Durante los gobiernos de José Luís Gallardón y Ana Botella, la ciudad de Madrid vio como su deuda ascendía desde los 990 millones de euros a finales de 2000 hasta alcanzar su punto más alto en 2012 con una deuda de 7.733 millones. En ese momento el ayuntamiento de Madrid llegó a gastar uno de cada tres euros del presupuesto a pagar la deuda municipal, mientras la ciudadanía sufría subidas de impuestos y recortes de servicios.

Para Ahora Madrid y PSOE, partidos que han presentado la propuesta conjuntamente, una de las explicaciones vinculadas a esta evolución de la deuda pública municipal es el “desorbitado incremento de los sobrecostes derivados del sistema de contratación pública, ejercido con especial relevancia en las empresas municipales, a las cuales se ha recurrido con frecuencia en busca, previsiblemente, de la huida del derecho administrativo”. Mercamadrid, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Caja Mágica o Madrid Espacios y Congresos (Madridec) constituyen un ejemplo de cómo se han manejado los recursos del Ayuntamiento, “donde el despilfarro y los sobrecostes han sido una práctica demasiado habitual” a juicio de los grupos que suscriben la proposición.

También se plantean otro motivos para que se haya generado dicha deuda como las prácticas irregulares, cláusulas abusivas, condiciones lesivas para los intereses municipales y una deficiente gestión generalizada, que obligaron a un plan de reestructuración del sector empresarial municipal, “no sin antes haber llevado a graves dificultades de solvencia a la EMVS y a la práctica quiebra y posterior liquidación a Madridec”. Dicho plan supuso la asunción por parte del Ayuntamiento de la deuda financiera de Madrid Espacios y Congresos, S.A. (265.623.495,83 euros) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. (233.773.499 euros).

Gastos injustificados o dudosos también en la ampliación de Mercamadrid, que ascendió a 77 millones de euros y cuya utilidad ha sido nula, o las facturas de electricidad de Madrid Calle 30, por importe de casi 50 millones.

La propuesta defendida por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos denuncia también operaciones inmobiliarias ruinosas, obras inacabadas y compra-venta de edificios municipales que buscaban financiar a un Ayuntamiento incapaz de seguir endeudándose mientras incrementaba los impuestos, al tiempo que recortaba derechos sociales y laborales y suprimía planes, programas y prestaciones de servicios municipales.

El ayuntamiento llegó a gastar 1 de cada 3 euros en pagar su deuda

Por ello se pretende constituir una comisión que realice un análisis de la gestión y el origen del endeudamiento municipal, evaluando los impactos económicos de las decisiones políticas más relevantes y estudiando los procedimientos y sistemas de control llevados a cabo.

Este organismo, además, prestará especial atención a la contratación del sector público municipal: la realizada por las empresas municipales, organismos autónomos y Ayuntamiento durante los tres últimos mandatos y, específicamente, aquellas operaciones que supusieron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para la propia Administración y los intereses generales.