Desde el 9 de abril, las poblaciones indígenas están en huelga general pacífica para conseguir la anulación de once decretos emitidos por el gobierno de Alan García, cuyo objetivo es librar la Amazonia peruana a las compañías multinacionales, en particular empresas petroleras, forestales y mineras, en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y en vista a un futuro Acuerdo de Asociación Bilateral con la Unión Europea. En efecto, estos decretos, que permiten la explotación de la fauna, de la flora y de los recursos hidráulicos de esa región, amenazan el derecho de los pueblos indígenas a disponer libremente de sus tierras y de sus recursos naturales.

En respuesta a estas movilizaciones, la policía nacional peruana, por orden del presidente Alan García, desencadenó una terrible represión contra las poblaciones indígenas de la provincia de Amazonas que bloqueaban una carretera en apoyo a sus demandas. El balance es muy grave, ya que al menos murieron unas cincuenta personas, mayoritariamente indígenas, y las últimas cifras hablan de más de doscientos heridos, pero el número de víctimas puede ser mucho mayor. Después de este gravísimo suceso, el gobierno decretó el estado de excepción en la zona, y se multiplican las detenciones de militantes.

Esta masacre se produjo algunas horas después de que el congreso peruano hubiera suspendido otra vez el debate sobre la derogación de los decretos legislativos incriminados. El gobierno de Alan García rechaza entablar un diálogo que está siendo reclamado por las comunidades indígenas desde el comienzo de la crisis. La lógica defendida por el gobierno, de acuerdo con los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea y con la aplicación de los planes de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el FMI, pisotea los derechos fundamentales de las poblaciones y sobre todo sirve a las grandes empresas privadas. Todo ello provoca una fuerte degradación de las condiciones de vida de las poblaciones, especialmente las autóctonas.

Actuando de este modo, el gobierno violó varias convenciones de las que es signatario, en particular, la Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios, que prevén la obligación del Estado peruano de consultar a las comunidades indígenas antes de tomar decisiones que puedan afectar sus condiciones de vida.

El drama de Bagua obligó al gobierno a rever sus proyectos sobre esta región. Una mayoría parlamentaria ha suspendido indefinidamente dos de los decretos más conflictivos: el 1090, llamado «Ley forestal y de la fauna silvestre», y el 1064, que establece un régimen jurídico de las tierras de uso agrícola. Los indígenas reclaman la pura y simple derogación del conjunto de los decretos y mantienen su movilización.

El CADTM mantiene su oposición determinada a los tratados y acuerdos neocoloniales, promovidos por Estados Unidos y la Unión Europea así como a las políticas de ajuste estructural impuestas por las instituciones financieras internacionales, que sirven a los intereses de las transnacionales occidentales.

El CADTM es plenamente solidario con las luchas de los pueblos originarios del Perú, y con todos los pueblos andinos y amazónicos, contra los tratados de libre comercio y las políticas neoliberales promovidas por el Banco Mundial y el FMI.

Por lo tanto, el CADTM exige del gobierno peruano:

 La supresión del estado de excepción y la liberación sin condiciones de las personas detenidas durante las manifestaciones y que se haga justicia a las víctimas.
 La interrupción inmediata de la represión orquestada por el gobierno de Alan García de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos, conforme a la Convención 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
 La derogación inmediata de todos los decretos anticonstitucionales y su retirada del TLC.

En el momento en que la Unión Europea está negociando los acuerdos comerciales con Perú, y también con Colombia, el CADTM exige de la Unión Europea:

 El cese de las negociaciones comerciales ilegítimas, llevadas a cabo sin haber consultado a las poblaciones, de la UE con el Perú y Colombia, que, por otro lado, son los dos regímenes más autoritarios de América del Sur.
 La instauración de un modelo económico radicalmente diferente basado en la satisfacción de los derechos humanos fundamentales de todos los pueblos.

Y eso pasa, sin ninguna duda, por la anulación total de la deuda, ilegítima y en su mayoría odiosa, y por una nueva arquitectura financiera internacional.

Traducido por Griselda Pinero

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