La destrucción de la moneda nacional por las autoridades, el estancamiento político y el fortalecimiento de las desigualdades de larga data han sumido al país en una de las peores crisis económicas y financieras del mundo desde mediados del siglo XIX, según el Banco Mundial. Por lo tanto, está claro que la ayuda internacional es esencial, tanto en términos de ayuda humanitaria de emergencia como para la reconstrucción a medio y largo plazo.

Un gobierno incapaz de dar respuestas

Ante esto, los sucesivos gobiernos son incapaces de funcionar adecuadamente debido a las repetidas crisis que atraviesa el país, a la corrupción de las élites políticas y al control de la economía por parte de los bancos. En efecto, el Líbano no solo se está convirtiendo en una ’república de las ONG’ [2], sino también en un estado de rentistas, colonizado por ciertos intereses económicos, que utilizan las estructuras estatales para fortalecer su posición dominante en la economía. Según el relator de la ONU, el 43 % de los activos bancarios están controlados por personas que tienen vínculos con élites políticas [3]. A día de hoy, los bancos juntos poseen casi el 80% de la deuda pública del Líbano, que representaba el 170% del PIB del país a principios de 2019. Otros tantos obstáculos en el sistema político para la adopción de reformas. A falta de respuestas internacionales en forma de donaciones, el gobierno debe recurrir a préstamos del FMI que mantienen al país bajo el control de las instituciones financieras internacionales y sus exigencias.

Una ’ayuda’ internacional anunciada desde abril de 2020

Ya en abril de 2020, el FMI estaba ofreciendo un préstamo de 10.000 millones de dólares al gobierno. Esta oferta de entrega de liquidez iba acompañada de ’recomendaciones’ [4] destinadas a lanzar reformas integrales para restaurar las finanzas públicas, reestructurar la deuda pública, reestructurar el sistema bancario, ampliar el sistema de protección social, reformar las empresas públicas y mejorar la gestión. El FMI era muy poco claro en las directrices sobre la ’reforma del sector eléctrico’ y reformas fiscales.

En agosto de 2020, Kristalina Georgieva, Directora del FMI, dio a conocer cuatro componentes sine qua non para llegar a un acuerdo: restaurar la solvencia de las finanzas públicas y el sistema financiero, establecer salvaguardias temporales para evitar salidas de capital prolongadas, la necesidad de tomar medidas rápidas para reducir las pérdidas prolongadas de muchas empresas públicas y, finalmente, la obligación de ampliar una red de seguridad social a fin de proteger a los grupos más vulnerables de la población libanesa [5]. En marzo de 2021, un portavoz del Fondo Monetario Internacional dijo que los donantes extranjeros no ayudarán a Beirut sin la formación de un gobierno que había dimitido precisamente en ese momento [6]. Finalmente, en noviembre de 2021, el Líbano reanudó las negociaciones con el FMI con la condición de presentar un plan de recuperación financiera creíble, basado en las pérdidas sufridas por el sistema bancario, para que estas pérdidas fueran sufragadas por los accionistas de los bancos y los mayores depositantes.

¿A qué conducirán en última instancia las negociaciones para la ’ayuda’ del FMI? Tal vez a permitir al país sacar la cabeza del agua por un corto tiempo. Seguramente a correr el riesgo de incluir reducciones en el gasto público y un aumento del IVA, lo que podría amplificar los costos sociales y obligar a la población a soportar el peso de las reformas [7]. Recordemos que cualquier acuerdo de ’ayuda’ con el FMI constituye un acuerdo de préstamo que no hace sino añadirse al endeudamiento y posponer el problema.

La concesión de DEG: una solución que no lo es y que subyace a un sistema desigual

Desde septiembre de 2021, tras la formación del nuevo gobierno, un grupo de acreedores poseedores de eurobonos (valores de deuda pública en monedas extranjeras) han estado pidiendo la reestructuración de la deuda e instando al gobierno a ’diseñar e implementar un programa de reformas económicas, presupuestarias y estructurales en interés de todas las partes interesadas, especialmente el sufrido pueblo libanés’ [8].

Además, parte de los derechos especiales de giro (DEG) fueron entregados en septiembre por el FMI (607,2 millones de DEG, o alrededor de 850 millones de dólares) [9]. Pero el recurso a los DEG plantea el problema de la distribución de la asignación de los 650.000 millones de dólares. En efecto, los DEG se distribuyen a los países en proporción a sus cuotas en el FMI. Como resultado, de los 190 estados miembros del FMI, los 135 países en desarrollo compartirán 275.000 millones de dólares, es decir, poco más del 40% de la asignación, mientras que los 55 países más ricos se beneficiarán de unos 375.000 millones de dólares. Recurrir a esta asignación es fortalecer la posición central de una institución en constante fracaso desde su creación, tanto por su funcionamiento antidemocrático como por su mortífera ideología neoliberal.

¿La ’guerra del pan’ empujará a las y los libaneses a seguir ocupando la calle?

En la actualidad, por supuesto, es esencial, como señala el relator, que el Líbano presente un plan de recuperación financiera creíble, basado en el ’rescate’ de las pérdidas sufridas por el sistema bancario, de forma que estas pérdidas sean sufragadas por los accionistas de los bancos y por los principales depositantes. También es necesario que una mayor proporción de los ingresos públicos del Estado provenga de impuestos directos sobre el patrimonio y las empresas, y que la proporción de los impuestos indirectos, como el IVA, se reduzca proporcionalmente. Es necesario un sistema tributario mucho más progresivo.

En efecto, las dificultades económicas encontradas por el país después de la imposición de nuevos impuestos en octubre de 2019 y que han continuado desde entonces reforzaron las protestas sociales de las que surgieron ciertas demandas, incluida, en particular, el cese de la privatización de las empresas estatales y la caída del sistema bancario actual. ¿La duplicación del precio de la gasolina en 48 horas, así como del precio del pan, empujado por la brutal depreciación de la libra libanesa, empujará a las y los libaneses a seguir ocupando las calles?

La amplitud de las movilizaciones actuales debería, en cualquier caso, alertar sobre el estado de necesidad actual de suspender cualquier pago de la deuda, a cualquier tipo de acreedor. Esto permitiría establecer una auditoría ciudadana de la deuda (en lugar de una auditoría de las cuentas del BDL confiada a grandes empresas de recuperación), para controlar los capitales y avanzar hacia una nueva regulación bancaria pública bajo control ciudadano.