La creciente hegemonía de los actores financieros y del capital, debida al proceso de financiarización que analizamos en el capítulo 6.d, otorga a aquéllos un poder de control sobre los individuos, las empresas, las sociedades y los gobiernos. Con ello, los mercados determinan los objetivos que han de perseguirse, mientras en su seno, numerosos actores compiten y colaboran entre sí –empresas, individuos e incluso gobiernos– con el único fin de obtener los mayores beneficios posibles. Una pléyade de bancos, fondos de pensiones, fondos de capital riesgo, compañías de seguros, inversores, etc. intervienen con dinero prestado que a continuación invierten y con ello generan beneficios a expensas de los outsiders, es decir, de los trabajadores, los pensionistas, las personas excluidas del mundo del trabajo, los migrantes, las personas en situación de precariedad, etc.

Los Estados y los hogares sufren las consecuencias de las burbujas financieras

Los actores financieros han tenido un papel de primer orden en la crisis que vivimos en Europa desde hace más de un decenio. Una comparación de la evolución del monto de las deudas privadas y las deudas públicas desde el inicio de la década del 2000 permite desvelar la amplitud de sus actividades. Las deudas de las sociedades financieras no han cesado de aumentar entre 2000 y 2007 [1], del mismo modo que las deudas de los hogares [2] y de las sociedades no financieras [3] en beneficio, principalmente, de los bancos europeos, en unos años en que la tasa de endeudamiento público se reducía durante el mismo periodo [4]. Después de 2007, la tasa de endeudamiento público se ha incrementado, pasando de 66% en el citado año a 82% en 2011 en el conjunto de la zona euro, mientras que las deudas particulares de los hogares y las sociedades no financieras han tenido sólo un pequeño incremento desde 2007 [5].

Las instituciones financieras, en particular los bancos, han engendrado así, en el periodo anterior a 2007, colosales burbujas de crédito que no han asumido, y son los Estados europeos los que han corrido con los gastos, lo que explica el aumento de las deudas públicas desde esa fecha. Podemos afirmar que las deudas particulares creadas totalmente por los organismos financieros se han transformado en parte en deudas públicas mediante diferentes procedimientos, de los que el más conocido es el llamado bail-in, es decir, la recapitalización bancaria a cargo de los Estados, sostenida y fomentada, e incluso impuesta, por las instituciones europeas. Otras formas de recapitalización que no osan decir su nombre han aparecido después (véase el capítulo 2.a).

Las burbujas de crédito generadas por la concesión abusiva de préstamos de todo tipo por los bancos privados, en particular a los hogares de los países en mayor grado de dificultad (Grecia, España, Portugal, Irlanda, Chipre), hicieron explosión en un breve plazo. Las consecuencias de este fenómeno han sido y siguen siendo de una extrema gravedad: expulsiones, exclusión, privación de derechos –derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, etc. Los ingresos de los hogares han disminuido y sus gastos han aumentado, por la necesidad de paliar los recortes presupuestarios de los Estados y la liberalización de la economía en sentido amplio.

Por último, asistimos a una multiplicación de préstamos morosos (préstamos cuyos deudores corren el riesgo de no poder reembolsar) que conduce a una crisis de la deuda privada en beneficio de los fondos buitre, esos fondos especulativos de inversión que tan jugosos beneficios obtienen de las crisis financieras.

El papel de los fondos buitre

Los fondos buitre son fondos especializados en la inversión en deuda con dificultades de cobro. Con ello compran a precios de saldo paquetes de deuda y participaciones, acciones y bonos a bancos, empresas o Estados, para exigir a continuación un reembolso completo del valor del crédito. Los fondos buitre actúan en áreas económicas deprimidas en las que se aprovechan de los bajos precios de los activos.

En el caso de las empresas, estos fondos tratan de acceder a su control operativo y su gestión con el fin de realizar operaciones de reorganización interna de los recursos, generalmente mediante la venta de activos o la reducción de plantilla, buscando con ello una rápida capitalización. Cada vez más, los fondos buitres participan en la gestión de servicios públicos sobre los que se cierne una actuación corporativa más centrada en principios crematísticos que no en la equidad o la eficiencia.

Determinados fondos buitres, por lo general con sede social en paraísos fiscales, se especializan en la recompra a bajo precio de antiguos títulos de deuda, cuando el Estado en cuestión ya ha quebrado o ha llegado al punto del impago de su deuda. Los fondos buitre rechazan participar en operaciones de reestructuración del Estado en dificultades, y multiplican los procedimientos judiciales en diferentes jurisdicciones contra el Estado deudor, con el fin de obtener un reembolso equivalente al importe total del principal, más los intereses devengados y las sanciones por retraso en el pago. Considerando la diferencia de precio entre el descuento inicial de los valores recomprados en el mercado secundario y los importes solicitados y obtenidos de los tribunales, los beneficios de los fondos buitre varían entre 300% y 2000%. Todo ello a expensas de las poblaciones y de sus derechos sociales fundamentales.

EL DERECHO A LA SALUD AMENAZADO POR LOS FONDOS BUITRE EN ESPAÑA

La amenaza a la sanidad pública

Ln el sector sanitario se registra una presencia creciente de fondos de inversión. Su estrategia es similar a la de la compra de deuda soberana: compran y “sanean” las empresas que adquieren (disminuyendo salarios y gastos) para posteriormente venderlas al mejor postor.

El interés de los fondos de capital-riesgo no es mejorar la salud de la población, sino conseguir los mayores beneficios para sus accionistas. Un fondo buitre no invierte su dinero si no tiene garantías de que su negocio no estará limitado por la competencia de la Sanidad Pública.

¿Qué efectos tiene esta estrategia?

• La disminución del gasto en hospitales de gestión pública para favorecer a los hospitales privatizados que repercute directamente en la calidad asistencial de los pacientes, así como la precarización de las condiciones laborales y la reducción de plantillas.
• Estas empresas tienen acceso a los datos de todos los pacientes del sistema sanitario público que son atendidos en sus hospitales, lo que significa la desprotección de nuestra información personal.
• Los datos de salud podrían ser utilizados para denegar la contratación de una póliza por parte de las entidades de seguros sanitarios privados.
• La mayor parte de los fondos buitre tiene su sede en paraísos fiscales lo que supone una disminución de los ingresos fiscales del Estado.

La Colaboración Público-Privada. Una forma de privatización de los hospitales públicos

En el Estado español, principalmente, en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid se ha venido desarrollando desde el año 2004 dos modelos de concesión administrativa: el modelo PFI (del inglés Private Finance Initiative) y el modelo PPP (del inglés Public Private Partnership).

El modelo PFI consiste en que empresas privadas, la mayoría empresas constructoras, muchas de ellas hoy en sumarios judiciales, ejecutarían y financiarían la construcción de los hospitales según un contrato de concesión de obra pública, a cambio de recibir un canon anual por el arrendamiento del edificio y, lo que fue novedoso, por la provisión de los servicios no sanitarios durante 30 años.

En el caso de los hospitales modelo PPP la diferencia respecto de los hospitales modelo PFI consiste en que la gestión de los servicios sanitarios y los mal llamados “no sanitarios” son gestionados en su totalidad por una empresa privada (veasé el capítulo 2b sobre los PPP).

El proceso se ha llevado a cabo mediante la concesión por parte de la administración sanitaria de la privatización (total o parcial) de hospitales públicos en favor de empresas españolas. Posteriormente éstas han vendido sus acciones a fondos especuladores.

El crecimiento exponencial de los fondos buitre que han invertido en el sector de la salud debería suscitar nuestra alarma. He aquí un cuadro que recoge una lista no exhaustiva de las inversiones efectuadas estos últimos años en el Estado Español:

En el Estado español, como consecuencia de los intentos de privatización del sistema sanitario público y, en concreto, de los hospitales modelo PFI, desde el año 2012, se ha producido una ola de protestas que se iniciaron en la Comunidad de Madrid y se ha extendido a la mayor parte del Estado [6]. Ha recibido el nombre de "Marea Blanca" y ha sido liderada por los profesionales de la salud, la ciudadanía y los usuarios de la Sanidad Pública.

La sanidad privada

Pero la actuación de los fondos especulativos no ha sido exclusivamente en el ámbito de la Sanidad Pública. También se ha dado en la sanidad privada. La siguiente tabla muestra alguno de los casos que se han producido en el sector:

El caso Quirónsalud

Gigante de la sanidad privada en España es también líder en la gestión de hospitales de titularidad pública en régimen de concesión. Con una cuota de mercado del 14%, es el cuarto operador europeo y líder en España.

Un caso paradigmático es el proceso de compra de la empresa Quirónsalud por parte de Fresenius Helios. La siguiente tabla muestra los diferentes actores financieros que participaron en la compra:

Este cuadro nos muestra con claridad los mecanismos de la financiarización: Capio compra IDC a CVC Capital Partners; CVC reintegra a IDC, que se convierte en IDC Salud, quien se fusiona con el grupo hospitalario Quirón (que a su vez es la creación de una fusión promovida por el fondo Doughty Hanson) y a continuación es adquirido por Fresenius Helios. Todo ello en el espacio de unos años. Con estas operaciones, el fondo CVC Capital Partners obtuvo unas ganancias de 2.600 millones de euros.

¿De dónde salen esos enormes beneficios? La respuesta es sencilla –y triste-: de las ganancias que obtienen, o esperan obtener, gracias a los recursos que les llegan de las arcas públicas, que les derivan pacientes y dinero. En definitiva, es la ciudadanía la que paga con sus impuestos la “fiesta” de estos especuladores que, además, contribuyen a deteriorar la sanidad pública.

Residencias para personas mayores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la necesidad de la existencia, para la población mayor de 65 años, de un parque de plazas en centros especializados equivalente al 5% del total de personas de esa franja de edad. En el Estado Español la media (4,11%), está por debajo de esa tasa de cobertura recomendada. En el conjunto del Estado hay casi un 73% de plazas residenciales de carácter privado frente a un 27% de carácter público.

Las posibilidades de negocio con las Residencias de Mayores están atrayendo en los últimos 3-4 años, a grandes grupos de inversión y de capital riesgo. DomusVi, Amavir, Sanitas Mayores, Orpea, Ballesol o Vitalia Home son los nombres que dominan la industria geriátrica y de la atención a la dependencia en España, un sector en expansión en los últimos años, que atrae a grupos de inversión extranjeros.

LA VIVIENDA FINANCIARIZADA EN LUGAR DE SOCIALIZADA

La vivienda, objetivo de los fondos buitre

A pesar de eso, la UE decide apoyar a los diferentes actores financieros (bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos buitres) que aprovechan el marco favorable que se les ofrece y eligen la vivienda europea como objetivo principal de sus inversiones. Como resultado, ha incrementado considerablemente la cantidad de grandes compañías que por sí solas poseen un número asombroso de viviendas. Por citar sólo algunos ejemplos, Cerberus, un fondo buitre de Nueva York ha comprado 65.000 unidades de vivienda a GWS (empresa berlinesa de vivienda que fue vendida en 2005). En España, las inversiones del fondo buitre Blackstone, que presume de ser el mayor fondo inmobiliario del mundo, se estiman en varios cientos de miles de millones de euros en menos de cuatro años, entre 2013 y 2017. Estos fondos se comportan como agentes puramente especulativos por cuanto no aportan ningún valor añadido en sus operaciones inmobiliarias y ni siquiera pagan impuestos en los países en que actúan. Forman parte de una red de empresas especulativas .

Todo esto no sería posible sin el consentimiento de la UE. Recientemente hemos asistido a una verdadera determinación por parte de las instituciones europeas para promover la financiarización de la vivienda. En febrero 2019, el Eurogrupo amenazó a Grecia con no devolver los intereses de su deuda en posesión del BCE (véase el capítulo 2.a.) a falta de una severa reforma de la llamada Ley Katseli, que protege a las personas vulnerables en situación de sobreendeudamiento (debido a los efectos de la austeridad impuesta por los acreedores del Estado griego) ante la posibilidad de perder su residencia principal. Fue después de la adopción de una reforma de esta ley, y de una nueva regresión del derecho a la vivienda de la población griega, que la UE puso fin a su chantaje.

Al promover la recompra de hipotecas improductivas por parte de los fondos de cobertura y la desregulación de los mercados de alquiler y de la vivienda adquisitiva, la UE está aumentando en lugar de disminuir el número de viviendas precarias. Precisamente lo contrario de lo que debería suceder.

Aumento de la precariedad de la vivienda en Europa

Las observaciones generales sobre la situación de la vivienda en Europa pueden resumirse en tres puntos: la tendencia a la privatización de la vivienda pública, la adquisición de gran parte del parque de viviendas por unos pocos agentes financieros transnacionales y la creciente desregulación del mercado de alquiler y adquisición. Las consecuencias a nivel europeo son extremadamente graves: los esfuerzos de los hogares por pagar su vivienda se han vuelto excesivos (+40% de sus ingresos), decenas de millones de personas viven en viviendas sobreocupadas, millones de personas se ven privadas de vivienda, más de siete millones de hogares están en mora en el pago de sus alquileres o hipotecas, y entre 17 y 31 millones de personas viven en condiciones insalubres (las principales causa son la incapacidad de calentar a su residencia, la humedad y la contaminación).

El reverso de la medalla es el gran volumen de ganancias que acumulan los capitales financieros. La primacía de las leyes que promueven la «libre competencia» en el sector de la vivienda tiene como resultado la reducción de la vivienda pública a un nivel «inofensivo» para la expansión del capital financiero. El aumento de las burbujas inmobiliarias en cada vez más ciudades europeas es una consecuencia directa de un mercado de vivienda liberalizado. Los bancos, por su parte, se están beneficiando de la proliferación de préstamos hipotecarios, una consecuencia importante de esta situación.

En efecto, la retirada de los Estados y el impulso de las instituciones europeas obligan a los hogares a endeudarse para tener acceso a una vivienda digna. Los bancos entran en el juego de la financiarización a través de los préstamos hipotecarios y su titularización. Han estado en buena compañía con los fondos buitre desde el comienzo de la crisis y las instituciones europeas no han fallado a la hora de garantizar que su colaboración sea lo más rentable posible. Una gran parte de los préstamos improductivos (préstamos concedidos a deudores que no pueden reembolsar) en poder de los bancos, se venden a los fondos buitre a precios irrisorios.

El BCE fomenta activamente estas ventas y es garante de un sistema capitalista financiero que ignora los derechos humanos, privilegiando la acumulación de beneficios de las clases dominantes (véase de nuevo el capítulo 2.a.). Por otra parte, el espacio de los actores que no participan en la carrera por el beneficio en el ámbito de la vivienda se ve amenazado constantemente por las autoridades públicas y la UE.

Deudas privadas ilegítimas

Los hogares griegos, españoles, chipriotas, irlandeses y portugueses principalmente sufrieron una dramática crisis de vivienda. Casi un millón de hogares han sido desalojados de sus hogares (más de 800.000 sólo en España desde 2008) o amenazados de desalojo a raíz de las dificultades para pagar los préstamos que los bancos les habían concedido de forma odiosa. De forma odiosa, porque los términos de estos préstamos eran a menudo abusivos, como lo demuestran las numerosas demandas que han hecho justicia a los hogares sobre endeudados. Odiosa porque los bancos han hecho la vista gorda ante la elegibilidad de los hogares para obtener préstamos sin tener en cuenta su capacidad real de pago. Por último, odiosa porque, como empresas privadas, han tratado de sacar el máximo provecho de sus beneficios sin asumir nunca ninguna responsabilidad por sus actividades abusivas, haciendo que los Estados paguen un alto precio mediante procedimientos de recapitalización ilegítimos.

Millones de hogares se han visto sobre endeudados y en incapacidad de pagar sus deudas privadas o incluso de satisfacer sus necesidades más básicas. Los derechos fundamentales a la salud, la educación y la alimentación son violados constantemente por los recortes presupuestarios a través de las medidas de austeridad. Los hogares se ven obligados a aumentar sus propios gastos para compensar esta deficiencia de gobierno y ya no tienen la capacidad financiera para pagar sus propias deudas. Sin embargo, siguen pagando al Estado y, por lo tanto, en parte, rescatando las arcas del fallido sistema bancario.

Sin embargo, debemos recordar que la legislación que impone el rigor en materia de endeudamiento público tiene también un papel en la crisis de la vivienda. En efecto, la retirada impuesta al sector público del sector inmobiliario está vinculada a su incapacidad de invertir más en la construcción de alojamientos sociales.

OTROS SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES DE LOS FONDOS BUITRE

La actividad de los fondos de capital riesgo no se concreta en actuar sobre los derechos básicos de la población sino que también influye en la mayor parte de los sectores de la actividad económica. Las redes de metro de Sevilla, Granada y Málaga por citar sólo un ejemplo han sufrido también las inversiones de Globalvia que ostentan OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido).

Grandes superficies (Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés) han puesto a la venta sus préstamos morosos a fondos buitre. Entre los buitres que compran estos créditos al consumo morosos figuran nombres ya conocidos en otros sectores como el ladrillo, tales como Lindorff, Axactor, Cabot, Link Financial o Cerberus, entre otros.

El sector de la telefonía se ha visto también afectado.

Reivindicaciones y alternativas

1. De conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo de 28 de marzo de 2018 «sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo», pedimos a la Unión Europea que adopte una legislación «inspirada en la legislación belga relativa a la lucha contra la especulación de los fondos buitre sobre la deuda.»
2. La actividad especulativa de los fondos buitre perjudica a la mayor parte de la sociedad, y no se limita a la deuda pública, sino que también se extiende a los servicios básicos para la población (vivienda [9], sanidad, educación, residencias de personas mayores, etc.) y a otros sectores de la actividad económica. Por lo tanto, es necesario que se adopten leyes similares a las que protegen a los Estados en toda Europa y en el mundo para proteger a las personas y a las PYME de los fondos buitres.
3. Informar y explicar a la ciudadanía los graves perjuicios y los enormes daños que los fondos buitre pueden causar en nuestras vidas.
4. En el ámbito de los servicios básicos, de carácter público o privado, como la vivienda, la sanidad o los cuidados a nuestros mayores, reivindicamos la adopción de medidas que eviten la entrada de fondos especulativos en esos sectores y promuevan una gestión orientada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
5. Priorizar siempre el interés general antes del pago de la deuda
6. La desaparición de los paraísos fiscales (véase el capítulo 3)
7. Damos nuestro apoyo a la llamada realizada por los miembros de la red “Socializar la vivienda en Europa” cuyas reivindicaciones se indican a continuación:

• Adoptar el derecho internacional a la vivienda como un deber fundamental de todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las empresas, y la aplicación práctica de este derecho humano fundamental en forma de una estrategia europea de vivienda.
• Autorizar, garantizar y apoyar segmentos de vivienda democrática sin fines de lucro, regulados por el Estado en beneficio de grandes segmentos de la población, fuera de las normas de la competencia de la UE y de los flujos de capital financiero.
• Un marco europeo que permita, fomente y apoye la estricta regulación social de los propietarios privados con fines de lucro, alquileres de mercados, mercados de tierras, hipotecas, transparencia, servicios de instalaciones y las consecuencias del incumplimiento de las hipotecas.
• Proteger, alentar y apoyar el compromiso y la organización de los arrendatarios y otros residentes en favor de sus derechos, y los cambios estructurales necesarios en los ámbitos de la vivienda, la tierra y el sector inmobiliario.