Capitulo 6 : Conclusiones y recomendaciones

 A. La identificación de la deuda ilegítima de Ecuador como preludio de una política soberana

 B. El derecho de las autoridades públicas de determinar la ilegitimidad de la deuda

 C. El Banco Mundial y el FMI: ¡Jurídicamente responsables!

 D. Acciones de los acreedores del Norte

 E. Acciones de las Naciones Unidas

 F. Alternativas promovidas por movimientos sociales y algunos gobiernos latinoamericanos contra la deuda

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El objeto de este análisis fue, por una parte, describir la historia política, económica y financiera del Ecuador que condujo a la situación actual de endeudamiento, y por otra parte, poner de relieve el carácter ilegítimo de la deuda. La deuda en Ecuador, así como en la mayoría de los países endeudados del tercer mundo, es uno de los instrumentos principales de opresión y de dominación política, económica y social; es un instrumento de poder que contribuye a asegurar y perpetuar la apropiación de los recursos naturales y la transferencia de las riquezas de los pueblos del Sur hacia sus ricos acreedores, quedándose las elites del Sur, de paso, con su comisión. Ecuador forma parte de estos numerosos países que reembolsaron varias veces las deudas que no fueron contratadas para el interés de la nación y las poblaciones. Los préstamos contraídos por Ecuador, en realidad, beneficiaron a los acreedores del Norte, a las multinacionales, a los financieros especuladores y a las clases dominantes locales.
Las distintas etapas de evolución del endeudamiento dan prueba de la ilegitimidad de las deudas, que se supone que Ecuador debe pagar. Son ilegítimas: las deudas contraídas por las dictaduras militares durante los años 70 y que continuaron creciendo bajo los gobiernos que las sucedieron; las deudas para financiar proyectos que no hayan beneficiado a las poblaciones o proyectos que resultaron destructivos para las poblaciones o para el ambiente; las deudas contraídas por medio de la corrupción; las deudas contraídas a tipos de interés usurarios; las deudas privadas convertidas en deudas públicas; las deudas vinculadas a condiciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial, menospreciando la soberanía de Ecuador, del derecho a la autodeterminación, que violan el derecho del pueblo a definir su política de desarrollo comercial, fiscal, presupuestario, energético, su legislación laboral, que obligan a proceder a reducciones draconianas de los gastos sociales y a la privatización de los sectores estratégicos, etc.
Todas ellas deudas ilegítimas que el Estado ecuatoriano debe negarse a reembolsar.
Como hemos visto, el coste humano de la deuda y por extensión del sistema neoliberal, es una carga para un número creciente de ecuatorianos cuyas condiciones de vida se van deteriorando, cada vez más, por el efecto combinado del pago de la deuda y de las políticas neoliberales, contrarias a la satisfacción de sus necesidades fundamentales.

A. La identificación de la deuda ilegítima de Ecuador como preludio de una política soberana

Es inútil esperar de la lógica capitalista que satisfaga las necesidades fundamentales de la población mundial. Tampoco se puede pretender el desarrollo sin obtener la anulación de la deuda, así como el abandono de las políticas neoliberales. El problema vinculado a la deuda se solucionará cuando los Gobiernos del Sur tomen la decisión de ponerle fin por ellos mismos (en la situación actual, difícilmente se puede esperar que los acreedores decidan anular la deuda, en su totalidad y sin condiciones) estableciendo un conjunto de medidas económicas, políticas y sociales que liberen el desarrollo humano. El repudio de las deudas ilegítimas es una medida necesaria aunque sea insuficiente. ¿Cómo se puede llegar a este repudio de la deuda? Una auditoría podría legitimar totalmente una denegación de pago como decisión unilateral soberana. Como primer paso, hay que poner fin a la hemorragia financiera que significa el pago de la deuda. Es necesario encontrar a continuación fuentes alternativas de financiación para un desarrollo humano socialmente justo y ecológicamente sostenible, y romper con la lógica que conduce al pillaje masivo de los recursos financieros y naturales, a la dependencia de los capitales extranjeros y a los préstamos condicionados de las instituciones financieras internacionales. Finalmente, es conveniente sustituir este sistema neoliberal injusto por un modelo de desarrollo justo y equitativo, que responda a las aspiraciones de los pueblos.
Ecuador da señales alentadoras que permiten pensar que está comprometiéndose en esta vía. Porque además de ser un país estrangulado por los reembolsos como tantos otros, Ecuador parece ser uno de los raros países que demuestran también otra realidad: la de un Gobierno que se propone poner término a la hemorragia de la deuda por el interés de su pueblo.
La auditoría no exhaustiva efectuada por el CEIDEX es proseguida por el gobierno de Rafael Correa, que desea llevar mucho más lejos las investigaciones y tomar, sobre la base de éstas, fuertes decisiones que ataquen la raíz del mal. Esta auditoría del CEIDEX ya puso ampliamente de relieve el carácter fraudulento, ilegal e ilegítimo de las deudas y acuerdos de préstamos. Debido a las consecuencias sociales, económicas y ambientales que ha tenido la deuda, ésta debe repudiarse en su totalidad.
Por otra parte, el papel de los acreedores debe ponerse al día. Debido al saqueo de los recursos y a la destrucción del ambiente, facilitados por las políticas impuestas por las instituciones financieras internacionales, los acreedores tienen una responsabilidad en el bloqueo del desarrollo humano en Ecuador. Por lo tanto, tienen una deuda considerable frente al pueblo ecuatoriano, y se debe plantear la cuestión de las reparaciones.
Del 25 al 28 de abril de 2007, la deuda ilegítima del Ecuador fue el principal punto en los debates del Seminario Internacional sobre Deuda Ilegítima, celebrado en Quito. Los participantes estuvieron de acuerdo sobre la ilegitimidad de la deuda y alentaron la realización de acciones de repudio. En 1986, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, reforzando la obligación de los Estados en materia de desarrollo, proclama: «Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.» [1]
Por consiguiente, Ecuador tiene el derecho —e incluso el deber— de no aplicar los programas de ajuste estructural concebidos por el Banco Mundial y el FMI, que constituyen violaciones del derecho de los pueblos al desarrollo y, más globalmente, a los derechos económicos y sociales.
Rafael Correa ha asegurado que «somos partícipes del socialismo del siglo xxi, que busca la justicia social, la soberanía nacional, la defensa de los recursos naturales y una integración regional basada en una lógica de coordinación, cooperación y complementariedad» [2]
El proceso de transformación profunda hacia este «socialismo del siglo xxi», al que se adhiere Rafael Correa, está aún en sus comienzos. Es difícil prever su salida, que dependerá en gran parte del apoyo popular que han beneficiado al Presidente y a su gobierno, particularmente para frustrar los ataques incesantes de la oligarquía nacional y del gobierno de Estados Unidos. Sea como fuere, Ecuador proporciona un ejemplo de un Gobierno que toma decisiones soberanas en materia de endeudamiento, particularmente la de proceder a una auditoría para revelar la parte ilegítima de la deuda, primer paso hacia su anulación total. Esperemos que otros gobiernos del Sur sigan sus pasos y que se pongan en marcha auditorías en otros países para que finalmente la luz se haga sobre la deuda.

B. El derecho de las autoridades públicas de determinar la ilegitimidad de la deuda

Según los partidarios de la mundialización neoliberal, los países en desarrollo deben pagar su deuda exterior, cualquiera que sea su origen y las condiciones de su reembolso. Sobre este punto, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU declaró con mucha razón: «No se puede esperar de un Estado que cierre sus escuelas, sus universidades y sus tribunales, que suprima los servicios públicos, de modo tal que arroje su comunidad al caos y a la anarquía, simplemente para disponer así del dinero para reembolsar a sus acreedores extranjeros o nacionales. Hay límites de lo que se puede razonablemente esperar de un Estado, de la misma forma que de un individuo...» [3].
De acuerdo con el derecho internacional, ningún gobierno puede ser obligado a pagar una deuda que sea ilícita. La determinación del carácter ilícito de la deuda externa es competencia de las autoridades públicas, que tienen el derecho de llevar a cabo una auditoría de la deuda pública. Eso implica que, aun antes de reembolsar la deuda, el gobierno y los ciudadanos tienen el derecho de interrogarse sobre los orígenes de ésta, sobre las modalidades de préstamo, sobre el importe contratado, sobre las condiciones legales de la deuda, sobre su ilegitimidad, sobre los perjuicios sociales y ambientales causados por el reembolso y por las políticas impuestas por los acreedores. Varios gobiernos ya han asumido esta herramienta. [4]
De la misma manera, cuando un Gobierno se niega a proceder a una auditoría, corresponde a las poblaciones exigir al Gobierno una rendición de cuentas. La auditoría ciudadana es un derecho fundamental inscrito en los textos principales de derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que: «Toda persona tiene el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de su país, directamente o por intermedio de representantes. [5]» Acerca del derecho a la información, el Art. 19 del Pacto sobre los derechos civiles y políticos de 1966 dispone que: «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y extender información e ideas de toda especie, sin consideración de fronteras bajo una forma oral, escrita o impresa».
La población de un país tiene, por lo tanto, derecho a realizar una auditoría sobre la deuda contraída por su Estado.
El proceso de auditoría se establece en Ecuador para llegar a la anulación de la deuda: la nueva comisión de auditoría se propondrá identificar la parte de la deuda pública, tanto interna como externa, que puede dar lugar a un repudio o anulación, y a determinar el grado de responsabilidad de las autoridades públicas y acreedores, tanto privados (bancos) como públicos (el FMI, BM), en el proceso de endeudamiento del país. Más allá de la determinación del carácter ilegítimo de la deuda, será necesario que los distintos responsables den cuentas de sus actos, y que la cuestión de las reparaciones y de la restitución de los bienes mal adquiridos esté regulada. La realización de una auditoría de la deuda debe estar acompañada de un combate contra la impunidad de los responsables del subdesarrollo y contra estos verdaderos criminales que son el Banco Mundial y el FMI, cuyas políticas especialmente brutales implican la violación de los derechos humanos, hecho destacado dentro de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. [6]

C. El Banco Mundial y el FMI: ¡Jurídicamente responsables!

Los planes de ajuste estructural, cínicamente impuestos por el FMI y el Banco Mundial mediante la deuda, para garantizar el reembolso de una deuda injusta, ilegítima e inmoral, constituyen las principales causas de la subordinación y el bloqueo del desarrollo social, económico, político y cultural de Ecuador. La imposición por las instituciones financieras internacionales de condicionalidades drásticas se hizo con menosprecio de la soberanía del país y de las aspiraciones de los pueblos. En Ecuador, como en muchas otras partes, las instituciones financieras internacionales cargan con una pesada responsabilidad en el endeudamiento y en el drama que éste causa a las poblaciones.
A pesar de las pruebas demostradas de la agravación de las desigualdades y de la corrupción, de la degradación de los sistemas de salud, de educación, de la pérdida de la soberanía alimentaria, de la destrucción del medio natural y del despojo de las empresas estatales debido a las políticas de dichas instituciones, éstas persisten en legitimar su papel pretendiendo que las medidas que imponen tienden a favorecer el crecimiento y el libre comercio, lo que conduciría, según ellas, a la reducción de la pobreza. Varias décadas de experiencia han puesto de manifiesto que tal modelo de desarrollo es completamente inadecuado y, por el contrario, generador de pobreza. La obstinación del FMI y el Banco Mundial en mantenerlo a toda costa se comprende mejor cuando se sabe que su verdadero objetivo consiste en servir los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, de sus multinacionales y de sus aliados, para quienes los países en desarrollo representan un mercado de materias primas adquiridas a precio vil y una reserva de mano de obra explotable a discreción. Eso se comprueba tanto en Ecuador como por doquier.
Recordemos al respecto especialmente las palabras de Fantu Cheru, de la Comisión de los Derechos Humanos: «En realidad, estas instituciones y los programas que aplican constituyen la expresión de un proyecto político, de una estrategia deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo objetivo principal es hacer del planeta un campo de operaciones donde las sociedades transnacionales podrán actuar con plena seguridad. En resumen, los programas de ajuste estructural (PAE) desempeñan el papel de “correa de transmisión” para facilitar el proceso de globalización que pasa por la liberalización, la desregulación y la reducción del papel del Estado en el desarrollo nacional [...] En resumidas cuentas, forman parte de la contrarrevolución neoliberal.».
Estamos muy lejos de su pretendido objetivo de lucha contra la pobreza.
En este estudio se mencionan los efectos muy negativos producidos por el reembolso de la deuda y las políticas neoliberales, que, de hecho, hacen que el pago de la deuda de Ecuador sea ilegítimo, injusto e inmoral. Las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial condujeron a graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Estas políticas constituyen una flagrante injerencia en los asuntos de Estado, violando así el artículo 1, apartado 2 de la Carta de la ONU de 1945, que sienta el principio soberano de legalidad de los Estados y su derecho a decidir libremente sus regímenes económicos, sociales y políticos. Violando el derecho al desarrollo de los pueblos, un derecho que ha sido confirmado por el Pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales, adoptado al mismo tiempo que el relativo a los derechos civiles y políticos, por la Asamblea General de la ONU en 1966. Estos tratados, en vigencia desde 1976, declaran en el artículo 1, apartado 1: «Todos los pueblos tiene el derecho a disponer de ellos mismos. En virtud de este derecho, determinan libremente su estatuto político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural.»
La responsabilidad penal de estas instituciones está claramente comprometida. Por lo tanto, una única salida parece posible: dado el déficit democrático del Banco Mundial y el FMI [7], su falta de legitimidad, su incapacidad para cuestionarse el concepto de desarrollo que defienden, su responsabilidad directa en la situación de subdesarrollo, no se ve ninguna posibilidad de llegar a reformarlos de manera satisfactoria. Es urgente la disolución de estas instituciones y su sustitución por otras, democráticas y transparentes, centradas en la garantía de los derechos humanos fundamentales y en el respeto de la soberanía de los países del Sur. Es necesario por otra parte exigir el reconocimiento de una deuda histórica, social, política y ecológica de la cual los países del Sur son acreedores. Esto debe ser objeto de reparaciones y restituciones. Con este fin, se debe incoar una acción judicial contra el Banco Mundial, el que, a diferencia del FMI, no goza de inmunidad jurídica. [8]
La falta de inmunidad del Banco no se explica por una exigencia de justicia, pero de todos modos abre una brecha interesante que se puede explotar en el centenar de países donde el Banco dispone de una representación. A pesar de que tal acción nunca haya tenido lugar, es totalmente lógica cuando se piensa en las múltiples violaciones de los derechos humanos causadas por las operaciones del Banco Mundial, por su apoyo a numerosas dictaduras, por su desestabilización sistemática de regímenes progresistas, por la imposición de planes de ajuste estructural que han causaron a las poblaciones del Sur daños sin parangón, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Rafael Correa, que no excluye la perspectiva de una acción legal contra el Banco Mundial por su actividad en Ecuador, abriría un camino ciertamente muy importante que podría servir a otros dirigentes políticos que quieran romper con este sistema de dominación y saldar la deuda social de su pueblo.

D. Acciones de los acreedores del Norte

A finales del año 2006, el Gobierno noruego abrió una vía, en la que hay que profundizar, sobre el tratamiento de la deuda ilegítima. La resolución del 27 de marzo de 2007 del Senado belga sobre la anulación de la deuda de los países en desarrollo constituye otra pista interesante [9]. Esta resolución, adoptada el 29 de marzo de 2007 por el Senado belga por una mayoría de 34 votos a favor y 29 contra, constituye un avance por varias razones.
Cuando solicita al gobierno belga la firma de un contrato con todos los países endeudados involucrados con el fin de cancelar completamente su deuda, la propuesta del Senado no va más allá del planteamiento de otros gobiernos. Pero, afortunadamente, el Senado innova en varios ámbitos muy importantes:

 propone «decidir, de ahora en adelante, una moratoria con congelación de los intereses sobre el reembolso de la deuda bilateral» con los países menos desarrollados (apartado 6);

 afirma que la deuda bilateral o multilateral de un país debe apreciarse en su justo valor. Según el Senado, no es el valor nominal lo que se debe tener en cuenta sino el valor real.
Ahora bien, muchas veces el valor real no representa prácticamente nada frente al valor nominal (por ejemplo, el 4% del valor nominal en el caso de deudas contraídas por el gobierno de Mobutu en nombre del Zaire, hoy República Democrática del Congo);

 concerniente, en principio, a todos los países en desarrollo, el apartado 10 del texto del Senado (véase la introducción del apartado 10) se refiere a la auditoría de la deuda y a la deuda odiosa, dos caballos de batalla del CADTM y de muchos otros movimientos para la anulación de la deuda. A este respecto, el Senado solicita al Gobierno belga «organizar una auditoría sobre el carácter “odioso” de los acreencias belgas con estos países en desarrollo».
En el mismo apartado, considera que «como mínimo una deuda odiosa es una deuda contraída por un Gobierno no democrático, que la suma prestada no benefició a las poblaciones locales y, finalmente, que el acreedor concedió el préstamo con conocimiento de causa de los dos elementos anteriores» (apartado 10). El Senado retoma así dos de las herramientas propuestas en particular por el CADTM para fundamentar en el derecho la anulación de la deuda del Tercer Mundo: el recurso a la auditoría y el concepto de deuda odiosa. El CADTM está así en condiciones de poner a disposición de las autoridades belgas distintas herramientas, entre ellas el manual sobre la auditoría —que realizó en 2006 con una serie de organizaciones del Sur y el CETIM (Suiza)— y la reciente publicación «Para una auditoría de la deuda congoleña».
El Senado solicita al gobierno que, basándose en la auditoría, cancele la parte «odiosa» de los créditos belgas (apartado 11).
Las acciones gubernamentales en favor de la anulación de la deuda, del reconocimiento de su carácter ilegítimo y la aplicación efectiva de los derechos humanos y del derecho al desarrollo dependen de la voluntad política, por el momento ampliamente ausente. Los cambios en este sentido sólo serán posibles si se produce una amplia concienciación de los ciudadanos del Norte sobre las fechorías de la política de su país en cuestiones de deuda y relaciones económicas, comerciales y políticas. A continuación, esta toma de conciencia deberá desembocar en movilizaciones ciudadanas masivas en el Norte para ejercer presión sobre sus gobiernos.

E. Acciones de las Naciones Unidas

Desde los años ochenta la ONU se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre los efectos perversos del mecanismo del endeudamiento y sobre las políticas dictadas por las instituciones financieras internacionales. Mediante la adopción de varias resoluciones intentó aportar soluciones duraderas a los problemas de la deuda que afectan a los países en desarrollo (PED). [10] La Asamblea General de la ONU comprobó en sucesivas ocasiones que el reembolso de la deuda constituye «un obstáculo al crecimiento económico y al desarrollo de los PED». [11] En efecto, ésta constató que: «el reembolso de la deuda exige sacrificios a las poblaciones de los PED, lo que tuvo como efecto la degradación y el deterioro de la situación económica y social de estos países». [12] La Comisión de Derechos Humanos de la ONU escribió sobre el particular que «las políticas de ajuste estructural tienen graves consecuencias para la capacidad de los países en desarrollo de ajustarse a la Declaración sobre el derecho al desarrollo y de establecer una política nacional de desarrollo encaminada a mejorar los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos. Destaca así mismo que es también importante seguir tomando con urgencia, en el marco de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, medidas eficaces y duraderas para reducir la carga de la deuda y el servicio de la misma, que pesan sobre los países en desarrollo con problemas de deuda externa.» [13]
Pero, en general, el tratamiento de la cuestión de la deuda y las medidas predicadas por las instituciones financieras internacionales en el seno de la ONU ha resultado muy decepcionante. Aunque ha mantenido posiciones críticas con respecto al FMI y al Banco Mundial, la ONU nunca ha tomado decisiones fundamentales para poner un término a sus actividades que violan los derechos humanos, tal como se definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en distintos acuerdos y tratados internacionales, como el Pacto sobre los Derechos económicos, sociales y culturales de 1966. Conviene recordar que como instituciones especializadas de las Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial tienen que cumplir las disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la obligación de respetar los derechos humanos.
En este sentido, la ONU tiene una parte de responsabilidad. Debería adoptar medidas para poner fin a las políticas promovidas por estas instituciones, contrarias a su Carta, y cuestionar la legitimidad de la continuación de sus actividades. Debería aprobar resoluciones que exijan la anulación de la deuda, y poner en el centro de sus reivindicaciones la nulidad de las deudas, basándose en la doctrina de la deuda odiosa. Debería apoyar las iniciativas de auditoría de la deuda, sancionar al FMI y al Banco Mundial para sus graves violaciones del derecho internacional y comprometerse verdaderamente en el establecimiento de las condiciones de un desarrollo sostenible y justo, que respete la autodeterminación y la soberanía de los países y las poblaciones del Sur.

F. Alternativas promovidas por movimientos sociales y algunos gobiernos latinoamericanos contra la deuda

Las poblaciones de Latinoamérica están, sin ninguna duda, entre las que tienen más conciencia de las fechorías de las políticas neoliberales, siendo de las primeras en rebelarse con energía contra éstas, en la mayoría de los países, con consignas reiteradas contra la injerencia de las instituciones financieras internacionales, contra el imperialismo estadounidense, contra los tratados de libre comercio, etc.
En materia de endeudamiento, numerosas organizaciones de la sociedad civil (en particular, la red Jubileo Sur, presente en numerosos países de Latinoamérica) hicieron suyo el problema de la deuda y reclaman incansablemente desde hace varios años su anulación, el repudio de las deudas odiosas e ilegítimas, la realización de auditorías de la deuda. En el terreno de la lucha contra la deuda, Latinoamérica se destaca por un dinamismo que desgraciadamente no se encuentra con la misma fuerza en los otros continentes. Se realizaron varias auditorías, ciudadanas u organizados por las autoridades públicas. [14] Los movimientos sociales impulsaron también la original iniciativa de los tribunales populares sobre la deuda. [15]
Grandes movilizaciones y protestas populares transformaron el paisaje político del continente: las elecciones de estos últimos años pusieron en el poder gobiernos de izquierda, de distintas tendencias, modificando así el estado de las relaciones de fuerzas. La elección de Hugo Chávez en 1998 y su reciente reelección, las de Evo Moral en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Lula en Brasil, de Tabaré Vásquez en Uruguay, de Néstor Kirchner en Argentina, de Daniel Ortega en Nicaragua son ejemplos de esto. Entre estos gobiernos, algunos, como los de Venezuela, Bolivia, y Ecuador, expresan un rechazo de las políticas promovidas por el Banco Mundial y el FMI e intentan en los hechos aplicar realmente políticas que vayan más allá del sistema dominante.
La creación del Banco del Sur, prevista para finales del 2007, y del cual participan siete países latinoamericanos por el momento, es un proyecto principal de esta tendencia, en tanto que alternativa al Banco Mundial y al FMI.
Con este giro a la izquierda regional, los conceptos centrales de la soberanía y la autodeterminación vuelven de nuevo con fuerza, en particular, mediante la recuperación del control público sobre los recursos naturales y otros sectores clave de la economía (Venezuela, Bolivia, Ecuador); la aplicación de una política redistributiva, devolviendo al Estado su papel de regulador social; en Bolivia, la renacionalización de los recursos naturales; en Venezuela, el control de las empresas públicas petrolíferas, como PDVSA (Petróleo de Venezuela S.A.) en 2002-2003, la renacionalización del CANTV y la renacionalización del sector de la electricidad; y más recientemente, en Ecuador, la cancelación del contrato de explotación petrolífera con la compañía estadounidense Occidental Petroleum (Oxy). Se podrían encontrar otros ejemplos en el nivel regional.
Volvamos de nuevo a Ecuador: en apoyo y sostén del proceso de la auditoría, y para ayudar a determinar rápidamente la parte de la deuda que es ilegítima, una comisión de auditoría de las acreencias belgas con Ecuador está en curso de creación en Bélgica, por iniciativa conjunta del CADTM y de otras organizaciones que trabajan sobre el problema del endeudamiento y las instituciones financieras internacionales, como Eurodad y el CNCD-11.11.11 (Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo, plataforma francófona de las ONG belgas de desarrollo, y 11.11.11, su equivalente neerlandófono). La campaña noruega para la anulación de la deuda obtuvo los resultados notables ya mencionados. También la campaña ¿Quién debe a quién? y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) en España comenzaron a emprender una acción importante en lo que se refiere a los créditos injustamente reclamados a Ecuador por las autoridades de su país. Las campañas Deuda a través del mundo deben iniciar un proceso similar de auditoría de las acreencias de sus respectivos países con Ecuador con el fin de comprobar su legitimidad.
Así mismo es necesario crear comisiones de auditoría sobre los créditos reclamados por los gobiernos del Norte a otros PED, ya que el tiempo apremia.
Ecuador, al igual que los otros países en desarrollo, se encuentra verdaderamente en una encrucijada.

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