R. Lapitz es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina).

Las sucesivas crisis económicas que han ocurrido en América Latina redujeron significativamente las inversiones públicas en áreas como la salud, educación, infraestructura, energía, etc. Paralelamente, la necesidad de cumplir con los compromisos de la deuda externa y las metas de superávit fiscal, que en especial promueve el FMI, hicieron que esas inversiones se redujeran aún más.
Por lo tanto, las naciones latinoamericanas se enfrentan una vez más a la necesidad de aumentar sus inversiones en áreas críticas, como carreteras y energía, y los recursos disponibles son actualmente muy acotados. Como reacción ante este problema en los últimos meses se han sucedido varias iniciativas. Por un lado, los presidentes N. Kirchner de Argentina y «Lula» da Silva de Brasil, firmaron en marzo la Declaración de Copacabana que propone la flexibilización de la forma en que los proyectos de infraestructura son medidos en las cuentas fiscales. Los dos jefes de Estado apuntaban al FMI buscando que los gastos en obras públicas no sean contabilizados en las metas fiscales acordadas por los países con el fondo. Unas semanas más tarde, en la reunión anual de los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nueves países firmaron la Carta de Lima apuntando en el mismo sentido.

Cada vez está más claro que es importante mantener y ampliar la infraestructura para permitir el desarrollo nacional. Recientemente diversos problemas han dejado eso muy en claro; por ejemplo, la crisis de energía en Argentina que limitará las expectativas de crecimiento económico, o las insuficiencias carreteras en Brasil que acota el transporte de productos de exportación. Las inversiones en infraestructura permitirían mejorar tanto aspectos económicos de los países, principalmente en el arreglo de caminos y telecomunicaciones en los países latinoamericanos, como los aspectos sociales, por ejemplo el acceso a los servicios de salud.

La respuesta del fondo

La expectativa se centraba entonces en la reacción del FMI ante estas presiones. Es así que al tiempo de la llamada «reunión de primavera» del fondo y el Banco Mundial, Teresa Terminassian, actual directora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, presentó un informe analizando los aspectos positivos y negativos en esta cuestión. Su reporte, «Inversión Pública y Política Fiscal», reafirma que se mantiene el foco en el equilibrio total y la deuda pública como base para el análisis de la política fiscal, pero se considera que algunas medidas de flexibilización en el cálculo de las metas fiscales serán tomadas en un sentido que promuevan las inversiones productivas.

Este estudio demuestra que si bien la inversión total en los países latinoamericanos se ha mantenido estable, la inversión pública ha declinado constantemente. A juicio del fondo la caída de la inversión pública ha sido compensada por los aportes privados. El estudio admite que es pertinente preocuparse por una disminución de la inversión pública con respecto al PBI, lo que podría tener consecuencias adversas para el desarrollo de mediano y largo plazo. Pero a su juicio la evidencia empírica es poco concluyente. El FMI sostiene, en primer lugar, que es muy difícil controlar los factores, además de la inversión pública que afectan el crecimiento de largo plazo. En segundo lugar, una porción importante de la inversión pública se dirige a apoyar amplias funciones del gobierno, incluyendo la redistribución y la disposición de los servicios sociales, incluso se deriva en gastos de la propia administración, que no tienen ningún potencial productivo. Por último, el informe hace referencia a que las inversiones en infraestructura que se han realizado, en caminos, telecomunicaciones, etc, presentan un retraso importante.

A pesar de todas esas salvedades, el reporte del FMI admite que hay evidencia que corrobora que la inversión pública ha disminuido, en algunos casos, por causa del ajuste fiscal -justamente el punto de la crítica de Kirchner y Lula. Además existen estudios empíricos que demuestran que fueron esas reducciones de las inversiones en infraestructura las que derivaron en un fuerte impacto negativo en la tasa de crecimiento. Las estimaciones muestran una caída de la infraestructura en la década del noventa, lo que en el mediano y largo plazo redujo el crecimiento en el orden del 3% por año en Argentina, Bolivia y Brasil, mientras que cayó entre 1,5 y 2 % en Chile, México y Perú.

El informe concluye con una serie de medidas que deberían ser discutidas en el seno del FMI, tales como cambios en la base impositiva, la promoción de asociaciones público - privadas, etc. Más allá de estas medidas puntuales, el tono del informe del FMI podría resumirse en que no rechaza la posibilidad de los efectos negativos de una caída en la inversión debido a los compromisos de los ajustes fiscales. Pero más allá de cualquier evidencia, el fondo vuelve a caer en sus creencias fundamentales: se advierte que «los beneficios potenciales» de los cambios de asignación contable de las inversiones «quedan superados por los riesgos para la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda». En otras palabras, el pedido de los gobiernos latinoamericanos podría tener beneficios pero son mucho mayores los riesgos económicos.

Por lo tanto, las medidas concretas más evidentes a las que apunta el FMI se reducen a emprender estudios experimentales de modificación de indicadores fiscales y sus consecuencias. Brasil fue seleccionado para uno de esos proyectos pilotos. Sin embargo, A. Krueger, directora gerente en funciones del FMI, advirtió que aun falta un consenso internacional sobre este asunto. Incluso recalcó que el informe «Inversión Pública y Política Fiscal» se condicionaba la aceptación de la propuesta a que los países aseguren la factibilidad comercial de los proyectos.

A ello se suma la evidente intención de los bancos multilaterales en acentuar sus controles sobre los créditos orientados a la infraestructura. En palabras de Guillermo Perry, economista jefe del Banco Mundial para América Latina, «a fin de cuentas, queremos asegurarnos un gasto en infraestructura de buena calidad». Incluso, el FMI dijo que la dificultad para aceptar la propuesta era mayor en aquellos países con problemas macroeconómicos o de sustentabilidad de sus deudas, además de que los planes de incentivar la inversión pública no debe ser vistos «como una vía rápida para gastar dinero». Por lo tanto, por lo menos por ahora, el FMI se mantiene rígidamente apegado a sus clásicas ideas, y se necesitarán todavía muchos «estudios experimentales» para comenzar a flexibilizar la forma en que se contabilizan las cuentas nacionales.