Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En el discurso de investidura el lehendakari Urkullu propuso «que instituciones y empresas impulsemos una estrategia compartida de diplomacia económica para fortalecer la marca «Basque Coutry». Reforzando nuestra imagen exterior como país fiable, cumplidor y competitivo».

Puede parecer a primera vista que esta idea tiene un alto consenso social e institucional; pero, ¿es un consenso sin fisuras? ¿Los movimientos sociales, ONGs y sindicatos comparten, sin más, la marca «Basque Country»?

Hay una primera observación; como afirma José Manuel Naredo, «la creencia de que la actividad económica está regida por la producción y el mercado induce a presuponer, de entrada, que apunta a fines utilitarios buenos de por sí y a cubrir demandas insatisfechas. Presupone también que las empresas trabajan para fabricar y vender bienes y servicios socialmente útiles». Las empresas vascas, por el mero hecho de invertir en el exterior no crean desarrollo ni en los países receptores, ni en Euskal Herria. Dependerá de dónde lo hagan, cómo lo hagan y en qué inviertan.

Además, en general los circuitos de las inversiones y del comercio internacional se expanden al margen de los derechos humanos, sociales y medioambientales. No se pueden aislar los núcleos duros del comercio, la inversión y la producción en el exterior de los derechos humanos. ¿Por qué al hablar de la internacionalización y de la diplomacia económica vasca, se menciona un país fiable, cumplidor y competitivo, y no un país que va a respetar y hacer respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a todas las empresas vascas inviertan donde inviertan?

Las instituciones y las empresas vascas deben analizar el caudal normativo y las políticas públicas de los países receptores; no basta con que haya negocio para las empresas vascas, hay que tener en cuenta si las legislaciones nacionales receptoras tutelan los derechos de las mayorías sociales y respetan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, ¿no importa que no se respete la normativa de la Organización Internacional del Trabajo? ¿La explotación de las mujeres en las maquilas y en las cadenas de subcontratación de las empresas textiles es indiferente a los flujos de comercio e inversiones? La mera inversión no implica, sin más, beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. para todo el mundo.

En el ámbito global las administraciones vascas deben defender que el comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. La necesidad de inserción o no en la economía internacional no es objeto de debate, pero sí lo es la valoración sobre los efectos sociales y la redistribución de la riqueza. Las normas, disposiciones, políticas de ajuste y los préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio Organización Mundial del Comercio
OMC Firmado el acuerdo el 15 de abril de 1994 y en vigencia desde el 1º de enero de 1.995, la OMC sustituye al GATT (Acuerdo general sobre aranceles y comercio). La mayor innovación introducida es que la OMC posee el estatuto de organización internacional. Su función es asegurar que ninguno de sus miembros se entregue a cualquier tipo de proteccionismo, a fin de acelerar la liberalización mundial de los intercambios comerciales, de favorecer las estrategias de las multinacionales. Está dotada de un tribunal internacional (órgano de resolución de conflictos) que juzga las eventuales violaciones de su texto fundador de Marraquech. , el Fondo Monetario Internacional FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... no son intrínsecamente útiles, sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades internas de los países y a las necesidades del conjunto de la población, y no deben responder a los intereses de minorías económicas detentadoras de poder. Los contenidos de un acuerdo deben ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados sociales.

Los tratados regionales de comercio e inversiones no sólo pretenden desregularizar los flujos de bienes, sino las inversiones, la propiedad intelectual y los servicios. Su lógica de libre comercio subordina al mercado las legislaciones nacionales. Son tratados internacionales que condicionan y determinan las políticas nacionales desde la total asimetría. Si Euskal Herria pretende el reconocimiento de su independencia, no puede hacerse a costa de la independencia de otros pueblos y países. No se pueden utilizar los mecanismos de impunidad que la arquitectura económico-financiera apuntala; no es legítimo sustentar nuestro bienestar en la pobreza de otros pueblos.

Desde una perspectiva nacional, el apoyo político y las subvenciones financieras a la internacionalización de las empresas vascas deben ir acompañados de una serie de regulaciones sobre las delegaciones comerciales, los lobbies Lobby
Lobbies Los lobbies son grupos de presión de interés privado, que defienden la mayor parte del tiempo los intereses de grupos industriales o financieros. Se cuentan unos 40.000 lobbistas en Washington y las puertas giratorias.

El Gobierno Vasco y las diputaciones deben tipificar como inversiones no responsables aquellas que colisionen frontalmente con los derechos humanos y medioambientales -la industria de armas, la energía nuclear...- y abrir cauces participativos para establecer nuevos parámetros sobre el concepto de desarrollo.

Las delegaciones comerciales no pueden estar compuestas únicamente por representantes políticos y empresarios; sindicalistas, miembros de ONGs, movimientos sociales, representantes de la economía social... deben formar parte de las delegaciones. Las inversiones y el comercio no son ajenos a los derechos humanos y a las prácticas empresariales y gubernamentales de los países receptores. Por otra parte, las delegaciones comerciales y la agenda de visitas, por ejemplo de empresarios colombianos a Euskal Herria, deben ajustarse a los criterios descritos.

Los lobbies son grupos o «empresas especializadas» en la presión política por encargo de un tercero, para el que trabajan, y que habitualmente suele ser una importante empresa; desarrollan su actividad principal fuera del espacio público. En Gasteiz, Donostia, Iruña y Bilbo existen lobbies fuera del control público. De ahí que deben regularse y, en su caso, prohibirse bajo principios de total transparencia y participación ciudadana.

Las «puertas giratorias» entre responsables políticos y económicos son expresiones de la crisis de legitimidad democrática. El poder financiero en la UE se traduce en 16 países con banqueros en puestos claves de responsabilidad política: ministros, gobernadores de los bancos centrales... han formado parte de los consejos de administración de la banca privada internacional. En Euskal Herria, los representantes institucionales y los consejos de administración no pueden actuar como vasos comunicantes; las «puertas giratorias» deben ser ilegales.

Las administraciones públicas -Gobierno Vasco y diputaciones- de apoyo a las inversiones directas deben asegurar mecanismos de control por medio de evaluaciones de impactos sociales, medioambientales, procesos de consultas con las comunidades afectadas, consultas públicas, sistemas de transparencia... en definitiva, establecer fórmulas que incorporen a las inversiones privadas la filosofía de los derechos humanos.

Si las diputaciones y el Gobierno Vasco quieren subvencionar la internacionalización de las empresas vascas, deben incorporar, al menos, los siguientes criterios:

a. Respeto a las legislaciones nacionales de los países receptores y, en todo caso, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; si China no respeta la libertad sindical y la negociación colectiva, las empresas sí deben acatar las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, los estándares de cumplimiento -medioambientales, sociales, laborales...- deben ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos humanos.

b. Creación de empleo en los países receptores y en Euskal Herria, y evaluación de la actividad de las empresas que reciben subvenciones en referencia a otros indicadores: medioambientales, derechos humanos, sociales, pago de impuestos, transferencia tecnológica...

c. Consulta a los trabajadores, y en su caso, a las comunidades indígenas, campesinas... de los países receptores, directa o indirectamente afectados.

d. Activar mecanismos extraterritoriales de responsabilidad. Deben establecerse sistemas de control de las prácticas de las empresas que reciben subvenciones; adecuar la recepción de denuncias por violación de derechos humanos y medioambientales, sea directamente por los colectivos afectados o, indirectamente, vía movimientos sociales y sindicatos vascos.

La marca «Basque Country» implica que la actividad de las empresas y administraciones se subordine al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, inviertan donde inviertan.