Se conocen como “elefantes blancos” aquellas grandes obras muy costosas e inútiles que, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, proliferan por cada pueblo, aumentando su deuda y pesando mucho en las arcas públicas. Detrás de cada “elefante blanco” muy a menudo se esconde un flagrante caso de corrupción. “¿Cuál es tu elefante blanco?”, preguntó Yago Álvarez (PACD) en la experiencia de grupo en la que cada concejal, representante regional, técnico o asesor pudo compartir con los demás las irregularidades de su zona para después poner en común soluciones y líneas de actuación con el fin de abrir las cuentas a la ciudadanía, auditar las deudas y actuar en consecuencia.

Así, salió a relucir que la mitad de los gastos del tranvía de Parla (Madrid) no están justificados; que el Palacio de Congresos de Palma, que arrastra un millonario sobrecoste, fue adjudicado irregularmente al grupo Barceló, que posteriormente contrató al ex presidente de Baleares, el ‘popular’ Jaume Matas; que en Torreón de Ardoz (Madrid), la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) es un cajón de sastre que paga comisiones infladas a un tercero por cada operación; o que la empresa Zaragoza Alta Velocidad (Ministerio de Fomento 50%, Gobierno de Aragón 25% y Ayuntamiento de Zaragoza 25%) adeuda a los bancos 360 millones de euros al 5,5% de interés.

También afloraron expropiaciones millonarias a caciques de turno, kilómetros de verjas inútiles, incluso la obra inacabada de un metro que ha dejado una calle abierta con un hoyo que ha costado 30 millones de euros. En medio de tanto desbarajuste hay tramas corruptas que ya están en los tribunales como Gürtel o Púnica.

Soluciones y líneas de actuación

Precisamente, una de las líneas de actuación que ya han empezado a emprender en Parla es personarse como acusación en estas causas de corrupción para declarar los contratos nulos. Zaragoza se está planteando incumplir deudas de empresas públicas para destinar ese dinero a políticas sociales. Entre otras ideas, se barajó cuestionar los intereses del Plan de Pago a Proveedores; desarrollar los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM) con sus herramientas de fiscalización continua; crear buzones encriptados donde los ciudadanos puedan volcar información de manera anónima; poner en marcha presupuestos participativos; remunicipalizar servicios como el agua o la basura; y, por supuesto, movilizar a los colectivos en la calle, como en Cádiz.

En el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez-Mato, que el sábado habló del alcance de la política municipal y el uso de las cuentas públicas locales, es decir, los ingresos y los gastos, reconoció que están aplicando la política fiscal que pueden, no la que les gustaría, que es obtener recursos de quienes más tienen. Aun así, mencionó la bajada del IBI residencial y la subida al no residencial; su línea roja de no financiar políticas con deuda; su intención de relacionar la tasa de residuos con la actividad (para que una gran superficie pague más, por ejemplo), de incluir cláusulas sociales para no contratar con empresas que no presenten condiciones laborales dignas o que no paguen a sus proveedores según la ley, y cobrar a los bancos por el uso de la vía pública de los cajeros automáticos. “Hay que luchar por que la tarta sea más grande, pero no a costa de la clase trabajadora. Hay que luchar por una tarta más grande y más justa”, ha declarado Sánchez-Mato, que también ha planteado la necesidad de pelear en el tablero estatal.

El domingo 1 de noviembre, fue el turno del portavoz del CADTM, Eric Toussaint, quien relató un interesante viaje por las experiencias auditoras ciudadanas en las que ha participado, profundizando en los casos griego y ecuatoriano. Desveló cómo el CADTM, hoy presente en 33 países, es fruto de una experiencia de lucha municipal en su ciudad, Lieja (Bélgica), afectada en el año 1983 por un plan de austeridad brutal por el que tenía que pagar créditos al 15% de interés. Repasó los intentos abortados de Paraguay y Venezuela. “Podría contarles los casos de 12 experiencias fracasadas de auditoría bajo la presión de los acreedores”, dijo. De Grecia, informó que “soy todavía presidente de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda griega”, aseguró que “vamos a seguir nuestros trabajos”, y avanzó que se volverá a reunir en febrero con la participación de la expresidenta del Parlamento, Zoe Konstantopoulou, quien también viajará a Barcelona próximamente para intercambiar experiencias auditoras con Ada Colau y Carlos Sánchez-Mato, entre otros.

Para finalizar, Toussaint aconsejó: “Si no hay voluntad por parte de las nuevas organizaciones de izquierda radical de enfrentarse a los acreedores, organizaciones europeas y al 1% de la clase dominante, va a haber más de lo mismo, mucha decepción y desilusión, como está ocurriendo en Grecia. Es totalmente factible suspender el pago de la deuda ilegitima sin llevar al país al caos e incluso mejorando la situación de manera sustancial”. En concreto en lo que respecta al Estado español, aseguró que “España tiene un arma muy fuerte de disuasión con la amenaza del impago de su deuda y hay que utilizarla”.

En el momento del balance, los nuevos miembros de ayuntamientos y autonomías del cambio tras las últimas elecciones del 24M se mostraron satisfechos con las jornadas, pero pidieron más. Más enfoque local, más cooperación a través de redes y más trabajo técnico para ponerse manos a la obra ya. “Estamos en un primer nivel de socialización. Necesitamos más espacios para compartir experiencias municipales que demuestren que el cambio es posible de cara a las generales”, concluyeron.