No estamos obligados a pagar deudas ilegítimas

6 de noviembre de 2013 por Iolanda Fresnillo , Tom Kucharz


Los ajustes estructurales que se vienen aplicando desde 2010 en nuestro país violan los derechos humanos. No lo denuncian solo los movimientos y organizaciones sociales. Lo ratifica el Centro por los Derechos Económicos Sociales y Culturales en su informe de 2012 para Naciones Unidas: “La crisis económica y las respuestas del gobierno han puesto en peligro la capacidad de una gran parte de la población para ejercer sus derechos, especialmente el derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes, el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a una vivienda asequible”. Lo corrobora también el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks: “En España, la austeridad tiene impacto negativo en los derechos humanos”.

Los recortes en sanidad, educación, dependencia, vivienda, atención a las víctimas de la violencia machista y otros derechos sociales se producen con la excusa del déficit y en el marco de un proceso de creciente deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública. El pago de los intereses previstos para 2014 es de 36.590 millones de euros, el 11% del presupuesto, la segunda partida después de las pensiones. De 2008 a 2012 llevamos gastados 113.156 millones de euros tan solo en intereses. Al mismo tiempo, los recortes en política sociales superan los 120.000 millones, si contamos desde 2010 a 2013. La otra cara de la moneda es el incremento de la pobreza y las desigualdades. La población en riesgo de pobreza ha aumentado del 19,6% en 2007 al 21,1% en 2011 (cinco millones de personas).

La reforma de la Constitución pactada por el PP y PSOE en agosto de 2011 entra en plena contradicción cuando contrastamos el nuevo artículo 135.3 (que garantiza que el pago de la deuda y sus intereses gozarán de “prioridad absoluta”) con los artículos de su Título Primero (De los derechos y deberes fundamentales), en el que se recogen el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda y, en definitiva, a una vida digna, entre muchos otros. El artículo 135.3 también establece que la deuda no podrá “ser objeto de enmienda o modificación”.

Se blinda así el pago de la deuda presentando los recortes en políticas sociales como un mal necesario para “tranquilizar” a los mercados y a la comunidad internacional (léase, la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo ) y “cumplir” con la constitución. Y de esta forma se perpetúa la violación de los derechos humanos, incumpliendo con la obligatoriedad de todo Estado de protegerlos y garantizarlos. La deuda se vuelve entonces ilegítima y da incluso argumentos jurídicospara no pagarla si hubiese voluntad política para hacerlo.

Esta situación no es exclusiva del Estado español. El relator especial de Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos afirmó en su informe de mayo de 2013 que las condiciones de los rescates de la Troika a Grecia estaban violando los derechos humanos. Y el Consejo de Derechos Humanos adoptaba hace poco más de un año una “resolución” en la que afirmaba que “la deuda de los países en desarrollo ha mermado su capacidad para crear las condiciones que se requieren para el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales”.

La conclusión es clara. Cinco años después del estallido de la crisis financiera, el Gobierno español –junto al G20 G20 El Grupo de los Veinte (G20) está compuesto por diecinueve países más la Unión Europea, en el que los ministros, gobernadores de bancos centrales y jefes de Estado se reúnen regularmente. Fue creado en 1999, tras la sucesión de crisis financieras de los años noventa. Pretende favorecer la cooperación internacional, integrando el principio de un diálogo ampliado ante el creciente peso económico adquirido por un grupo de países. Sus miembros son: Alemania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía y la Unión Europea (representada por el Presidente del Consejo y el gobernador del Banco Central Europeo). , la UE o el FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web :
- sigue promoviendo políticas neoliberales injustas que ponen en peligro la garantía de los derechos humanos. Para encontrar soluciones a la deuda que garanticen la justicia social necesitamos un cambio de sistema. Respuestas a la crisis que pongan en el centro el rescate a las personas y no a los bancos y a la industria financiera. Una regulación estricta del sector financiero con pleno control democrático, de manera que esté al servicio de la sociedad. Mecanismos que nos sirvan aquí y al resto de pueblos del mundo que siguen viviendo bajo el yugo de deudas ilegítimas que perpetúan diferentes formas de violencia y miseria para la mayoría de la población mundial. Mecanismos que pasen por no pagar las deudas ilegítimas.

Esta entrada ha sido escrita por Iolanda Fresnillo (@ifresnillo) y Tom Kucharz(@TomKucharz), miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos! (@AuditCiudadana). Es parte de la serie que @3500M está haciendo sobre los Presupuestos Generales para 2014.

Fuente : http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/no-estamos-obligados-a-pagar-deudas-que-violen-los-derechos-humanos.html




Iolanda Fresnillo

Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) @ifresnillo @AuditCiudadana @AuditoriaBCN

Iolanda Fresnillo es activista, miembra de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute y de Eurodad, e impulsora de la cooperativa Ekona.

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Tom Kucharz

Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No al TTIP, CETA y TiSA.

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