a favor de los servicios. Sin embargo, el gobierno de Meloni ha impulsado estos últimos años, con su política económica y a fin de hacer caja para mantener el equilibrio presupuestario, un proceso ulterior de abandono de empresas estratégicas, con la cesión por parte del Estado de empresas que en tiempos se consideraban esenciales para el desarrollo económico del país. Y este abandono ha tenido efectos importantes en el empleo.

Las acerías de Taranto (antes Italsider, antes ILVA, ahora Acciaierie d’Italia Spa) se debaten, tras su privatización en la década de 1980, en una grave crisis medioambiental y laboral que dura ya varias décadas. Ahora, el Gobierno tiene previsto cederlas a la empresa financiera estadounidense Bedrock Industries, que exige que la venta vaya acompañada de una financiación pública de 700 millones de euros a fondo perdido para proceder a la descarbonización de la planta. Además, Bedrock prevé un drástico recorte de 7.000 puestos de trabajo de los 10.000 que hay actualmente.

Hace justo un año, el Gobierno vendió la red fija de TIM (antes Telecom Italia) a un consorcio liderado por el fondo estadounidense KKR, con la consiguiente reducción de la plantilla de TIM de 37.000 a 17.300. Ya en 2022, la aerolínea nacional Alitalia (ahora ITA) fue privatizada y hace unos meses el gobierno de Meloni decidió su cesión progresiva y total a Lufthansa, con el compromiso por parte de esta última de no reincorporar a los 2.000 trabajadores que actualmente se encuentran en situación de desempleo temporal. La marca petrolera IP (Italiana Petroli), que en su día formó parte del grupo ENI, está a punto de ser vendida al grupo azerí Socar por 3.000 millones de euros, en el marco de la “diversificación de las fuentes de energía” tras la invasión rusa en Ucrania.

Las plantas de producción de la antigua Fiat (ahora Stellantis) llevan años en proceso de desmantelamiento y la crisis del mercado del automóvil no ha hecho más que acelerar esta tendencia. La antigua fábrica de Fiat IVECO (vehículos industriales) ya ha sido vendida en parte a la india Tata Motors y (en lo que respecta al sector relacionado con los vehículos de uso militar) a una asociación entre Leonardo y la alemana Rheinmetall. En total, esto pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo adicionales. Además, el gobierno prevé reconvertir la industria automovilística italiana en producción militar, mediante la concesión de nuevas ayudas públicas a Stellantis. A pesar de ello, la empresa ha seguido repartiendo dividendos a los accionistas, gracias a la deslocalización de la producción, el ajuste salarial, las generosas ayudas públicas y la transferencia de los beneficios a paraísos fiscales.

 Aumento de las desigualdades

En el sector bancario destaca el caso del Monte dei Paschi di Siena (MPS), uno de los bancos más antiguos, que en su día fue esencialmente de propiedad pública (más del 60 % del capital) y que llevaba mucho tiempo en crisis, saneado hace unos años gracias a la concesión de 5.400 millones de euros procedentes del presupuesto público. Ahora que el banco ha vuelto a ser atractivo, el gobierno quiere vender el 11 % restante de las acciones que aún están en manos del Estado. Mientras tanto, MPS ha adquirido el principal banco de negocios del país (Mediobanca), lo que ha reportado a sus principales accionistas (las familias Del Vecchio y Caltagirone y el fondo estadounidense BlackRock) más de 1.500 millones de euros de beneficios, que no devengarán impuestos porque todos los beneficiarios residen en paraísos fiscales.

En 2024, los bancos italianos registraron un nuevo máximo en términos de beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. neto, equivalente a 46.500 millones de euros, con un aumento de 5.700 millones (+14 %) con respecto a 2023. La suma de los beneficios obtenidos por los bancos en el trienio Meloni (2022-2024) alcanza la cifra de 112.000 millones, evidentemente también gracias a los altos tipos de interés fijados por el BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. . En las maniobras financieras de los últimos años, el gobierno había proclamado repetidamente su intención de aplicar un impuesto (por otra parte muy modesto, no más de 2.000 millones) a estos beneficios extraordinariamente elevados. Pero la oposición de los banqueros, confiada arbitrariamente, en la coalición de gobierno, al partido Forza Italia, indujo rápidamente al ejecutivo a renunciar. El ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti (Lega), parece querer volver a intentarlo este año, pero todo indica que las dificultades seguirán siendo las mismas que en los últimos años.

 Las leyes para consolidar el consenso

En cuanto a la actividad legislativa del gobierno, esta ha sido particularmente escasa. A pesar de las presiones de la UE y de la política comunitaria de protección de la competencia, el Gobierno de Meloni ha optado por la vía de la protección frente a la competencia y ha renovado continuamente las concesiones monopolísticas y las rentas de algunas corporaciones de las que la derecha obtiene un importante apoyo electoral (balnearios, taxis, notarías, etc.).

Además, ya desde su primera maniobra financiera, a finales de 2022, renovada y ampliada en los años siguientes, optó por aplicar una política fiscal descaradamente favorable a determinadas categorías de perceptores de ingresos. Así, mientras que los trabajadores por cuenta ajena y los jubilados siguen tributando según tipos impositivos progresivos (23 % para rentas de hasta 28.000 euros, 35 % para rentas de hasta 50.000 euros, 43 % para ingresos superiores a 50.000 euros), los profesionales autónomos y las pequeñas empresas individuales están sujetos al llamado impuesto fijo del 15 % (que se reduce al 5 % durante 5 años para los nuevos empresarios). El resultado es que, a igualdad de ingresos, un trabajador por cuenta ajena puede llegar a pagar el triple de impuestos que un profesional autónomo. Es evidente la ventaja electoral que la derecha ha obtenido con esta operación, sobre todo en Italia, donde el peso del trabajo autónomo y de las pequeñas empresas está muy por encima de la media de los países desarrollados.

Giorgia Meloni y el gobierno, en perfecta continuidad con Berlusconi, han perseverado en la política de indulgencia hacia la colosal evasión fiscal italiana (alrededor de 100.000 millones de euros al año) y la igualmente importante elusión fiscal (en 2024, los contribuyentes en deuda con el fisco eran unos 23 millones, con deudas que ascendían a la colosal cifra de casi 1,3 billones de euros). Esta política se ha expresado a través de operaciones demagógicas y propagandísticas, como las declaraciones de la primera ministra en 2023 en Catania (en Sicilia, región en la que la evasión alcanza niveles récord y en la que sigue imperando la mafia), donde comparó la lucha contra la evasión fiscal con el “pizzo di stato”, es decir, las contribuciones con las que la delincuencia organizada extorsiona con violencia a los ciudadanos. Pero también se ha expresado, sobre todo, a través de numerosas y repetidas amnistías fiscales (una veintena de medidas en los tres años de gobierno) que han anulado o reducido a cifras insignificantes las deudas con el fisco de los contribuyentes evasores o morosos.

Así, frente a la penalización de todos los ciudadanos con ingresos fijos (asalariados y jubilados), en Italia siguen aumentando las desigualdades. La riqueza inmobiliaria y financiera italiana, que se ha disparado en los últimos años, asciende a 11,7 billones de euros (cinco veces el PIB) y sitúa al país en el octavo lugar del ranking mundial de riqueza financiera. En el país hay 517.000 millonarios, es decir, personas que poseen un patrimonio de al menos un millón de dólares en riqueza financiera, menos del 1 % de la población. Las personas que poseen un patrimonio superior a 100 millones de dólares en riqueza financiera en Italia son 2.600. Esta rentabilidad de las actividades financieras y el hecho de que estén poco gravadas desencadena una espiral de rentas que desvía las inversiones de la economía productiva.

El Gobierno, con otras operaciones demagógicas y propagandísticas, también pretende atraer a importantes sectores empresariales y financieros para que se organicen con el fin de especular en zonas del mundo asoladas por guerras y devastaciones. En enero de 2024, Giorgia Meloni organizó en Roma una cumbre Italia-África en la que participaron representantes de 45 Estados africanos y en la que la primera ministra expuso las hipótesis de asociación previstas en el llamado Plan Mattei. Pero eso no es todo. En julio de este año organizó, también en Roma, la Conferencia sobre la recuperación de Ucrania, en colaboración con el gobierno de Kiev, planteando importantes inversiones en la reconstrucción del país devastado por la invasión rusa. Podemos estar seguros de que en los próximos días el gobierno trabajará para que las industrias italianas participen en la reconstrucción de Gaza si se mantiene el frágil acuerdo firmado entre Netanyahu y Hamás.

 Racismo, securitarismo y distorsión de la Constitución

La actividad del gobierno, por lo tanto, se ha manifestado más en el plano político que en el puramente legislativo. Porque ni siquiera las numerosas e importantes iniciativas encaminadas a “impedir la inmigración clandestina”, por ejemplo, han producido grandes resultados concretos, salvo el de reforzar la imagen de un gobierno fuerte con los débiles, una imagen útil para salvaguardar el apoyo político y electoral de amplios sectores del electorado infectados por el racismo. Una serie de decretos de 2023 han servido a este fin, como el que ha obstaculizado gravemente la actividad de los barcos de las ONG dedicados al rescate de migrantes náufragos en el Mediterráneo, el promulgado tras la masacre de Cutro (con más de 100 ahogados) o el que amplió hasta 18 meses el límite máximo de permanencia en el infierno de los Centros de Repatriación (CPR).

Un caso aparte es el protocolo de acuerdo con el gobierno albanés de febrero de 2024, que ha llevado a la construcción de dos CPR en territorio albanés, una construcción muy costosa y hasta ahora prácticamente no utilizada. Todo el asunto que ha propiciado la confrontación entre la voluntad del gobierno de determinar a su antojo qué países se consideran seguros para expulsar a los y las solicitantes de asilo y las iniciativas en sentido contrario de numerosos jueces italianos (y de la magistratura europea) también ha resultado útil para la propaganda racista del gobierno y su iniciativa contra la independencia del poder judicial.

En materia de política económica, además de la amnistía a favor de los defraudadores, el gobierno ha adoptado importantes medidas a favor de las empresas, como la creación de una “zona económica especial” única que abarca todo el sur del país (con las correspondientes ventajas fiscales y reglamentarias, tanto contractuales como medioambientales, para las empresas que operan en el Mezzogiorno). También ha decidido, en beneficio de los empresarios, prolongar la reducción de la moneda fiscal, que si bien ha permitido añadir algunas decenas de euros suplementarios a los salarios, a cargo del erario público, tiene como objetivo explícito reducir la presión salarial y sindical para la renovación de los convenios colectivos y el aumento de salarios.

Además, ha ampliado la posibilidad para las empresas de recurrir a subcontratistas y utilizar, incluso en ausencia de motivos válidos, contratos de trabajo de duración determinada.

Se han adoptado importantes e inquietantes iniciativas legislativas en materia represiva. El gobierno ya había comenzado en 2022, solo una semana después de su toma de posesión, con la adopción del llamado “decreto Rave”, que penalizaba con fuertes multas y penas de prisión las reuniones no autorizadas de más de 50 jóvenes. Pero la ley más significativa en este sentido es la adoptada el pasado mes de abril por decreto, eludiendo así la votación del parlamento, a pesar de la amplia mayoría que tiene el gobierno en ambas cámaras. Se trata del llamado “decreto de seguridad”, que introduce nuevos delitos en materia de orden público (bloqueo de carreteras, ocupación de edificios, revocación de la ciudadanía a los extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad italiana y que hayan sido condenados incluso por delitos leves, prisión obligatoria incluso para las mujeres con hijos menores de un año, libre uso de armas, incluso de fuego, por parte de la policía, mayor represión de cualquier protesta en las cárceles, etc.). Este decreto consigue empeorar, en sentido represivo, el código penal heredado del régimen fascista por la Italia republicana.

Sin embargo, las intenciones del gobierno van mucho más allá. Hace un año, el parlamento aprobó la ley sobre la denominada autonomía diferenciada, impulsada con ahínco por la Lega de Matteo Salvini, para intentar eliminar toda forma de solidaridad fiscal entre las distintas zonas más ricas o más pobres del país y otorgar poderes mayores y casi ilimitados a los dirigentes de las regiones más ricas. Esta ley, aprobada con el apoyo de toda la mayoría de derechas en junio de 2024, quedó parcialmente debilitada por una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2024, pero sigue representando una importante distorsión del orden constitucional adoptado en 1948 por la República Italiana.

Recientemente, la mayoría gubernamental ha aprobado otra ley de reforma constitucional (impulsada en particular por Forza Italia) en materia de justicia, que separa las carreras de los jueces de las de los fiscales y modifica profundamente el sistema de autogobierno de la magistratura, con la intención explícita de subordinarla al poder del gobierno y, por lo tanto, de afectar a la separación de poderes prevista también en la Constitución, ya gravemente comprometida por el abuso de los decretos de urgencia (el gobierno de Meloni ha aprobado 91 decretos ley en tres años). Un abuso que está vaciando de contenido el papel del parlamento, subordinándolo al ejecutivo. Esta reforma de la magistratura, de acuerdo con las normas constitucionales, se someterá en la próxima primavera a un referéndum popular de ratificación. Las encuestas, hasta la fecha, apuntan a un resultado favorable a la derecha.

Sin embargo, el punto principal del programa de reforma de la Constitución propuesto por la derecha es la “reforma del primer ministro”, un rediseño completo del funcionamiento institucional del país. Giorgia Meloni ha definido esta propuesta como “el comienzo de la Tercera República” (la segunda habría sido la gobernada por Berlusconi), la “madre de todas las reformas”. Esta iniciativa implica una gravísima y profunda manipulación de la arquitectura institucional adoptada por Italia tras los veinte años de fascismo, un golpe que Giorgia Meloni pretende asestar a la estructura institucional parlamentaria de nuestro país, sin otra motivación que el afán ideológico de los posfascistas italianos de centralizar el poder.

La propuesta se presenta como un remedio a la inestabilidad gubernamental que caracterizó al país en la segunda mitad del siglo pasado. Pero hoy, especialmente en esta legislatura, esa inestabilidad ya no existe. Tanto es así que, para todos los observadores, la Italia de Giorgia Meloni parece un modelo de estabilidad en una Europa en la que muchos países se ven afectados por profundas crisis, entre los que destaca la Francia de Macron.

De hecho, el gobierno de Meloni va camino de ser el más longevo de la historia del país. Por lo tanto, la reforma del primer ministro no tiene nada que ver con la llamada gobernabilidad, sino que, en la intención de la primera ministra y de los demás promotores, quiere marcar política y simbólicamente la superación definitiva de las raíces antifascistas y democráticas de la Constitución de 1948, y apunta a crear en un electorado populista mucho más amplio la ilusión de una renovación que promete sacar al país de las dificultades de las últimas décadas.

El abstruso mecanismo institucional identificado por los redactores del proyecto anula de hecho el papel de los parlamentarios y de las cámaras, reducidos a meras sedes de ratificación de lo decidido por el gobierno y por su primer ministro o primera ministra. Sería, incluso formalmente, la dictadura de la mayoría, de una mayoría que, además, según las nuevas normas electorales, podrá disponer de al menos el 55 % de los parlamentarios incluso con solo el 30 % de los votos, y además solo del conjunto de votantes, en un contexto en el que el abstencionismo no deja de aumentar. El poder ejecutivo (es decir, el gobierno) se independizaría del parlamento, ya que la elección directa del primer ministro lo convierte en el poder central, con un peso muy superior al de todos los demás órganos institucionales (el presidente de la República y el parlamento), estructuralmente debilitados. Se trataría de una democracia similar a la de muchos amigos de Giorgia Meloni, y en particular la del húngaro Viktor Orbán.

Esta reforma aún se está debatiendo en el parlamento y es probable que el gobierno (a menos que surjan ventanas de oportunidad imprevistas) opte por dejarla madurar con el tiempo, quizá aplazando su aprobación definitiva hasta la próxima legislatura, que se elegirá en otoño de 2027. Esto se debe a que es totalmente previsible que la reforma se someta a un referéndum de ratificación y este tipo de referéndums sobre reformas constitucionales se han convertido a menudo en un clamoroso rechazo a los gobiernos: basta recordar el 60 % de votos en contra que arrolló al gobierno de Renzi en 2016. Pero esta vez la prueba será especialmente difícil también para la oposición, porque para impedir la reforma es necesario defender una Constitución que, gracias a las repetidas manipulaciones, ya no es la basada en el compromiso social antifascista de 1948. Y también porque, en cualquier caso, esa Constitución ha demostrado dolorosamente en estas décadas su carácter declamatorio, traicionando en la práctica todos los compromisos de igualdad y justicia prometidos en el texto.

 Fiabilidad internacional...

Entre los éxitos de Giorgia Meloni no hay que pasar por alto su capacidad para integrarse eficazmente en la política de la Unión Europea, aunque esta decisión contradiga de forma clamorosa sus posiciones demagógicas contra los “tecnócratas de Bruselas” adoptadas cuando aún estaba en la oposición. Y hay que decir que, tras cierto escepticismo inicial, también la Comisión Europea y su propia presidenta, Ursula von der Leyen, han abierto ampliamente las puertas a la colaboración con la primera ministra italiana. Esta colaboración se ha traducido en la contribución que el gobierno italiano ha aportado en el ámbito comunitario, en materia de inmigración, a la revisión del Reglamento de Dublín, a las nuevas normas sobre el derecho de asilo y a las normas de repatriación; en materia de medio ambiente, a la reescritura del Pacto Verde Europeo, y en materia económica, a la atenuación de algunas normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Y esta colaboración ha llevado a la derecha italiana del gobierno a diferenciarse en la votación sobre la nueva Comisión, con Fratelli d’Italia y Forza Italia votando a favor de Von der Leyen (mientras que la Lega votó en contra junto con el resto de la extrema derecha europea). A cambio, Fratelli d’Italia consiguió el nombramiento de su Raffaele Fitto como vicepresidente ejecutivo. Al hacer balance de las políticas europeas de otros líderes de la derecha (por ejemplo, Matteo Salvini), Giorgia Meloni comprendió que una postura frontalmente soberanista y antieuropea no da muchos frutos. Por lo tanto, ha aplicado y sigue aplicando una política de integración progresiva en las instituciones de la UE, con resultados innegables por el momento.

En política exterior siguen existiendo algunas divergencias entre los partidos de la coalición de derechas, con Fratelli d’Italia y Forza Italia más claramente atlantistas con respecto a Ucrania, pero el activismo de Trump parece contar con el apoyo unánime y Giorgia Meloni es sin duda quien está mejor posicionada para sacar provecho del acceso al poder de la extrema derecha estadounidense.

Dado que el gobierno italiano, entre los principales países occidentales, fue el primero en caer en manos de la extrema derecha, hay que reconocer que Giorgia Meloni ha logrado normalizar la presencia de una extrema derecha fascista (o al menos posfascista) al frente de la tercera economía europea, convirtiéndose en un referente internacional para todos los partidos de derecha.

Hábilmente, ha logrado rodearse de un aura de respetabilidad, dotarse de una imagen institucional y moderada y afirmarse como una figura fundamental a la hora de abordar los principales retos de la UE, no solo en lo que respecta a Ucrania, sino también a otros temas. Ha logrado establecer y exhibir una relación explícitamente cordial y simbólicamente significativa con la presidenta de la Comisión, llegando incluso a organizar con ella una visita conjunta a la isla de Lampedusa, principal destino de los desembarcos de migrantes procedentes del norte de África, precisamente para mostrar sintonía y colaboración en el delicado tema de la inmigración, tema en el que el conjunto de la política europea parece inclinarse hacia las posiciones xenófobas y racistas de la derecha italiana. Al mismo tiempo, ha logrado combinar todo esto con una armonía manifiesta con la administración Trump, que de alguna manera le corresponde presentándola como una interlocutora privilegiada.

A pesar de las críticas, en gran medida ineficaces, que la Lega de Matteo Salvini y el general neofascista Roberto Vannacci dirigen desde la derecha a Giorgia Meloni, hay que decir que esta última, con su pragmatismo, ha logrado que su gobierno y su política cuenten cada vez más con el apoyo de la patronal, incluso de la más poderosa, que en su día se mostró perpleja ante el soberanismo de la extrema derecha. Y hay que añadir también que su modelo contribuye al ascenso al poder de otros partidos de extrema derecha en otros países, porque induce a sectores cada vez más amplios de las clases dominantes a decir: bueno, al fin y al cabo no hay que tenerles miedo, al contrario, como demuestra Giorgia Meloni, pueden hacer un trabajo útil para nosotros.

 ... y agresividad reaccionaria hacia quienes no están de acuerdo

En contraste con esta imagen institucional en el ámbito nacional, la primera ministra utiliza cada vez más tonos agresivos y despectivos hacia la oposición (recientemente calificó la tímida solidaridad de la oposición institucional con Palestina de “complicidad con Hamás”) y hacia quienes se atreven a criticarla. A pesar de que hasta hace unas semanas Charlie Kirk era una figura totalmente desconocida en Italia, Meloni utilizó inmediatamente su asesinato para atacar tanto a la izquierda ultramoderada como a la extrema, llegando a organizar en el parlamento italiano una grotesca conmemoración del activista reaccionario y trumpista.

El enfoque reaccionario de la derecha sigue presidiendo su actuación dentro del país. Ya hemos hablado del decreto de seguridad. Se han tomado otras medidas contra las familias arcoiris, es decir, las no binarias, impidiendo la regularización de los hijos adoptados o procreados de manera heterodoxa, y se ha hecho todo lo posible por imponer un fuerte control sobre los medios de comunicación, en particular sobre la televisión.

La táctica de Giorgia Meloni consiste en utilizar y tratar de profundizar al máximo la crisis de credibilidad de toda la oposición en todos sus matices, desde el vacío centrismo de Matteo Renzi hasta la impotente demagogia residual del Movimiento 5 Estrellas, pasando por el tambaleante enfoque tardolaborista del PD de Elly Schlein. Toda la oposición sigue pagando el precio de su larga y desastrosa temporada de gobierno (entre los gobiernos políticos dirigidos por el PD o el Movimiento 5 Estrellas y los gobiernos técnicos apoyados por el PD, que se prolongó desde 2011 hasta 2022), de sus políticas antisociales, de sus perversas reformas institucionales, de su complacencia con las presiones racistas y securitarias, de su contribución a la pulverización definitiva de lo que en su día fue la cohesión de la clase trabajadora.

Esto se traduce en una disminución progresiva, pero inexorable, del número de votantes activos (en las últimas elecciones regionales, la cifra se situó siempre en torno al 50 %, si no por debajo), una disminución que penaliza más a la oposición que a las fuerzas de la derecha en el gobierno. Un interesante análisis basado en el porcentaje de votos que no se expresa solo en la lista, sino también en las preferencias por algún candidato, muestra que este porcentaje es mucho más bajo en el voto de derechas (especialmente para Fratelli d’Italia), mientras que es muy alto (a veces para el PD roza o supera el 70 %) para los de la oposición. Este fenómeno indica la persistente capacidad de la derecha para interpelar también a la opinión pública, a la menos organizada y menos vinculada a los partidos, mientras que la oposición tiene pocas posibilidades de atraer el voto del electorado no alineado.

Todo esto basta para describir la impotencia de la oposición política e institucional, con la crisis y el declive del Movimiento 5 Estrellas, mantenido milagrosamente con vida tras la muerte de Gianroberto Casaleggio y la traición de Beppe Grillo, por el liderazgo de Giuseppe Conte. El PD se ve actualmente obligado a poner buena cara ante la gestión movimentista de Elly Schlein, pero sigue estando totalmente infestado por una nomenklatura de administradores nostálgicos de Matteo Renzi. Todo ello ha facilitado cierto crecimiento del ala izquierda de la oposición, la rojiverde de la AVS de Nicola Fratoianni y Angelo Bonelli, pero es un ala que sigue sobreviviendo en total subordinación a los demás.

En cuanto a la izquierda radical, uno desearía no hablar de ella para correr un tupido velo sobre su existencia en vida, pero es preciso señalar que el extraordinario movimiento que se ha desarrollado en las últimas semanas para condenar el genocidio perpetrado en Gaza por Netanyahu y su gobierno y la complicidad de muchos gobiernos (entre ellos el italiano) está permitiendo una nueva redistribución de las fuerzas sobre el terreno, marginando significativamente lo que queda del Partido de la Refundación Comunista (PRC) y situando en primer plano las alas más abiertamente campistas de la izquierda radical italiana (el sindicato USB y la organización política Potere al Popolo), que, con su activismo político y social y también gracias a algunas decisiones tácticas que han resultado ser visionarias, han asumido un papel de vanguardia en este movimiento.

Las grandes manifestaciones que han tenido lugar en toda Italia (al igual que otros países) durante la acción de la Global Sumud Flotilla muestran el potencial persistente que aún existe en el país. Una fría evaluación política constata que en el país no hay actores políticos y sociales capaces de orientar este potencial, salvo en el callejón sin salida de un peligroso sectarismo. Sin embargo, la nueva movilización de masas y la nueva disposición a la militancia política crean nuevos espacios de trabajo político para que una opción coherentemente internacionalista pueda disputar la hegemonía de los partidistas en la izquierda radical.

Mientras tanto, Giorgia Meloni, con su pragmatismo táctico, con su combinación de arrogancia verbal y supuesta moderación, espera a que el efecto Trump se extienda por el mundo, a que otros países europeos (¿Francia? ¿Gran Bretaña? ¿Alemania?) caigan en manos de otros camaradas de extrema derecha y les ofrece un modelo de acción.

Fuente: viento sur, extraída de andreadream94.wordpress.com

Traducción: viento sur