8 de marzo de 2021

Introducción

El objetivo del presente texto es analizar las mutaciones que ocurren en la estructura de la oligarquía financiera mexicana, fracción hegemónica del bloque en el poder desde mediados de los años sesenta. Se enfatiza el periodo neoliberal (1983-¿) periodo en el cual la oligarquía mexicana experimenta una fuerte recomposición.

Partimos de la hipótesis que los cambios en la estructura social responden fundamentalmente, a las transformaciones que ocurren en el modo de producción capitalista. Dichas transformaciones, si bien no eliminan la relación fundamental capital- trabajo, modifican la estructura social, tanto en el seno de la clase dominante, la burguesía, como en la composición de las clases subordinadas, asalariadas y otras capas dominadas.

Es por ello que el estudio de la oligarquía financiera tiene un carácter histórico. Solo se puede partir, como lo postularon los teóricos marxistas del imperialismo (Hilferding, Lenin y Bujarin), de la comprensión de los cambios registrados en el capitalismo en su tránsito de la fase “librecompetitiva” a su fase monopolista, con el surgimiento de las sociedades por acciones y de las grandes corporaciones y bancos. En el caso de México como parte de las periferias del capitalismo, el surgimiento de la oligarquía financiera sigue un camino diferente. Está asociado con la segunda fase de la industrialización basada en la “sustitución de importaciones” (1955-1970).

Sabemos que el “capital financiero” como capital que asume la forma de “capital dinero” y que se remunera con la tasa de interés, antecede al mismo capitalismo. Pero el capital financiero entendido como planteaba Hilferding (1973), como la “forma suprema del capital”, es el resultado de la fusión, de la ensambladura del capital industrial y el capital bancario, en una nueva fase de desarrollo del capitalismo -el imperialismo-, en la que domina el capital monopolista. El capital financiero y la oligarquía financiera, segmento de clase de la burguesía, que emerge como la fracción dominante del capital en los países centrales del capitalismo durante el último tercio del siglo XIX, no sólo es el corazón del poder económico, sino que, por tal motivo, ejerce el control sobre la emisión y circulación de capital ficticio. Ello le permite junto con el control oligopólico de la economía, la apropiación de ganancias extraordinarias respecto del capital no monopolista (Guillén, 2015).

En virtud de la ley del desarrollo desigual y combinado del sistema capitalista, la conformación de la burguesía como clase dominante y de la oligarquía financiera como fracción hegemónica de la misma, asume formas diversas en el tiempo y en el espacio. En el caso de México, el surgimiento del capital monopolista-financiero en los centros capitalistas y el impulso sin precedentes que dicho proceso provoca en la exportación de capital, coincide con el momento que nuestro país culmina el proceso de acumulación originaria del capital y en el cual el capitalismo se convierte en el modo de producción dominante. (Aguilar, 1993). El capitalismo mexicano al igual que el de otros países latinoamericanos y de las periferias, es un capitalismo diferente al de los centros; un capitalismo periférico, estructuralmente dependiente de los centros capitalistas, subdesarrollado y heterogéneo. La burguesía interna nace como una clase dominante- dominada. Las relaciones capitalistas de producción se encontraban fundamentalmente ancladas en la Hacienda y en las actividades agropecuarias. La presencia de la burguesía nativa en las actividades manufactureras y en el comercio interior y exterior era débil. Las actividades económicas más dinámicas como la minería y la banca estaban controladas por el capital extranjero. La fracción hegemónica del bloque en el poder era la oligarquía latifundista.

La revolución mexicana desplazó del poder a la oligarquía porfirista. Se produjo una fuerte recomposición de la clase dominante. Una vez concluida la fase armada de la revolución y establecido un nuevo marco constitucional en 1917, los gobiernos emanados de la revolución emprendieron la tarea de efectuar diversas transformaciones estructurales y del marco institucional, enfocadas, fundamentalmente, a efectuar la reforma agraria y a recuperar los recursos naturales en manos del capital extranjero. México reemprendió un desarrollo capitalista, bajo un capitalismo de estado nacional-popular que alcanzó su punto culminante durante el cardenismo (1934-1940). Las reformas cardenistas fortalecieron el mercado interno y propiciaron el impulso de la industrialización sustitutiva de importaciones, la cual se abría paso en América Latina. El esfuerzo de industrialización en una primera etapa, definida por los estructuralistas cepalinos, como la fase de la “sustitución fácil” de importaciones (1930-1955), recayó fundamentalmente en una emergente burguesía nacional, apoyada activamente por el Estado.

La Segunda Guerra Mundial puso fin al reformismo nacional-popular del cardenismo. La decisión del General Cárdenas de apoyar la candidatura a la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), un católico moderado, implicó un giro a la derecha, el cual se consolidó durante el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952). Si bien se mantuvo una estrategia industrializadora enfocada al mercado interno y un rol activo del Estado en la esfera económica y social, se abandonó la reforma agraria, se abrió la economía a la inversión extranjera directa (IED) y se fortalecieron las relaciones con los Estados Unidos. En este texto se sostiene que las décadas de los cincuenta y sesenta corresponden al periodo de surgimiento y consolidación de la oligarquía financiera mexicana y su conversión en la fracción hegemónica del “bloque en el poder”. Se trata, por supuesto, de una oligarquía muy diferente de la oligarquía terrateniente que se conformó, en México y en América Latina, durante el periodo colonial y en el marco del modelo primario-exportador. Esta nueva oligarquía fue el resultado del proceso de concentración y centralización del capital que se dio al calor del rápido crecimiento económico que se registró en esas dos décadas. El proceso concentrador se registró no solo en las actividades productivas, el comercio y los servicios, sino también en los bancos comerciales, en ese entonces controlados por el capital nativo. Al convertirse la oligarquía en la fracción dominante del poder económico (base de todo poder), cambiaron sus relaciones con el Estado. Si bien este mantuvo su autonomía relativa, la orientación del rumbo de la Nación y de la política económica pasó a responder crecientemente a los intereses de la fracción hegemónica (Pereira, 1980).

Para el estudio de la evolución de la oligarquía financiera mexicana y de sus cambiantes relaciones con el Estado, se proponen tres fases históricas:

A. La fase de surgimiento, y consolidación de la oligarquía financiera, grosso modo, de 1950 a 1970, la cual corresponde al periodo de la segunda fase de la industrialización, o “industrialización difícil”. En ese entonces la oligarquía se trasnacionaliza y se entrelaza con la oligarquía financiera internacional por la vía de la deuda externa. Su influencia sobre el Estado mexicano no solo se agranda, sino que éste experimenta un proceso de “domesticación” de parte de los intereses oligárquicos.

B. Una segunda fase que hemos calificado como “el interregno”, durante la década de los setenta, en la cual la irrupción de la crisis económica internacional de finales de los años sesenta, las secuelas del movimiento estudiantil-popular de 1968 y la estatificación de la banca, generan fuertes confrontaciones entre la oligarquía financiera y el Estado mexicano.

C. Una tercera fase, de los años 90 hasta 2018, que se podría rotular como la del “asalto” de la oligarquía al poder político Esta fase coincidiría con la crisis de la deuda externa de 1982 y a partir de la misma con el ascenso del neoliberalismo y su consolidación durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

2. La génesis del capitalismo mexicano y la naturaleza de la burguesía mexicana.

Preguntarse cuándo México se convirtió en una formación social capitalista es lo mismo que cuestionarse cuando concluyó el proceso de acumulación originaria del capital, es decir el proceso de desposesión de los productores directos de sus medios de producción (Marx, 2018 [1872]). Definir el origen el capitalismo en México y en América Latina y el Caribe, fue motivo de un intenso debate entre los científicos sociales de la izquierda latinoamericana. Por un lado, la llamada teoría de la dependencia que postulaba que el capitalismo latinoamericano se asentó desde la Colonia, al insertarse como periferias del capitalismo comercial europeo en ascenso (Bagú, 1949; Frank,1969; Marini, 1973). Ello sería tanto como pensar que el capitalismo arribó a México junto con Hernán Cortes cuando éste bajó de sus naves en V eracruz. En buena medida, la posición dependentista representaba una respuesta a las posiciones de intelectuales vinculados a los partidos comunistas, quienes en una interpretación mecanicista del materialismo histórico, confundían el atraso y el subdesarrollo con feudalismo, y asumían que España y Portugal habían trasladado formas feudales de producción a sus colonias americanas. De allí que la superación del atraso pasaba por la necesidad de efectuar una revolución democrático- burguesa, que eliminara las trabas “feudales” y permitiera el desarrollo pleno del capitalismo. Mientras unos sólo veían capitalismo, otros solo observaban feudalismo.

Una tercera posición es la de los autores (Laclau, 1977; Aguilar ob.cit.), quienes, sin negar la importancia de la dependencia colonial en la configuración del subdesarrollo situaron la discusión en el proceso de transformación de las relaciones internas de producción. Estos autores criticaron el enfoque dependentista como “circulacionista”, dado que privilegiaba el mercado, en vez de poner el acento en las relaciones de producción internas. Para ellos, lo importante en esta discusión era determinar bajo que condiciones históricas la relación capital-trabajo se vuelve dominante y el grueso de la población económicamente activa se convierte en asalariada.

En el periodo colonial, se configuró lo que los pensadores de la CEPAL llamarían el “modelo primario-exportador” (MPE), el cual convertiría a nuestros países en productores y exportadores de productos primarios. Este régimen de acumulación, orientado hacia fuera, persistió con la Independencia, y se adaptó a las necesidades del capitalismo industrial inglés, en un primer momento y del capitalismo estadounidense en un segundo.

En el caso de México, el tránsito al capitalismo se gesta en el último cuarto del siglo XIX, en el periodo definido como la República Restaurada (1867-1877) y el Porfiriato (1877- 1910). En esa época, si bien persistían formas de producción precapitalistas, sobretodo en el campo -lo que algunos confundían con “feudalismo”-, los principales medios de producción en la agricultura, la minería, la industria incipiente, la banca, así como el comercio interior y exterior, estaban en manos de capitales privados, nacionales o extranjeros. Y la fuerza de trabajo si bien podía asumir formas bastardeadas de dominación como el peonaje, era crecientemente fuerza de trabajo asalariada. Se trataba, por supuesto, de un capitalismo periférico y dependiente del exterior, con una base productiva y social heterogénea, muy diferente del capitalismo de los países centrales.

La burguesía mexicana se constituyó como clase dominante en el marco de una estructura productiva primario-exportadora. El bloque en el poder estaba constituido por la oligarquía latifundista y una burguesía compradora ubicada en el comercio interior y exterior. Junto a ellos, enclaves del capital extranjero en las actividades extractivas y la banca. Se trataba como planteaba Aguilar (ob.cit.), de una burguesía dominante-dominada, dominante en el seno de la formación social mexicana, pero dominada en su relación con el sistema capitalista internacional. Como se dijo arriba, México se convierte en una formación capitalista justo en el momento en que los países centrales transitan de su “fase libre- competitiva” a la fase imperialista, bajo el dominio del capital monopolista y el surgimiento del capital financiero. Esta confluencia histórica, en el momento en que la exportación de capital se convierte en el principal instrumento de expansión internacional del capital financiero de los centros, condena a México a reproducir su dependencia y condiciones de atraso, lo cual bloqueó las posibilidades de un desarrollo autónomo.

El proceso de ascenso del capitalismo mexicano fue acicateado por la Reforma Liberal de mediados del Siglo XIX, la cual impulsó la formación del mercado interno, mediante la desamortización de las propiedades del clero y de las comunidades indígenas, entre otros factores. El proyecto modernizador del Porfiriato fue determinante en esa expansión. Se construyó una amplia red ferroviaria que integró el espacio nacional y conectó las tierras del Norte y del Sureste con los mercados internacionales (Florescano, 1991). En materia de comercio exterior, se redujo la dependencia de las exportaciones de plata al abrirse nuevos cultivos como el henequén, el algodón y el café, y se comenzó la explotación petrolera por parte de consorcios internacionales; los flujos comerciales se orientaron más hacia los Estados Unidos, acelerando la norteamericanización del comercio exterior. En 1912, el 75.3% de las exportaciones se destinaban al mercado estadounidense y de ese país provenían el 53.9% de las importaciones (Bulmer-Thomas, 2003).

El progreso material durante el porfirismo no significó mayor desarrollo ni mayor bienestar para las grandes mayorías de la población. Se mantuvo la matriz primario-exportadora. La industria, con excepción de la industria acerera de Monterrey, mantuvo un perfil artesanal. El ingreso se concentró fuertemente en manos de la oligarquía latifundista, de los capitales extranjeros y de una burguesía compradora. De acuerdo con Cosío Villegas (2010) “el Porfirismo era en sus postrimerías era una organización piramidal: en la cúspide estaban las ‘cien familias’; los demás eran desvalidos, en mayor o menor grado”.

La precariedad de las condiciones de vida y de trabajo de las grandes mayorías eran ostensibles. La tasa bruta de mortalidad en 1913 era de 46.6 por millar de habitantes,
mientras en los países del Cono Sur del continente era sensiblemente más baja: 17.7 en Argentina, 35.5 en Chile, 13.2 en Uruguay. Lo mismo se observa en las tasas de mortalidad infantil, pues mientras México en mismo año registraba una tasa de 228 muertes por cada mil nacidos vivos, Argentina tenía 121 y Uruguay 103 (Bulmer-Thomas, ob.cit.).

No se trata aquí de entrar en el análisis de las causas de la Revolución Mexicana. Baste señalar que el periodo armado (1910-1917) provocó una enorme destrucción de fuerzas productivas. Asimismo, la revolución mexicana provocó una fuerte recomposición de la clase dominante al desplazar del poder a la oligarquía porfirista y al destruir al ejército porfirista, el cual se mantuvo hasta la dictadura de Victoria Huerta (1913-1914).

Una vez concluida la fase armada de la revolución y establecido un nuevo marco constitucional en 1917, los gobiernos emanados de la revolución emprendieron la tarea de remodelar el marco institucional, mediante la creación de nuevas instituciones como el banco central y diversos bancos públicos de fomento. Asimismo, se plantearon efectuar diversas transformaciones estructurales enfocadas fundamentalmente a efectuar la reforma agraria y a recuperar los recursos naturales en manos del capital extranjero, así como a desarrollar la infraestructura (carreteras, obras de riego, etc.). México reemprendió de esa forma su desarrollo capitalista, ahora bajo un capitalismo de estado nacional-popular que alcanzó su punto culminante durante el cardenismo (1934-1940). El gobierno y el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se convirtieron en el eje articulador de la estrategia de desarrollo. Desplazada la oligarquía terrateniente por la revolución, las clases propietarias, desarticuladas y parceladas, incapaces de imponer su hegemonía, se acuerpan en torno al Estado (como fue el caso de algunos segmentos de una burguesía industrial emergente que se agrupaba en torno a la CNIT, después CANACINTRA) o, en el otro extremo, intentan construir un polo opositor al margen del Estado (Zermeño, 2003).

El gobierno de Cárdenas, al amparo del 1er. Plan Sexenal elaborado durante las elecciones, impulsó la reforma agraria y decretó la expropiación del petróleo. Para realizarlas se apoyó en los sindicatos obreros y en las organizaciones campesinas, los cuales pasaron a forma parte de la estructura del partido oficial, en ese entonces Partido Nacional Revolucionario (PNR).

Las reformas cardenistas fortalecieron el mercado interno y propiciaron el impulso de la industrialización sustitutiva de importaciones, la cual se abría paso en América Latina
como respuesta a los efectos de la Gran Depresión de los años treinta. El esfuerzo de industrialización en una primera etapa, definida por los estructuralistas cepalinos, como la fase de la “sustitución fácil” de importaciones, recayó fundamentalmente en una emergente burguesía nacional, apoyada activamente por el Estado. Los principales estratos de la burguesía estaban conformados por una naciente burguesía industrial, a la que se agregaron personajes provenientes de los gobiernos 1; y las burguesías comercial y bancaria. Estos últimos, en términos generales, se opusieron a las reformas cardenistas y alentaron la formación de grupos opositores de derecha.2 El gobierno cardenista representó el clímax del proceso revolucionario. Como afirma Gilly:
“Erraría quien creyera que el sexenio cardenista, uno de esos lapsos excepcionales que de pronto aparecen en la historia, fue un proyecto destinado de antemano al fracaso. Ese tiempo intenso y fugaz cambió al país y trajo a los hechos promesas de la revolución por años postergadas. Fue a su manera la culminación, todo lo incompleta que se quiera pero real, del pacto mexicano inscrito en la Constitución de 1917 (Gilly, 2020, p. 5)”.

3. El desarrollismo de los años cincuenta y sesenta y el ascenso y consolidación de la oligarquía financiera.

La Segunda Guerra Mundial y el cambio de gobierno de 1940 significaron el fin al reformismo nacional-popular del cardenismo. Como se dijo arriba, la decisión del General Cárdenas de apoyar la candidatura a la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), implicó un giro a la derecha. Se adoptaron posiciones más conservadoras, proceso que se consolidó durante el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952). Si bien se mantuvo una estrategia desarrollista e industrializadora enfocada al mercado interno y el Estado mantuvo un rol activo en la esfera económica y social, se frenó la reforma agraria, se estimuló la inversión privada, se abrió la economía a la inversión extranjera directa (IED) y se fortalecieron las relaciones con los Estados Unidos. En el plano interno, ante el resquemor de algunos sectores del empresariado ante las reformas del cardenismo, se estableció una política de conciliación de clases y de “unidad nacional” (Garrido,2005). A esa política se asimiló, inclusive, el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el sindicalismo de izquierda, tarea que fue facilitada por la política de “frente popular” adoptada por la III Internacional Comunista ante el avance del fascismo en Europa.

La Segunda Guerra Mundial reforzó la industrialización mexicana. En virtud de que los Estados Unidos tuvieron que volcar su atención en la producción bélica, México por su proximidad geográfica, se convirtió en productor y exportador privilegiado de alimentos y manufacturas ligeras.

Bajo el régimen de acumulación sustitutivo de importaciones, el eje del proceso de acumulación de capital residió en la industria. La estructura social se transformó profundamente. La burguesía industrial y la ligada al comercio, la banca y los servicios se convirtieron en la columna vertebral del poder económico. Sin embargo, el Estado conservó autonomía respecto a la clase dominante. El rumbo de la política económica era determinado desde el Estado, aunque cada vez más orientado a favorecer los intereses de los capitalistas privados y a contener las demandas de los grupos populares. El grueso de la población económicamente activa se transformó en población asalariada: obreros de la industria, así como empleados y trabajadores en el comercio, los servicios y el gobierno. Se ensancharon las clases medias urbanas. De un país predominantemente rural, México se convirtió en un país predominantemente urbano. Según datos del INEGI, la población rural que en 1930 representaba el 67% del total disminuyó al 42% en 1970, mientras que la población urbana pasó en el mismo periodo del 33 al 58%.

La segunda etapa de la industrialización la llamada “sustitución difícil” de importaciones, se inicia hacia mediados de los años cincuenta. Ella involucró cambios importantes en el funcionamiento del régimen de acumulación. Si bien siguió siendo un crecimiento orientado “hacia dentro”, es decir hacia el mercado interno, dicho régimen registró cambios sustantivos. En primer lugar, como lo apreció correctamente Tavares (1972), en esta etapa el proceso meramente sustitutivo se había eclipsado. Los nuevos bienes industriales que comienzan a producirse son, principalmente, bienes de consumo duradero (electrodomésticos, automóviles, etc.). Más que una sustitución de importaciones era una descentralización de actividades desde los centros hacia las periferias. A diferencia de la etapa anterior, en la que el esfuerzo de industrialización descansó en capitales nativos, en esta segunda etapa son las ETN, sobretodo estadounidenses, las que comandan el proceso de industrialización (Fajnzylber y Martínez T., 1976).

Las ETN capitalizaron el desarrollo del mercado interno y se apoderaron de las ramas y actividades más dinámicas de la industria. Se produce lo que Cardoso y Faletto (1969) denominaban “la internacionalización del mercado interno”. Ello implicaba, el traslado de los centros de decisión de la acumulación de capital al exterior, lo que debilitaba la conducción nacional del proceso, o la “densidad nacional” como le llamaba Ferrer (2004). Ello limitaba el campo de acción y la influencia de las políticas económicas de los gobiernos. Las decisiones fundamentales para la continuación del proceso de industrialización dejaron de estar en manos nacionales y pasaron a depender de decisiones externas, altamente centralizadas, tomadas en el ámbito de las ETN (Furtado, 1976). El proceso de industrialización en su origen fundamentalmente nacional, devino transnacional. La inserción de las ETN en el proceso de industrialización significó como Sunkel (1996) lo señaló en su tiempo, un proceso simultáneo de integración transnacional y de desintegración nacional.

Durante el periodo 1940-1970, que coincidió con en el más largo auge expansivo de la historia del capitalismo mundial, México logró un crecimiento económico alto, con elevados niveles de empleo y con salarios reales crecientes. En ese lapso, el PIB se incrementó 6.4% en términos reales anualizados, mientras que el ingreso por habitante aumentó anualmente 3.1%. Fue la época del “milagro mexicano” etiqueta que pretendía igualar a nuestro país con el “milagro alemán”.

A finales de los años cincuenta, durante los gobiernos de Adolfo López Mateos (1958- 1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se implementó la llamada estrategia del “desarrollo estabilizador”. Esta estrategia mantenía los objetivos desarrollistas e industrializadores, pero planteaba la necesidad de modificar la política de financiamiento público. Debería abandonarse el financiamiento primario del gasto público mediante la monetización del déficit presupuestal, –el cual se asumía como la causa de la inflación y de la devaluación de la moneda-, y optarse por una política que movilizara los recursos de la banca privada, impulsara el crédito a través de la banca de desarrollo, y que recurriera al endeudamiento interno y externo. (Ortiz Mena, 1998) [1].

El propio Ortiz Mena, zar de la política económica durante tres sexenios seguidos, al referirse a la visita que realizaron él y el presidente López Mateos a Estados Unidos, comenta que durante la entrevista con el presidente J.F. Kennedy este le preguntó qué cuales eran los principales retos de la relación económica entre los dos países, a la que Ortiz Mena le respondió “que el más importante era mantener buenas relaciones con las autoridades financieras, con los principales inversionistas y, en general, con todos los participantes del sistema financiero de ese país (Ibíd: p. 74).

Las políticas del “desarrollo estabilizador” lograron mantener altas tasas de crecimiento del producto y estabilidad de precios, pero agravaron los desequilibrios estructurales de la economía. En 1970, el déficit presupuestal del sector público y el déficit de la balanza en cuenta corriente representaban el 3.8% y el 1.3% del PIB, respectivamente. La deuda externa comenzaba a expandirse [2].

La década de los cincuenta y sesenta fueron las del surgimiento y consolidación de la oligarquía financiera mexicana. Ello como resultado del rápido proceso de concentración y centralización del capital experimentado en esos años, del entrelazamiento creciente de las corporaciones mexicanas con las ETN y de su articulación con una banca y un sector financiero también cada vez más concentrados. Se trataba de una oligarquía muy distinta de la oligarquía terrateniente que fue la fracción hegemónica del poder durante el MPE.

El alto crecimiento alcanzado bajo el régimen sustitutivo fue un proceso altamente concentrador del ingreso y del capital. Conforme se avanzaba desde mediados de la década de los cincuenta y durante los sesenta a la “fase difícil” de la industrialización, el capital y el ingreso tendían a concentrarse en manos de algunos grupos industriales y bancos. En 1975, de acuerdo con datos de los censos industriales, las empresas industriales que ocupaban más de 500 trabajadores controlaban el 41.3% de los activos fijos, el 41.3% del valor bruto de la producción y el 30.7% del personal ocupado. Los grupos privados nacionales más importantes (Alfa, Cifra, Vitro, Televisa, ICA, entre otros) comenzaron a organizarse como holdings. Cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Serfín y Comermex) controlaban más del 50% de los activos de los bancos. Al mismo tiempo se aceleraba el ingreso de IED, por lo que las empresas trasnacionales se apoderaron crecientemente de las ramas más dinámicas de la industria y el comercio, mediante el establecimiento de filiales, empresas mixtas y/o alianzas con el capital privado nacional y el Estado. A finales de los años sesenta, la IED controlaba prácticamente la industria farmacéutica, la industria química, la petroquímica secundaria, la industria automotriz y de autopartes, la agroindustria y la industria cigarrera.

Las relaciones entre la clase dominante y el Estado se modifican, y éste tiende crecientemente a expresar los intereses de la fracción oligárquica (Zermeño, 2003) [3]. El peso de esa oligarquía financiera en las decisiones del Estado se acrecentó grandemente. Pero si bien la gravitación de la oligarquía en el Estado en esos años ya era muy grande, aquél seguía ejerciendo su autonomía, amparado en la amplia legitimación y control de los grupos populares que aún conservaban los gobiernos “revolucionarios”. Sin embargo, paso a paso, pero sin pausas, el Estado mexicano fue perdiendo autonomía frente al poder económico y convirtiéndose en un “Estado domesticado”, proceso que si hizo evidente durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz.

En un importante libro de esa época (Aguilar y Carrión, 1975), Alonso Aguilar llegaba a la conclusión de que a finales de la década de los sesenta el núcleo del poder económico se concentraba en no más de un millar de familias. Su inmenso poder económico aseguraba su hegemonía en la definición de la política en el seno del Estado [4].

“La oligarquía- afirmaba Aguilar- (está) formada por no más de un millar de influyentes mexicanos, de unos mil capitalistas del sector privado y del público, que, en virtud de las posiciones que ocupan tanto en el proceso económico como en la estructura del poder, constituyen el núcleo que controla el grueso de la riqueza e influye decisivamente en la vida económica y política de la nación”. (Aguilar y Carrión, ob.cit., p. 112)

De ese millar de oligarcas, opinaba el mismo autor, un centenar representaba la cúpula del poder económico, y era la fracción hegemónica del “bloque en el poder” en lo económico y lo político. Bazáñez (2011) analizando el mismo periodo plantea que el poder económico se sintetizaba en el Grupo Monterrey con todas sus ramificaciones, el Grupo Televicentro (ahora Televisa) [5] y los grandes banqueros de la época (Espinosa Yglesias, A. Legorreta, C. Trouyet, A. Bailleres). Los grandes banqueros no sólo eran dueños de los activos de los bancos, sino que eran propietarios o socios de importantes firmas industriales, mineras o comerciales. A su vez, los dueños de los grandes grupos industriales eran miembros prominentes de los consejos de administración de los bancos. Los bancos fueron además, un eslabón fundamental en la trasnacionalización de la economía mexicana, al vincular al gobierno mexicano y a las corporaciones con la banca trasnacional. Por intermedio de los bancos mexicanos, ambos entraron de lleno en el endeudamiento internacional impulsado por los bancos transnacionales que operaban en el mercado del eurodólar.

4. La década de los setenta: y las fracturas entre el “Estado domesticado” y la oligarquía financiera.

A finales de la década de los sesenta dos acontecimientos vinieron a trastocar al “milagro mexicano” y a poner fin a la emblemática estabilidad económica y política que había experimentado México a lo largo de cuarenta años. Uno, fue el movimiento estudiantil de 1968 que desnudó el carácter antidemocrático del sistema político mexicano y el cual significó en las palabras de Monsiváis (2003) “el principio del fin del encanto universal priísta” [6]. Y el segundo, la irrupción de una “gran crisis” con epicentro en los principales países desarrollados, pero que afectó al conjunto del sistema capitalista mundial.

El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) arribó a la presidencia en una coyuntura muy difícil. La hegemonía política mantenida por los gobiernos posrevolucionarios había resultado fracturada por el desenlace represivo del movimiento estudiantil y las secuelas de la matanza de Tlatelolco. El gobierno intentó enfrentar la crisis política mediante la llamada “apertura democrática”, durante la cual se legalizó al Partido Comunista y se autorizó la creación de nuevos partidos, y a través la cooptación dentro del gobierno de algunos de los cuadros que habían participado o simpatizado con el movimiento estudiantil. Por otro lado, el gobierno procedió a reprimir a otro sector del movimiento estudiantil que había decidido recurrir a la lucha armada. Estas tentativas de guerrilla urbana coincidieron con el surgimiento y desarrollo de guerrillas rurales en Guerrero, lo que desembocó en la llamada “guerra sucia” de los setenta.

Al comienzo de su gobierno, Echeverría intentó enfrentar la crisis económica -que se manifestaba principalmente en una aceleración de la inflación y en la agudización del desequilibrio externo y el déficit fiscal- mediante la introducción de una reforma fiscal redistributiva y el fomento de las exportaciones para corregir el sesgo antiexportador del régimen de acumulación sustitutivo. Sin embargo, ese intento reformador fue abandonado a mitad de su mandato, en el momento en que se agudizaron las diferencias entre el gobierno y la cúpula empresarial, con motivo del asesinato del empresario Bernardo Garza Sada por la Liga Comunista 23 de septiembre.

La luna de miel entre las cúpulas empresariales y el gobierno llegó a su fin, y se rompió al menos temporalmente, el proceso de “domesticación del Estado mexicano” que se había construido desde el avilacamachismo, y el cual se había mantenido y ensanchado con el alemanismo y durante el periodo del desarrollo estabilizador (1958-1970) [7]. Como consecuencia del asesinato de Garza Sada, una de las cabezas principales, sino es que la principal del Grupo Monterrey, la fracción oligárquica de la burguesía regiomontana desplegó una amplia campaña ideológica en contra de Echeverría, quien se resistía a aceptar pasivamente la “domesticación del Estado”. Esa campaña contó con el apoyo abierto de la televisión comercial [8]. La oligarquía decidió crear en 1975 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como organismo cúpula de las cúpulas, y al crearlo asumió en su seno a las principales cámaras empresariales.

La molestia empresarial no se debía solamente al asesinato de Garza Sada y a la existencia de guerrillas, sino que recelaban y se oponían a la política exterior y al discurso tercermundista del presidente, quien, entre otras cosas, apoyaba al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y permitía el ingreso de exiliados que huían de las dictaduras militares del Cono Sur (Monsiváis, Ibid).

Las diferencias entre el gobierno y el empresariado se ahondaron desde 1974 cuando estalló la recesión 1974-1975, la más profunda en ese entonces desde la Gran Depresión de los treinta. Esa recesión tuvo un impacto sistémico. En México, no solamente paralizó el crecimiento económico, sino que significó el fin de la estabilidad cambiaria y de la existencia de un régimen de tipo de cambio fijo.

Para mantener el crecimiento de la economía, y ante la contracción de la inversión privada y el fracaso de sus intentos de reformas, el gobierno de Echeverría recurrió crecientemente al gasto público y a acelerar el endeudamiento externo. Las grandes corporaciones privadas se integraron también al circuito del endeudamiento internacional. A diferencia del periodo inicial de la industrialización sustitutiva, en el cual el endeudamiento externo era fundamentalmente público y con organismos multilaterales a tasas concesionadas, el nuevo endeudamiento se contrató con los bancos trasnacionales en el mercado del eurodólar, a tasas de mercado variables. La banca privada fue la intermediaria del gobierno y de las corporaciones privadas ante la banca trasnacional. Debido a la disminución de la demanda de crédito de parte de las corporaciones y las ETN de los centros provocada por la crisis del fordismo, los bancos trasnacionales que operaban en el mercado del eurodólar reciclaron sus recursos hacia las periferias. Ese proceso se intensificó con el alza del precio del petróleo provocada por la formación de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y el reciclaje de sus excedentes comerciales hacia el mercado del eurodólar. Las tasas de interés eran bajas, lo que aumentaba el atractivo por el crédito externo. Durante el sexenio de Echeverría, el gasto público como proporción del PIB se incrementó del 22.4% en 1970 al 32% en 1976. El déficit presupuestal del sector público en el mismo periodo saltó del 3.8% al 10% del PIB. Por su parte, la deuda externa se triplicó al aumentar de 6,090 millones de dólares (md) a 25,900 md.

Al finalizar el sexenio de Echeverría el país confrontaba una profunda crisis económica y una crisis política debida al enfrentamiento con el gran empresariado. La fuga de capitales acompañó los años finales de su gobierno. Como afirmó López Portillo, quien fue secretario de estado en ese periodo, al final del gobierno de Echeverría prevalecían “rumores a veces hasta infantiles; golpe de Estado, fuga de capitales, chismes y chistes (López Portillo, 1998, t. 1, p. 432)”. En su opinión, se abría “una etapa en las relaciones entre el estado Nacional y las agrupaciones empresariales que precisamente en 1976 acuerdan una política de oposición más agresiva y se organizan intencionalmente para ello, solidarizándose abiertamente y por primera vez con terratenientes y latifundistas para presentar un solo frente al gobierno. Se abre así una nueva modalidad de lucha no solo económica, sino política e ideológica (Ibíd, p. 501)”.

Las contradicciones entre la oligarquía financiera y el Estado mexicano fueron subsanadas transitoriamente durante el gobierno de José López Portillo (1978-1982). En el marco de la sucesión presidencial, en 1977 se firmó un acuerdo de carácter ortodoxo con el FMI mediante el cual el gobierno se comprometía a reducir el medio circulante, restringir el gasto público, establecer topes a los aumentos salariales, liberalizar el comercio exterior, y limitar el crecimiento de las empresas paraestatales (Guillén, 2010). Por primera vez el FMI firmaba una Carta de Intención en la que combinaba las clásicas políticas de ajuste, con lo que el Banco Mundial llamaría después el “cambio estructural”, que no era otra cosa que el cambio de modelo económico, el tránsito hacia una economía abierta y con menor presencia económica del Estado.

Una vez zanjadas las diferencias con la oligarquía, el gobierno de López Portillo hizo a un lado la estrategia “concertada” con el FMI (con excepción de los topes salariales) y puso en marcha una estrategia expansionista basada en la explotación intensiva de los campos petroleros del Sureste del país, descubiertos años antes. Esa estrategia fue respaldada por la oligarquía y por el conjunto de la clase dominante, así como por los organismos multilaterales (FMI y Banco Mundial).

No obstante, el consenso en torno a esa estrategia, al comienzo de esa administración se presentaron fuertes contradicciones en el seno del gabinete económico, entre el Secretario de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, y el Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Tello, las que orillaron al presidente López Portillo a separarlos de sus cargos. Mientras Moctezuma era partidario de una estrategia más restrictiva en el manejo del gasto público como lo recomendaba el FMI, Tello era partidario, junto con el Secretario del Patrimonio y Fomento Industrial, J. Andrés de Oteyza, de expandir el gasto [9].

El gobierno consideraba que ante los altos precios internacionales del petróleo que acompañaron la formación de la OPEP, la producción y exportación masiva de crudo, permitirían resolver la restricción externa y generar las divisas necesarias para impulsar la industrialización a un nivel superior y convertir a México en una potencia industrial intermedia. Ya no era hora de restricciones, sino de “administrar la abundancia”, según las propias palabras de López Portillo.

Algunos años después, Tello junto con Rolando Cordera escribieron un libro intitulado “México la disputa por la nación (1988)”, en la que explicaban las contradicciones en el seno del gobierno y con la clase empresarial como resultado de una disputa por el poder político entre dos proyectos: el neoliberal encabezado por los grandes empresarios y un sector tecnocrático del gobierno incrustado, sobretodo, en las instituciones financieras del mismo y el banco central; y un “proyecto nacionalista” integrado por los pequeños y medianos empresarios, los sindicatos de trabajadores y los cuadros del Estado no neoliberales. La disputa era cierta y como ya lo constatamos, se decidió en favor del proyecto neoliberal, no porque no hubiera defensores de una vía nacionalista, sino porque aquél se apoyaba en el poder económico, que es la base de cualquier poder político. Tanto nacional como internacionalmente, el poder económico descansaba decididamente en el capital monopolista-financiero.

Durante el gobierno de López Portillo, la economía mexicana se petrolizó con rapidez. El petróleo crudo se convirtió en el principal rubro de exportación. Las exportaciones de crudo se incrementaron de un insignificante 0.8% del total de las exportaciones en 1974 al 71% en 1981. El fisco pasó a depender crecientemente de los impuestos aplicados a los hidrocarburos.

Durante 1978-1981, México experimentó uno de los periodos de crecimiento más intensos de su historia moderna, apoyado, en gran medida, en la expansión del gasto e inversión públicos y financiado con endeudamiento externo. En ese lapso, el PIB registró un crecimiento promedio anual superior al 8%. Con la misma fuerza que crecía la economía, se agudizaron los desequilibrios estructurales. En 1981, el déficit financiero del sector público llegó al 14.1% del PIB, mientras que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó el 8.4%. El uso del endeudamiento externo como mecanismo de financiamiento asumió, cada vez más, la forma de un endeudamiento ponzi [10].

En 1982, la expansión tirada por el gasto público y el endeudamiento externo se trocó en una nueva crisis, ante la baja del precio del petróleo. La fuga de capitales se desató imparable; el peso, apreciado durante el auge, sufrió una nueva depreciación. En Estados Unidos la FED encabezada por Paul Volcker, había establecido una agresiva política monetaria para proteger el dólar y contener la inflación, lo que llevó las tasas de interés por encima del 20%. Los bancos trasnacionales cerraron el crédito a los países endeudados. En agosto el gobierno mexicano se declaró incapaz de cubrir el servicio de la deuda externa, la cual había llegado a 87,600 millones de dólares (md).
La baja en el precio internacional del petróleo crudo detonó la crisis mexicana, la cual rápidamente se tornó en una crisis sistémica –la crisis de la deuda externa- que se irradió en todos los países sobreendeudados, principalmente de América Latina. El gobierno mexicano enderezó las críticas hacia los banqueros culpándolos de la fuga de capitales y de la crisis. El 1 de septiembre de 1982 en el marco del informe de su último año de gobierno, López Portillo anunció la estatificación de la banca comercial en su totalidad en manos de mexicanos, así como el establecimiento del control de cambios. Al margen de la validez y viabilidad de tal decisión esta representó uno de los últimos momentos el que el Estado mexicano ejerció su autonomía respecto del poder económico [11].

Dicha decisión desató de nuevo las contradicciones con la oligarquía financiera, desposeída ahora de sus activos financieros y de las corporaciones industriales pertenecientes a sus grupos. La complacencia con la estrategia expansionista de la administración de la abundancia se convirtió en desencanto y en una oposición abierta y acrecentada hacia el gobierno. Varias cámaras y grupos empresariales anunciaron un paro de actividades, el cual nunca llegó a concretarse (Basáñez y Camp). Más que desatar una tormenta, los sectores inconformes de la oligarquía decidieron mejor replegarse y dirimir sus diferencias con el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid, quien ya había sido elegido como el candidato del PRI a la presidencia para el periodo 1982-1988.

5. El asalto oligárquico del poder político bajo el neoliberalismo.

La crisis de la deuda externa de 1982 señaló el fin del régimen de acumulación sustitutivo de importaciones y el tránsito al neoliberalismo. La crisis de la deuda fue detonada, como se dijo arriba, por la decisión de la FED, de elevar abruptamente las tasas de interés para proteger el dólar y frenar la alta inflación. La decisión de la FED coincidió el alto nivel de endeudamiento externo alcanzado por los países de las periferias durante los años setenta. Los bancos acreedores suspendieron el financiamiento voluntario, lo que impidió el refinanciamiento de la deuda.
La rigidez de los programas de ajuste acordados con el Fondo Monetario Internacional FMI para renegociar la deuda externa, orillaron a los países latinoamericanos a proyectar sus economías hacia el exterior y a financiar el pago del servicio de la deuda mediante la obtención de superávit en la balanza comercial, lo que se tradujo en una drástica compresión de la capacidad de importación y de los niveles de inversión, consumo y empleo.

Desde 1983 México inició el tránsito al neoliberalismo y a un nuevo régimen de acumulación dominado por las finanzas (RADF). Se trata un régimen en que la lógica del proceso de acumulación de capital está determinada por las finanzas (Guillén, 2015). Se instaura, junto con él, un modelo liberal de economía abierta orientado hacia fuera, caracterizado por la reconversión de la estructura productiva hacia la exportación de manufacturas y de productos agroindustriales. Las exportaciones se convirtieron en el eje del proceso de acumulación.

La administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) puede ser considerada como un gobierno de transición al nuevo régimen neoliberal y financiarizado, en un contexto político aún de indefinición y de contradicciones en el seno del gobierno en torno al rumbo de la nación; entre quienes querían apresurar el paso hacia el neoliberalismo, y quienes sin oponerse a éste, preferían una transición gradual conservando algunos elementos del viejo régimen.

México aplicó desde el inicio de ese sexenio, de común acuerdo con el FMI, un draconiano programa ortodoxo de ajuste, en el marco de las negociaciones para la reestructuración de la deuda externa. El objetivo del programa era controlar la inflación y los desequilibrios externo y presupuestal, mediante diversas medidas de contracción de la demanda agregada La economía mexicana se paralizó con el ajuste ortodoxo. Durante el periodo 1983-1988, el PIB decreció 0.03% en términos reales y el PIB por habitante se contrajo 1.9%. La tasa de inversión bruta en ese periodo disminuyó del 26.4% del PIB al 16.8%, una baja inusitada de casi diez puntos porcentuales. Esa situación anómala no fue privativa de México, sino que se extendió a todos los países sobreendeudados de las periferias. El estancamiento económico fue la norma, lo que motivó que la década de los ochenta fuera calificada como la “década perdida”. Los bancos acreedores seguían cobrando el servicio de la deuda, pero los productores de bienes de los centros no podían vender, debido al desplome de la capacidad de importación de las periferias (De Bernis, 2007).

La contracción de la economía obedeció tanto a los efectos recesivos de las políticas del programa de ajuste, como al impacto perverso provocado por los acuerdos de reestructuración de la deuda externa pactados con el “bloque acreedor”. Dado el cierre del crédito decidido por los bancos, el servicio de la deuda tuvo que ser financiado, como ya se dijo, con el saldo favorable de la balanza comercial En el periodo 1983-1987, México acumuló un superávit comercial de 47,900 md. En el mismo lapso, la transferencia neta de capitales al exterior fue de 63,300 md, lo que representaba el 7% del PIB.

La devaluación de la moneda mexicana, la contracción de los salarios reales y la obligación de continuar con el pago del servicio de la deuda externa no sólo provocaron el estancamiento económico, sino que coadyuvaron al reforzamiento de la orientación exportadora del nuevo régimen de acumulación y de las reformas estructurales promovidas por el FMI y el Banco Mundial. En ese lapso, México se incorporó al GATT (ahora OMC); efectuó una apertura comercial unilateral y generalizada; se inició la privatización de las empresas estatales; se liberalizó el sistema financiero; se creó una “banca paralela” mediante la creación de casas de bolsa, arrendadoras y otros intermediarios financieros; y se revirtió la estatificación de los grupos bancarios mediante la devolución de empresas no financieras a sus antiguos dueños.

El RADF se consolidó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con la adopción de la estrategia del Consenso de Washington. El fracaso del “ajuste ortodoxo” de los ochenta obligó al replanteamiento de la agenda de la estrategia de la reforma neoliberal. El centro de la nueva estrategia consistió en la apertura de la cuenta de capitales y en la incorporación a la globalización financiera desplegada desde el centro hegemónico.

El Consenso no consistió meramente en un decálogo de política económica impulsado desde Washington, con la anuencia del FMI y el Banco Mundial, ni reflejaba únicamente una convergencia de ideas neoliberales, sino que expresaba, ante todo, un compromiso político, un entramado de intereses, entre el capital monopolista-financiero globalizado del centro hegemónico estadounidense y las élites internas y los gobiernos de América Latina. Estas buscaban con su inserción en la globalización una salida de la crisis y un nuevo campo de acumulación para sus capitales. En el terreno político, el Consenso implicó una alianza estrecha entre el capital monopolista-financiero de los centros y las elites internas de la periferia, con el objetivo de desplegar la globalización neoliberal.

Varios de los grandes grupos económicos nativos, así como las empresas transnacionales que operaban en el país -en ese entonces fundamentalmente para el mercado interno-, lograron reconvertir sus empresas y orientarlas hacia el mercado externo. Otros grupos y empresas medianas y pequeñas fracasaron en este proceso de reestructuración y quedaron ancladas a un menguado mercado interno.

En México la estrategia del Consenso se aplicó en tres fases sucesivas. En la primera fase se lanzó el Pacto de Solidaridad Económica, programa de estabilización, que más tarde sería replicado en Brasil con el Plan Real. Aunque el Pacto fue implantado en 1987, último año de la administración de De la Madrid, fue diseñado por el equipo de Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto de ese sexenio, y nombrado candidato del PRI a la presidencia de la República.

El Pacto estuvo basado en la concertación de precios y salarios – para la cual el control corporativo del partido oficial sobre los sindicatos fue fundamental –, pero sobretodo a través del uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria. En cuanto a su objetivo antiinflacionario, el Pacto fue un programa eficaz, a diferencia de programas de choque anteriores experimentados en otros países latinoamericanos. La tasa de inflación bajó del 159% en 1987, a 51,7% en 1988 y 19,7% en 1989, hasta que ubicó en niveles de un dígito en 1993 (8%).

La segunda fase de la estrategia consistió en la renegociación de la deuda externa. Al llegar Salinas de Gortari al gobierno, su primera acción fue renegociarla bajo los auspicios del Plan Brady, lo que permitió reducir el principal y aligerar el pago de intereses, pero sobretodo, junto con la inflación en proceso de declinación, elevó las expectativas de los actores involucrados en la reforma neoliberal.

La renegociación fue seguida por la apertura de la cuenta de capitales, la cual se consideraba fundamental para reanudar el crecimiento y financiar el desequilibrio de la cuenta corriente. El control de la inflación era un prerrequisito del nuevo esquema, con el objetivo prioritario de mantener la confianza de los colocadores de fondos de capital de cartera del exterior en las economías emergentes y detener la fuga de capitales internos.

La estrategia de financiamiento y de recuperación del crecimiento del Consenso estaba basada en el ahorro externo. Se suponía que el influjo de capital externo, aparte de favorecer la modernización y competitividad del sistema productivo y del sistema financiero de los países receptores, se traduciría en un incremento de la tasa de inversión, y por ende de la productividad del trabajo, el crecimiento económico y el empleo.

La reforma neoliberal salinista fue completada en una tercera fase por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor en 1994, y por la aceleración del proceso de privatización de los activos públicos.

La privatización gradual de las empresas públicas efectuada por la administración de De la Madrid se convirtió en un programa de privatización generalizada durante el gobierno de Salinas. La privatización abarcó todos los sectores en que participaba el Estado con excepción de los llamados sectores estratégicos (petróleo, electricidad, etc.). Sin embargo, en el caso de la banca comercial, entonces estatizada, se efectuó una reforma constitucional para eliminarla del universo de los sectores estratégicos y se adjudicó mediante subasta a inversionistas nacionales, principalmente a quienes habían operado la llamada “banca paralela” (casas de bolsa, arrendadoras, etc.) y a empresarios cercanos al círculo de Salinas de Gortari. Se efectuó, asimismo, la reforma del artículo 3ero. constitucional, la cual permitió la venta de parcelas ejidales.

El TLCAN fue la joya de la corona de la reforma neoliberal. Se trató de un acuerdo entre gobiernos y grupos empresariales oligopólicos que veían en la integración una palanca importante para ampliar sus mercados y zonas de operación e influencia, así como para maximizar sus beneficios beneficiándose de los bajos salarios y las normas ambientales laxas existentes en México. En lo fundamental, fue impulsado por los grupos y empresas más globalizados del capital monopolista-financiero de Estados Unidos, así como por los grupos y empresas más poderosos de Canadá y México.

El nuevo régimen de acumulación que enraizó en México al calor de la crisis de la deuda externa de 1982 no significó solamente una modificación de la estructura económica del país, sino que implicó una recomposición de las clases sociales, tanto de la clase dominante como de las clases subordinadas; en particular introdujo modificaciones importantes en la configuración de la oligarquía financiera. Nuevos segmentos de la oligarquía vinculados al “sistema financiero paralelo” emergieron y se instalaron en la cúspide del poder. El proceso de privatización de empresas estatales y paraestatales (acumulación por desposesión como le llama D. Harvey (2003), impulsado grandemente durante la administración de Salinas de Gortari, favoreció el proceso de recomposición de la oligarquía mexicana. La “nueva oligarquía” se insertó, principalmente, en la banca, en las telecomunicaciones y en los medios de comunicación masiva. Nuevos jerarcas (Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Ricardo Salinas Pliego, R. González Barrera, etc.) se incorporaron a la lista de los superpoderosos.

La fracción oligárquica de la burguesía mexicana está constituida en la actualidad por alrededor de cien familias, que representan el núcleo del poder económico (véase anexo), las cuales tienen una estrecha articulación con el capital monopolista-financiero de los centros. Se trata de los dueños de los grandes grupos monopolistas nativos con intereses entrelazados en la minería, los agronegocios, la industria, el comercio, las finanzas y los servicios; por los propietarios de los medios masivos de comunicación en la televisión, la radio y los grandes diarios nacionales y regionales; por los altos jerarcas de las Iglesias y el Ejército; y por los grandes capos del narcotráfico; y sin duda, crecientemente, también, por miembros de la cúpula política, principalmente por los altos funcionarios vinculados a la esfera financiera [12]. Sigue siendo válida la frase de Carlos Monsiváis de que los políticos de cada sexenio se convierten en la iniciativa privada del sexenio siguiente. Y cada vez más, ocurre lo opuesto.

La concentración del ingreso y de la riqueza es un problema ancestral de México. Sin embargo, durante la etapa neoliberal este proceso se acentuó como nunca antes, principalmente en el seno de la oligarquía financiera. En verdad los realmente ricos no pasan de ser el 1% de la población; y seguramente en el 0.1% más rico se ubica la oligarquía financiera, la verdadera dueña del poder económico.

No es un accidente de la historia sino una derivación necesaria del modo de operar del RADF, que mientras México se estancaba y la pobreza se extendía, el número de multimillonarios mexicanos listados en la revista Forbes se robustecía. En 2009, Forbes incluía a nueve mexicanos en la lista de multimillonarios del mundo. En 2016, a pesar de que la economía mexicana se ha mantenido estancada, seguían apareciendo nueve. Ellos son Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Emilio Azcárraga Jean, María Asunción Aramburuzaba, Familia Garza Lagüera, Familia Chedraui, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango (véase anexo). Como se observa, varios de esta lista forman parte de la “nueva oligarquía” encumbrada durante las administraciones neoliberales, a través de los procesos de privatización y su relación “carnal” con el poder político, mientras que el resto son familias de la “vieja oligarquía” que tienen varias décadas de ubicarse en la cima. Algunos miembros de la oligarquía como Slim, Larrea, Bailleres, Azcárraga y otros tienen una base de acumulación propia, mientras que personajes como Roberto Hernández, Harp Helú, Arango, Aramburuzabala y varios más, han devenido fundamentalmente en socios menores de las corporaciones y/o rentistas financieros e inmobiliarios. Muchos de los miembros de la oligarquía operan entidades financieras (bancos, afores, etc.) y/o obtienen una importante proporción de sus ganancias en los mercados financieros, debido al acceso privilegiado que tienen a la emisión y circulación primaria del capital ficticio (Guillén, 2015).

La oligarquía mexicana y el Estado mexicano son instancias cada vez más dependientes de los Estados Unidos. La primera es crecientemente una oligarquía rentista, con una base de acumulación de capital cada vez más débil, que actúa, en gran medida, como gestora de los intereses trasnacionales e imperiales. Y el Estado que había mantenido cierta autonomía hasta el ascenso del neoliberalismo, selló la sumisión al vecino del Norte desde la firma del TLCAN y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), pactada por la administración de Vicente Fox, la cual convertió a México yLa concentración del ingreso y de la riqueza es un problema ancestral de México. Sin embargo, durante la etapa neoliberal este proceso se acentuó como nunca antes, principalmente en el seno de la oligarquía financiera. En verdad los realmente ricos no pasan de ser el 1% de la población; y seguramente en el 0.1% más rico se ubica la oligarquía financiera, la verdadera dueña del poder económico.

Son pocos los estudios sobre la riqueza concentrada en manos de la oligarquía mexicana, por lo que resulta complicado calcular su peso económico. En un interesante estudio patrocinado por el Banco Mundial (Guerrero, López Calva y Walton, 2006: 6-9) estiman que los multimillonarios mexicanos listados por Forbes acumulan una riqueza equivalente de entre y cinco y seis porciento del PIB, y tienen “un ingreso potencial de casi 400 veces el ingreso del 0.1% de la población de ingresos más altos, y casi 14,000 veces el del promedio de la población”. Según otra estimación, “las 20 familias más acaudaladas del país concentran una proporción superior al 10% del PIB, y más de la mitad del valor accionario de la Bolsa Mexicana” (Zepeda, 2016, p. 9).

Con el neoliberalismo se registró un ascenso vertiginoso de las actividades del narcotráfico y el crimen organizado. La desregulación y la apertura externa facilitaron sus actividades tanto nacionales como internacionales. No es que el narco no existiera antes, pero no tenía los alcances de ahora. Bajo el neoliberalismo, el narcotráfico creció y se transformó en un negocio trasnacional. México se convirtió en uno de los centros mundiales del narcotráfico. De productores de mariguana e intermediarios de los cárteles colombianos, los narcos mexicanos desplazaron a estos como los principales productores e introductores de droga al mercado estadounidense y europeo, a la par que ampliaron su radio de acción a otras actividades criminales como el huachicoleo, el comercio de órganos humanos, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes.

Hay razones para suponer que el crimen organizado no es un poder externo que acecha desde fuera al poder político y lo infiltra. Los lazos entre el crimen organizado, el empresariado y el Estado constituyen, desde hace varios años, una estructura orgánica, como lo revelan con todo su dramatismo los acontecimientos de Ayotzinapa, de Michoacán, Tamaulipas, Veracruz o Coahuila. La captura reciente en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón y las acusaciones de haber estado al servicio del Cártel de Sinaloa, son la mejor evidencia de la existencia de un narcoestado [13]

Hay una ensambladura entre los intereses del narco, de los capitalistas privados y los distintos segmentos del aparato de estado. En otras palabras, el crimen organizado opera tanto en la sociedad civil, como en la sociedad política. Los capos son grandes empresarios trasnacionales que operan con una lógica capitalista y que necesitan del sistema financiero –un baluarte central del poder oligárquico – parar lavar sus ingresos. No se quiere decir con esto que todos los empresarios o los banqueros son narcos, o que todos los políticos o todos los miembros de los partidos políticos pertenecen al crimen organizado, sino que la imbricación de intereses entre los distintos segmentos del poder económico y político (incluyendo los de narco) tiene un carácter estructural, razón por la cual el concepto “narcoestado”, si bien a veces se sobredimensiona o se caricaturiza, apunta a un elemento visible de la realidad mexicana y explica, en buena medida, la magnitud del desastre nacional, con todos sus lacras: corrupción desmedida, impunidad, descomposición del tejido social y represión crónica.

Durante el periodo neoliberal, las relaciones entre la oligarquía financiera y el Estado mexicano se modificaron cualitativamente. Aquélla no solamente se consolidó como la fracción hegemónica del bloque en el poder, sino que prácticamente asaltó el poder político y convirtió al Estado en un aparato bajo su control. Ello se evidenció, sobretodo a partir de los dos gobiernos panistas de la alternancia (2000 a 2012) y el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Como lo ha planteado el actual presidente, López Obrador, el Estado se había vuelto, en buena medida, un comité al servicio del poder económico.

6. Conclusiones

La oligarquía financiera es la fracción dominante de la burguesía en los principales países capitalistas desde finales del siglo XIX, como resultado del tránsito del capitalismo de su fase libre-competitiva a la fase imperialista. En los países subdesarrollados de las periferias su emergencia como fracción hegemónica del capital, ocurre tardíamente y de manera muy diferente. En el caso de México, el nacimiento del imperialismo coincide con el periodo histórico en el cual concluye el proceso de acumulación originaria del capital, es decir el momento en el cual las relación capital-trabajo, bajo las limitaciones que imponía el modelo primario-exportador y las condiciones de subdesarrollo y dependencia, se torna dominante. La fracción hegemónica del poder era la oligarquía latifundista.

El triunfo de la Revolución Mexicana significó la derrota de esa oligarquía. México siguió el camino de un capitalismo de Estado, nacional-popular que alcanzó su clímax con las reformas del gobierno de Lázaro Cárdenas. El proceso de industrialización, emprendido bajo el modelo de sustitución de importaciones, cobijó la formación de una burguesía industrial nativa apoyada por el Estado.

La Segunda Guerra Mundial, el peligro fascista en el mundo y la resistencia de un segmento de la burguesía (principalmente los banqueros y la burguesía compradora) a la continuación de las reformas de corte cardenista, provocaron un viraje conservador en las políticas de los gobiernos posrevolucionarios. No obstante que se mantuvo una estrategia desarrollista e industrializadora, se abandonó la reforma agraria, se abrió la economía a la inversión extranjera y se estrecharon las relaciones con los Estados Unidos.

La oligarquía financiera es la fracción dominante de la burguesía en los principales países capitalistas desde finales del siglo XIX, como resultado del tránsito del capitalismo de su fase libre-competitiva a la fase imperialista. En los países subdesarrollados de las periferias su emergencia como fracción hegemónica del capital ocurre tardíamente y de manera muy diferente. En el caso de México, el nacimiento del imperialismo coincide con el periodo histórico en el cual concluye el proceso de acumulación originaria del capital, es decir el momento en el cual las relación capital-trabajo, bajo las limitaciones que imponía el modelo primario-exportador y las condiciones de subdesarrollo y dependencia, se torna dominante. La fracción hegemónica del poder era la oligarquía terrateniente.

El triunfo de la Revolución Mexicana significó la derrota de la oligarquía latifundista. México siguió el camino de un capitalismo de Estado, nacional-popular que alcanzó su clímax con las reformas del gobierno de Lázaro Cárdenas. El proceso de industrialización, emprendido bajo el modelo de sustitución de importaciones, cobijó la formación de una burguesía industrial nativa apoyada por el Estado.

La Segunda Guerra Mundial, el peligro fascista y la resistencia de un segmento de la burguesía (principalmente los banqueros y la burguesía compradora) a la continuación de las reformas de corte cardenista, provocaron un viraje a la derecha en las políticas de los gobiernos posrevolucionarios. Se abandonó la reforma agraria, se abrió la economía a la inversión extranjera y se estrecharon las relaciones con los Estados Unidos.

Durante las décadas de los cincuenta y sesenta se desplegó un acelerado proceso de concentración y centralización de capital que llevó a la formación de grandes grupos, tanto en la industria y las principales actividades económica como en la banca. La segunda fase de la industrialización, lo que implicaba pasar de la producción de bienes ligeros a la producción de bienes duraderos, intermedios y de capital, impulsó el ingreso de empresas transnacionales, principalmente estadounidenses, las cuales se apoderaron y dominaron las ramas más dinámicas de la economía mexicana.
Hacia mediados de los años sesenta, y en el marco de las políticas del “desarrollo estabilizador se había conformado una oligarquía financiera en el seno de la burguesía mexicana, fuertemente entrelazada con el capital trasnacional y con la oligarquía financiera internacional a través del endeudamiento externo.

La naturaleza de las relaciones de esa nueva fracción hegemónica del poder económico con el Estado mexicano se modificó cualitativamente. Aunque éste mantenía autonomía relativa, debido, en gran medida, al control orgánico e ideológico que mantenía sobre las clases subalternas, la política económica tendía cada vez más, a favorecer ese segmento de la clase dominante. El ascenso y consolidación de la oligarquía financiera condujo a lo que en este ensayo hemos denominado “la domesticación del Estado mexicano”.

La “gran crisis” de finales de los años sesenta que afectó al sistema capitalista en su conjunto, combinada con los efectos políticos de la represión del movimiento estudiantil- popular de 1968, provocaron un interregno en las relaciones entre la oligarquía financiera y el Estado. Los gobiernos de Echeverría y López Portillo usaron su autonomía relativa, el primero para confrontar la crisis económica y para restañar las heridas abiertas por la matanza de Tlatelolco, y el segundo para contener, mediante la estatificación de la banca, el fracaso de su estrategia económica expansionista y el inicio de la crisis de la deuda externa. Las decisiones de ambas administraciones llevaron a una aguda confrontación con la oligarquía en los años postreros de sus mandatos.

El gobierno de Miguel de la Madrid se inscribió en la Historia como el de la transición al neoliberalismo, proceso que se consolidó con el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la república. Su régimen representó el fin del “viejo PRI” y de las políticas desarrollistas. La adopción del modelo neoliberal no solamente estrechó los lazos entre una oligarquía financiera crecientemente rentista y el Estado, sino que podría ser interpretada como un verdadero asalto del poder político de parte de aquélla.
La continuidad neoliberal de tres décadas fue interrumpida por el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena en las lecciones de 2018. El nuevo gobierno ha ofrecido abandonar el modelo neoliberal y efectuar la separación del poder político del poder económico. Alcanzar ambos objetivos no será una tarea sencilla. Su gobierno ha llevado a cabo un conjunto de medidas y de cambios en el orden legal que se alejan de las recetas del Consenso de Washington, y que demuestran autonomía respecto a la fracción hegemónica del poder económico. Sin embargo, romper la camisa de fuerza de la globalización neoliberal y trascender el neoliberalismo, no será un reto que se resuelva en el corto plazo, ni depende solo de la voluntad del Presidente. Reclamará entre otras cosas, de la transformación de Morena en un verdadero partido político de izquierda, ajeno al oportunismo y el arribismo, así como cercano y activo en las luchas populares y en la satisfacción de sus demandas. Sólo así será posible aspirar a la construcción de una nueva hegemonía política, nacional y popular, autonomizada del poder económico concentrado, y capaz de conducir una agenda posneoliberal.

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Notas :