A partir de la crisis financiera de 2008 y de la irrupción del 15M en 2011 vuelve a la escena en los movimientos sociales el interés por la deuda, aunque en esta ocasión, ya no mirando a España como acreedora, sino como deudora; y como parte de una periferia europea con una misma “crisis de deuda”, que a la vez tenía en el Sur Global historias similares de las que aprender. Es a raíz del encuentro “Viviendo en Deudocracia” organizado por “¿Quién Debe a Quién?” en octubre de 2011 en Madrid cuando surge la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). Desde entonces la PACD ha trabajado en analizar las causas del endeudamiento actual, en definir qué entendemos por deuda ilegítima –no sólo económica, sino también ecológica, de género y social- y en proponer procesos de auditoría ciudadana que necesariamente pasan por la transparencia y la participación.

Puesto que cuando la PACD habla de Auditoría Ciudadana se refiere a procesos en los cuales el protagonismo lo tome la ciudadanía, una de las apuestas es que arranquen procesos diversos en los que la gente tenga especial interés. De ahí el potencial de las auditorías sectoriales (sanidad, educación, etc.) y, en especial, de las de ámbito municipal ya que es desde donde más podemos aprender sobre el proceso de auditoría: nuestro municipio es nuestra administración más cercana y la que conocemos más; es en la que podemos tejer redes para generar inteligencia colectiva; y trabajando en la transparencia y la participación local aprendemos y ejercemos presión para poder replicarlo en administraciones más amplias. Hay una ventana de oportunidad abierta también desde el momento en que en muchos municipios se han producido cambios de gobierno o la entrada de candidaturas ciudadanas en la oposición, que se han encontrado con niveles preocupantes de endeudamiento y que se han puesto o se quieren poner manos a la obra para analizar cómo se ha llegado a esa situación; si hay que depurar responsabilidades; y, lo más importante, como construir otras maneras de hacer política (de gestionar los recursos públicos) que nos eviten caer en la misma espiral de deuda.

Un tabú recorre Europa desde el 2008: el impago de las deudas. No se puede hablar de impagos, no se puede ni debatir, no es una opción. Como si pagarlas sin cuestionarlas no fuera optar por una opción. Pagar las deudas sin cuestionar su origen y la política que está detrás de esa decisión ha llevado a duplicar la deuda pública absorbiendo la deuda del sector privado y financiero, que no el de las familias. Aplicar austeridad y más austeridad en favor del pago incuestionable nos ha llevado a que la deuda pública española supere el billón euros y se sitúe por encima del 100% del PIB, que nos aboca a una espiral de refinanciación constante, cada vez con intereses más altos y condiciones más estranguladoras que atentan contra los derechos humanos básicos de la población. Este es uno de los grandes retos con los que nos encontramos: el de afrontar el debate sobre qué hacemos con la deuda y afrontarlo desde la ciudadanía. Y no es un debate secundario, ya que muestra como el gobierno estatal claudica en la defensa de los derechos de su ciudadanía y en ejercer la soberanía frente a los poderes financieros. Todo por la deuda: hasta reformar la irreformable constitución española.

Pero el tabú se rompe con mirar atrás, a lo largo de la historia ha habido múltiples experiencias de impagos parciales o totales. Entre 1946 y 2008 se han dado 169 casos de impago o suspensión de pagos de la deuda pública en el mundo. No son experiencias directamente aplicables a nuestra situación en España o en otros países de la UE, pero son experiencias de las que nos es obligado aprender sobre cómo poner los derechos y la vida por delante de la deuda; y como sí que es posible cuestionar su pago. El impago llegará, porque se sabe que la situación financiera no es sostenible: aquí de lo que se trata es de decidir si esperamos a impagos impuestos por los acreedores imponiendo sus condiciones o si la negociación la lideramos los deudores.

Y mientras conseguimos ese reto de posicionar el debate del cuestionamiento de la deuda estatal, los municipios deben ser nuestra punta de lanza. Es desde ahí des de donde la ciudadanía puede auditar para, por un lado decidir que políticas económicas se quieren llevar a cabo en adelante para no seguir en la espiral de endeudamiento que sólo nos conduce a la polarización de la riqueza y para, entre todas, hacer pedagogía y empoderarnos para reclamar al estado, que es donde reside la soberanía, que actué y cuestione a quién limita su soberanía.