Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Resumen

Para leer la versión completa, http://www.cadtm.org/spip.php?article3620

La doctrina de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. odiosa vuelve a estar presente regularmente en los debates sobre el problema del endeudamiento de los países del Sur. Sin embargo, los acreedores y sus defensores, también regularmente, escamotean o desacreditan este argumento. La última tentativa en este sentido provino del Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... , que, en su informe «Odious debt Odious Debt According to the doctrine, for a debt to be odious it must meet two conditions:
1) It must have been contracted against the interests of the Nation, or against the interests of the People, or against the interests of the State.
2) Creditors cannot prove they they were unaware of how the borrowed money would be used.

We must underline that according to the doctrine of odious debt, the nature of the borrowing regime or government does not signify, since what matters is what the debt is used for. If a democratic government gets into debt against the interests of its population, the contracted debt can be called odious if it also meets the second condition. Consequently, contrary to a misleading version of the doctrine, odious debt is not only about dictatorial regimes.

(See Éric Toussaint, The Doctrine of Odious Debt : from Alexander Sack to the CADTM).

The father of the odious debt doctrine, Alexander Nahum Sack, clearly says that odious debts can be contracted by any regular government. Sack considers that a debt that is regularly incurred by a regular government can be branded as odious if the two above-mentioned conditions are met.
He adds, “once these two points are established, the burden of proof that the funds were used for the general or special needs of the State and were not of an odious character, would be upon the creditors.”

Sack defines a regular government as follows: “By a regular government is to be understood the supreme power that effectively exists within the limits of a given territory. Whether that government be monarchical (absolute or limited) or republican; whether it functions by “the grace of God” or “the will of the people”; whether it express “the will of the people” or not, of all the people or only of some; whether it be legally established or not, etc., none of that is relevant to the problem we are concerned with.”

So clearly for Sack, all regular governments, whether despotic or democratic, in one guise or another, can incur odious debts. : some considerations» [1]
, cuestionaba la validez y la aplicabilidad de esta doctrina y buscaba cerrar los debates sobre este problema sugiriendo a los países endeudados que negocien sus deudas para convertirlas en deudas sostenibles. Pero para el CADTM es esencial mantener el debate abierto y avanzar sobre este tema para conseguir que los Estados y los pueblos que quieran dejar de pagar una deuda indebida tengan los medios de acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. necesarios.

La doctrina de la deuda odiosa Deuda odiosa Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente. : un argumento del derecho internacional que los pueblos y los Estados deben poder utilizar

Fue Alexander Sack el primero en enunciar esta doctrina en 1927; desde entonces diversos autores prolongaron su trabajo. Sin embargo, la importante evolución del derecho internacional y de la práctica de los Estados justifica que se haga una nueva lectura de esta doctrina.
Tres criterios permiten caracterizar a una deuda odiosa: la naturaleza no democrática del régimen que la contrajo, el hecho de que haya sido contraída contra el interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. del pueblo o por el interés personal de sus dirigentes, y el hecho de que los acreedores hayan prestado con conocimiento de causa. Estos criterios se retoman en la definición general del Center for International Sustainable Development Law: «Las deudas odiosas son las que fueron contraídas contra los intereses de la pobleción de un Estado, sin su consentimiento y con todo conocimiento de causa por parte de los acreedores.».
Sin embargo, los dos primeros criterios no deben considerarse de manera acumulativa ni interpretados de manera demasiado restrictiva. Efectivamente, unas elecciones libres no son condición suficiente para calificar a un régimen de democrático y para dar validez a las deudas que ha contraído. Cualquier préstamo concedido a un gobierno, aunque haya sido elegido democráticamente, que viole los principios fundamentales del derecho internacional (o sea, los principios que figuran en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos de 1966 sobre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, así como el jus cogens [2]
), debe ser calificado de odioso, cualquiera que sea el destino de esos fondos. En forma paralela, cualquiera que sea la naturaleza del régimen, la utilización de los fondos debe ser suficiente para calificar a una deuda de odiosa, si éstos sirven al enriquecimiento personal de los dirigentes o a proyectos que son muy perjudiciales para la población (por ejemplo, los planes de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. ).

Esta interpretación se apoya en diferentes textos, en especial en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, en el artículo 16 de la Convención de Viena de 1978, y en el artículo 38 de la Convención de Viena de 1983 sobre la sucesión de los Estados en materia de bienes, archivos y deudas de los Estados.
Además, se deben calificar como odiosas a todas las deudas contraídas con el fin de poder reembolsar deudas consideradas odiosas.

A pesar de que es una doctrina bien fundamentada, no logró llegar a la anulación o repudio sistemático de las deudas. Sin embargo, nunca fue cuestionada: los acreedores simplemente han presionado a los Estados para disuadirlos de recurrir a esta doctrina, agitando el fantasma del aislamiento internacional y del cierre del acceso a los capitales. La práctica de los Estados y la costumbre internacional reflejan todavía la relación de fuerza favorable a los acreedores, sin embargo, podrían cambiar en forma significativa si los países deudores se decidieran a repudiar las deudas odiosas tal como el derecho los autoriza.

No existe para los Estados una obligación absoluta de pagar

En el derecho internacional, tanto como en los derechos nacionales, la obligación de ejecutar un contrato nunca es absoluta. Esta obligación está encuadrada y limitada por numerosas consideraciones y existen, por lo tanto, numerosos argumentos a favor de la anulación de las deudas. Así, como dispone el Tratado de Viena de 1969, la corrupción, las amenazas, la incompetencia de los contratantes, el fraude son razones por las que se puede declarar ilegal una deuda.

Por otra parte, el cambio fundamental de circunstancias, la fuerza mayor, el estado de necesidad o, incluso, consideraciones ligadas a la noción de equidad (fraude, mala fe, abuso de derecho, etc.) pueden fundamentar la decisión de un Estado de no pagar.

Los Estados disponen, por consiguiente, de una serie de argumentos jurídicos para cuestionar el pago de deudas que hayan sido juzgadas ilegítimas por las condiciones asociados a los préstamos, por la utilización de esos préstamos y sus consecuencias, o por las condiciones en las que fueron contraídas.

Si bien no existe una obligación absoluta de pagar, hay, por el contrario, una serie de obligaciones superiores que incumben a los Estados, tales como las obligaciones en materia de derechos humanos. Su ejecución no puede en ningún caso estar subordinada a los contratos de préstamos, que muy a menudo son ilegítimos.

La acción unilateral de los gobiernos del Sur y del Norte basada sobre el derecho internacional y sobre el derecho interno

Para resolver los problemas de los países estrangulados por la deuda es necesario rechazar las «falsas soluciones» propuestas por los acreedores. Un endeudamiento ilícito no puede ser renegociado para convertirse en «sostenible». Los gobiernos tienen el derecho de pronunciarse sobre el carácter ilícito de una deuda y repudiar, mediante un acto unilateral soberano, todas las deudas que no satisfagan los principios mayores del derecho internacional y del derecho interno. El ejemplo de Paraguay, que repudió en 2005 una deuda declarada ilegal, debería inspirar a otros países.

Los gobiernos tienen también el derecho, en caso contrario, de demandar a los acreedores el rendimiento de cuentas de sus actos ilícitos, y de reclamar las reparaciones oportunas por el perjuicio causado. La auditoría de las deudas y las acreencias por parte de los poderes públicos del Sur y del Norte, con la colaboración de la sociedad civil, es el camino privilegiado para poner al día todas las irregularidades de los contratos y fundamentar la anulación o el repudio de las deudas.
Este es el camino que el CADTM incita a todos los gobiernos, tanto del Norte como del Sur, que sigan, como ya han hecho Noruega y Ecuador. [3]
La resolución del problema de la deuda debe ser para los gobiernos una etapa decisiva hacia la mejora del bienestar de las poblaciones y hacia el respeto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz