Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Sergio Ferrari: ¿Podría ponderar el impacto negativo de los cinco casos presentados en el Estudio, en cuanto a consecuencias más graves para una mayor cantidad de personas, especialmente de bajos recursos?

Bettina Müller: Si juzgamos los efectos directos, el caso de Guatemala, que fue obligada a desembolsar más de 36 millones de USD en medio de la pandemia, es muy grave, porque es una suma concreta y muy alta de dinero que luego le falta al país para invertir, por ejemplo, en salud pública. De las amenazas de demanda, la de Perú, probablemente, es la más grave, porque de hecho surgió efecto. El gobierno tuvo que retroceder con la medida y algunas empresas ya están cobrando de nuevo, los peajes. Aquí la amenaza tuvo un efecto directo. En cuanto a Bolivia, el hecho que los árbitros no hayan aceptado postponer el caso, quizás no tenga efectos inmediatos. Pero, a mediano y largo plazo puede costarle millones al país.

SF: Según vuestro Estudio parecería que los bufetes de abogados al servicio de las transnacionales tienen un ensañamiento particular contra América Latina y el Caribe…

BM: No es específicamente con un continente. Los inversores no quieren perder nunca, en ninguna parte del mundo. Otras regiones del sur global sufren demandas, en especial África que se confronta a un boom de demandas en los últimos años. Con respecto a América Latina y el Caribe, observo diversos elementos. La región ha firmado 470 tratados de protección de inversión y comercio y habilitan demandas de arbitraje. Un nivel relativamente alto de inversión extranjera directa. Una gran parte de la cual va al sector de explotación de recursos naturales, sobre todo minería e hidrocarburos. Quienes invierten en estos sectores son empresas estadunidenses, canadienses o europeas y están protegidas por tratados de inversión. Muchas de las demandas se centran en este ramo, en respuesta a la decisión de algunos países de reestructurar sus economías y retomar el control sobre sus recursos naturales. O proteger el medio ambiente cuando estos proyectos de explotación no respetan normal medioambientales.

SF: ¿Ante este mecanismo casi diabólico no hay escapatoria por parte de los Estados?

BM: No. Solo en algunos pocos tratados existe una cláusula que define que el Estado tiene que dar su acuerdo a ser demandando cuando le llega la notificación, o sea ahí decide, caso por caso, si acepta la demanda o no. Pero es solo el 1% de los tratados que tiene una cláusula así y en el caso de los países latinoamericanos esa cláusula es inexistente. En la mayoría de los acuerdos, al firmarlos, el Estado acepta, sin más, la posibilidad de ser demandado.

SF: Pero hay antecedentes de Estados que patearon el tablero…

BM: Efectivamente, lo que es importante es la voluntad política. Ecuador denunció la totalidad de sus acuerdos hasta 2017, luego que una Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa),haya sacado a la luz los efectos negativos de esos tratados para el país. Otros ejemplos de países que han denunciado sus TBI son Bolivia, Sudáfrica, Indonesia, India, Tanzania, e incluso Italia. Recientemente todos los países de la Unión Europea decidieron denunciar de manera conjunta los Tratados de Protección intracomunitarios. Ahora bien, hay una cláusula en los tratados la denominada “sunset clause”, (o de supervivencia), que establece que, si un país decide unilateralmente terminar un acuerdo, el mismo sigue vigente entre 10 y 20 años más, dependiendo lo que definieron los países al firmar el tratado. Quiere decir, no es automático que cuando un país denuncie sus tratados, ya no hay más posibilidad de que inversores lo demanden.

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