Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En Venezuela, el 96% del ingreso en divisas proviene del petróleo. Con el colapso de los precios, el ingreso se ha reducido en un 75 %. Y eso tiene repercusiones en la capacidad de pago. El país ya no tiene la holgura que le permitió contraer y pagar una creciente deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa. Ese margen de maniobra se ha agotado y hoy la situación luce cada vez más apretada, al extremo de liquidar aceleradamente reservas internacionales y realizar operaciones de swap con oro monetario.

El boom en los precios del petróleo y las materias primas proporcionó cuantiosos recursos financieros que no fueron debidamente aprovechados para sustentar un acuerdo monetario latinoamericano que blindara las economías de la región. Los pueblos dieron a sus gobiernos mandatos para impulsar una nueva arquitectura financiera internacional que las interminables reuniones de los burócratas no cumplieron. No hubo mayor articulación entre los bancos centrales de cada país ni se avanzó en la creación de los prometidos Fondo Monetario del Sur y Banco del Sur. Así, los países extractivistas que hoy resultan afectados por el colapso de los precios del petróleo y de las materias primas no encuentran alternativas y están pensando en tocar las puertas del FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : y del BM para tener acceso a los recursos que necesitan para aliviar sus problemas de balanza de pagos Balanza de pagos La balanza de pagos corrientes de un país es el resultado de sus transacciones comerciales (es decir, de los bienes y servicios importados y exportados) y de sus intercambios de ingresos financieras con el extranjero. En claro, la balanza de pagos mide la posición financiera de un país en relación al resto del mundo. Un país que dispone de un excedente de sus pagos corrientes es un país prestamista respecto al resto del mundo. Inversamente, si la balanza de un país es deficitaria, ese país deberá dirigirse a los prestamistas internacionales a fin de pedir prestado para sus necesidades de financiación. .

¿Reestructuración o moratoria?

La gravedad de la deuda externa está distorsionada por cálculos que no reflejan la verdadera situación del país. Se cree que la deuda es manejable porque la conversión a dólares del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. en bolívares se hace a la tasa Dipro de apenas 10 Bs/$. Al dividir un contraído PIB entre una tasa de cambio tan baja, obviamente se sobreestima el verdadero valor del producto y, por lo tanto, se subestima el peso de la deuda como porcentaje de un PIB, la cual luce erróneamente manejable.

Otra idea errónea sobre la capacidad de pago de Venezuela surge de creer que los precios del petróleo se recuperarán a través del control de la producción en la Opep Organización de los Paises Exportadores de Petroleo
OPEP La OPEP agrupa once PED productores de petróleo: Argelia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela. Estos once países representan el 41 % de la producción de petróleo mundial y poseen más del 75 % de las reservas conocidas.
Creada en septiembre de 1.960, con sede en Viena, la OPEP se encarga de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros, con el fin de garantizarles unos ingresos estables. A este fin, la producción se basa en principio en un sistema de cuotas. Cada país, representado por su ministro de Energía o del Petróleo, se hace cargo rotativamente de la gestión de la organización. El 1º de julio del 2.002, el venezolano Álvaro Silva-Calderón es su secretario general. . Los fallidos intentos por recortar la producción para defender los precios dejan poco margen para recuperar la liquidez de divisas por esta vía.

Otra falsa esperanza es creer que los países aliados nos van a auxiliar. Si bien China ha funcionado como prestamista de última instancia, la magnitud de los fondos comprometidos hace poco probable que siga apostando a Venezuela, al extremo de aceptar que el tramo no utilizado de $ 5.000 millones se destine a pagar la deuda externa, en menoscabo de los proyectos del Fondo Chino.

Lo cierto es que las reservas internacionales se han desplomado a $ 12.000 millones y el país no puede seguir como va. Ante el colapso de los precios del petróleo y la severa escasez de divisas que impide cubrir al mismo tiempo las necesidades de importación, el pago de la deuda externa y la cancelación de las indemnizaciones ratificadas por el CIADI CIADI Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.

Más , se escuchan diferentes planteamientos que van desde la liberación del mercado cambiario hasta la moratoria unilateral de la deuda externa, pasando por la reestructuración de los pagos.

Quienes proponen la moratoria apelan al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien argumenta que cuando un país impone una reducción de la deuda a sus acreedores y reorienta esos fondos hacia una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: “hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo período de exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores”, asegura quien también fue jefe de los asesores económicos de Bill Clinton.

Los que se oponen a la moratoria plantean que las consecuencias de no pagar serían muy caras para la República y Pdvsa. Ambos tienen activos estratégicos en el exterior cuyo embargo significaría un grave daño patrimonial y la paralización de las exportaciones de crudo. Pdvsa tiene 44 tanqueros, 13 refinerías y cuentas bancarias que serían susceptibles de congelamiento y embargo. Sería muy costoso dejar de pagar, aun cuando este empeño signifique un alto costo político para el Gobierno.

El margen de maniobra para liberar recursos y evitar el default va desde recomprar deuda venezolana para aliviar pagos de capital e intereses; reformular PetroCaribe para cobrar en un año la factura que se financia a 20 años; sustituir importaciones por compras gubernamentales a favor de la producción nacional; reprogramar los pagos en dólares en obras de infraestructura contratadas a China, Brasil, Irán, etc.; reperfilar los vencimientos de 2016 y 2017 y sustituir títulos por vencerse con nuevas emisiones a mayor plazo; desestatizar empresas secuestradas por el burocratismo y la corrupción; reducir el gasto militar; y, mejorar la imagen de Venezuela en los mercados financieros para corregir la sobrestimación del riesgo-país.

La situación de Venezuela no es comparable con la que sufrió Argentina, país que estuvo más de una década en cesación de pagos. Más allá de las contingencias políticas y económicas, los acreedores perciben que el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y con colosales reservas de oro, diamante, coltán y otros minerales estratégicos no sufre una crisis de solvencia a largo plazo, sino que atraviesa por un problema temporal de liquidez. Por eso, el abanico de tenedores de la deuda venezolana es muy estable y no se ha apresurado a rematarla: el 99,6 % ha preservado en sus manos los títulos. Confían en que una vez superado el colapso de los precios del petróleo, el riesgo de no cobrar es bajo. ¿Cómo explicar, entonces, que un país que no posee un historial de incumplimiento y cuenta con margen de maniobra y potencial de ingresos suficientes para cubrir sus compromisos sea tan mal tratado por las calificadoras de riesgo?

La auditoría de la deuda externa

Al igual de lo que ocurrió en los inicios del capitalismo rentístico venezolano, en el neo-rentismo socialista la acumulación originaria del capital de la boliburguesía se sustentó en la rapiña de la abundante renta petrolera. Para muestra un botón: el desfalco de más de 20 millardos de dólares en un solo año que fue denunciado por el exministro Jorge Giordani, la expresidenta del BCV, Edmeé Betancourt, y el expresidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Ricardo Sanguino. Este colosal desfalco comprueba que la capacidad de auditoría y control de los entes del Estado resulta ampliamente desbordada por la colusión de empresarios y funcionarios públicos corruptos que se confabulan para defraudar a la Nación. La Fiscalía y la Contraloría apenas tienen capacidad para investigar algunos casos aislados, sin poder encarar la magnitud del problema.

En respuesta a esta debilidad institucional del Estado venezolano surge la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, sustentada en los derechos consagrados en la CRBV y en la Ley Orgánica de Contraloría Social. Esta iniciativa se plantea auditar el otorgamiento de divisas preferenciales, la contratación y manejo de la deuda pública y, en general, la forma como se han administrado las finanzas públicas.

Esclarecer como el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo terminó a las puertas de una crisis humanitaria pasa por auditar empresas públicas y privadas, compañías transnacionales e instituciones bancarias y financieras que pudieran estar involucradas en la fuga de capitales a través de los delitos de deuda externa ficticia, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, triangulación a través de empresas de maletín y otros mecanismos inventados para capturar la mayor tajada de la renta petrolera.

Por eso, el monto de la deuda que el país finalmente tenga que pagar debe resultar de una Auditoria Pública y evitar así que se legalicen los fraudes a la Nación en un eventual proceso de reestructuración y reprogramación de los pagos. La viabilidad de la auditoría ciudadana implica apertura y transparencia en las instituciones públicas que tienen la información pertinente, de tal forma que se pueda saber la situación real de los ingresos en divisas, cuál es el monto de las reservas, así como las obligaciones comerciales y financieras que debe afrontar el BCV. Igualmente es necesario contar con información transparente y oportuna para saber en tiempo real: ¿Cuánto está ingresando y cuánto está saliendo por día? ¿A qué se destinan las divisas de la renta petrolera? ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares preferenciales? Solo así se podrá investigar y conocer el verdadero monto de la estafa, recuperar el máximo de recursos y sancionar a los responsables.