Las jornadas de debate organizadas por el Ayuntamiento de Valencia, celebradas los días 16 y 17 de febrero en el Palacio de los Congresos de Valencia, contaron con la presencia de cargos electos y personal técnico de las principales ciudades de todo el Estado, así como una amplia presencia de municipios de la Comunidad Valenciana.

En el acto de apertura, una mesa compuesta por alcaldes de algunas de las principales ciudades del Estado como Madrid, Valencia o A Coruña mostraron su preocupación por la falta de autonomía fiscal y financiera que tienen los ayuntamientos frente a una Gobierno central que, mediante la centralización de competencias y la legislación de financiación y tributación local, reduce sus márgenes de maniobra. “El municipalismo ha madurado y tenemos los argumentos y la gente necesaria para poder autogobernarnos”, explicaba Joan Ribó, alcalde de Valencia por Compromís, al reclamar una mayor independencia y autonomía financiera para los municipios. El teniente alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello, enfatizaba en que “debemos hablar de soberanía municipal, porque el concepto de “autonomía” municipal ha sido vaciado de significado y por tanto debemos recuperar esa soberanía, que nos permita hablar luego de democracia municipal”, coincidiendo con la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena en que “los municipios son la institución más cercana a la ciudadanía y por tanto la mejor garantía de que se ofrezcan los servicios sociales necesarios y que nuestros vecinos y vecinas reclaman”.

La Ley Montoro como principal problema

Durante prácticamente todas las intervenciones se pudieron escuchar reclamaciones hacia el Ministerio de Hacienda por su Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL), más conocida como la Ley Montoro, y al resto de legislaciones y limitaciones que, como la regla del techo de gasto, minimizan el poder de maniobra de los ayuntamientos en materia económica y fiscal.

A lo largo de los dos días se pudieron escuchar las argumentaciones de los representantes de los municipios en este sentido. “La regla del gasto ha demostrado ser ineficaz y penalizar a ayuntamientos que quieren hacer políticas justas y redistributivas”, lamentaba Pisarello. Por su parte, el alcalde de A Coruña Xulio Ferreiro declaró en la mesa dedicada a propuestas para reformar la financiación de los municipios que “debemos eliminar la tasa de reposición y todas las limitaciones que, como el techo de gasto, nos quitan nuestra soberanía”, coincidiendo con Ribó que enfatizó en que la necesidad de los municipios de “parar los planes de ajuste y el techo de gasto, y lo debemos hacer ya”.

Tan sólo unos días antes del evento, una propuesta de derogación de la Ley Montoro fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE. Tal hecho también fue destacado en el evento en las intervención del concejal de Economía y Hacienda de Madrid Carlos Sánchez Mato, que declaró que “los partidos políticos deben mostrar coherencia entre lo que predican y exigen en el ámbito municipal y lo que defienden en el Congreso”. “Hoy tenemos alcaldes políticos de todos los colores que piden la derogación de la LRSAL, ¿cuantos más necesitamos?", concluía Pisarello.

Las competencias fiscales de los municipios fueron también uno de los temas principales del evento. Las exenciones del IBI a la iglesia, el impuesto a las plusvalías o la orientación ecológica del impuesto a vehículos, fueron algunos de los impuestos y tasas que se debatieron. Con la presencia de varios catedráticos de derecho financiero y tributario, se habló en varias mesas de debate sobre tributos, financiación y magnitudes presupuestarias y contables.

Al cierre del encuentro, clausurado por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y Joan Ribó, los representantes de los municipios firmaron la Declaración de Valencia. El documento recoge propuestas de reforma en el modelo de financiación local en materia de competencias recaudatorias, sistema de transferencias o la revisión de los tributos locales actuales con el objetivo de mejorar su equidad distributiva.