2 de marzo de 2009

El impacto de la crisis mundial sobre América Latina suscita tres tipos de discusiones: la incidencia económica inmediata, los efectos políticos de largo plazo y las medidas sociales requeridas para enfrentar el descalabro financiero.

Estatismo para los poderosos

Mientras que el margen de autonomía, la reacción estadounidense y el rol multipolar de Brasil son incógnitas abiertas, el severo impacto inmediato de la crisis ya está a la vista. La preocupación central de toda la región es actuar frente a un tsunami que augura desempleo y pobreza.

Las medidas que se están adoptando en las tres principales economías de la región socorren a los capitalistas, con los recursos públicos que necesitan los desamparados. En México se dilapidan reservas para contrarrestar una corrida contra la moneda nacional, que podría frenarse instaurando un severo control de cambios. En Brasil, el Tesoro puso a disposición de los banqueros 50.000 millones de dólares y los bancos públicos ya anunciaron que absorberán las pérdidas de las entidades privadas. En Argentina se decretó una moratoria de los capitales fugados que perdona la evasión impositiva.

La misma consideración oficial reciben los grandes industriales. En México fueron incorporados a un mega-plan de inversiones públicas. En Brasil obtuvieron reducciones de gravámenes y planes para sostener la reactivación de las ventas. En Argentina son particularmente agraciados los empresarios de la construcción y los productores de bienes durables. Este mismo auxilio al capital se verifica en Chile y en Colombia.

Estas orientaciones apuestan a una reacción positiva de los poderosos. Suponen que los flujos gubernamentales de dinero inducirán a los capitalistas a mantener el nivel de actividad. Pero olvidan que esa decisión depende de la dudosa preservación de la rentabilidad. Los planes buscan sostener también el consumo, pero sin medidas de redistribución del ingreso. Sólo intentan incentivar el gasto de la alta clase media, induciendo compras que disuadan el ahorro en divisas.

Por ese camino se agrava la emergencia social, que ya generan las suspensiones, los despidos y la desaceleración productiva. Como no se introduce un ingreso mínimo equivalente a la canasta familiar, la crisis tiende a golpear frontalmente el bolsillo popular.

La protección del grueso de la población requería destinar los fondos públicos a preservar salarios, ampliar el seguro al desempleo o incrementar los gastos en salud, educación pública y vivienda. Pero el intervencionismo actual favorece a las clases dominantes.

En la instrumentación de ese estatismo, actualmente convergen los keynesianos y con los neoliberales. Especialmente los cultores de la privatización han procesado un vertiginoso giro pragmático. Ahora cuestionan la sabiduría del mercado y aplauden el gasto público.

El viraje estatista igualmente preserva la variedad de matices social-liberales (Tabaré, Lula) y neo-desarrollistas (Cristina Kirchner), que ha prevalecido en los últimos años. La nacionalización de los fondos de pensión que se dispuso en Argentina -para prevenir el colapso de las jubilaciones y recaudar fondos para la reactivación- es un ejemplo de estas diferencias. Las singularidades nacionales del intervencionismo obedecen especialmente a la intensidad de la lucha social o al deterioro económico-social precedente.

Pero la tónica dominante es hacia una convergencia de políticas económicas, que no implica coordinación. Hasta ahora cada gobierno actúa por su cuenta, especialmente en el plano comercial. La política de salvarse a costa del vecino es muy visible en las devaluaciones competitivas y en los aumentos de aranceles. Si este tipo de reacciones ha puesto en peligro la continuidad de la Unión Europea, también puede conducir al naufragio de la integración sudamericana.

Experiencias y alternativas

En cualquier escenario próximo los pueblos sufrirán duros embates, si no logran afianzar su resistencia al capital. Esta conclusión es la principal lección de los colapsos financieros que padeció la región durante la década pasada. Esas debacles desencadenaron rebeliones que permitieron acumular importantes experiencias políticas y sociales.

Los alzamientos revirtieron en Bolivia un largo ciclo derechista, tumbaron en Ecuador a varios presidentes neoliberales, suscitaron en Venezuela una acentuada polarización y condujeron en Argentina al histórico levantamiento del 2001. También generalizaron la batalla por anular privatizaciones, nacionalizar recursos naturales y democratizar la vida política. [1]

Los oprimidos de América Latina conocen las dramáticas consecuencias del salvataje a los capitalistas y deben prepararse para enfrentar la agresión social que acompañará al nuevo socorro de los banqueros.

Frente a este escenario los movimientos sociales, las organizaciones políticas comprometidas con la lucha y los economistas radicales ya debaten propuestas alternativas. En varios encuentros se han fijado las bases de esta plataforma (Caracas, Buenos Aires, Pekín, Belem). [2]

Estos programas rechazan las medidas de regulación y control estatal que socializan las pérdidas capitalistas. Llaman a la movilización para supervisar cómo se utilizan los recursos públicos y denuncian las amenazas que afectan a los derechos populares.

Los planteos que se han esbozado priorizan el mantenimiento del empleo, la prohibición del despido, el reparto de las horas de trabajo sin modificar el salario y la nacionalización de las fábricas que cierren o despidan. Estas medidas son necesarias frente a la complicidad gubernamental con los recortes empresarios de puestos de trabajo. La intermediación estatal en negociaciones, para reducir salarios a cambio de preservar el empleo, es otra cara del atropello social en curso.

Tres medidas en debate son particularmente acuciantes. En primer lugar, la nacionalización sin ningún tipo de indemnización de los sistemas financieros, para asegurar el control oficial del crédito en la explosiva coyuntura actual. El rescate de los banqueros debe ser reemplazado por la expropiación de sus bienes. Los estados deben recuperar el costo de mantener en funcionamiento los bancos, absorbiendo las propiedades de sus accionistas y administradores. La nueva Constitución de Ecuador –que prohíbe estatizar las deudas privadas- brinda un fundamento para esta acción.

Mientras se realiza un catastro de las grandes fortunas hay que prevenir la fuga de capitales, mediante estrictos controles de cambio y cierres de las sucursales off shore. La apertura de los libros contables es también indispensable para conocer la situación de cada entidad. Hay que anticiparse al agravamiento del colapso, asegurando el funcionamiento del sector que articula toda la actividad económica.

La segunda medida impostergable es la suspensión, revisión y anulación de las deudas públicas externas e internas. Mientras que la crisis borra pasivos multimillonarios en las economías centrales, América Latina continúa pagando. Las cláusulas de riesgo sistémico que se utilizan en Estados Unidos para retasar el monto y los plazos de obligaciones, no se instrumentan en la región.

Es el momento de seguir el camino que inició Ecuador, al poner en marcha una auditoria integral tendiente a deslindar los fraudes de los pasivos reales. La Comisión que revisó los títulos emitidos entre 1976 a 2006, encontró un escandaloso incremento del endeudamiento (de 240 millones de dólares en 1970 a 17.400 millones en el 2007). También descubrió ausencia de registros y renegociaciones fraudulentas, que condujeron a pagar sumas superiores a lo recibido. [3]

Si se implementa en forma consecuente, esa suspensión del pago de la deuda ilegal tendrá un enorme impacto sobre la región. Sustituirá el repetido default, por una decisión soberana de colocar a los acreedores en el banquillo de acusados.

La tercera medida que impone la crisis es la nacionalización del petróleo, el gas y la minería. Permitiría preservar los recursos que América Latina necesita para protegerse del temblor global. Este camino ya ha sido iniciado por Venezuela y Bolivia. Evo decidió recientemente nacionalizar una petrolera (Chaco), que había incumplido con el traspaso de acciones al estado dispuesto por el gobierno. Al denunciar el “carácter electoralista” de esta iniciativa, la derecha transparenta la popularidad que tiene este tipo de medidas.

Pero las nacionalizaciones se adoptan con muchas vacilaciones y recurriendo a erróneos pagos de indemnizaciones. En plena caída de los precios de las materias primas estas erogaciones pueden resultar fatales. [4]

El contexto político

La crisis global modifica la percepción general que habitualmente existe de las medidas drásticas. En medio de un colapso que ha resquebrajado la ideología neoliberal, nadie se asusta con llamados a nacionalizar, estatizar o suspender pagos de la deuda. Es el momento de aprovechar este contexto para resguardar a la población latinoamericana, adoptando decisiones contundentes. ¿Pero hay condiciones para implementar un viraje radical?

Ciertos analistas estiman que el contexto político se ha tornado desfavorable desde que la derecha recuperó terreno electoral (Chile, México), afianzó un régimen criminal (Colombia), obtuvo victorias sectoriales (agro-sojeros de Argentina) y sepultó los atisbos reformistas de varios gobiernos (Brasil, Uruguay).

Ciertamente la derecha prepara contraofensivas en todos los países. Pero hasta ahora ha perdido las grandes batallas. Fracasó con el golpe de estado en Bolivia, falló con la provocación de Colombia sobre Ecuador y no pudo consumar ningún ensayo de separatismo regional. Tampoco ha podido restaurar la unanimidad derechista de los años 90, en un marco de continuada gravitación de los avances logrados en la conciencia antiliberal y antiimperialista. [5]

Pero existen, además, varios gobiernos nacionalistas radicales (Venezuela, Bolivia, Ecuador), que podrían tomar en sus manos la implementación del programa popular frente a la crisis. Estos procesos se distinguen de las administraciones centroizquierdistas (Tabaré, Cristina, Lula, Bachelet) en tres planos: recurren a la movilización, chocan con el imperialismo y las clases dominantes e intentan medidas de redistribución del ingreso.

La singularidad progresiva de estos gobiernos volvió a corroborarse frente a la masacre de Gaza. Evo y Chávez adoptaron una actitud ejemplar de ruptura con Israel, que contrastó con la neutralidad diplomática de sus colegas sudamericanos. Su postura se diferenció también de la criminal complicidad que caracterizó a casi todos los gobiernos árabes.

En Ecuador, Bolivia y Venezuela se han consagrado, además, importantes avances democráticos a través de nuevas Constituciones, aprobadas al cabo de fuertes disputas electorales con la derecha. En el Altiplano, por ejemplo, se reconoció el estado plurinacional, la separación de la Iglesia del estado y la prohibición de bases militares extranjeras.

Pero los gobiernos nacionalistas radicales enfrentan grandes disyuntivas. Mantienen el apoyo popular, pero las concesiones al capital y la ausencia de medidas radicales tienden a generar fatiga. La crisis global abre una oportunidad para superar ese desgaste con nuevos impulsos. La prioridad es neutralizar el golpismo de la derecha e impedir el retorno de los conservadores. Pero también es indispensable evitar un congelamiento de las transformaciones sociales, que estabilice la capa de opresores que germina dentro de los procesos populares.

En Bolivia se han ganado nuevamente las elecciones con más del 60% de los votos, pero la derecha mantiene su fuerza en las regiones adversas. En lugar de aprovechar la derrota del putch secesionista, se optó por incorporar a la Constitución varias demandas de la oligarquía (especialmente el carácter no retroactivo de los límites a la propiedad agraria).

En Venezuela persiste el vigor de los programas sociales y se ha obtenido un contundente triunfo electoral, que revierte los resultados más adversos de comicios anteriores. Pero al mismo tiempo se afianza la “boliburguesía” asociada con el gobierno, que recicla la desigualdad social y recrea la repudiada corrupción.

También en Ecuador se consolida la soberanía política, pero han aparecido fuertes tensiones entre el gobierno y el movimiento indigenista, que legítimamente protesta contra la entrega de áreas mineras a la explotación transnacional.

Es el momento de superar estas dificultades radicalizando los procesos nacionalistas, reforzando un eje político-regional con Cuba y revitalizando el ALBA. Esta asociación introdujo principios de intercambio solidario, reafirmó criterios de acción antiimperialista y planteó reformas sociales. En los últimos meses incentivó la implementación de un sistema de compensación monetaria y multiplicó los acuerdos con la zona del Caribe. Pero muchas medidas dependen de un financiamiento petrolero amenazado por la crisis.

El ALBA podría cumplir un papel más significativo en el nuevo contexto, como ámbito de formulación y ensayo de las respuestas populares al tsunami económico. Una decisión clave es el retiro del CIADI, que ya inicio Bolivia. Es vital también la campaña por abandonar el FMI y el Banco Mundial, para sentar las bases de nuevos organismos de cooperación y solidaridad.

El ALBA ha buscado contrarrestar el estancamiento que impuso Brasil al proyecto de Banco Sur y al sistema monetario latinoamericano (SUCRE). Se han discutido mucho las normas de funcionamiento de esa entidad (voto por país o proporcional al capital aportado), así como el volumen o el destino de los fondos.

Pero mientras persista la tendencia de las clases dominantes a protegerse individualmente del colapso financiero, estas iniciativas no prosperarán. Sólo los oprimidos -que actúan sin la compulsión del beneficio y la competencia- pueden garantizar la unidad regional. La crisis global crea nuevas condiciones para avanzar hacia esa meta.

Un proyecto anticapitalista

América Latina cumplió un papel de vanguardia en la resistencia contra el neoliberalismo, pero la crisis actual plantea otro desafío: ocupar un rol de avanzada en la batalla contra el capitalismo. Este sistema es el responsable de los descalabros actuales y su continuidad exigirá mayores sufrimientos populares.

Sólo un camino erradicación de la explotación, el desperdicio y la desigualdad vigentes permitirá contrarrestar la miseria y el paro que augura la debacle en curso. Este sendero exige adoptar medidas antiliberales y anticapitalistas.

Las respuestas serán efectivas si facilitan una transición al socialismo, opuesta a todos los proyectos de regular el capitalismo. El estatismo en boga tiende a recrear las crisis, al cabo de penosos salvatajes solventados por la población.

Dos perspectivas históricas diferentes están en juego en todos los debates del movimiento social. El Banco del Sur, por ejemplo, puede concebirse en ambos sentidos. Mientras que un rumbo socialista exigiría utilizar los fondos de esa entidad para financiar la reforma agraria, las mejoras populares y las cooperativas, el modelo capitalista induciría a respaldar las empresas locales, que disputan mercados con sus rivales extra-regionales.

La misma disyuntiva determina lineamientos diferentes para el Fondo Regional del Sur (sistema monetario de compensación de pagos). Podría facilitar la redistribución del ingreso o emular los mecanismos capitalistas de estabilización, que rigen en Asia o la Unión Europea. El camino socialista requiere el retiro del FMI y del Banco Mundial, mientras que el sendero capitalista apuntala la ilusión de democratizar esos organismos.

Sólo la perspectiva socialista permitirá organizar una economía al servicio de las necesidades populares, con formas de planificación democrática que atenúen (y eliminen posteriormente), las traumáticas turbulencias del ciclo capitalista. El socialismo del futuro no guardará ninguna conexión con las fracasadas experiencias de totalitarismo burocrático del siglo XX. Pondrá en marcha la autogestión colectiva que se necesita para forjar una sociedad igualitaria.

Fuente : Argenpress

Ver también:
 América Latina frente a la crisis global (Parte II)
 América Latina frente a la crisis global (Parte I)

Bibliografía adicional:
- Acosta Alberto “Una propuesta múltiple desde la utopía”, enero 2008.
 Arruda Sampaio Jr Plinio. “Ofensiva neoliberal e reversao neocolonial na América Latina. Pensamiento y acción por el socialismo. FISIP-CLASO, Buenos Aires, 2006.
 Boron Atilio. “Prólogo”, Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Siglo XXI, México, 2007
 Cockcroft James. América Latina y Estados Unidos. Historia y política, Siglo XXI, 2001, México, conclusión.
 Fiori José Luis. “Entrevista”. La Onda Digital, www.laondadigital.com, 16-10-08.
 Gandásegui h Marco. “Obama, crisis y América Latina”, ALAI, 9-12-08
 Guerrero Modesto, “Señales de un continente en movimiento”, Página 12,8-11-08
 Maringoni Gilberto, “America Latina em 2009”, Revista do Enlace
 Martins Carlos Eduardo. “Los impasses de la hegemonía de Estados Unidos”. Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Siglo XXI, México, 2007
 Montecino Jorge, “Obama y la región”, ALAI, 13-11-08
 Petras James, “Repensar el desarrollo de América Latina”, Memoria n 224, noviembre 2007.
 Sader Emir. “América Latino no século XXI”. Revista de Osal n 9, enero 2003.
 Salama Pierre “Argentine, Bresil, Méxique, face a la crise internacional” socio13.wordpress.com/ 16-12-2008
 Toussaint Eric. “¿Qué crisis? ¿Qué respuestas puede dar el Sur? www.rebelion.org/noticia. 4-12-2008
 Weisbrot Mark. “La recesión se puede evitar” Página 12, 16-11-08.

Notas :