Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española, ha continuado con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que en vez de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, que aplican a las Administraciones Públicas unas tasas de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. abusivas hasta 26 veces superiores a las que el Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo aplica a las entidades financieras. Tanto el Plan de Pago a Proveedores como el FLA han contribuido a inflar la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública de manera ilegítima a ayuntamientos y comunidades.

En el Ayuntamiento del cambio de Cádiz, siendo alcalde José María González ‘Kichi’, el equipo de gobierno formado por Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz presentó una moción en este sentido el 20 de noviembre de 2015 que no fue aprobada. Dicha moción, muy bien fundamentada, calculaba que la deuda de 90 millones de euros adquirida a través del Plan de Pago a Proveedores (FFPP) había generado un sobrecoste de 14 millones de euros en concepto de intereses abusivos. El equipo de gobierno consideró que la ilegitimidad de parte de la deuda radicaba principalmente en los intereses sobre los cuales se habían establecido los préstamos, en clara diferencia sobre aquellos a los que el Banco Central Europeo BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. (BCE) presta dinero. Hasta 13 veces más cobraron en intereses los bancos a los ayuntamientos] (al 3,34%) en relación al dinero recibido del BCE (al 0,25%).

Otro elemento de ilegitimidad de estos Plan de Pago a Proveedores y FLA es que han sido utilizados de manera electoralista por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, ya no sólo en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de la banca, sino también del Partido Popular. Así, en 2015, año electoral, eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos ese año y rebajó a partir de 2016, la tasa que cobran los bancos al 1,31% por un periodo de 7 años. Esto quiere decir que si Rajoy, por decisión del Gobierno, impone a los bancos cobrar menos tasas de interés, las que cobraban antes eran claramente abusivas. Además, demuestra que, cuando le interesa, hasta el Gobierno del PP puede tomar decisiones contra los bancos para aliviar la deuda]. Ahora bien, el 1,31% de interés sigue siendo abusivo, teniendo en cuenta que desde marzo de 2016 estos bancos se financian con el BCE al 0%.

Pero es que, además, el Plan de Pago a Proveedores se puede utilizar como una forma de blanquear deudas ilegales. Si la auditoría muestra que años atrás un municipio contrató una deuda comercial con una empresa de manera ilegal, el Plan de Pago a Proveedores transforma esa deuda comercial en deuda financiera, pasando de tener como acreedor a un banco en lugar de a un proveedor. Esa reestructuración de deuda, comparable a la que se ha realizado en Latinoamérica o Grecia, se hace en interés de la banca y además contribuye a blanquear esa deuda ilegal. Si se cometió un delito en el momento de contraer esa deuda, al transformar la deuda, el delito no desaparece, aunque la operación tuviera también ese propósito. Si una deuda es ilegal, la deuda se tiene que anular, el delito que la ha originado permanece.

En este año 2016 ‘en funciones’, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de aplicar la austeridad, obedeciendo servilmente a una Comisión Europea cada día más débil y desacreditada. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, el mismo que firmó la amnistía fiscal de 2012, se ha dedicado a enviar cartas intimidatorias a los ayuntamientos, ordenando el cierre de empresas municipales que ofrecen servicios públicos fundamentales como la depuración del agua o el transporte urbano. Su “matonismo político” provocó que los ayuntamientos se levantaran en pie de guerra y que hasta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por un alcalde del PSOE, planteara una moratoria de la ‘Ley Montoro’.

La exigencia de ajuste a las Corporaciones Locales es sangrante, toda vez que son las menos endeudadas, con un 3,2%, en comparación con el 24,9% de las CCAA y el 88% de la Administración Central. El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 101% del PIB.

Tampoco se han librado de las presiones de Montoro las Comunidades Autónomas (CCAA), a las que ha exigido ajustes chantajeándolas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). También en ese caso, salió trasquilado. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -coordinador de la actividad financiera de las Comunidades y la Hacienda del Estado- del pasado abril, entre todas las CCAA de todos los colores políticos “prácticamente hubo consenso absoluto en disentir de la política de reparto de déficit, así como del objetivo marcado por Bruselas]”.

En esta defensa de la soberanía popular y de la dignidad contra la austeridad y la dictadura de la deuda se enmarca la actividad que realizamos en el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), desde donde promovemos la realización de auditorías ciudadanas que esta guía ayuda a comprender y a poner en marcha. Es necesario el apoyo de los gobiernos del cambio a la voluntad de la ciudadanía de identificar las deudas ilegítimas. Los gobiernos del cambio deberían estimular y brindar su apoyo a las auditorías, que no pueden ser un mero ejercicio democrático, tienen que desembocar sobre una práctica para acabar con el pago de las deudas ilegítimas y para enjuiciar a los culpables.

Si se paga a los acreedores, nuestra deuda no es su problema. Como bien dice un proverbio popular: si tenéis una deuda de 1.000 euros con vuestro banco y no podéis pagarle, el problema es vuestro. Si la deuda fuera de 10 millones y no se paga, el problema es del banco.

Sabemos que nada de esto será posible sin la necesaria movilización. Si el movimiento ciudadano, los movimientos sociales, la/os militantes y miembros de las fuerzas de izquierda abandonan la cuestión del rechazo al pago de la deuda ilegítima en el Estado Español y se limitan a pedir una mera reestructuración de la deuda, se tendrá una experiencia decepcionante como la griega. Por consiguiente, es necesario mantener la importancia de este combate y movilizarse sin escatimar energía en esa batalla.

El ejemplo más reciente es el Manifiesto de Oviedo, que propone un frente de municipios, CCAA y nacionalidades del Estado español contra la deuda ilegítima, que ya ha sido apoyado por más de 600 regidora/es, concejala/es y diputada/os de distintos territorios y de distintos partidos políticos y que está abierto a movimientos sociales, activistas y ciudadanía.