“Si bien la austeridad puede ser una herramienta útil de administración por oposición al despilfarro, se debe tener presente que afecta de forma muy distinta a diferentes grupos sociales, en especial a los más vulnerables o marginalizados”, resaltó Bohoslavsky.

“Si bien los Estados son los principales garantes de derechos humanos, las instituciones financieras internacionales también pueden ser consideradas responsables por su complicidad cuando prescriben políticas con probables efectos negativos sobre los derechos humanos” señaló el experto.

“Si se puede responsabilizar a las instituciones financieras internacionales por el daño evitable causado a los afectados por una represa por ellas financiada, ¿por qué no deberían ser responsables por los daños evitables provocados a los derechos humanos por reformas económicas regresivas?”

Bohoslavsky puntualizó que es importante notar que las medidas de austeridad que impulsan el FMI y otras instituciones financieras internacionales no son para todas las personas, ya que no restringen el pago de la deuda pública para rentistas locales y extranjeros. Por el contrario, las políticas monetarias restrictivas incrementan el pago de intereses. “Es austeridad para los pobres, no para los acreedores”, subrayó.

No sorprende que la combinación de desaceleración económica y cambios contractivos de la política fiscal afecten a una amplia variedad de derechos humanos. “Lamentablemente, con estas medidas se reducen subsidios a los alimentos y se recortan servicios públicos básicos. Se afectan los salarios reales y la inversión social, por ejemplo en vivienda, infraestructura, salud y educación” dijo.

“Desde el punto de vista económico, no existe evidencia de que la consolidación fiscal contribuya a la recuperación. Está mucho más clara la incidencia negativa de los programas de ajuste estructural y sobre el crecimiento económico, el empleo, la sostenibilidad de la deuda y, finalmente, sobre la igualdad de las personas”, Bohoslavsky menciona.

El Experto Independiente argumenta extensamente en su informe que existe una sólida base jurídica para sostener que, en principio, las políticas de austeridad durante las épocas de recesión son incompatibles con las obligaciones de garantizar el goce de los derechos humanos.

El derecho internacional de derechos humanos no admite que se pueda exigir a un país que pague toda su deuda a costa del aumento de la mortalidad infantil, el desempleo o la desnutrición.

Bohoslavsky señala que las instituciones financieras internacionales pueden ser consideradas responsables por complicidad en las reformas económicas que violan los derechos humanos. La responsabilidad jurídica por complicidad puede acarrear obligaciones en derechos humanos para estas instituciones en términos de cese, garantías de no repetición y reparación.

“El Consejo de Derechos Humanos en su sesión de marzo 2019 votó los Principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos La sección V explícitamente se refiere al rol y responsabilidades de las instituciones financieras internacionales. Este instrumento puede servir de guía para presentes y futuros procesos de reformas económicas”, concluyó.

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