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Más deuda no es la solución
por Nicola Scherer
21 de abril de 2020

¿Alguien puede afirmar que las medidas tomadas tras la crisis económica y financiera de 2008 fueron para mejorar la vida de las personas?

No podremos salir de esta crisis sanitaria, ni de la crisis económica y financiera que teníamos a la vuelta de la esquina y que el Covid-19 va a precipitar, si utilizamos la misma receta de 2008. Más deuda no es la solución. Rescatar un sector privado y sus inversores, abandonando a las personas no es la solución. Necesitamos un cambio de paradigma para gestionar la actual crisis de manera diferente, implementando políticas basadas en la solidaridad y la justicia financiera, fiscal, social y ambiental.

La solución para salir de la crisis del 2008 y volver a un crecimiento económico, precario y artificial, fue el rescate del sector financiero, en especial la banca privada, convirtiendo así (su) deuda privada financiera en (nuestra) deuda pública. Así llegamos al sobreendeudamiento público actual y unas arcas vacías con un sistema de sanidad pública deficiente para hacer frente a una pandemia global como el Covid-19. Fue una decisión política, no una necesidad, la opción de rescatar a la banca privada con dinero público, que solo en España nos ha costado unos 65.725 millones de euros según el Banco de España, de los cuales apenas se han recuperado 5.225 millones.

La solución para salir de la crisis del 2008 nos llevó al sobreendeudamiento público actual y a tener unas arcas vacías con un sistema de sanidad pública deficiente para hacer frente al Covid-19

Mientras tanto, una de las bancas rescatadas y la que más nos debe, Bankia, aprobó el 28 de marzo 2020 repartir 355 millones de euros en dividendos del ejercicio 2019, gracias a la abstención en la votación del Frob, organismo público que controla el 61% del capital de Bankia. Nos hicieron creer que había que rescatar a los bancos ’demasiado grandes para dejar caer’, porque si no, nos hundiríamos en el caos.

Sin embargo, las respuestas políticas a la crisis de 2008 fueron nefastas para una gran parte de la población; durísimas medidas de austeridad, que pusieron el pago de la deuda publica a acreedores, mayoritariamente bancos alemanes y franceses, por encima de la atención a las personas. En este sentido el ejemplo más claro fue el cambio del articulo 135 de la Constitución Española en verano 2012. Las políticas de austeridad y recortes impactaron a los presupuestos públicos y la calidad de los servicios públicos indispensable para proteger la vida. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2007 y 2014 el gasto público dedicado a vivienda y servicios comunitarios bajo un 47,3%, la protección del medio ambiente un 19,2% y la educación un 2,4%. El gasto sanitario público bajó en 2018 hasta un 5,9% del PIB, según el Ministerio de Sanidad. Tristemente, los que más han sufrido esta última crisis son los que menos han aportado a su gestación: las mujeres, pensionistas, familias, enfermos, migrantes y refugiados. Grandes sectores de la población en todo el mundo, que han sufrido una disminución significativa en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a cambio de precariedad laboral, desempleo, pobreza y falta de una vivienda digna. Al final fueron las familias y en especial las mujeres que han resistido y soportado los impactos de la crisis, contraponiendo a los recortes en sectores esenciales para el sustento de la vida su sobre esfuerzo y sobre trabajo para garantizar los cuidados.

Si miramos el impacto ambiental, es obvio que una década de políticas económicas-financieras dando preferencia al pago de la deuda no liberó los medios necesarios para afrontar la emergencia climática tal como hubiera sido necesario. Gracias a la presión de los nuevos movimientos ambientales, hemos podido experimentar recientemente un interés político para la lucha contra la emergencia climática.

Aunque existe una falta de información, claridad y transparencia importante, podemos ver qué 10 empresas españolas han pedido la compra de sus bonos corporativos

En este sentido, el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto a disposición unos 750.000 millones, a través de su Pandemic emergency purchase programme (PEPP), para comprar deuda pública y privada, para respaldar la liquidez del mercado y para evitar así que la prima de riesgo de los países se dispare. Lo interesante aquí es que una parte del PEPP, tiene un programa especial para la compra de deuda corporativa, el Corporate sector purchase programme (CSPP). Aunque existe una falta de información, claridad y transparencia importante, vemos que las 10 empresas españolas que ya han pedido la compra de sus bonos corporativos, o sea su deuda, son Telefonica Emisiones, Naturgy Finance, Abertis Infraestructuras, Iberdrola International, Red Eléctrica Financ, Repsol Intl. Finance, Enagás Financiaciones, Iberdrola Finanzas, Merlin Properties SOCIMI y Ferrovial Emisiones, según datos del BCE. Además de ser empresas multinacionales con conocidos beneficios millonarios, muchas de ellas son de grandes contaminantes como Iberdrola, Repsol y Enagás y con eso en gran parte responsables de la emergencia climática. O son multinacionales de grandes infraestructuras implicadas en disputas y impactos negativos en comunidades y territorios, como Abertis (¿recuerdan su disputa con el Gobierno sobre la indemnizaciones ilegítimas relacionados con la AP7?). ¿Queremos que se rescaten estas empresas con dinero público con la excusa de la crisis sanitaria?

Para terminar, es importante alejarnos un momento de las políticas nacionales y europeas, mirando hacia las instituciones de gobernanza económica financiera internacional. Vemos que el pago de la deuda y la importancia del capital siguen teniendo plena centralidad en las negociaciones durante estos días en los Encuentros de Primavera del FMI y BM. No hay duda que el Covid-19 provocará una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en países de bajos ingresos, porque los gobiernos no tendrán liquidez para proteger ni a su población ni a sus economías vulnerables. La condonación inmediata de la deuda externa sería la única solución que podría liberar recursos inmediatos sin endeudar aun más estos países, tal como explicamos unas 200 organizaciones de la sociedad civil organizada en nuestro llamamiento para la cancelación de la deuda total durante 2020 para los 69 países más pobres del mundo. Aunque la vida de millones de personas en estos países está en peligro, las medidas que acuerdan los ministros de finanzas y gobernantes del FMI y BM durante esta semana, probablemente no serán suficiente. Volverán a proteger los intereses de los acreedores por encima de la vida.

Si esta vez queremos hacer las cosas diferente, hay que aplicar medidas que no se basen en el endeudamiento de nuestras generaciones futuras. Tampoco pueden suponer un nuevo rescate público al sector privado del IBEX35. Necesitamos medidas solidarias de justicia fiscal para que los que más han acumulado -multinacionales y fondos de inversiones-, paguen de forma justa y proporcional sus impuestos, contribuyendo a la lucha contra el Covid-19. En este sentido la lucha contra el Covid-19 incluye la lucha contra la evasión fiscal e incluye la lucha por la justicia financiera, para que el sector bancario y las grandes empresas rescatadas asuman su responsabilidad frente a la ciudadanía. La nacionalización de algunos bancos y empresas rescatadas con dinero público es una opción muy real y la condenación de la deuda de los paises empobrecidos es necesario y moralmente correcto.

Más deuda no es la solución. Rescatar un sector privado y sus inversores, abandonando a las personas no es la solución. La solidaridad y la justicia financiera, fiscal, social y ambiental sí nos abren vías y posibilidades de implementar otras políticas. Para ello hace falta un replanteamiento de paradigma y valores. Esta vez es más importante que nunca, escoger poner la vida en el centro y no el capital. Solo así construiremos una vida que merezca ser vivida.

Fuente: El Salto


Nicola Scherer

Investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).