El bloque librecambista

El gobierno de Bush está empeñado en forzar la suscripción de TLCs con todos los gobiernos dispuestos a aceptar promesas de mayor exportación, a cambio de aperturas comerciales inmediatas. Una vez alcanzado el acuerdo, las negociaciones se desarrollan a toda velocidad, para evitar una evaluación seria de sus efectos, neutralizar la oposición parlamentaria y disuadir las protestas de los movimientos sociales. Estados Unidos busca llenar el vacío creado por la crisis del ALCA con rápidas iniciativas, que permitan relanzar su proyecto de dominación continental.
Esta urgencia refleja también el malestar que suscita en el Departamento de Estado las tratativas de libre comercio que impulsa Europa con América Latina. En la reciente conferencia de Viena entre mandatarios de ambas regiones, los negociadores del Viejo Continente difundieron nuevas ofertas de tratados que disgustan al competidor estadounidense.
Las grandes empresas europeas buscan sacar rédito del clima hostil que existe en América Latina hacia su concurrente del hemisferio norte. Pero Europa no está dispuesta a otorgar concesiones comerciales y ofrece acuerdos con mayores exigencias de protección jurídica a las compañías, pocas normas de cooperación y reducidos reconocimientos de asimetrías [1]. España mantiene su rol de gran intermediario porque este lugar le asegura enormes beneficios. Las compañías ibéricas comienzan a asociarse con las principales empresas de Europa y Estados Unidos, a partir de las fortunas acumuladas con las privatizaciones de Latinoamérica [2].
En este marco Bush aprovecha las alianzas militares y la estrecha ligazón política con ciertos gobiernos de la región para ensayar la contraofensiva de los TLCs y abrir un curso de reconstrucción parcial del ALCA. En esta estrategia Colombia ocupa un papel central. La reelección de Uribe en un contexto de gran abstención, legalización de los paramilitares y generalización del terrorismo de estado fue precedida por la ratificación del acuerdo bilateral con Estados Unidos. El país soporta una situación de ocupación bélica, guerra permanente, refugiados y secuestros más parecida al escenario de Medio Oriente que a la realidad actual de Latinoamérica.
El aprovisionamiento bélico de Estados Unidos no ha reducido la gravitación del narcotráfico, ni el abastecimiento del 80% de los consumidores mundiales de cocaína. El TLCs no es ajeno al despliegue bélico que motorizan Bush y Uribe. Esta militarización constituye una advertencia regional contra los movimientos populares, en una coyuntura adversa para nuevas incursiones bélicas del imperialismo. El Pentágono no está en condiciones de generalizar estas acciones, pero prepara el terreno para el momento propicio.
Para reconstituir alguna modalidad del ALCA Estados Unidos promueve, en segundo lugar, el mantenimiento de los convenios bilaterales ya existentes, frente a los avatares creados por los cambios de gobierno. Chile y México son las principales áreas de esta continuidad. Nadie pone en duda la ratificación presidencial de estos tratados, a pesar de las fuertes críticas que existe a estos acuerdos en ambos países.
Bachelet reafirmó el tratado nombrando un gabinete de tecnócratas que ponderan las virtudes del libercomercio. Esta convalidación preserva un modelo neoliberal, que ha generado gran polarización social. La liberalización financiera y comercial que propicia el TLC acentúa esta desigualdad, que ya asegura al 20% más rico de la población un ingreso 14 veces superior al percibido por el 20% más pobre [3]. El convenio refuerza la desregulación laboral, la desprotección frente a los despidos y los accidentes y el empobrecimiento de pensionados que está creando la privatización de las jubilaciones.
La misma polarización social ha generado el NAFTA en México. La pobreza afecta al 50% de la población y la indigencia al 20%, mientras que el hambre es tragedia padecida por ocho de cada diez campesinos. En las ciudades uno de cada diez trabajadores tiene acceso a la jubilación y el 60% carece de protección social, en un paí que añadió 10 nuevos potentados al top de lo multimillonarios del planeta que anualmente registra la revista Forbes. En estas condiciones ninguna barrera policial en la frontera puede detener el desesperante flujo de emigrantes [4].
La continuidad del NAFTA no solo beneficia a los exportadores y a las compañías locales asociadas a la fabricación en maquilas, sino también para el pequeño número de capitalistas que utilizaron la desregulación neoliberal para monopolizar los principales negocios de la telefonía, el entretenimiento, el cemento, la cervecería y la alimentación básica [5].
El tercer terreno de conformación del bloque librecambista que impulsa Estados Unidos es la suscripción de nuevos tratados, vulnerando todas las formalidades legales. Estas anomalías se observaron en las negociaciones con los países centroamericanos y ahora se verifican en las tratativas con la región andina. Especialmente en Perú el convenio fue primero manipulado por el ex presidente Toledo y luego sometido a un escandaloso manejo dentro del Parlamento. Este convenio destruye la producción campesina local y garantiza enormes lucros las empresas farmacéuticas, a costa de la cobertura sanitaria de la población.

Las Indefiniciones del MERCOSUR

Mientras que Estados Unidos propicia los tratados bilaterales, el MERCOSUR soporta fuertes contradicciones que lo empujan alternativamente a la acción y a la parálisis. Este conflicto se traduce en una indefinición de rumbos, que la coyuntura económica favorable permite actualmente disimular. Las grandes decisiones son postergadas a la espera que algún acontecimiento defina si la asociación se consolida o se desploma.
La principal tendencia disgregadora reciente proviene de Uruguay. El gobierno del Frente Amplio congeló su participación en el MERCOSUR y amenazó con reducir su participación al status de miembro asociado, mientras redobla los gestos de acercamiento a Estados Unidos. Tabaré ha sido recibido en Washington como un aliado de primer orden, porque el Departamento de Estado quiere colocar un peón en el Río de la Plata.
Pero un tratado con Estados Unidos no le ofrece a Uruguay ningún beneficio significativo porque la estructura exportadora del país no es complementaria con la primera potencia. Por eso el establishment uruguayo utiliza el coqueteo con Bush para exigir a sus vecinos mayor atención a sus demandas. Actualiza por ese camino las viejas maniobras del Estado-tapón en las nuevas condiciones de potencial Estado-cuña. El mismo juego realiza Paraguay con una apuesta más silenciosa, pero cualitativamente más peligrosa. La presencia de una base militar del Pentágono en ese país puede destruir todos los equilibrios geopolíticos del MERCOSUR.
La construcción de las papeleras es el conflicto más crítico que enfrenta esta asociación. Tabaré actúa como agente de las empresas europeas, que propagan un discurso ambientalista en los foros internacionales y consuman una práctica de destrucción ecológica en Sudamérica. Hasta ahora no aceptaron trasladar las plantas a otra localidad, ni siquiera con una financiación a cargo de los gobiernos del Cono Sur. Esta concesión podría afectar la cotización bursátil y la pretensión estratégica de transferir la actividad papelera a los países periféricos.
Pero el resultado de la pulseada en curso no está decidido porque los asambleístas argentinos mantienen su movilización y condicionan la dirección de todas las negociaciones. Esta acción vecinal frustró el aval del gobierno argentino a las plantas y ha conducido a que un conflicto regional se dirima en una Corte Internacional.
Como la prolongación de este conflicto socava la ambición brasileña de liderar el MERCOSUR, Itamaraty ha buscado reconstruir los puentes con Argentina. Luego de varios años de disputas, Brasil aceptó un convenio automotriz que compensa parcialmente las desventajas argentinas por medio de nuevas normas de importaciones y exportaciones de vehículos. El acuerdo tiene un alcance y duración muy limitados, pero revela la intención brasileña de frenar la declinación del MERCOSUR.
También Argentina necesita preservar este bloque ante la inminente ronda de negociaciones por los subsidios agrícolas en la OMC. Estados Unidos y Europa ya anticiparon que volverán a impedir cualquier reducción significativa de estas subvenciones y la alianza del Cono Sur es indispensable para incidir en estas tratativas.
Si la distensión se afirma dentro del MERCOSUR, reaparecerán los intentos de superar el estancamiento institucional de la asociación, mediante la conformación de un Parlamento regional. Existe cierta posibilidad de convocar a elecciones dentro de cuatro años para esta eventual Legislatura, que debería definir agendas y normas de funcionamiento. La concreción o postergación de esta iniciativa definiría si el MERCOSUR finalmente se consolida o disuelve.
Las clases dominantes de la región están obligadas a ensayar el camino de la asociación, a pesar de las frustraciones acumuladas en la última década. La concurrencia extra-regional empuja a perseverar en ese camino, mientras los grandes capitalistas de cada país sudamericano evalúan opciones opuestas de alianzas directas con socios europeos, norteamericanos o asiáticos.
Brasil y Argentina no son las “nuevas potencias emergentes” que imagina la prensa local en los momentos de euforia, pero tampoco constituyen semicolonias menores y atadas al mandato del Departamento de Estado. En ambos países se han forjado grupos empresarios de cierto peso y con ambiciones de mayor autonomía. Esta posición induce a seguir experimentando el camino del MERCOSUR.
Pero la naturaleza social del tratado es un dato menos controvertido. Los gobiernos de Sudamérica coordinan negocios para beneficiar a las grandes empresas de cada país, en desmedro de las necesidades y reivindicaciones de la mayoría de la población. El MERCOSUR contempla muchos negocios y alternativas de lucro, pero ninguna opción de redistribución del ingreso.
Este perfil regresivo tiene su correlato en el plano político, en la pretensión de todos los gobiernos de garantizar el status quo regional. Las tropas sudamericanas en Haití no se limitan a cumplir esta función estabilizadora, sino que sustituyen a los marines en la erección de un sistema político que asegure el orden conservador en el Caribe.
La diplomacia del MERCOSUR se dispone además a suscribir un tratado de libre comercio con Israel, que retrata su posicionamiento reaccionario. Este convenio carece de relevancia económica, ya que las exportaciones al pequeño país de Medio Oriente solo representan el 0,2% de las ventas sudamericanas y ocupan el lejano puesto 43 en el ranking del comercio externo del Cono Sur. Pero es evidente que el acuerdo brinda oxigeno a un régimen colonialista y sanguinario de la actualidad. Concretado el gesto, sobran las palabras [6].

MERCOSUR versus ALBA I

Las discusiones sobre el ALBA se intensificaron en los últimos meses con nuevas apreciaciones sobre el rol estratégico de la Alternativa Bolivariana [7]. Algunos enfoques han puesto de relieve la importancia del proyecto como instrumento en las negociaciones internacionales con otros bloques o su relevancia para unificar programas en la acción regional de los movimientos sociales [8].
Pero la visibilidad y el protagonismo del ALBA ha quedado ensombrecida por una decisión que socava la concreción del proyecto: el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Esta incorporación se está concretando en un tiempo récord. El protocolo de adhesión se ratificó tan aceleradamente como los tratados (Asunción, Ouro Preto, Olivos) y los plazos de aceptación del arancel externo común se acortaron para facilitar el acceso a la zona de libre comercio. Aunque la integración definitiva exigiría seis años -para asimilar el efecto de 204 normas del tratado- todos los miembros del MERCOSUR quiere apurar la presencia de Venezuela.
Este interés deriva en primer lugar de los grandes negocios que ofrece el nuevo socio del Caribe. Desde el 2002 las ventas argentinas a Venezuela se triplicaron (carne, leche, soja, cosechadoras) y todas las grandes compañías están considerando mayores exportaciones y eventuales inversiones. Esta ampliación es reivindicada como un beneficio mutuo entre países complementarios que intercambian energía por alimentos y bienes industriales. Esta aprobación resalta que el acuerdo en marcha apuntala la creación de un gran mercado regional con independencia de los gobiernos actualmente vigentes en cada país [9].
Pero es justamente este perfil lo que refuerza el carácter regresivo del MERCOSUR en contraposición al proyecto igualitarista del ALBA. La ampliación de la asociación del Cono Sur se consumó siguiendo los patrones de rentabilidad, competencia y garantías al capital que el ALBA tendería a desafiar con normas de cooperación y solidaridad. Un ejemplo de esta contradicción puede notarse en el terreno agrícola. El proyecto bolivariano postula la defensa de la pequeña producción campesina y el otorgamiento de seguridades alimenticias a todos los países de la región. Por eso rechaza la aplicación interna de la reducción de subsidios y protecciones al agro debatidas en los organismos multilaterales [10].
Pero quiénes demandan esta anulación de subvenciones son los gobiernos de Argentina y Brasil frente a Europa y Estados Unidos. Sus propuestas no contemplan ningún tipo de excepciones al librecomercio agrícola que afecten los beneficios de los exportadores del Cono Sur. Los líderes del MERCOSUR ya aplican estas reglas en sus países y por eso el cultivo capitalista de la soja s expande, destruyendo a la pequeña agricultura, expropiando campesinos, empobreciendo pobladores y bloqueando la reforma agraria.
Con el ingreso de Venezuela al MERCOSUR también el proyecto de un banco regional queda encuadrado en el horizonte de esta asociación. Las emisiones de bonos que precederían a esa entidad se destinarán al refinanciar la deuda externa, reforzando una triangulación que favorece a los acreedores y las clases dominantes (Venezuela presta, Argentina paga, los banqueros cobran). El gobierno argentino es el inmediato beneficiario de estos créditos que en los últimos 18 meses le permitieron reciclar 2.800 millones de dólares del endeudamiento. Por esta misma vía afrontaría todos los vencimientos del año que viene evitando el costo de recurrir al mercado internacional cuándo las tasas tienden a subir.
En lugar de cumplir la misión inicialmente imaginada en el ALBA como banco sostén de la pequeña producción, las cooperativas o inversión pública requeridas por la mayoría popular, los recursos del futuro banco tienden a quedar comprometidos en un círculo vicioso del endeudamiento, que legitima todo los fraudes acumulados por estos pasivos. Por este camino se aleja cualquier posibilidad de un control democrático del futuro banco y una supervisión popular de sus préstamos. El perfil de una entidad -que refinancia las actuales deudas de los estados- se asemeja a los grandes públicos que subvencionan grandes proyectos capitalistas (como el BNDES de Brasil). En la hipótesis de una mayor integración regional, esta entidad cumplirá un rol de custodio de los intereses financieros que por ejemplo desenvuelve el Banco Central Europeo.

MERCOSUR versus ALBA II

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR tiene en lo inmediato más relevancia política que económica. Muchos comentaristas han subrayado que esta incoporación busca “moderar a Chávez”, especialmente en sus intervenciones a escala continental. Este propósito de “contención” explica porque una negociación que debía durar entre seis y doce meses fue despachada en tres días [11].
Lula y Kirchner pretenden colocar al presidente venezolano en un marco de compromisos diplomáticos que reduzca su intervención directa en temas conflictivos (las papeleras), en cuestionamientos públicos a políticos conservadores (Alan García) y también intentan influir para que limite su incursión en las áreas que más irritan al Departamento de Estado (Irán, OPEP, aprovisionamiento bélico).
Por el momento Venezuela tendrá voz, pero no voto dentro del MERCOSUR esta restricción operará como un test condicionante de la acción de Chávez. Los principios de “defensa de la democracia” que Venezuela debió ratificar para el ingreso a la asociación constituyen un instrumento de presión conservadora. Los cancilleres habitualmente adoptan la interpretación de esta norma a las necesidades políticas de las clases dominantes. Enviar tropas a Haití, auxiliar a los presidentes amenazados por una rebelión popular o impedir que los movimientos sociales impongan sus reivindicaciones son actos siempre consumados en nombre de la democracia. Este estandarte -incluso utilizado por los golpistas en Venezuela- ahora será esgrimido como advertencia contra la radicalización del proceso bolivariano.
Estas presiones también influirán en las discusiones sobre un eventual ingreso de Cuba al MERCOSUR. Los derechistas ya argumentan que ese país no debería ser aceptado, mientras impida la instalación de un sistema político favorable a la restauración capitalista. La permanencia de Venezuela en la asociación queda sujeta en este cuando a la renuncia al camino inaugurado por la revolución cubana.
Es evidente que los gobiernos del MERCOSUR pretenden encerrar al proceso bolivariano, bloqueando su potencial regional antiimperialista. En este rol de freno sustituyen a Estados Unidos, que ha perdido margen de intervención directa en la zona. Cada paso en esta dirección anulará la perspectiva opuesto del ALBA. Si logran reflotar el MERCOSUR reforzarán a una asociación que parecía moribunda, pero sepultando la opción bolivariana.
SURGIMIENTO DEL TCP Y LA CRISIS DEL CAN
En el remolino de acontecimientos latinoamericanos la decisión del nuevo gobierno boliviano de suscribir un Tratado de Comercio de los Pueblos con Cuba y Venezuela se inscribe más en el proyecto del ALBA que en el rumbo del MERCOSUR. El TCP se inspira en varios terrenos en los principios de la alternativa bolivariana [12].
Propone mecanismos para compensar las pérdidas que pudieran provocar los TLCs suscriptos por otros países con Estados Unidos e incluye compromisos de compras de productos y no solo preferencias comerciales o arancelarias. Otorga a las empresas públicas un nítido protagonismo en los convenios y privilegia a los pequeños productores. También ensaya fórmulas para favorecer a las naciones más pequeñas (por ejemplo en el plano aduanero) y extiende a Bolivia las modalidades de cooperación sanitaria y educativa que Venezuela ha desarrollado con Cuba en los últimos años [13]. El TCP cuestiona los aspectos librecambistas que rigen no solo a los tratados bilaterales, sino también a muchos compromisos del MERCOSUR.
La suscripción del TCP coincidió con el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En los últimos meses esta asociación atravesó una crisis que coronó su declinación acumulativa, provocada por sucesivas políticas de apertura comercial, subsidios a la inversión extranjera y estrechamiento de las relaciones de cada socio con Estados Unidos [14]. Pero el estallido del CAN ha sido una consecuencia directa de la reciente escala de TLCs impuestos por la primera potencia. Chile tomó distancia de este alineamiento mucho antes de concretar su convenio bilateral con Estados Unidos, pero las firmas que estamparon primero Colombia y luego Perú empujaron a Venezuela a retirarse de un bloque andino, quebrado por la política norteamericana de balcanización comercial. ¿Pero es legítimo abandonar el CAN para ingresar al MERCOSUR? ¿Es válido sustituir un modelo de integración antipopular por otra opción que es igualmente opuesta a los intereses de los oprimidos?
Según ha trascendido no existe plena sintonía entre Venezuela y Bolivia en torno al CAN [15]. El gobierno de Morales buscó preservar este bloque no solo para mantener vivas algunas relaciones comerciales (especialmente con Colombia), sino también por la vieja desconfianza boliviana hacia el MERCOSUR. Las experiencias de Paraguay y Uruguay ilustran el destino marginal que tiene los pequeños países dentro de esta asociación.
Pero durante la primera mitad del 2006, Bolivia ha ocupado un lugar central en el entramado regional por otra decisión de mayor relevancia: la nacionalización de los hidrocarburos.
LA RECUPERACIÓN DE UN RECURSO ESTRATÉGICO
La resolución adoptada por el gobierno de Morales constituye la antítesis simbólica de las privatizaciones de los 90 y podría introducir una divisoria de aguas del proceso político latinoamericano regional.
Esta nacionalización se inscribe en un giro estatizante a escala internacional. Con el precio del barril por encima de los 70 dólares y Estados Unidos embarcado en guerras imperialistas para asegurase el abastecimiento de combustible, todos los países productores tienden a incrementar la participación del estado en la renta petrolera. Esta apetencia se comprueba en los gobiernos de cualquier signo y en países tan diversos como Rusia, Irán, Arabia Saudita o Nigeria. Actualmente las empresas públicas controlan el 80% de las reservas y el 40% de la producción petrolera global y se observa una reconstitución del cartel de productores semejante al proceso que potenció a la OPEP de los años 70 y 80 [16].
En este contexto la nacionalización dispuesta en Bolivia ha sido recibida con cierta comprensión por todos los sectores capitalistas que no están directamente involucrados en el negocio petrolero. Pero la medida que adoptó el gobierno de Morales presenta aristas más problemáticas por dos razones. Por un lado, no está solo en juego la renegociación de contratos, sino un proceso de reestatización de recursos que habían sido transferidos a las empresas privadas. Por otra parte, Bolivia exhibe actualmente extraordinarias riquezas de gas. Por eso la nacionalización podría constituir el punto de partida de un giro más radical si se extiende al conjunto de América Latina.
El alcance efectivo de la nacionalización es por ahora una incógnita, ya que se dispuso un plazo de 180 para adecuar todos los contratos a una nueva reglamentación, que transforma a todos los concesionarios en contratistas sujetos a las nuevas atribuciones del estado para decidir el volumen de extracción, los destinatarios y los precios de venta del combustible. La letra chica de los nuevos acuerdos es todavía desconocida y surgirá en parte de las auditorias que se están implementando para conocer los datos reales de reservas, utilidades e inversiones. Pero es un hecho que el estado aumentará drásticamente su participación en las utilidades de la explotación, en función de la productividad de los yacimientos.
Como el sector público absorberá entre el 50% y el 82% de estos beneficios, los ingresos del Tesoro se duplicarán de inmediato (de 400 a 700 millones de dólares). El proyecto de nacionalización también contempla sustituir la exportación en bruto por emprendimientos de industrialización local del gas. También se propicia la reconstrucción de la vieja empresa estatal (YPFB) a partir de la recuperación de las acciones petroleras que administraban los fondos de pensión privados [17].
La nacionalización fue anunciada con gestos de autoridad (envío del ejercito a custodiar los yacimientos) y mensajes de negociación dura. Lo que está en juego es una compleja maraña de contratos, que definirá como se reparte la renta (a través de impuestos, precios y regalías), como se gestiona la extracción del combustible y que soporte legal tienen los nuevos convenios. La existencia de esta negociación indica que la nacionalización no implica la expulsión de las empresas, ni la asunción estatal de todas las actividades del sector. Se apunta a establecer una fuerte regulación estatal en un país, con serias limitaciones para efectivizar inmediatamente el manejo público integral y excluyente de esta actividad.
La nacionalización constituye un importante paso adelante, cuya afirmación depende tanto del monto como de la utilización de la nueva renta estatal. Si los fondos públicos se destinan a favorecer a grupos capitalistas, la estatización reproducirá todos los vicios del estatismo petrolero que se han verificado desde México hasta Kuwait. Una capa de burócratas reciclará el excedente para enriquecerse y facilitar la acumulación subsidiada de los capitalistas afines al gobierno de turno.
Por el contrario, si los fondos se canalizan hacia el incremento de los salarios, el inicio de la reforma agraria, la financiación de los pequeños agricultores, la creación de empleo y el sostenimiento de la obra pública comenzará una inmediata redistribución de los ingresos favorable a la mayoría de la población.
Una larga experiencia de estatizaciones burguesas demuestra que el número de empresas traspasadas al sector público no es sinónimo de mejoras populares. Solo la presencia, control e intervención directa de los movimientos sociales en la administración de los nuevos fondos permitiría asegurar su utilización en beneficio de la población. En Bolivia se ha planteado el doble desafío de recuperar los hidrocarburos y colocar su usufructo al servicio de las mayorías oprimidas.

El impacto regional

La decisión adoptada en el Altiplano refuta todos los argumentos que subrayan la inconveniencia o imposibilidad de confrontar desde la periferia con las grandes compañías transnacionales. Si un país tan pobre y saqueado como Bolivia puede iniciar esta acción: ¿Qué impide a las grandes naciones de Sudamérica recuperar el manejo efectivo del petróleo y el gas?
Ya en otro país del área andina como Ecuador se dispuso la caducidad de un contrato fraudulento que manejaba la petrolera norteamericana Oxy. Pero los principales gobiernos de la región toleran una escandalosa gestión de los hidrocarburos que nutre los bolsillos de los grandes capitalistas. En México la empresa estatal PEMEX regula la actividad y controla un millonario presupuesto que financia la alianza dominante de burócratas y monopolistas. La privatización lateral de la compañía complementa este desfalco y apunta a gestar una gran red alternativa de abastecimiento de Estados Unidos, si las tensiones con Venezuela ponen en peligro la provisión de crudo a la primera potencia.
La compañía PETROBRAS es publicitada como una empresa estatal, pero el 60% de su paquete accionario está controlado por fondos de inversión que cotizan en las Bolsas internacionales. Por eso los directivos de la compañía reaccionaron con tanta furia cuando se anunció la nacionalización en Bolivia, que afecta directamente a sus pozos y refinerías. Tampoco disimularon su irritación los grandes industriales de San Pablo que aprovisionan sus fábricas con gas importado a bajo precio desde Altiplano. Le exigieron a Lula una actitud dura frente a Morales, que el gobierno del PT asumió sin titubear.
Una defensa igualmente descarada de los intereses capitalistas realizó el gobierno español por exigencia de REPSOL. Al igual que PETROBRAS, esta empresa conoce al dedillo la magnitud de las reservas de gas que atesora Bolivia y no tiene ninguna intención de retirarse del país. Prefiere perder una tajada de la renta antes que renunciar a las ganancias que promete la explotación de los yacimientos del Altiplano. Pero como esa cuota está sujeta a la negociación en curso, utiliza toda la artillería diplomática de la Unión Europea para mejorar su participación en el negocio.
El gran intermediario en estas tratativas es el gobierno argentino, que mantiene compromisos con todas las partes y busca equilibrar todos los beneficios en disputa. Kirchner preserva con REPSOL la relación privilegiada que le permitió a esta compañía continuar operando luego de las fraudulentas privatizaciones que lideró en la década pasada. La empresa se ha internacionalizado, pero las ganancias récord que nuevamente obtuvo el año pasado provinieron mayoritariamente de su filial argentina. Estos lucros se basan en una depredación del subsuelo que ha creado un panorama muy adverso para el país [18].
Las reservas, la exploración, la productividad de los pozos y las inversiones han caído abruptamente, en un contexto de emergencia energética. La provisión de combustible es totalmente insuficiente para sostener el ritmo actual de crecimiento económico y las compañías condicionan cualquier inversión a la obtención de mayores subsidios y prorrogas de las concesiones. REPSOL está interesada en expandirse hacia zonas con mayores recursos petroleros que Argentina y podría buscar el traspaso al gobierno de una porción de su paquete accionario. Si concreta esta operación habrá logrado un socorro estatal seguramente encubierto con grandes discursos patrióticos.
La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha puesto de manifiesto cuán escandalosa es la continuidad de la privatización de los mismos recursos en Argentina. En el país se cobran los impuestos más bajos de Latinoamérica y las compañías extranjeras gozan de privilegios ya inexistentes en el resto del mundo. La propiedad provincial de los recursos se ha convertido en el gran subterfugio legal para perpetuar las concesiones.
El gobierno argentino no solo preserva los intereses de los grupos privados petroleros en el país, sino que actúa como el gran mediador para asociar a estas compañías a los proyectos de integración energética regional. El eje de estos planes es la creación de una red de gasoductos, que sería inicialmente subdividido en un enlace norte entre Venezuela y Brasil y un conexión sur a partir de Bolivia. Kirchner insiste en otorgar un papel gravitante en este proyecto a todos los grupos privados que acompañan su gestión (especialmente Techint): Con este objetivo en mente concertó con Bolivia un nuevo precio de importación del gas, que despeja el horizonte para comenzar la construcción de un gasoducto entre ambos países.
Estos proyectos favorecerán en forma directa o indirecta a los grupos capitalistas en desmedro de la población, mientras no se disponga la nacionalización integral de la energía en toda la región. Basta recordar que las sumas abonadas por Argentina y Brasil al FMI habrían alcanzado para financiar toda la red de gasoductos en estudio, para notar cómo manejan Kirchner y Lula la política energética.
La nacionalización del petróleo y el gas y su control por parte de la población es una necesidad de toda la región, que presenta alcances diferentes en cada país. Argentina o Brasil tienen a su disposición todos los medios y recursos económicos y técnicos para encarar una tarea que Bolivia o Paraguay no pueden desenvolver con la misma facilitad. Las empresas mixtas con el sector petrolero privado que algunos países -como Cuba- han debido suscribir, no tienen justificación en otras naciones, como Venezuela.
Pero lo novedoso del contexto actual es el grado de impacto zonal de las medidas que se adopta en cada nación. La discusión se ha regionalizado y las medidas de nacionalización en un país brindan argumentos para extender su aplicación al resto.
Los acontecimientos en el terreno energético son vitales, pero el principal campo de una integración popular de Latinoamérica se ubica en la esfera social. La batalla por redistribuir el ingreso, mejorar los salarios, asegurar educación, salud, trabajo y vivienda se procesa en los movimientos sociales, en un contexto de grandes giros políticos en América Latina. Actualizar los rasgos de este cuadro es el propósito del capitulo final.