2 de junio de 2020

No hay humo sin fuego.

El sistema capitalista mundial se basa en profundas desigualdades entre una minoría de la clase dirigente y la abrumadora mayoría de la población. La clase dominante capitalista tiene la propiedad exclusiva de los medios de producción y decide por sí sola sobre ésta. Por lo tanto, esta última está orientada a obtener el máximo beneficio a corto plazo, y no a satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Para obtener estos beneficios, a la clase capitalista no le importa si sus actividades económicas tienen un valor de uso beneficioso para las mayorías.

Así, desde el comienzo de la revolución industrial y la transición a los combustibles fósiles a partir del siglo XIX, los mayores industriales han sido responsables de la acumulación en la atmósfera de niveles cada vez más altos de gases de efecto invernadero sin preocuparse por la perturbación del clima que ésta causa, amenazando la supervivencia de los ecosistemas y de comunidades enteras -en particular en los llamados países del Sur-, a pesar de que el fenómeno del calentamiento global sea ampliamente conocido desde hace al menos tres décadas. Esta lógica de búsqueda de beneficios, cualesquiera que sean las consecuencias sociales, se encuentra también en la especulación inmobiliaria, que excluye a millones de hogares del derecho a la vivienda. Los ejemplos podrían multiplicarse, ya que esta lógica está en el corazón mismo del modo de producción capitalista [1].

El valor de uso de las armas, sobre el que los Estados siempre tratan de establecer un monopolio, es claro: es negativo para los millones de personas afectadas por la muerte y la destrucción causada por los conflictos armados. Los que sobreviven en las zonas de conflicto se ven afectados por la destrucción física de las viviendas, los servicios públicos de salud y educación, los medios de producción de energía, el saneamiento del agua y las infraestructuras básicas para el acceso a estos bienes vitales. Como tales, los conflictos armados tienen consecuencias negativas duraderas en la capacidad de las sociedades afectadas para garantizar los derechos humanos básicos y de resistir a otras conmociones importantes, como los desastres naturales o las emergencias sanitarias. Consideremos el impacto potencialmente devastador que una epidemia como la del Covid-19 podría tener en regiones muy afectadas por la destrucción de infraestructuras, como en la Franja de Gaza, Yemen o Siria, o en campamentos donde cientos de miles de personas que huyen de los conflictos y la persecución se encuentran hacinadas en condiciones deplorables, como en Grecia, en Turquía, el Líbano, Jordania o Bangladesh.

Para las clases dominantes, que representan una pequeña minoría de la población pero que controlan el poder del Estado, las armas son un medio eficaz para mantener el orden social existente – tanto más cuando si el monopolio de la violencia es ejercido con éxito por el Estado – cuando la dominación ya no es aceptada como algo natural por las y los dominados. Además, la necesaria reconstrucción de las zonas devastadas por la guerra también proporciona nuevos campos de acumulación para el capital.

En el siglo XIX, el desarrollo del capitalismo industrial agudizó la lucha de clases al crear altas concentraciones de trabajadores, lo que dio lugar a un salto cualitativo en la organización colectiva de los explotados -en particular a través de los sindicatos y sus enlaces políticos revolucionarios (socialistas y anarquistas)- amenazando la dominación ejercida por la burguesía [2]. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, el modo de producción capitalista ha sido objeto de una expansión internacional por parte del imperialismo, es decir, a través de la agresiva exportación de capitales al extranjero, en particular mediante inversiones directas y préstamos soberanos. Tan pronto como este capital sale de las fronteras nacionales, ejerce una relación de sobreexplotación sobre las poblaciones extranjeras. En efecto, el valor de cambio de la fuerza de trabajo se reduce al mínimo estricto, e incluso por debajo del mínimo necesario para asegurar su reproducción, en nombre de una ideología de la supremacía natural de la civilización europea y por lo tanto de la inferioridad natural de las vidas humanas no europeas (esta ideología sólo fue derrotada en la segunda mitad del siglo XX para ser sustituida por una ideología de la supremacía cultural de las sociedades occidentales, que permite perpetuar la sobreexplotación de las poblaciones de los llamados países del Sur). Además, los beneficios se repatrían a las metrópolis, y la actividad aporta poco o ningún beneficio al territorio donde se lleva a cabo. Por consiguiente, la aceptación de la dominación es menor que la de la dominación por el capital nacional. Además, el capital extranjero no se beneficia del marco jurídico definido por su Estado soberano (aunque este último fenómeno tiende a disminuir considerablemente a medida que avanza la globalización capitalista y se adoptan normas internacionales favorables al gran capital en el ámbito del comercio y las inversiones), y se enfrenta a una fuerte competencia de los capitales de las demás potencias imperialistas. Por lo tanto, las clases dominantes se ven obligadas a proteger sus exportaciones de capital por medio de la fuerza armada. Así pues, la fase imperialista del capitalismo coincide con un recrudecimiento del militarismo y de los conflictos armados, llevando a un importante crecimiento de la producción de armas tanto para los mercados internos como para las exportaciones.

La violencia sin precedentes mediante la cual se permitió la acumulación primitiva de capital en los siglos anteriores a la revolución industrial, especialmente la violencia justificada ideológicamente por las teorías racistas contra las poblaciones africanas negras transformadas en esclavos, ha dado paso así a la violencia del imperialismo colonial y luego neocolonial. El movimiento obrero y los levantamientos populares han sido suprimidos con sangre hasta el día de hoy. Las tensiones interimperialistas del siglo XX llevaron a las dos guerras mundiales, guerras totales de proporciones catastróficas. El capitalismo industrial permitió la mecanización de las armas, la industrialización de la violencia y así dio lugar a una verdadera barbarie moderna de guerras imperialistas, conflictos contrarrevolucionarios y golpes de Estado, genocidios y masacres coloniales o dirigidas a suprimir los movimientos populares.

Más allá de la intervención militar directa, el imperialismo occidental se ha distinguido desde la descolonización por su apoyo diplomático, material y financiero a los regímenes autoritarios cuando éstos estaban, o se percibían, a favor de sus intereses económicos. Al igual que los Estados Unidos, las potencias europeas han apoyado los golpes de Estado destinados a derrocar a los líderes percibidos como amenazas a la dominación neocolonial. En estas zonas, las intervenciones del Estado francés en África son verdaderos casos de libro de texto, pero otras potencias europeas como Alemania, Bélgica y Gran Bretaña también están implicadas en esta desestabilización neocolonial.

Una lista no exhaustiva de actos de barbarie moderna desde finales del siglo XIX. Entre los innumerables crímenes cometidos por el capitalismo y el imperialismo desde el siglo XIX y además de las dos guerras mundiales, mencionemos en el aplastamiento en sangre de la Comuna de París en 1871 por el régimen de la joven Tercera República en Francia; el genocidio de los herejes y los namas a principios del siglo XX por el colonialismo alemán; el genocidio de los congoleños a finales del siglo XIX por el colonialismo belga; el genocidio de los armenios por el nacionalismo turco en un imperio otomano en decadencia, masacre que sentó las bases de la moderna República Turca; a la guerra contrarrevolucionaria librada por los monárquicos rusos y otros ultrarreaccionarios apoyados por las principales potencias imperialistas, con el fin de derrocar el socialismo que surgió en Rusia después de 1917 e impedir su expansión internacional; el genocidio de los judíos, gitanos, discapacitados y homosexuales europeos por parte del Tercer Reich y sus aliados en todo el continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial; las guerras coloniales de Francia en Indochina (1946 - 1954) y Argelia (1954 - 1962); a las guerras de Estados Unidos en Corea (1950 - 1953) e Indochina (1965 - 1973); al genocidio de comunistas o sospechosos de serlo en la Indonesia de Suharto a partir de 1965, con la complicidad del imperialismo holandés y estadounidense; el apoyo de los Estados Unidos y sus aliados a los conflictos y golpes de Estado contrarrevolucionarios en todo el mundo, y en particular en América Latina, por ejemplo con el apoyo al golpe de Estado y luego a la dictadura militar de Pinochet en Chile de 1973 a 1989, o el apoyo dado a los contras opuestos al nuevo régimen sandinista en Nicaragua a partir de 1979; a los crímenes del régimen del apartheid en Sudáfrica, apoyado por el imperialismo occidental hasta su caída en 1994; a la invasión de Afganistán en 2001 por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, incluidas muchas fuerzas armadas europeas; la invasión de Irak en 2003 por los Estados Unidos y varios de sus aliados, en primer lugar el Reino Unido y el Estado español, pero también otros Estados europeos; la colonización de Palestina por el Estado de Israel durante más de 70 años, de nuevo con el apoyo del imperialismo europeo y norteamericano. Obsérvese aquí la responsabilidad del régimen burocrático autoritario de la URSS en la carrera de armamentos durante la segunda mitad del siglo XX, y su invasión del Afganistán en 1979, que alimentó el caos geopolítico y allanó el camino para la continua desestabilización de la región en los decenios siguientes (en particular mediante las intervenciones de Washington y sus aliados). Subrayemos también el apoyo material criminal de China (¡junto con el apoyo diplomático de los Estados Unidos!) al régimen genocida -y luego a la guerra de guerrillas- de los jemeres rojos en Camboya en los decenios de 1970 y 1980.

Sobre el neocolonialismo de Francia y otras potencias europeas en África. En el Camerún, el hecho de que el presidente Paul Biya esté en el poder desde 1982 a pesar de sus numerosas prácticas antidemocráticas tiene sin duda mucho que ver con el firme apoyo del Estado francés, del que goza tanto en el plano diplomático como en el militar, mediante la entrega de armas y el adiestramiento de las fuerzas de seguridad camerunesas proporcionado por Francia. Un apoyo rentable: las empresas francesas son las primeras en invertir en el Camerún, mientras que Francia es uno de los principales acreedores bilaterales del país. Paul Biya también cuenta con el apoyo de los estados alemán y británico y ha sido condecorado por las tres antiguas metrópolis coloniales. En Togo, es ciertamente gracias al importante movimiento de protesta que puso de relieve el autoritarismo del régimen en 2017 que no se concluyó en ese momento un contrato de venta de helicópteros de combate franceses. En este país, Faure Gnassingbé ha permanecido en el poder desde que sucedió «naturalmente» a su padre Gnassingbé Eyadema en 2005. Eyadema había tomado el poder en 1967 después de ayudar a derrocar al primer presidente del Togo independiente cuatro años antes, y había gobernado el país con mano de hierro con el apoyo de Francia, sin que Jacques Chirac dudara en describirlo como «amigo de Francia» y «amigo personal». Si bien la lista que aquí se presenta no puede ser exhaustiva, es imposible no mencionar las relaciones entre el Estado francés y el régimen de Félix Houphouët-Boigny, que estuvo en el poder en Costa de Marfil de 1959 a 1993 y cuyas políticas -marcadas por el desarrollo de una economía de exportación y el ajuste estructural conforme a las expectativas del Banco Mundial- fueron el resultado de una larga y difícil lucha entre el Estado francés y el régimen de Félix Houphouët-Boigny, que estuvo en el poder en Costa de Marfil de 1959 a 1993, del FMI y el imperialismo occidental, y beneficiando localmente sólo a una pequeña camarilla de cómplices en el entorno del poder político - fueron perseguidos por su sucesor Henri Konan Bédié hasta 1999. Houphouët-Boigny, ministro del gobierno francés a finales de la Cuarta República y más adelante bajo la presidencia de Charles de Gaulle, había hecho campaña para el mantenimiento de un estatus colonial para los estados africanos en el marco de la «Comunidad Francesa» deseada por el imperialismo francés. Habiendo fracasado finalmente el proyecto, Houphouët-Boigny se convirtió en el primer presidente de la Costa de Marfil independiente en 1960 y estableció un régimen autoritario íntimamente ligado al neocolonialismo francés. De acuerdo con el Estado francés y sus servicios secretos, participó en la desestabilización de numerosos intentos de desarrollo independiente y de inspiración socialista, desde el África occidental hasta Angola, en el sur del continente. Además de los numerosos escándalos de «Françafrique» que han estallado públicamente - sin que los autores hayan sido llevados ante la justicia - todavía no se han aclarado dos casos en los que la responsabilidad del Estado francés, por intermedio del régimen de Houphouët-Boigny, está fuera de toda duda: por una parte, el asesinato en 1987 de Thomas Sankara, dirigente revolucionario de Burkina Faso (unos meses después de su llamamiento a todos los Estados africanos para que dejaran de pagar la deuda contraída con los acreedores occidentales e iniciaran en el continente un desarrollo independiente de las antiguas potencias coloniales), sustituido por Blaise Compaoré, que llevará a cabo políticas favorables al imperialismo francés e internacional ; y por otro lado el apoyo, mediante entregas de armas y apoyo diplomático -a través del Estado de marfileño pero también a través del nuevo régimen de Blaise Compaoré en Burkina Faso- al señor de la guerra liberiano Charles Taylor, que incendió su país y la vecina Sierra Leona y causó un gran derramamiento de sangre en los años noventa y hasta principios de la década de 2000. La interferencia francesa en la región continúa, con los gobiernos franceses apoyando visiblemente la rebelión contra el gobierno de Laurent Gbagbo en Costa de Marfil hasta la victoria de Alassane Ouattara en 2011, mientras que el ejército francés exfiltró a Blaise Compaoré cuando un movimiento popular masivo lo derrocó del poder en Burkina Faso en 2014 (pudo huir a la Costa de Marfil de Alassane Ouattara donde adquirió la nacionalidad marfileña). El Estado francés se distingue por las condecoraciones otorgadas a los líderes de los regímenes autoritarios. Mencionemos únicamente el hecho de que la Legión de Honor se concedió a los déspotas Zine El-Abidine Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y Bashar Al-Assad en Siria, los tres fueron el blanco de levantamientos revolucionarios desde diciembre de 2010 y principios de 2011 (los dos primeros fueron derrocados rápidamente mientras que el tercero permaneció en el poder a costa de una terrible política de tierra arrasada, que causó cientos de miles de muertes y millones de desplazamientos forzosos de poblaciones). A través de su Ministra de Asuntos Exteriores, Michèle Alliot-Marie, el gobierno francés ofreció su ayuda a Ben Ali en la represión de las manifestaciones de Túnez, en particular mediante la venta de armas represivas. Y desde 2013, Francia se ha involucrado en el apoyo indefectible a los militares que se convirtieron en el presidente ultra autoritario Abdel Fattah Al-Sissi en Egipto. Si bien Francia está indudablemente a la vanguardia del neocolonialismo europeo a través de la venta de armas y el apoyo a los regímenes autoritarios de los llamados países del Sur, otros Estados europeos no se quedan al margen. Recordemos la responsabilidad de Bélgica, junto con los Estados Unidos, en el golpe de Estado que derrocó a Patrice Lumumba, el primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo independiente en 1960, para proteger sus intereses económicos (en particular en la minería) amenazados por una política que no se atrevió a querer llevar a cabo el proceso de descolonización hasta su conclusión. Recordemos también las ventas de armas de Francia y Bélgica (en las que también participó al menos una empresa británica, Mil-Tec) al régimen autoritario, que entonces se preparaba para el genocidio, de Juvénal Habyarimana en Ruanda, ventas de armas que incluso continuaron después del estallido del genocidio de los tutsis en abril de 1994 en lo que respecta a Francia y a la empresa Mil-Tec. Estas ventas de armas fueron posibles gracias a la financiación recibida unos meses antes de que comenzara el genocidio por el Banco Mundial y el FMI, que supervisaban el ajuste estructural y el desarrollo de una economía dirigida hacia exportación en aquel país, mientras que los pagos del Estado ruandés a sus proveedores y acreedores fueron facilitados por bancos belgas (Belgolaise, Société générale de banque), franceses (BNP) y alemanes (Dresdner Bank).

Unas armas cada vez más potentes

Así, el capitalismo industrial ha dado lugar a la producción masiva de armas desde el final del siglo XIX por parte de industriales que han adquirido un considerable peso económico y político, en particular en los Estados Unidos, Europa occidental, Rusia y China. Debido al propósito de su producción, el capital armamentístico tiene un estatus muy especial en nuestras sociedades capitalistas: el armamento es un espacio en el que el capital estatal y el privado están muy entrelazados. Las decisiones sobre la investigación, la producción y el comercio de armas no se toman sin la aprobación del Estado, mientras que los industriales están protegidos y subvencionados por el Estado, que incluso actúa como representante del comercio para los capitalistas de las armas. Pensemos en el papel desempeñado por el rey de España en la facilitación de la venta de armamentos por parte de los capitalistas de aquel país, o en el papel del Ministerio de Defensa de Francia, cualquiera que sea el color político de la persona que ocupa el puesto, en la promoción de los conocimientos técnicos franceses en materia de armamento. El papel de Jean-Yves Le Drian, Ministro de Defensa bajo la presidencia de François Hollande (y Ministro de Asuntos Exteriores bajo la de Emmanuel Macron), en la venta de aviones de combate Rafale a regímenes reaccionarios como Egipto, Qatar y la India de Narendra Modi, es tal que llevó a Serge Dassault, director general del grupo de fabricación Rafale, Dassault Aviation, y entonces miembro de la oposición parlamentaria, a declarar en sus propias palabras al anunciar el contrato de venta con la India que era «el mejor Ministro de Defensa que hemos tenido... Gracias, Sr. Le Drian, gracias, Sr. Hollande, por todo lo que hace, no sólo por nosotros, por todas las exportaciones” [3].

La industria armamentística, impulsada por la innovación constante, ha desarrollado armas cada vez más destructivas, especialmente desde la Primera Guerra Mundial. Los vehículos blindados, los tanques, por un lado, y los buques de guerra y submarinos por otro se volvieron cada vez más poderosos en el campo de batalla. Especialmente, el desarrollo y la generalización de la aviación militar (y de los portaaviones) permitirá sembrar la muerte y el terror entre las poblaciones civiles (siendo un trazo característico de las guerras totales) como lo atestiguan la masacre de Guernica, los ataques aéreos alemanes a las ciudades inglesas durante la Segunda Guerra Mundial, y a la inversa las ciudades alemanas completamente arrasadas por los aliados durante el mismo período, o los masivos bombardeos estadounidenses en la península de Indochina durante la guerra de Vietnam. Un objetivo similar de terror y muerte a escala industrial entre las poblaciones civiles es el que se persigue con el desarrollo de armas químicas, utilizadas por primera vez en Ypres (Bélgica) en 1915, que será el núcleo del exterminio nazi de los judíos y gitanos europeos con las cámaras de gas, así como el despliegue imperialista de Washington en Indochina con el Agente Naranja. Esta lógica es también la que dirigirá el desarrollo de la bomba atómica, utilizada por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.

El uso de tecnologías avanzadas es hoy en día el núcleo del desarrollo de los sistemas armamentísticos, por ejemplo, con los drones (vehículos -aerotransportados o no- controlados a distancia o automatizados, que pueden utilizarse tanto para la vigilancia como para el combate cuando están equipados con misiles) o las fronteras automatizadas (que reconocen los cruces clandestinos mediante un sistema de sensores). Al igual que con el desarrollo de la aviación en el siglo XX, estas tecnologías permiten establecer una distancia cada vez mayor entre las personas que matan y aquellas que mueren (o entre los que vigilan la frontera y los que tratan de cruzarla), limitando así el riesgo de lesiones, pérdida o empatía con las víctimas por parte del agresor.

La Unión Europea habla de paz pero siembra la guerra.

La Unión Europea, sus estados miembros y varios otros estados europeos tienen una gran responsabilidad directa e indirecta en los conflictos armados de todo el mundo. Producen y venden armas a escala masiva. El informe sobre las transferencias internacionales de armas del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), de marzo de 2020 [4], muestra el volumen, el origen y el destino de las principales ventas de armas en el mundo para el período 2015-2019. El SIPRI indica que las exportaciones de armas han aumentado en un 5,5% durante este período en comparación con el período 2010-2014, y en un 20% en comparación con el período 2005-2009. Si bien los dos principales Estados exportadores de armas, los Estados Unidos y Rusia, representan más de la mitad de las exportaciones mundiales de armas (36% y 21% respectivamente), los Estados miembros de la Unión Europea no se quedan atrás. Francia y Alemania son los Estados exportadores de armas en tercer y cuarto lugar, mientras que el Reino Unido (que siguió siendo miembro de la Unión Europea en el período 2015-2019) y España ocupan el sexto y séptimo lugar. Entre los 25 principales Estados exportadores de armas del mundo, responsables del 99% de las exportaciones mundiales, hay nueve Estados miembros de la Unión Europea, que representan el 25,6% de las exportaciones mundiales.

Independientemente de lo que digan los gobiernos cuando se les pregunta, está claro que los mejores compradores son los regímenes autoritarios y beligerantes, no porque estén interesados únicamente en aumentar su capacidad de disuasión, sino porque utilizan estas armas. Por ejemplo, en un informe de varias ONG se denunciaba en 2018 el uso de armas francesas en la violenta represión desplegada por el régimen autoritario de Abdel Fattah Al-Sissi en Egipto desde 2013 [5]; de hecho, Francia es el principal proveedor de armas del gobierno del Cairo. También se señala periódicamente el papel de los Estados europeos en el suministro de armas a la coalición militar dirigida por Arabia Saudita que libra una sangrienta guerra en el Yemen desde marzo de 2015: el Reino Unido y Francia son los segundos y terceros proveedores de armas del régimen saudita ultrarreaccionario, los Emiratos Árabes Unidos importan armas de Francia (segundo proveedor) y los Países Bajos (tercer proveedor), mientras que Qatar obtiene armas de Francia (segundo proveedor) y Alemania (tercer proveedor), y Kuwait de Francia (segundo proveedor). Las potencias europeas están implicadas en la represión de los movimientos masivos de protesta que sacuden Argelia (de la que Alemania es el tercer proveedor de armas) y la monarquía autoritaria de Marruecos (París es el segundo proveedor de armas del reino y Londres el tercero), así como armar al régimen autoritario de Recep Tayyip Erdogan en Turquía (del que Italia es el segundo proveedor de armas y el Estado español el tercero), que está librando una guerra de baja intensidad en las regiones kurdas del país y una guerra directa contra el movimiento kurdo en el norte de Siria. Las armas europeas también son utilizadas por el Estado de Israel (del cual Alemania es el segundo proveedor de armas e Italia el tercero), que está colonizando los territorios palestinos, organizando el bloqueo de la Franja de Gaza (e interviniendo militarmente) y llevando a cabo una política de apartheid dentro de sus fronteras. Francia es el tercer proveedor de armas del régimen de extrema derecha de Narendra Modi en la India, que aplica una política represiva en todo el país y una política colonial en Cachemira. Italia es el tercer proveedor de armas del vecino Pakistán, donde los derechos humanos son constantemente pisoteados por una poderosa institución militar. Otros regímenes autoritarios que compran armas a los Estados miembros de la UE son China (donde Francia es el segundo mayor proveedor de armas) o Singapur (donde el Estado español es el segundo mayor proveedor de armas y Francia el tercero). Indonesia, que reprime violentamente las luchas de la población papú, compra armas a la antigua potencia colonial holandesa, que es el segundo proveedor del país. Y Brasil, cuya fuerza policial es una de las más mortíferas del mundo, compra armas a Francia (primer proveedor del país) y al Reino Unido (tercer proveedor).

El carácter criminal de esas ventas de armas a regímenes represivos y beligerantes es tanto más sorprendente cuanto que se refleja en la falta de asistencia a las poblaciones en peligro. Así, los revolucionarios de Siria que luchaban contra el régimen asesino de Bashar Al-Assad nunca recibieron las armas defensivas (antitanque y antiaéreas) que exigían al principio del proceso revolucionario (antes de que los grupos reaccionarios adquirieran una influencia dominante en su seno). Las entregas de estas armas que podrían haber marcado la diferencia fueron bloqueadas sistemáticamente por las potencias occidentales bajo el pretexto de que temían caer en las manos equivocadas, y sólo se entregaron armas pequeñas a los combatientes insurgentes [6] . El apoyo occidental a los kurdos del PYD en el norte de Siria se ha limitado al apoyo militar táctico en la lucha contra Daesh. Una vez que la organización fundamentalista fue ampliamente derrotada, este apoyo táctico cesó y la población kurda tuvo que enfrentarse al ejército turco con una correlación de fuerzas profundamente desfavorable. Cuando la OTAN (de la que son miembros la mayoría de los Estados miembros de la UE, como veremos más adelante) intervino en Libia en 2011 con el objetivo declarado de prestar asistencia a las poblaciones en peligro, los Estados Unidos y las potencias europeas fueron mucho más allá del establecimiento de una «zona de exclusión aérea» para lanzar una ofensiva a gran escala destinada a promover sus propios intereses.

Al intervenir militarmente en diferentes partes del mundo (incluso mediante acuerdos de cooperación militar con los regímenes existentes), las potencias imperialistas no sólo tratan de mantener su dominio económico y político sobre los llamados países del Sur, sino que también refuerzan los regímenes autoritarios en ellos. No sólo utilizan, sino que también hacen guerras y realizan maniobras militares muy costosas para demostrar la eficacia de sus sistemas de armas a sus posibles clientes. Por lo tanto, el comercio de armas no es únicamente responsable de las guerras de manera indirecta (mediante la venta de armas a regímenes beligerantes), sino que también genera directamente intervenciones militares. En los últimos años, podemos mencionar, aunque no de forma exhaustiva, la participación de los Estados de la UE en las guerras de Afganistán, los Estados miembros de la OTAN en la guerra de Afganistán desde 2001 y en Irak, la participación de varios Estados de la UE (en primer lugar el Reino Unido y el Estado español) en la invasión de Irak en 2003, la participación de los Estados europeos miembros de la OTAN en la intervención militar en Libia en 2011, la intervención militar de la en Malí a partir de 2013, y más tarde la participación de muchas potencias europeas en el país en el marco de la operación militar de la ONU MINUSMA, así como la participación de muchos Estados miembros de la UE en la coalición militar contra varios grupos yihadistas en Irak y Siria a partir de 2014. Además, los ejércitos europeos están desplegados en muchos países del mundo en virtud de acuerdos de cooperación militar. También en este caso es emblemático el caso de Francia, que ha firmado acuerdos de este tipo con muchos países africanos. Para los países que exportan armas, estas intervenciones son una oportunidad para demostrar la eficacia de las armas que ofrecen a la venta.

La UE está desarrollando una Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Si bien aún no ha sido posible lograr una política militar plenamente integrada y un ejército común, está fortaleciendo la cooperación militar de sus Estados miembros. Además, aunque el imperialismo de la UE y sus Estados miembros conserva cierto grado de autonomía, su alineamiento con el imperialismo de los Estados Unidos sigue siendo la regla general. En términos de imperialismo militar, la mayoría de los Estados miembros de la UE son miembros de la OTAN, siendo la adhesión a la OTAN de los Estados de Europa del Este y del antiguo bloque yugoslavo es una condición previa necesaria de facto para su adhesión a la UE. De este modo, la UE permite reforzar la presencia militar de los Estados Unidos y sus aliados a las puertas de África, el Oriente Medio y el antiguo bloque soviético, y participa directamente en la dominación imperial de Occidente sobre el resto del mundo. Esto no puede ocultar el hecho de que varios estados europeos, especialmente del centro de la UE, están directamente involucrados en esta dominación como estados.

La ley del más fuerte

De esta manera, la UE y sus Estados miembros contribuyen al establecimiento de sociedades cada vez más violentas, en Europa, en sus fronteras, pero también en el resto del mundo. En un capitalismo cuyas crisis (que son inherentes al mismo) se producen a intervalos cada vez más cortos, el modo de dominación de las clases poseedoras es cada vez menos a través de la aceptación de esta dominación como natural y legítima, y cada vez más a través de la coacción. El orden social se mantiene mediante el uso de las armas: la explotación de la fuerza de trabajo de la abrumadora mayoría de la población mundial se ve facilitada por su sumisión a una autoridad que se sabe que es potencialmente violenta, incluso en sociedades con instituciones políticas consideradas «democráticas». Se trata, evidentemente, de una opción política de las clases dominantes, que favorecen esta militarización de las sociedades en detrimento del desarrollo de los ámbitos de la reproducción social -salud, educación, vivienda, ocio, etc.- y del desarrollo del tejido social. Esta lógica se ha puesto de relieve en gran medida por la crisis sanitaria sin precedentes desde hace más de un siglo, la pandemia de Covid-19 en 2020, durante la cual los sistemas de salud de los Estados que figuran entre los principales vendedores y compradores de armas del mundo se mostraron incapaces de hacer frente a la situación. En Francia, la escasez de máscaras y equipamientos para el personal sanitario y la población se observó ampliamente a la luz de la adquisición por el Estado de arsenales de armas represivas durante varios años.

Además, muchos clientes de los Estados exportadores de armas son igualmente deudores de esos Estados y de las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial y FMI). La deuda contraída por estos Estados represivos y beligerantes debe considerarse odiosa según la definición del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), de la que vale la pena citar aquí: «Todos los préstamos concedidos a un régimen que, aunque haya sido elegido democráticamente, no respete los principios básicos del derecho internacional, tales como los derechos humanos fundamentales, la igualdad soberana de los Estados o la renuncia al recurso a la fuerza, debe ser considerado odioso. En el caso de una dictadura notoria, los acreedores no pueden argumentar ignorancia y no pueden exigir el pago de la deuda. En ese caso, el destino del préstamo no es fundamental para la caracterización de la deuda. En efecto, apoyar financieramente a un régimen criminal, aunque este apoyo sea para hospitales o escuelas, sirve para consolidarlo y permitir su continuidad. En primer lugar, los fondos para ciertas inversiones útiles (carreteras, hospitales, etc.) pueden ser destinados a fines odiosos, como, por ejemplo, sufragar el esfuerzo bélico. Además, el principio de fungibilidad de los préstamos puede hacer que un gobierno que se endeuda con fines útiles para la población o para el Estado —como es casi siempre el caso— libere fondos para fines inconfesables» [7].

Hacia un orden mundial igualitario, democrático y solidario

Para las fuerzas de la izquierda política y social que desean encarnar en Europa una fuerza de cambio destinada a sentar las bases de una sociedad igualitaria y solidaria, es imperativo en este contexto adoptar políticas antimilitaristas. Se trata de luchar no sólo contra las guerras de los imperialistas europeos, sino también contra la venta de armas y el apoyo a los regímenes represivos y beligerantes. Si tales fuerzas pueden encarnar gobiernos populares, deben aplicar estas políticas con el fin de romper radicalmente con un mundo desigual y violento. Sin embargo, los movimientos sociales pueden proponer las siguientes medidas sin esperar a que se establezcan gobiernos populares.

El gobierno de un país miembro de la OTAN dejará la OTAN y cesará toda cooperación con ella. Esto constituye una cuestión importante en términos de ruptura simbólica y material con el orden político existente a nivel internacional; es nada menos que la «desoccidentalización» de las relaciones internacionales al negarse a alinearse con los intereses de la superpotencia estadounidense y al demostrar que son posibles relaciones internacionales de solidaridad y no de subyugación.

El comando militar más estrechamente vinculado al estado capitalista y a la clase será apartado de su cargo y el ejército se reorganizará bajo control democrático. Si el Estado participa en guerras en el extranjero, iniciará un proceso de retirada que se completará lo antes posible y sustituirá su acción por un apoyo humanitario bajo el control democrático de las poblaciones afectadas.

Un gobierno popular se comprometerá con el desarme mundial y desmantelará su arsenal nuclear si lo posee. Socializará la industria armamentista y establecerá una moratoria en la producción y venta de armas en el extranjero, y convertirá a los sectores productores de armas ofensivas, dando prioridad a los sectores de reproducción social -salud, educación, vivienda, etc.- a la producción de armas de destrucción masiva. -Esto se hará con el apoyo a las y los trabajadores y el mantenimiento de los salarios. Tomará medidas legales retroactivas contra los responsables de la venta de armas a regímenes criminales.

Un gobierno popular adoptará sanciones contra los regímenes que violen el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales, procurando no poner en mayor peligro a las poblaciones de esos regímenes cuando se trate de países dependientes (por ejemplo, aplicará sanciones selectivas contra las personas responsables de las acciones del régimen en lugar de sanciones económicas indiscriminadas). Congelará todos los lazos económicos con el Estado de Israel hasta que éste cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, es decir, hasta que Israel reconozca la soberanía del Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 y el régimen internacional de Jerusalén (lo que significa abandonar los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental), ponga fin a su bloqueo de la Franja de Gaza y a su régimen de apartheid dentro de sus propias fronteras y permita a los refugiados palestinos regresar a sus hogares.

Un gobierno popular apoyará activamente a las naciones y pueblos oprimidos (por ejemplo, palestinos, kurdos, saharauis, rohingya) mediante la asistencia humanitaria y diplomática. Prestará asistencia a las poblaciones cuyas vidas estén directamente amenazadas, incluso adoptando medidas para impedir que los regímenes penales cometan delitos en masa.

A medio plazo en el plano internacional, varios gobiernos populares deberían ser capaces de establecer un equilibrio de poder suficientemente fuerte para entablar negociaciones significativas con las potencias opresoras para la solución de los problemas nacionales (por ejemplo, Palestina, Sahara Occidental, Kurdistán) y las guerras civiles prolongadas (como por ejemplo en Siria). También se tratará de reformar la ONU en profundidad (o en caso de que resulte imposible, su sustitución por otro marco) con tal de generar un órgano para la resolución de conflictos por una verdaderamente multilateral, no dominada por cinco potencias (EE.UU., Reino Unido, Francia, Rusia, China) con un asiento permanente y poder de veto en el Consejo de Seguridad como ocurre actualmente.

Notas :